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ABC DE LA REFORMA ENERGÉTICA
  • Esteban Gilberto Arcos Cortés
Este libro surge con la firme idea de ayudar a los ciudadanos mexicanos en la difusión de la reforma energética, pues consideramos que una sociedad que ignora sus cambios no reconocerá sus oportunidades. La reforma modifica todos los antecedentes en materia de energía del país, creando y cambiando instituciones, por ello, la necesidad de transmitir con un lenguaje ciudadano los diversos cambios y la nueva manera de trabajar el tema. El libro está dividido en tres tópicos principales: el primero de ellos es un esbozo de los antecedentes de la reforma constitucional en materia de hidrocarburos, con la finalidad de dar a conocer el origen de la transformación energética y su nueva normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; en el segundo apartado conocerá las leyes que surgen como consecuencia natural de la reforma energética y que serán la base de la implantación de la nueva reforma; en el tercero se revisa la naturaleza jurídica y las atribuciones de las nuevas instituciones denominadas órganos reguladores en materia energética.
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PRINCIPIOS Y GARANTÍAS EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO
  • Leonardo Pereira Meléndez
Es difícil para un venezolano escribir sobre el proceso penal de un país extranjero consciente del naufragio en el cual se convirtió el de su país. Pues bien, Leonardo Pereira Meléndez acometió esa tarea y al leer su obra Principios y garantías en el sistema penal mexicano me persuadí de que logró con éxito una explicación que no por sencilla carece de profundas reflexiones y de abundantes referencias bibliográficas y jurisprudenciales sobre el proceso penal mexicano, con vista en la nueva legislación. Otra de las virtudes de la obra de Pereira Meléndez es la de intercalar en el texto, en el trascurso de sus claras explicaciones, las disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales mexicanos relacionadas con el tema que va desarrollando. La obra está dividida en dos partes, una referida a los “Principios y garantías constitucionales y procesales en la legislación mexicana”, que a su vez se subdivide en dos capítulos, a saber: “Principios y garantías constitucionales y procesales en la legislación mexicana” y “Garantías básicas en el proceso penal”. La segunda parte se dedica a “Los derechos humanos en el proceso penal”. Como se constata, es un recorrido tanto constitucional como de la legislación procesal subalterna sobre el proceso penal en México, sin olvidar, y dándole gran importancia, a los derechos humanos conectados con el sistema penal, base fundamental de una legislación penal que auténticamente responda a las exigencias de un régimen democrático. El recorrido es amplio y profundo, sólo me referiré a algunos aspectos que a mi entender son de vital importancia, fundamentalmente para alertar a nuestros apreciados procesalistas mexicanos de los peligros que se corren con reformas procesales cuando no hay bases sólidas para una implementación institucional del sistema y una completa formación de aquellos profesionales del derecho que la llevarán a cabo. Con profundo pesar lo escribo por haber sido uno de los corredactores del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela: en mi país no se tuvo ese cuidado. Apenas entró en vigencia el COPP, en el año 1999, llegó al poder político el oficialismo que aún se mantiene en él. El Centro de Implementación del COPP (CICOPP), que venía funcionando desde 1996 —aun antes de entrar en vigencia dicho Código—, en la población de San Antonio de los Altos cerca de Caracas, con el objeto de adiestrar a los jueces en el sistema acusatorio oral, fue desmantelado. Por otra parte, los jueces penales con experiencia y con cierta formación en las reformas que se avecinaban fueron destituidos así como los otros jueces en las diferentes ramas del derecho, con el propósito de poner en su lugar abogados con una ideología propia de la corriente del pensamiento que prevalecía en el gobierno y que aún prevalece después del transcurso de 20 años. Lo anterior es proclamado sin rubor alguno por personeros del régimen y hasta por Magistrados del Tribunal Supremo, pues la “justicia” debe servir a la “revolución”. El juicio penal, en principio, debe realizarse en libertad del imputado, que lo es desde el mismo momento en que se le investiga. Cualquier