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ALTERNATIVIDAD PRINCIPIO RECTOR DEL PROCESO ACUSATORIO (5)
  • José Daniel Hidalgo Murillo
A. Principio de Alternatividad Los países de Latinoamérica han fracasado, por copiar de otras latitudes, en el tema de los principios, al asumir el proceso penal acusatorio. Uno de los problemas principales ha sido admitir la “negociación” y/o los mecanismos alternativos de solución del conflicto, los mecanismos alternativos de terminación del proceso y/o los procesos de justicia restaurativa es los alcances del principio de alternatividad. No deja de llamar la atención la omisión de este principio en casi todas las Legislaciones Procesales del Continente, incluido México y, sin embargo, llama la atención que México lo haya acogido a nivel constitucional, como principio necesario para darle puerta abierta a dichos mecanismos alternativos y a la misma oralidad del proceso. En efecto, para introducir la justicia alternativa en materia de adolescentes la Constitución Política se reforma en el artículo 18 para que diga, desde el año 2005 que “las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente” y, para abrirlo al proceso penal acusatorio se reforma el párrafo tercero (ahora párrafo quinto) del artículo 17 que a partir del 2008 dispone que “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”. En el año 2019 se vuelve a reformar el artículo 17 constitucional para que, ahora, en el párrafo 17 diga que “siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”. Si acudimos a la Jurisprudencia para conocer cuántas veces se ha utilizado o hecho referencia al principio de alternatividad, nos daremos cuenta que únicamente para referir la Justicia Integral para Adolescentes en dos ocasiones. ¿Por qué ni la Ley (y por ende, el Legislador) y la Jurisprudencia (y por ende, los Ministros y Magistrados Federales, han hecho referencia al principio de alternatividad? ¿Por qué es un tema, casi omiso, en la doctrina y la jurisprudencia en Latinoamérica, a pesar del desarrollo que se ha dado en la implementación de los mecanisos alternativos? Los principios procesales deben asentarse en la Constitución Política. De hecho, considero que el artículo 17 es, en definitiva, el artículo mas propio para comprender, para el proceso en todos sus ámbitos, los principios procesales que -valga la redundancia- deben seguir el proceso y los procesos mismos. De hecho, desde la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 nos hicimos la pregunta de “¿cómo conciliar las disposiciones del artículo 17, primer párrafo, con el 17 en su entonces tercer párrafo que permitía un proceso prohibido entre partes?” “¿cómo entender la autocomposición en la negativa constitucional de la heterocomposición”? En definitiva, ¿cómo comprender los mecanismos alternativos, las formas de justicia alternativa, desde el primer párrafo del 17 constitucional que reza “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”?. ¿Cómo, ante el según párrafo que dice que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla?”. El principio rector del proceso acusatorio es el principio de alternatividad. No deja de sonar, en mis oídos, un segundo principio rector que es el acusatorio. Me gustará luego analizar este principio, en particular, porque lo acusatorio nos introduce en el tema central del proceso que es el derecho penal sustantivo. Desde el proceso se acusa un hecho que desde el derecho penal resulta un hecho delictivo. Por eso, no logro despejar el principio acusatorio del proceso y/o del derecho. Esto me ha llevado a sostener que la dogmática penal es proceso, mejor aún, que la dogmática debe llamarse pragmática y que, como tal, es derecho adjetivo no sustantivo. Tres conceptos “nuevos” imperan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de su reforma del 18 de junio del 2008. En primer lugar, la capacidad de la persona de “resolver” sus controversias (Cfr: art. 17); en segundo lugar, la reinserción social como objeto de la penalización de conductas; es decir, un hombre y un proceso que cree en el hombre y su capacidad de “resocializar”. (Cfr: art. 18); en tercer lugar, una persona –víctima, ofendido, imputado- con derechos que deben ser protegidos. (Cfr: art, 20). A este planteamiento se suma el principio pro persona. (Cfr: art. 1) Esto significa que no es la ley sino la persona la fuente del derecho y que es la persona y no la ley –ni siquiera las leyes internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos-, las que imperan para el reconocimiento, protección e interpretación de esos derechos humanos. La justicia alternativa no puede ser supremacía de la autonomía personal –autotutela-; ni determinación individual de la propia moralidad –autodeterminación-, sino que, igualmente, son formas de heterocomposición encaminadas a la consecución de un bien común en el consenso de intereses particulares, donde el propio Estado y, consecuentemente, la realidad social de la persona humana no pueden ser ajenos. Por eso, cuando enfrentamos la justicia alternativa al proceso constitucional mexicano encontramos, por un lado, el principio de proporcionalidad: “toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (Cfr: art. 22 Constitucional); por otro, que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho” (Cfr: art. 17), por lo que, “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial” (Cfr: art. 17).
