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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA CRIMINAL TEORÍA Y PRAXIS
  • Guadalupe Leticia García García
La Política Criminal es la disciplina más importante que exis-te actualmente, si se piensa en la disminución de la incidencia delictiva como objetivo. En este texto se han conjuntado diversas posturas de los estudiosos en este tema, aunque consideramos que, en efecto, estamos ante una acción política del Estado, que es traducida en una expresión del derecho penal. La importancia que cobra la Política Criminal teórica-mente, debiera verse reflejada en la praxis, sin embargo, a lo largo de la historia se ha concebido su práctica sólo como con-secuencia del contexto social o político en el que nuestro país se encuentra inmerso. Para comprobarlo, se analizan las con-ductas más significativas que fueron tipificadas como delito en los códigos penales a nivel federal, dependiendo de dichos con-textos y de la ideología prevalente en las épocas en que surge cada uno de ellos. Es necesario conocer esta fase histórica y su evolución, para comprender el porqué, en los últimos tiempos las medidas más importantes de Política Criminal que se han tomado, han reflejado el endurecimiento del derecho penal, hasta llegar al punto de implementar la prisión vitalicia y olvidar el principio básico que se proclama para este tipo de política en el siglo xxi: el respeto a los derechos humanos.
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IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD PENAL
  • Julio César Romero Ramos
La presente investigación cuenta con cinco apartados: en el primero se reflexiona sobre la función del derecho penal como instrumento de control social y su relación con la imputabilidad penal; en el apartado siguiente, se analiza lo relativo a la imputabilidad penal y a su ubicación en la sistemática del delito; posteriormente, se revisa la inimputabilidad penal y las fórmulas que históricamente se han empleado para regularla; después, se reflexiona sobre la problemática de la imputabilidad penal y su relación con los adolescentes, las acciones libres en su causa, el tema de los derechos humanos, la imputabilidad disminuida y el tema de los indígenas; y finalmente, se presenta un análisis sobre la legislación penal en lo relativo al tema. Este trabajo no habría sido posible sin la dirección y apoyo siempre motivante del doctor Manuel Vidaurri Aréchiga, destacado penalista guanajuatense, a quien le agradezco sus valiosos comentarios y atenciones. De igual manera agradezco la colaboración, en la actualización de la legislación, a una joven promesa nayarita que, seguro estoy, en el futuro inmediato será una jurista destacada, la licenciada Maleny Venegas Ornelas.
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POLÍTICA CRIMINAL DEL LAVADO DE DINERO Y DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO
  • Jorge L. Romo (Coordinador)
  • Elba Jiménez Solares
  • Delio Dante López Medrano
  • Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria
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COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
  • Ivó Coca Vila
  • Alfredo René Uribe Manríquez
  • Jhuliana Atahuaman Paucar
  • Luis Reyna Alfaro (Coordinadores)
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6. TEORÍA DEL DELITO Y SISTEMA ACUSATORIO
  • Manuel Valadez Díaz
  • Carlos Enrique Guzmán González
Para Manuel Valadez y Carlos Guzmán el proceso acusatorio tiene un eje de gravedad muy marcado, constituido precisamente por la teoría jurídica del delito. Ellos han demostrado cómo durante el proceso una misma conducta puede tener significados diferentes, según sea el dominio que se posea de la dogmática. Por eso, la lectura de este libro, para los operadores del sistema acusatorio, probablemente representará algo así como un “no-me-olvides” de la teoría del delito. Al menos ese es mi pronóstico. “¡Ah, la dogmática!” Es una exclamación que algunos dicen con enfado. Pero, a partir de que uno se plantea el problema desde el punto de vista de los márgenes de punibilidad, casi todas las críticas contra la dogmática se desmoronan. Ya está dicho y es magnífico: la dogmática tiene en sus manos los hilos con que se mueven los márgenes de punibilidad, esa marioneta con la que suele bailar el proceso, y que le extiende el brazo a la ejecución de sanciones. En definitiva, esta obra acabará ganándose el ánimo de los lectores, en la medida en que, como lo han demostrado Manuel Valadez y Carlos Guzmán, resulta imprescindible el conocimiento especializado de la dogmática para los operadores del sistema acusatorio. Lo sabemos de sobra, Manuel Valadez y Carlos Guzmán tienen una sólida formación teórico-práctica, de ahí que sus publicaciones pronto se convertirán en un modelo a seguir por su calidad y estilo de explicar de forma clara y amena las cuestiones complejas, de ahí que les manifieste que sea un honor el prologar esta obra y les agradezca permitirme, sinceramente, ser su amigo.