acción de investigación de los órganos policiales o del Ministerio Público hacen de la persona a la cual va dirigida un imputado a quien debe seguírsele el juicio en libertad. Sólo puede excepcionarse este principio por razones procesales: peligro de que el imputado se sustraiga de la justicia o bien que haya suficientes elementos de convicción de que podría obstaculizar el proceso o pudiera destruir evidencias. Por tanto, la suspensión de esta garantía del juicio penal en libertad no está relacionada con la gravedad del delito cometido, puesto que al procesado lo protege la presunción de inocencia: no podrán deducirse de la simple imputación consecuencias que lleven al enjuiciado a prisión, a menos que se produzca una de las dos circunstancias procesales aludidas. Se concluye entonces que la detención preventiva no tiene como base el derecho penal sustantivo, sino el derecho penal procesal. Por lo anterior, debe guardarse estrictamente la regla de que la detención preventiva sólo se podrá producir si se sorprende en flagrancia al presunto autor del hecho o bien si se dicta una detención judicial. Los aspectos aludidos deben conectarse de la siguiente manera: el principio es que el juicio se siga en libertad, libertad que fue interrumpida al ser sorprendido en flagrancia el imputado (debe recordarse que es imputado desde el primer acto de investigación del cual sea objeto, como su detención), pero en este caso no debe extenderse la detención si no se presentan las dos razones procesales antes detalladas: peligro de fuga u obstaculización del proceso, el juez, por tanto, debe ordenar la detención judicial sólo si se da alguna o las dos condiciones aludidas. Este es el ideal garantista de un proceso penal, pero en contra de él conspiran prejuicios que comparten inclusive operadores de justicia en relación, por ejemplo, con la peligrosidad del sujeto por el delito imputado, aun cuando lo proteja la presunción de inocencia hasta la producción de una sentencia condenatoria. Por esta vía se “colean” en la legislación razones de derecho penal sustantivo, como es la “presunción del peligro de fuga” tomando en consideración la gravedad del delito imputado. A quienes les extraña esta posición por ser “extremadamente garantista”, podría citarles como ejemplo el famoso juicio seguido al deportista y actor de cine O.J. Simpson, en los Estados Unidos de América, a quien, habiéndosele atribuido los homicidios de su esposa y de su presunto amante, llegaba diariamente al tribunal que lo juzgaba por sus propios medios, pues no estaba en prisión preventiva sino en libertad condicional, de acuerdo con el principio de la presunción de inocencia. Todos estos diques de contención en contra del poder punitivo arbitrario del Estado han sido derribados por la práctica forense venezolana: la policía detiene sin que medie que se haya sorprendido en flagrancia a la persona o que haya una orden judicial previa. Es más, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas decisiones por desgracia son vinculantes (lunar de la Constitución de 1999 que violenta el principio de la autonomía de la función del juez), en sentencia del 19 de marzo de 2004 (expediente 03-0180) dictó una resolución que violentaba este principio. El hecho consistió en que una persona a quien detuvo la policía sin haber sido sorprendida en flagrancia, circunstancia que se probó indubitablemente, fue amparada por la Corte en el sentido de que debía ser juzgada en libertad. Sin embargo, en contra del debido proceso, la Sala Constitucional resolvió que la detención cumplía con los requisitos legales y revocó la orden de libertad. En el motivo de tan desafortunada decisión de la Sala Constitucional del TSJ se lee lo siguiente: “las presuntas violaciones constitucionales cometidas por los organismos policiales se suspenden con dicha orden”. Para la Sala Constitucional, no importaron las condiciones de la detención del imputado: lo importante fue que hubo una decisión judicial al respecto, a pesar de que esta decisión fue basada en un falso supuesto: que la detención se había producido en flagrancia. Esta decisión es la base de la actuación policial, razón por la cual todas las normas dirigidas a preservar el principio de libertad dentro de las garantías propias del sistema procesal penal previstas tanto en la Constitución como en el COPP quedaron como letra muerta. Y al ser una sentencia vinculante, se convirtió en la base de las decisiones de