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EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL PROCESO PENAL (4)
  • José Daniel Hidalgo Murillo
Es común que nuestros tribunales confundan la generalidad de los principios y, por ende, al considerar la publicidad, lo hagan con los demás principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y que, de hecho, introduzcan —por lo menos algunos— el de oralidad —al que algunos pocos consideran un principio— y, por lo tanto, resuelvan sin precisar el interés procesal de cada uno de estos. ¿Cuál es la razón de la publicidad? Aunque, como se verá, algunos ofrecen una respuesta ética, la única razón de la publicidad es la oralidad. Si la oralidad es un sistema procesal —como he sostenido, de igual manera—, es una técnica de litigio, no es tal si las partes se comunican por escrito, sin que el público pueda enterarse de lo que ocurre en estrados judiciales. Por el contrario, para que el público se entere, las partes deben publicar la prueba utilizando la voz y, en ausencia de ella, la lectura de documentos, la exhibición de fotografías, la reproducción de videos, etcétera. Esta realidad, es decir, enterarnos, es lo que une la publicidad con la oralidad.
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL SIGLO XXI
  • José Daniel Hidalgo Murillo
Nacida a principios del siglo XX, doña Juana fue la menor de doce hermanos. Ella vio morir a sus bisabuelos, a sus abuelos (los padres de sus padres); poco a poco a sus hermanos, a los esposas y esposas de sus hermanos, a sus primos y primas y a algunos de sus tíos y tías. Luego se quedó rodeada de sus hijos y de los padres de las esposas o esposos de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Aún en el siglo XXI ella pudo lotificar la vieja hacienda de sus abuelos para repartirla en partes iguales entre sus hijos e hijas de modo que cada uno pudiera construir su propia casa para sus nietos, dejando la vieja casa como museo de aquella gran familia. Es interesante cómo la libertad personal se pierde con la muerte y, con la muerte, tarde o temprano, a todos alcanza una realidad. Se pierde la vida, pero nunca los derechos. Por eso doña Juana, con 99 años y empezando el siglo, pudo repartir y dejar el derecho de sus bienes ––que heredó de sus padres y de sus abuelos–– a sus hijos y nietos. El hecho de que todas las personas vivimos muchos años; el hecho de que, durante esos muchos o pocos años que vivimos producimos cosas, construimos empresas, dejamos una familia con hijos y nietos; el hecho de que todos y cada uno hemos de morir, nos exige pensar el Derecho, estudiar el Derecho y ofrecer una respuesta al Derecho que protege nuestros derechos durante la vida y las relaciones con otros y permanece con la muerte, después de la muerte y a lo largo de la muerte de muchos. Gisela nació de parto natural cuando su madre empezó a sentir los primeros dolores en el hospital. Cuando nació, se encontró con la mano mojada de un doctor que le dio su primer golpe en la nalga para que empezara a respirar por ella misma. El médico tomó a la niña, cortó el cordón umbilical, la bañó y la entregó llorando por primera vez a su madre. En óptimas circunstancias, todos los niños nacemos con, por lo menos, la compañía de la madre y otro. Es posible nacer sin la ayuda médica o con la ayuda de una partera. Es posible que, en ese momento, sólo esté la madre. También es posible que con la madre esté el médico, una o dos enfermeras, el padre, una tía, una hermana mayor o su esposo. En fin, es posible nacer sólo o muy acompañado. También es posible que una madre de a luz y deje al niño abandonado. Es posible que lo regale a otra mujer que lo haya pedido; que lo deje fuera en el corredor de una casa, que muera como consecuencia del abandono o que la persona que lo recoja sea mejor que la madre que lo abandona. Hoy es muy común que esa criatura humana sea eliminada en el mismo vientre de su madre. Para tranquilizar la conciencia, algunos llaman a este modo, interrupción del embarazo, como si el aborto fuera un cambio de muda o un cambio de planes de viaje. Algunas personas matan a los hijos apenas nacen (infanticidio). El futuro de una persona puede ser muy incierto o claro. Al final, la vida del otro depende de los demás. Pero veamos. Si encontramos un perrito en vez de una niña, es posible que lo dejemos en una jaula, en el patio, encerrado y privado de libertad. De cualquier modo, el perrito sigue siendo perrito. En cambio, Gisela posiblemente se muera en ese estado. Si al perrito se le da agua y carne, sobrevive bebiendo y chupando. Tal vez Gisela igual aprenda a beber, chupar y sobrevivir. El perrito puede pasar toda la vida bebiendo, chupando y enjaulado sin que le pase nada. Gisela, conforme va creciendo, va pensando, va hablando, va