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5. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN
  • Manuel Valadez Díaz
La presente obra se ocupa del estudio de los actos de investigación que pueden realizar todos los intervinientes del drama penal, en la búsqueda legítima de alcanzar los fines del proceso mismo, como son el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que el culpable no quede impune y el daño causado por el delito se repare. En efecto, desde la óptica del sistema acusatorio mexicano, la investigación es una actividad que no sólo compete al Ministerio Público y a las policías bajo la coordinación de aquél, pues la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado y su defensa, igualmente tienen derecho a realizar aquellos actos de investigación que estimen necesarios para obtener información que fortalezca sus respectivas teorías del caso. Desde la atmósfera del sistema acusatorio, los actos de investigación de hechos delictivos tienen una utilidad temporal, así como una vida procesal efímera, pues sólo servirán, en su caso, para justificar el ejercicio de la acción penal, la continuación de la investigación en su fase complementaria, así como en su caso, el ofrecimiento de medios de prueba y la apertura del juicio penal oral, pero —salvo casos de excepción— no podrán cruzar la frontera del juicio oral y ser objeto de valoración por el Tribunal de Enjuiciamiento, ya que dentro del juicio oral sólo tienen valor como “prueba” en sentido estricto, aquellos medios de prueba que en ese momento procesal hayan sido desahogados ante el órgano jurisdiccional a través de los principios de inmediación y contradicción. Al partir de la premisa que los actos de investigación pueden ser realizados por todas las partes dentro del proceso penal, se distingue que respecto de aquellos que sean realizados por el Ministerio Público, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce los que se podrán realizar sin contar con la autorización de juez de control y aquellos en los que deberá obtener la previa autorización del órgano jurisdiccional para ello. La obtención de información por medio de actos tendentes a ello puede llegar a contactar la esfera de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en ese sentido en la presente obra se expone que dichos derechos no son ilimitados, ya que de manera casuística y mediante un ejercicio de ponderación en función de la proporcionalidad que guarde la importancia de la información a obtener, con la posible compresión de un determinado derecho, como será la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal o de las posesiones, entre otros, será el juez de control quien decida la viabilidad del acto de investigación. En ese sentido, se analizan a detalle los distintos actos de investigación que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, su significado, procedimiento para su realización, así como los requisitos constitucionales y legales que debe cumplir el investigador para que éstos puedan formar válidamente parte del proceso penal.
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INIMPUTABILIDAD E IMPUTABILIDAD RELATIVA
  • Hesbert Benavente Chorres
Las medidas de seguridad son providencias de carácter preventivo para la sociedad y de corrección para el sujeto, se adoptan con individuos peligrosos desde el punto de vista de la defensa social. Se convierten en la consecuencia jurídica asignada de lege data a personas que realicen actos inculpantes (por ausencia de culpabilidad plena), en atención a la gravedad del hecho cometido y a la imposición de la medida. La medida de seguridad es la consecuencia imponible por el ordenamiento jurídico a quien ha cometido culpablemente un hecho punible, o a quien ha transgredido la ley penal en situación de inculpabilidad, atendida su inimputabilidad. Frente a ello, la medida de seguridad surge en la historia del Derecho Penal, como una alternativa a la pena tradicional, y corresponde con la separación de los sujetos imputables e inimputables. Existen tesis unitarias que asimilan pena y medida de seguridad como sanciones, mientras que una segunda corriente se inserta en un dualismo que diferencia ambas cosas según su naturaleza, fin, etcétera. Soler se manifestará a favor de esta segunda tesis, aduciendo que las medidas de seguridad no tienen carácter penal, sino administrativo aun si están incorporadas en los códigos penales, conservan su naturaleza preventiva. Sin embargo para nuestra legislación tienen carácter judicial. La función de protección jurídica de la pena está limitada, tanto material como personalmente, a la retribución justa por el quebrantamiento del derecho por parte del autor que actúa culpablemente. Esta función la cumple plenamente frente a los autores ocasionales o de conflicto de la población socialmente apta para la convivencia; pero no es suficiente respecto a la peligrosidad del autor que sobrepasa la culpabilidad en ciertos delincuentes por el Estado. Para ellos la pena debe ser completamente por medidas de seguridad cuya base no está en la culpabilidad, sino en la peligrosidad. Estas medidas no son impuestas con el objeto de una compensación retributiva por la transgresión culpable del derecho, sino para la seguridad futura de la comunidad frente a las posibles violaciones del derecho por parte de ese autor; el hecho cometido tiene aquí sólo valor de conocimiento y de síntoma de la peligrosidad común del autor, comprobable también por otros medios. Por esto el tipo y extensión de las medidas de seguridad no se determinan conforme a la gravedad de la culpabilidad, sino de acuerdo con el tipo y duración de la peligrosidad del autor. La idea general que inspira la aparición de la medida de seguridad, es la de peligrosidad de los sujetos. Así, Jiménez de Asúa, afirma que “la medida de seguridad que no se vincula a la culpa como pena sino a la peligrosidad de la gente, se agota toda la prevención especial, evitando que el peligro siga siéndolo”. Como puede verse, se empieza a perfilar la idea de curar al desviado y devolverlo a la senda correcta. Precisamente el objetivo de las medidas de seguridad será reeducar y reintegrar al individuo. Soler habla de corregir deficiencias individuales y de inocuizar al sujeto. En fin, se puede entender o conceptuar la medida de seguridad como aquel medio o procedimiento —que sin ser preciso o unívoco en toda legislación guardan entre sí una cierta relación— en virtud del cual el Estado trata de obtener la adaptación del individuo a la sociedad . La Escuela Positivista en general plantea la necesidad de defensa de la sociedad y en ella justifica la existencia de las medidas de seguridad. Éstas se plantean entonces, como extensión de la pena por el mal comportamiento del reo, en contraposición a la posición clásica que sostenía la invariabilidad de la pena.
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