los tribunales al respecto: ante la solicitud de revocación de una detención ilegal por parte de los órganos policiales, convalidada erróneamente por el juez de control, se antepone la sentencia de marras sin ningún otro argumento y se lleva el juicio en detención del imputado. El principio del enjuiciamiento penal en libertad tiene muchos detractores, en donde principalmente se encuentra la opinión pública orientada por las campañas de los medios de comunicación. Entonces el juez debe armarse de entereza para defender con determina ción los principios que orientan el debido proceso penal. El foro mexicano debe tener sumo cuidado en preservar esta máxima de libertad del imputado durante el juicio, a fin de evitar que se convierta en una fórmula vacía como sucedió en Venezuela. Hay autores que afirman que la oralidad es un principio, sin embargo, Alberto Binder no lo califica así; la considera “un mecanismo previsto para garantizar ciertos principios básicos del juicio penal. En especial, ella sirve para preservar el principio de inmediación, la publicidad y la personalización de la función judicial”. Agrega luego en su obra Introducción al derecho procesal penal que se debe diferenciar muy bien lo que es un instrumento de lo que es un principio. “La oralidad es un instrumento, un mecanismo; la inmediación o la publicidad son principios políticos y garantías que estructuran al proceso penal”. He llamado a la oralidad “la madre oralidad”, pues este mecanismo procesal hace posible la existencia de los principios básicos del juicio penal. Ya Binder aludió a la inmediación y a la publicidad, pero también la concentración es posible en un juicio oral, así como la personalización judicial. Sería imposible que un juicio escrito se realizara en una audiencia o en el menor número consecutivo de ellas, como también que sólo el juez que recibió la prueba en la audiencia oral y pública sea el sentenciador, no otro, sustitución que se hace posible en el juicio escrito, con el cúmulo probatorio contenido en el expediente que se pondría a su orden. Debe guardarse celosamente esta característica, pues sin ella se desdibuja el sistema acusatorio oral. Es natural que este tipo de proceso contenga actos formulados por escrito: la acusación, la sentencia, las órdenes y boletas de detención o de citación, las experticias, serían algunos de ellos. Pero lo que no permite cambio es la naturaleza oral de la audiencia pública, es decir del juicio. Todo lo realizado antes de la audiencia oral son actos preparatorios para su realización, y todo lo que acaezca posteriormente es consecuencia de lo que en ella se decida. La médula del juicio penal es la audiencia oral, pues allí es que se presentan los elementos de convicción para condenar o para absolver, es el juicio. Pues bien, ha de tenerse sumo cuidado en que en el proceso penal mexicano no se presente la desnaturalización del instrumento de la oralidad que se ha producido en Venezuela. Es común que los expertos no asistan a la audiencia oral y el contenido de sus experticias se conozcan con la lectura de sus resultas por la parte interesada o por un funcionario del tribunal. Se ha llegado al despropósito de que la audiencia oral se realice sin la presencia del juez, dándole a la oralidad en esta audiencia un carácter eminentemente formal que pudiera desecharse con la firma de las partes, como si se hubiera realizado. A veces ello se efectúa sin la presencia del juez, sino de algún funcionario subalterno. Ese acto solemne, colmado de elementos probatorios: testigos y expertos, así como de alegatos y contraalegatos de las partes, se convirtió en los casos extremos de su impostura, que no son escasos, en un acta que de común acuerdo redactan las partes y la suscriben, con frecuencia con la ausencia del juez. Creo que con el examen de estas dos características significativas del proceso penal y con lo anotado en el sentido de su desnaturalización en la práctica forense en Venezuela he cumplido con el propósito de este prólogo que a la vez de presentar la obra de Pereira, tiene como objetivo alertar a quienes pondrán en práctica el sistema acusatorio oral en México de los peligros que se corre si no hay una seria formación de los operadores de justicia. La obra de Leonardo Pereira Meléndez será de mucha utilidad tanto en las aulas universitarias como en los foros mexicanos. Orientará a quienes se forman como abogados y a aquellos que ejercen la profesión en el ámbito penal.