expresándose, va analizando la situación, va tomando decisiones, va haciendo ejercicio de su libertad conforme va haciendo ejercicio de su inteligencia y de su voluntad. El perrito puede ir conociendo a todos los de la casa y puede hacerse amigo de todos, sin que comprenda la razón de la amistad. Gisela puede ir conociendo a los demás pero, además, puede no conocer lo que conoce, puede conocer a quién conoce, puede ir distinguiendo a cada uno de los distintos sujetos que va conociendo y tiene la capacidad de comunicarse, especialmente, la capacidad de llegar a hablar. Posiblemente, el perrito juegue con lo que encuentre. Gisela, al igual que el perrito, puede ir jugando con lo que encuentre pero, a la vez, Gisela construye, crea, produce y empieza, sin proponérselo, a utilizar los objetos, crear de un objeto otro, aprender el lenguaje, las señas, expresarse, comunicarse, hablar, pedir y hasta abrir la jaula, salirse de la misma, caminar e irse del lugar. Posiblemente Gisela no encuentre dentro de la jaula la mejor educación, el mejor lenguaje, las mejores formas de comunicación y, posiblemente, no llegue a ser una persona culta, conocedora de la historia, del mundo, del universo. Pero cualquiera que llegue a conocer a Gisela y al perrito un año después podrá comprender la diferencia entre libertad y Derecho y la necesidad del Derecho desde el ejercicio de la libertad, cosa que nunca hará el perrito. Tal vez no podamos decir qué derechos tiene Gisela o que a Gisela se le han denegado sus derechos. Pero es claro que Gisela expresa, desde esa jaula, su inteligencia, su voluntad, su libertad, su capacidad de razonar su situación, su raciocinio, su entender y entenderse y su comprender. De hecho, el perrito puede expresar cariño, atención y relaciones, mientras que Gisela puede expresar amor. No podemos experimentar con un ser humano. Pero sometido el humano al mismo trato de un animal, es una realidad que con el tiempo el animal y el humano procederán de modo distinto porque son naturalmente distintos.
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LA AUDIENCIA INICIAL (2A. ED)
  • Hesbert Benavente Chorres
El control de la detención en audiencia es una de las importantes respuestas a la afectación de los derechos fundamentales que sufren los detenidos que ofrece la reforma al sistema de justicia penal en México. En efecto, es de conocimiento público la existencia de denuncias contra servidores públicos, usualmente, de la policía, por haber maltratado o torturado a detenidos, o simplemente el haberles sembrado algún objeto con la finalidad de comprometer su situación jurídica ante el Ministerio Público, o bien, ante el juez. Frente a tal escenario, se ha levantado una figura que permite a cualquier detenido que haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial el poder ser escuchado por la misma, quien a su vez exige la comparecencia del agente del Ministerio Público para que exponga las razones que motivaron que se le prive de la libertad a una determinada persona. Frente a ello, la dinámica e importancia del control de la detención descansa en la protección de los derechos fundamentales de toda persona que ha sido privada de su libertad, ya sea por las figuras de la detención por flagrancia delictiva, o bien, la detención por caso urgente. Sin embargo, para arribar a la citada audiencia ha sido preciso el cumplimiento de determinados pasos previos, los cuales, a su vez, constituyen condiciones necesarias para la celebración de la denominada audiencia inicial. En ese sentido, el presente estudio pretende analizar toda la sistemática que rodea la citada audiencia, a la luz del sistema acusatorio mencionado en la Constitución Federal y que ha sido regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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SOLUCIONES ALTERNAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL MEXICANO
  • Orlando Sánchez Torres
En esta obra, el maestro Orlando Sánchez Torres analiza, desde un punto de vista práctico, las soluciones alternas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, aquí podrás encontrar diversas críticas a la legislación, interpretación y propuestas de reforma. Asimismo, aborda diversas interrogantes surgidas a raíz de la práctica profesional, como: ¿puede aprobarse un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso con posterioridad al dictado del auto de apertura a juicio oral?, ¿es posible revisar las condiciones impuestas por el juez en la suspensión condicional del proceso?, ¿el imputado se encuentra en aptitud de impugnar el auto que aprueba la suspensión condicional del proceso?, ¿las personas morales imputadas se encuentran en aptitud de concluir su proceso a través de la suspensión condicional del proceso?, entre muchas otras.
