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LAS UNIONES DE HECHO EN EL NUEVO CONCEPTO DE FAMILIA
  • Etna Arceo Baranda
El libro Las uniones de hecho en el nuevo concepto de familia nos presenta un panorama general de cómo las uniones de hecho, al ser una posibilidad para generar futuras familias o habiéndolas generado ya, de facto, requieren un trato tutelar en el derecho de familia o codificación civil en México. Existen diversos tipos de uniones de hecho reconocidos como tales y con expectativas prometedoras de reconocimiento pleno o mejorado en su esfera jurídica, en lo que atañe a su carácter generador de familia. En el caso de la unión de hecho por antonomasia, el concubinato, se encuentra reconocido en los 31 estados de la república mexicana y en el Distrito Federal —actualmente Ciudad de México—, y de las nuevas formas, como la sociedad de convivencia de dicho estado, la sociedad civil de convivencia en Campeche, la sociedad de convivencia de Coahuila y la libre convivencia de Jalisco. Los derechos que contemplan las nuevas uniones de hecho, reguladas por las leyes, no son equiparables a los del matrimonio, ignoran que la unión de hecho o concubinato, como primera relación humana constitutiva de familia a lo largo de la historia, merece el reconocimiento pleno por parte del Estado y, de no hacerlo, lleva a problemas mayores como la estigmatización, discriminación o exclusión social de las personas, pero sobre todo a la violación de sus derechos humanos, confinándolos en un gueto excluyente que el legislador les ha creado so pretexto de reconocerles personalidad en el ámbito jurídico, es decir, es demagogia o eufemismo que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, la construcción y desenvolvimiento de las familias. Las uniones de hecho deben ser de facto, pero con plenos derechos, no con limitaciones novedosas, como por ejemplo: instituir en algunas leyes registros obligatorios que conllevan efectos constitutivos, que transgreden la libertad de unirse libremente, como se denominara otrora, en “unión libre”, pero salvaguardada por el derecho, sin formulismos, como en el antiguo derecho romano. Así se va descubriendo cuál es el mínimo requerido para la existencia de una justicia social efectiva en las leyes con respecto a la unión de hecho como constitutiva de familia, y no caer en la demagogia o nugatoria previsión genérica del respeto a los derechos humanos del gobernado, sin concreción en la realidad que garantice su correcta intelección y aplicación.
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EL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS UNA POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
  • Laura Aida Pastrana Aguirre
El Registro Nacional de Deudores Alimentarios (en adelante Renada) tiene como finalidad ser una vía que facilite la salvaguarda del derecho superior de la infancia a recibir alimentos, así como procurar la equidad entre hombres y mujeres. Si usted está leyendo esta introducción es probable que esté interesado en conocer sobre el Renada, pues bien, lo primero que debo decirle es que se trata de una propuesta; es decir, en este momento no es todavía una realidad. Por ello dejo aquí las razones por las que es urgente dirigir la mirada al escenario de las mujeres que se embarazan a edades muy tempranas y no cuentan con el apoyo económico de los progenitores para brindar a sus hijos los entornos mínimos de subsistencia, mujeres que han tenido que abandonar sus estudios para trabajar en cualquier tipo de condiciones reproduciendo, en la mayoría de los casos, su situación de pobreza y marginación por tener la necesidad de sacar adelante a sus hijos de la manera que les sea posible. Esta realidad no es igual para los hombres que se convierten en padres jóvenes, porque, según porcentajes significativos, nadie los conoce, pues la paternidad temprana es un problema latente e invisibilizado por la sociedad y, en consecuencia, por las políticas públicas en materia de prevención del embarazo y el cuidado y la manutención de los hijos, que durante años han estado dirigidas exclusivamente a mujeres. Tal situación impacta negativamente en millones de niños, niñas y jóvenes que no cuentan con las condiciones mínimas para su adecuado desarrollo personal y profesional, al vulnerar su derecho humano a la alimentación adecuada y equitativa.