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DERECHO PENAL EN EL SIGLO XXI
  • José Daniel Hidalgo Murillo
He tenido un cierto pudor de adentrarme al Derecho Penal Sustantivo seguro de que México cuenta con muchos expertos en el tema y yo apenas he hecho una pequeña crítica. En efecto, este primer texto expresa el por qué el Derecho Penal no puede ingresar al siglo XXI sin cambios esenciales. En especial, que la Teoría del Delito, prevista desde el Derecho Penal, debe hacer praxis en el Derecho Procesal Penal y, por ende, no es dogmática sino pragmática penal. A partir de este cuestionamiento nace esta primera parte del Derecho Penal para el siglo XXI, esto es, de la Dogmática Penal a la Pragmática Penal con la finalidad de procurar un cambio en la visión de la Teoría del Delito que, sin dejar de colocarla en el derecho penal sustantivo debo, necesariamente, atraerla al derecho procesal, lugar al que le es propio. Si seguimos considerando la conducta humana típica dentro de la dogmática penal y, ésta, analizando la conducta como elemento objetivo del tipo penal, es claro que la dogmática nunca será dogmática, nunca logrará producir un derecho penal en serio, no podrá consolidar una verdadera Teoría Del Delito y, nunca producirá, en el Derecho Penal Adjetivo, una verdadera justicia en la aplicación de los tipos penales al hechos delictivo y la pena al autor del mismo. Este libro produce un cambio en el estudio de la conducta típica analizando desde esa conducta, como elemento subjetivo del tipo penal, la autoría, la participación, los grados de participación, las formas de intervención y la naturaleza dolosa y culposa de la conducta, dentro de lo cual es posible entender, mejor, las causas excluyentes tanto de antijuridicidad como de culpabilidad. Este libro exige, con el estudio antropológico de la persona humana, un cambio de paradigma del delito, de la Teoría Del Delito, de la conducta típica, lógicamente, de la dogmática penal hacia una pragmática.
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TEORÍA DEL DELITO EN EL SIGLO XXI
  • José Daniel Hidalgo Murillo
No es posible juzgar el siglo XXI con la mentalidad y la cultura del siglo XX. Las cosas del siglo XXI están mal enfocadas porque se conocen poco, están mal diri- gidas porque se desconoce dónde; están mal orientadas, porque se ignora el por qué; están mal proyectadas porque no se conoce el hacía qué o el hacía quién. Entonces, caerán en el error aquellos que han ingresado a este siglo sin estar preparados; aquellos que tienen título que demuestra que concluyeron un grado y que, sin embargo, saben igual o menos que los anteriores y, por tanto, con su título en mano (de maestría y/o de doctorado) se darían cuenta del fracaso, es- pecialmente aquellos que no consideraron la importancia de enfrentar el nuevo si- glo con un conocimiento mínimo (ojalá máximo) de teología, esto es, de la relación de la persona humana con Dios (con su creador), de filosofía, de antropología, de sociología y sin las necesarias teorías del Estado, del Derecho, del Proceso, del Derecho Constitucional, de los Derechos Humanos. Este libro es la segunda parte de otro. Mejor, la continuación. He escrito In- troducción al derecho penal para el siglo XXI, desde la dogmática a la pragmática penal. Me parece que el problema de la “dogmática” se supera en el Derecho Pe- nal, con el principio de legalidad, especialmente cuando es acuñado y protegido por los principios constitucionales que, a la vez, protege los principios de defensa, audiencia, licitud de la prueba. Procuro introducir a una Teoría del Delito que, si bien encuentra sus conceptos en el Derecho Penal sustantivo (si se quiere, como una dogmática penal), sólo puede entenderse desde una pragmática penal, esto es (y como debe ser), desde el Derecho Procesal Penal sin abandonar, aunque si mejorando, el Derecho Procesal Penal acusatorio.