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AUDITORÍAS PREVENTIVAS PARA EMPRESAS Y NEGOCIACIONES CON MAQUINARIA EXTRANJERA
  • Gabriel Suárez Ustarroz
En cualquier momento llamarán a la puerta de una empresa, negociación o establecimiento, servidores públicos designados como auditores o visitadores de alguna Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria o de las Direcciones Generales de Auditoría de las diversas Secretarías de Finanzas del País, con el fin de ingresar a su domicilio ese mismo día y sin la necesidad de dejar un citatorio previo, con el objeto de llevar a cabo una auditoría consistente en verificar y determinar la legal estancia, tenencia, posesión, propiedad o importación de mercancías o maquinaria de procedencia extranjera que se encuentren en el interior del mismo; lo cual le obligará a acreditar con la documentación aduanera (pedimentos de importación, facturas o comprobantes fiscales digitales) que tales bienes fueron introducidos legalmente al territorio nacional. Sin embargo, no siempre resulta ser tan simple, pues si las mercancías son susceptibles de identificarse individualmente, necesariamente los números de serie, parte, marca, modelo, país de origen, deben coincidir exactamente y tal y como se aprecia en tales documentos, y si esto no es así, entonces la autoridad procederá a embargar precautoriamente dichas mercancías de acuerdo con lo establecido en la Ley Aduanera, quedando sujetas a un procedimiento administrativo en materia aduanera, en el cual el interesado deberá acreditar su legal estancia en territorio nacional, y para el caso de que no se consiga, entonces se le determinará un crédito fiscal (cantidad a pagar a favor del fisco) y la maquinaria pasará a propiedad del fisco federal o en su defecto se le determinará una cantidad que deberá de pagar por la imposibilidad de que pase a su propiedad. Ahora bien, el particular cuenta con los medios de defensa para impugnar las determinaciones de la autoridad aduanera, sin embargo ello no le asegurará el éxito para que se declare la ilegalidad del pago que le fue impuesto y que las mercancías no pasen a propiedad del fisco federal. Por tal razón nació la idea de escribir la presente obra, pues existe desconocimiento de cómo debe actuar el particular ante la auditoría de comercio exterior en la cual se le embarguen mercancías con motivo de la visita domiciliaria, por lo que se encuentra en estado de incertidumbre jurídica al desconocer los procedimientos que se le aplicarán para privarle de su propiedad y determinarle cantidades a pagar por concepto de impuestos omitidos, multas, recargos y actualizaciones. En este libro se explica tal procedimiento, se hacen recomendaciones y consejos jurídicos para gozar de los beneficios que señala la ley a favor del particular y actúe debidamente frente a la autoridad y tenga una defensa adecuada ante este tipo de actos que perjudican gravemente su patrimonio, la estabilidad económica y emocional de toda persona sujeta a un procedimiento de embargo y determinación de créditos fiscales por el simple hecho de contar con la posesión o propiedad de maquinaria de procedencia extranjera. En ese sentido, este texto cobra gran relevancia pues incluye las etapas del procedimiento de fiscalización de mercancías de comercio exterior en el domicilio del particular hasta su culminación, las medidas preventivas y correctivas que le permitirán evitar que la autoridad aduanera le emita una resolución en donde se determinen impuestos omitidos por la estancia irregular de la maquinaria y, para el caso de que se lleguen a determinar cantidades a pagar, se explican los medios de defensa procedentes y los principales argumentos que se deben hacer valer para lograr que se revoquen o se nulifiquen los efectos nocivos de las resoluciones emitidas en contra del particular.
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EL REMATE JUDICIAL
  • Jimmy H. Martínez-Rodríguez
Los motivos que pueden llevar a la elaboración de un libro en materia jurídica son diversos, en este caso, escribí estas líneas para aportar un grano al acervo del conocimiento universal, cuya fuente de inspiración se ciñe a la circulación de la riqueza y al tráfico comercial que beneficia a todas las personas, con el que propongo un esquema novedoso para enfrentar mejor la crisis económica en la globalización. La innovación, sin duda alguna, está inmersa en este tratado, puesto que, con base en el derecho comparado, puntualizo que el auto aprobatorio de remate judicial debe equipararse a la escritura pública de compraventa, lo que brindará celeridad a las transacciones comerciales al poseer un derecho dinámico, lineamiento que persigue la reforma constitucional del año 2008, con la que se enfrentará mejor los retos para abatir la carencia monetaria en los bolsillos de la gente, sin que sea a costa del equilibrio social. Para llegar a esa conclusión, me valí de una metodología cuya información plasmada en cada capítulo, consistente en la compraventa, la venta judicial, el cumplimiento del contrato y el auto aprobatorio de remate, será de mucha utilidad práctica para todos y cada uno de los amantes del derecho. He escrito, pues, el libro que me gustaría tener a la mano para comprender la redimensión de la naturaleza jurídica de los remates judiciales y, por ende, saber más derecho. Antes de terminar, quiero dejar constancia de mi admiración a mi querido maestro que en paz descanse, el abogado Carlos María Pérez Palma, cuyo ejemplo de gran señor del derecho ha iluminado siempre mi camino; y mi agradecimiento al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Dr. Genaro David Góngora Pimentel, así como al magistrado del Poder Judicial de la Federación, el Dr. Neófito López Ramos, por sus enseñanzas de que el hombre debe actuar siempre con honor, fortaleza y sabiduría, por el bien de todos y para todos.
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