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CON JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERAMERICANA
  • Manuel Valadez Díaz
  • Guillermo Díaz Hernández
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MANUAL OPERATIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD... 2A. ED.
  • Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria
Los temas de transparencia y corrupción sugieren especial atención con respecto a la necesidad social de una buena gobernabilidad; sin embargo, estos conceptos pueden utilizarse como justificadores de una dinámica neoliberal globalizadora que pretende controlar los capitales que se obtienen a causa de las dinámicas económicas alternas, es decir, aquellas que no son fiscalizadas por la legalidad, y que en la mayoría de los casos representan un ejercicio del poder económico por encima de la obtención lícita de recursos. Así, el ingreso ilícito de capital permite la intervención de organizaciones delictivas en las esferas gubernamentales, dirigiendo las políticas públicas a los intereses de unos cuantos para mantener su hegemonía económica. Manuel Castells indica que “la globalización del crimen organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en nuestros países, con efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.” En ese sentido, también la corrupción se convierte en un constructo ideológico que permite calificar a los países como “democracias” o “dictaduras”, es decir, aquellos que sigan las políticas internacionales anticorrupción y las materialicen en sus legislaciones locales serán dignos del reconocimiento de la comunidad internacional, en cambio, aquellos que se rehúsen a hacerlo serán susceptibles de ser bloqueados política y económicamente.
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MÉXICO EN ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
  • Rafael Chacón Villagrán
  • Mayra Grisel Ángel Sánchez
La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo a nivel mundial, además de ser una violación grave a los derechos humanos “se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un boletín de prensa dirigido a todos los países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, en los que está incluido nuestro país. Al respecto, la esencia del documento dice: “existen importantes brechas y deficiencias en la legislación nacional y en los sistemas de prevención, a menudo combinadas con la tolerancia a dicha violencia, exacerbadas por la falta de datos fiables y desagregados, la ausencia de evaluaciones adecuadas de los riesgos”, es decir, la violencia, la falta de confiabilidad en los diagnósticos, así como las correctas evaluaciones, afectan la adecuada construcción de políticas públicas de prevención con perspectiva de género. En la actualidad, cada vez más países utilizan las políticas públicas con perspectiva de género, lo que puede ser causado por la alerta de género que hay en Latinoamérica, “donde el número de feminicidios es alarmante. Tal es el caso de Argentina, donde cada 30 horas asesinan a una mujer por su género, o México, [donde] siete mujeres son asesinadas cada día”,3 razones por las que diferentes organizaciones de la sociedad convocaron a un paro internacional el día 8 de marzo, en el marco del día internacional de la mujer. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. constitucional, establece un postulado que se refiere a la igualdad del varón y la mujer ante la ley; igualmente, el objetivo 5 de la Agenda 2030 busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; sin embargo, aunque el incorporar términos de esta naturaleza fue un gran avance, es un proceso que no se ha materializado totalmente en todos los ámbitos de la vida, como la equidad, la justicia y la eliminación de la discriminación, elementos necesarios en la construcción del camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres.