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DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO 2A. ED
  • Iván Ramírez Chavero
En un Estado de Derecho, la administración pública y los órganos que la integran están subordinados a la ley. El funcionario y empleado público tienen como punto de partida y límite de su actividad, el circunscribirse a la ley que determina su competencia. Todo acto administrativo debe emanar del cumplimiento de una ley. Los particulares tienen derecho a que los órganos administrativos se sujeten a la ley y se cumplan cada uno de los elementos propios del acto administrativo. De lo antes expuesto, encontramos que el Derecho Procesal Administrativo tiene por objeto y fin la protección de los administrados frente a la Administración Pública, así como mantener la eficacia del Derecho Administrativo a través de la función jurisdiccional. En nuestro concepto, el Derecho Procesal Administrativo, es el conjunto de normas e instituciones que tienen como finalidad regular la función jurisdiccional del Estado, tendiente a resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, debido a los actos emitidos por esta última. Entre los medios de defensa legal con que cuenta el particular para impugnar los actos de la administración pública, encontramos en primer termino, el recurso administrativo que implica la posibilidad de que la autoridad administrativa revise su propio acto, reconozca un error y corrija su actuación en virtud de la petición hecha por un particular. No obstante, la finalidad establecida para los recursos administrativos previamente señalada, tenemos que en la práctica cotidiana las autoridades administrativas no cuentan con la imparcialidad suficiente para considerar que su acto o el emitido por un inferior jerárquico sean ilegales, por lo que la mayoría de las resoluciones que recaen a los recursos mencionados confirman los actos impugnados, dejando al particular con la misma problemática. Es por ello que el medio de control jurisdiccional idóneo sobre los actos de la administración pública es el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Finalmente, si la resolución que recae al juicio referido sigue siendo contraria a los intereses del gobernado, se tendrá la posibilidad de acudir al Juicio de Amparo ante el Poder Judicial Federal. Con la intención de que la presente obra sea de utilidad tanto para los estudiantes como para los estudiosos del Derecho, hemos decidido combinar la teoría con la práctica forense, recordando lo mencionado por el Maestro José Ovalle Favela al indicar que “la teoría que no toma en cuenta la práctica del derecho procesal, ni aporta soluciones a los problemas que esta plantea, es solo metafísica y que la práctica que desconoce la teoría es solo rutina”.
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PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 3a. ED
  • Iván Ramírez Chavero
Los particulares cuentan con un primer medio defensa legal ante actos y resoluciones ilegales de la administración pública federal, y estos son los recursos administrativos, que son resueltos por las propias autoridades administrativas, quienes, generalmente, no actúan con la imparcialidad necesaria para llegar a considerar que su propio acto o el acto del inferior sea ilegal y, es por ello, que las legislaciones de diversos países —incluido el nuestro—, se han visto en la necesidad de crear un medio de control jurisdiccional sobre los actos de la administración pública, surgiendo así el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como juicio de nulidad. Luego entonces, el Juicio Contencioso Administrativo puede ser definido como aquel que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, en virtud de los actos emitidos por esta última, por lo que se debe considerar como un proceso administrativo y no un procedimiento administrativo a pesar de estar regulado por la denominada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Recordemos que en términos de la tradición y doctrina del derecho administrativo, el procedimiento administrativo es el conjunto de actividades que realiza la autoridad administrativa para emitir un acto de igual naturaleza, mientras que el proceso administrativo es el conjunto de actos tendientes a resolver una controversia suscitada entre el particular y la autoridad administrativa, motivada por un acto de esta última en el cumplimiento de sus atribuciones; es por ello que, atentos a los razonamientos señalados, se decidió titular a la presente obra como: El proceso contencioso administrativo federal. El objetivo principal de nuestro estudio es aportar tanto la teoría como la práctica para que sean de utilidad a los particulares que han sido afectados en sus intereses y derechos, para lasautoridades administrativas que han sido demandadas, para los estudiantes de la licenciatura en derecho y para los ciudadanos en general. Por lo anterior es que dividimos el tratado en seis capítulos. En los dos primeros se abordan los conceptos fundamentales del Juicio Contencioso Administrativo, la historia y el fundamento constitucional, y también se continúa con la historia, la naturaleza, la integración y la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el tercer capítulo, de manera detallada, se examina cada una de las etapas procesales del Juicio Contencioso Administrativo, de lo anterior se adquieren los aspectos teóricos que sirven de base para el entendimiento del cuarto capítulo en donde se desarrolla ampliamente —mediante un formulario— la práctica forense del proceso contencioso administrativo federal, que incluye la demanda y la ampliación a la demanda con sus respectivas contestaciones, alegatos, recurso de reclamación y recurso de revisión, así como la excitativa de justicia entre varios más. Del mismo modo se presentan los acuerdos que recaen a cada uno de los escritos referidos y modelos de sentencias. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, se reformó la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que se instauró la promoción, sustanciación y resolución del Juicio Contencioso Administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, por lo tanto, estimamos conveniente realizar su análisis en el quinto capítulo. Para finalizar, en el sexto capítulo, se expone —en atención las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010—, la implementación del Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía sumaria, toda vez que incorpora un medio procesal más rápido y sencillo para la resolución de ciertos asuntos que por su materia o cuantía no representan mayor complejidad. Espero que esta modesta labor sea de provecho para las personas a las que va dirigida, la someto a su consideración. Agradezco su lectura y comprensión.
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RÉGIMEN JURÍDICO DE COMERCIO EXTERIOR
  • Iván Ramírez Chavero
El derecho es un conjunto de normas jurídicas inherentes a toda actividad del ser humano, y el comercio exterior no es la excepción. En un mundo globalizado y cada vez más competitivo, resulta indispensable conocer, respetar y hacer valer el marco legal que rige al comercio exterior para garantizar el éxito de los negocios. El presente estudio inicia con el origen histórico y marco conceptual del comercio internacional. Podemos afirmar que el sistema jurídico del comercio internacional actual tuvo origen al término de la Segunda Guerra Mundial, debido a que los países que sufrieron daños materiales por el conflicto necesitaron reactivar su economía mediante la adquisición de mercancías extranjeras, para generar ingresos con la exportación. Por ello, se necesitó establecer mecanismos que regularan el proceso de apertura comercial, por lo que, en 1947, surgió el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). El objetivo del GATT ha sido buscar que el comercio entre los países firmantes se lleve a cabo de una manera justa y leal. En ese tenor, en el presente libro hacemos un análisis detallado de dicho acuerdo comercial y de la institución encargada de su administración: la Organización Mundial del Comercio (OMC). A continuación, presentamos el marco constitucional y legal del comercio exterior en nuestro país, a partir del análisis de los artículos de nuestra Carta Magna que dan sustento legal a dicha actividad económica, así como de la examinación de los principales ordenamientos jurídicos en la materia: Ley de Comercio Exterior, Ley Aduanera, Ley Sobre la Celebración de Tratados, Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y Ley de Inversión Extranjera. Una vez establecido el marco legal del comercio exterior, precedemos al análisis de las medidas arancelarias, así como de regulación y restricción no arancelarias necesarias para la importación y exportación de las mercancías. Entendido dicho tema, resulta indispensable conocer la estructura, organización y funcionamiento de la aduana, ya que es el órgano de la administración pública, establecido por el Ejecutivo Federal y autorizado para controlar el comercio exterior con las limitaciones y prohibiciones que las leyes fijan a las mercancías, que percibe los impuestos que se generan y regula la economía nacional. Un tema de gran trascendencia es el de los medios de defensa legal en materia aduanera y de comercio exterior. Tanto el recurso de revocación como el juicio contencioso administrativo son objeto de estudio en dicho tratado. Otro tópico que abordamos es el de la contratación internacional, desde de su regulación legal en los ámbitos nacional e internacional hasta un modelo de contrato de compraventa internacional. Régimen jurídico de comercio exterior concluye con los medios de solución de controversias comerciales internacionales, tanto en el ámbito particular contra particular (arbitraje comercial internacional), como en el rubro de Estado contra Estado (medios de solución previstos en los tratados internacionales). Esperamos que esta humilde aportación contribuya al entendimiento y respeto del marco legal que rige el comercio exterior en nuestro país, actividad económica fundamental para el desarrollo y progreso de México.
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