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POLICÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
  • Víctor Manuel Nieto Pérez
Una vez implementado el Sistema Penal Acusatorio y en el marco de la consolidación del mismo que exigió un cambio de 360 grados en la forma de procurar justicia, esto es, un actuar más profesional y transparente alejado de las prácticas obscuras y discrecionales del Sistema Penal Inquisitorial. Al cambiar el paradigma, la forma de visualizar a los policías de investigación y la manera de pensar y entender una procuración de justicia adversarial, con reglas más justas e igualitarias para todas las partes que intervienen en el procedimiento penal. En el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, la policía de investigación se convierte en un actor fundamental, al ser el encargado de materializar la investigación penal, a través de la ejecución de los diversos actos de investigación, con y sin control judicial, que establece el código procedimental en la materia. El policía de investigación será el encargado de la búsqueda de todos los datos de prueba que se requieran de acuerdo al tipo penal investigado, para que la fiscalía solicite la vinculación a proceso, la acusación y, en su momento, debatir sobre una sentencia y reparación del daño causado por las personas que cometan delitos. La presente obra establece el nuevo y aumentado bagaje de actividades que desarrolla un policía de investigación, la manera de coordinarse e integrar el equipo de la trilogía de investigación e indica la metodología para planear las acciones que se requieran materializar en el marco de una investigación penal, además de, los documentos que tendrán que elaborarse para registrar todas las actuaciones durante el proceso de investigación, todos de conformidad con lo establecido en la normativa integral que rige la materia. La forma de actuar de un policía de investigación comprende un amplio espectro de normas y lineamientos de diversas materias, que no deben reducirse a la manera tradicional de fundamentar su actuar únicamente en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser reformado éste en el 2008, el policía se convierte en un iniciador y materializador de la investigación, bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de esta función. Toda la certeza jurídica que se debe observar al materializar estos actos de investigación aplica a los policías que las realizan, es decir, el debido proceso inicia con las actividades del policía de investigación. Es importante hacer un paréntesis para precisar que, la policía en México ha tenido que pasar por varias etapas en donde, muchas veces, fue rehén de intereses políticos y de presiones internacionales en la búsqueda de erradicar la corrupción, y como consecuencia, reducida a su mínima expresión, produciendo un efecto perverso, no sólo de descredito sino como se observa actualmente, de una total falta de respeto de la ciudadanía: una ausencia total de autoridad, más aún por el miedo de la policía a actuar dado a la desinformación acerca de sus facultades. Como lo menciona Alejandro Desfassiaux en su obra Cómo poner un alto a la inseguridad en México, la policía en México sufrió un relajamiento, ocasionado por los controles y limitaciones a las actividades policiales, así como al abandono en el uso de protocolos, lo cual, dejó a la policía rezagada en las labores de investigación y el combate a la delincuencia. Todo esto ocasionó que las estructuras de mando de las policías fueran depuradas de los policías de carrera para ser sustituidos por civiles, bien intencionados, pero sin ningún conocimiento del fenómeno delincuencial y de las policías.
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JUICIOS ORALES FAMILIARES (Práctica Forense) 2A. ED.
  • Mónica Campos Lozada
Durante décadas los estudiantes de la carrera de Derecho han aprendido de los libros ricos en doctrina como, Cipriano Gómez Lara, José Ovalle Fabela, etcétera, pero lo que nos ha hecho aprender a escribir son aquellos libros que se refieren a la práctica forense en diversas materias como los de, Carlos Arrellano García (QEPD), José Contreras Vaca, libros que son elementales en la vida del estudiante y más aún en la vida del abogado postulante. A partir de la reforma del año 2008, en la cual se implementaron los Juicios Orales en nuestro país, somos emigrantes a un nuevo sistema pues nuestra práctica como abogados era escrito. Actualmente en diversas materias en donde prevalece la oralidad, —claro está que estos últimos vienen a ser un sistema mixto, ya que el escrito inicial de demanda es escrito—, la contestación de la demanda, así como la reconvención y el oponer defensas y excepciones, pero las audiencias desde la preliminar o junta anticipada, como la audiencia de juicio, son preponderantemente orales. La finalidad de la presente obra, Práctica Forense de Derecho Procesal Familiar, es que no sólo los estudiantes, sino también el abogado postulante pueda allegarse del conocimiento de qué clases de juicios se llevan en juzgados de proceso oral familiar, por medio de diversos modelos que se contemplan en la obra ya citada, y poder comprender la forma de instar ante los nuevos Juzgados de Oralidad Familiar. De igual forma se analizará las diversas autoridades que intervienen en los Procesos Orales Familiares, dándonos una gama del conocimiento de la importancia que tienen los órganos de la administración pública y poder comprender las facultades y atribuciones que tienen estos, y la ayuda que brindan al gobernado para poder solucionar sus conflictos ante la autoridad judicial.
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