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  • Martha Guadalupe Rubio González
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EL DERECHO DEPORTIVO DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA
  • Alberto Palomar Olmeda
  • Zitlally Flores Fernández
  • Mario A. Schmoisman
  • Diego A. Dolabjian
  • Karel Luis Pachot Zambrana
  • Martinho Neves Miranda
  • Gustavo Paipe
  • Jalil Ascary Del Carmen Clemente
  • Ciro Félix Rodríguez Sánchez
  • Mirtha Ricel Mena Castellanos
  • Rolando Pavó Acosta
  • Alberto Araujo Toledo
  • Adolfo Fierro Rodríguez
El Derecho Deportivo desde una perspectiva comparada. Los casos de España, México, Argentina, Cuba, Brasil, Mozambique, ha sido el título del proyecto de investigación que constituye el contenido del presente libro. La necesidad de abordar el fenómeno deportivo desde un enfoque jurídico, fue el principal interés de quienes participamos en este trabajo. El libro pretende mostrar un panorama general de los diversos aspectos del deporte a la luz de las diferentes ramas del derecho. El reconocimiento constitucional del derecho al deporte, el derecho de la organización deportiva, las relaciones contractuales en el deporte, la responsabilidad civil en espectáculos deportivos, los delitos deportivos, los conflictos en torno a la identidad de género y a la participación en competencias deportivas, la sociología jurídica del deporte, entre otros, son los temas que se abordan en los diez capítulos que componen esta obra. Mi agradecimiento a todos los que participaron e hicieron posible conjugar estos esfuerzos académicos para presentar desde la perspectiva de cada país la regulación jurídica del deporte, sus desafíos y propuestas.
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EL ARRAIGO PENAL EN MÉXICO
  • Universo Bautista Fuerte
Los Derechos Humanos en el mundo contemporáneo, son aspectos fundamentales para la protección del hombre, tomando en consideración que la globalización de las relaciones del ser humano en el concierto internacional, se encuentran en su mayor esplendor, ello con base en la gran cantidad de herramientas diplomáticas y cibernéticas que se emplean por las naciones. Aunado a ello, el estudio de los Derechos Humanos en el ámbito jurisdiccional, tanto en el ámbito de derecho comparado, como en el aspecto del derecho nacional, es de gran importancia, en razón de que permiten efectuar un análisis sistemático de los aspectos fundamentales del derecho mexicano. Por lo tanto, con el análisis al párrafo octavo, del artículo 16, de la Constitución Federal, en el que se contiene la emisión de la orden de arraigo de una persona como medida cautelar, la cual no podrá exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, plazo que podrá prorrogarse hasta por ochenta días, medida que constitucionalmente es considerada actualmente un derecho humano, no obstante ello, estimamos que esa medida cautelar resulta incongruente con los numerales 1o. y 11, de la Carta Magna, esto es, existe una colisión de derechos fundamentales, pues esa medida restrictiva de la libertad restringe la aplicación de los derechos humanos y de manera particular, la libertad de la persona para transitar libremente en el país, circunstancia que desde luego, es contraria al espíritu de la Constitución Mexicana, puesto que, se insiste, el legislador federal consideró que esa medida cautelar, no causa agravio alguno en la esfera del gobernado, en virtud de que para su otorgamiento judicial, estableció como requisitos de procedibilidad, que dicha medida sea necesaria para el éxito de la investigación, para la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, esto es, que la medida se encuentre motivada y fundada, sin embargo, por nuestra parte se estima que, aun cuando se determinó ese mecanismo legal de preparación para el dictado de esa medida, lo cierto es que, con la emisión del arraigo penal que se controvierte, se impide al gobernado el disfrute de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y el ejercicio del libre tránsito por la república mexicana, medida cautelar que desde luego, no puede ni debe compararse con el auto que ordena la aprehensión, con el relativo al auto de vinculación a proceso o de formal prisión, imponiendo una obligación superior al gobernado, puesto que se estableció que esa medida se emitirá siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, en los casos de delincuencia organizada, resultando por ende, incongruente la aplicación de la figura del arraigo, con relación al disfrute de los derechos humanos y del libre tránsito del gobernado, en cuanto que, lo limita al goce y disfrute de esos derechos fundamentales y a la realización de sus actividades tanto personales como laborales, causándose con ello, una confrontación entre instituciones de carácter constitucional que protegen al gobernado en el desarrollo en sociedad. Medida legal, se insiste, que afecta el libre tránsito del hombre, aspecto que se considera como uno de sus derechos naturales fundamentales, motivo por el cual, consideramos necesario el estudio del tema en cuestión, desde una perspectiva derecho humanista de corte internacional, aplicando desde luego para lograrlo, el análisis de esa figura en el ámbito del derecho comparado, en virtud de que la figura procesal descrita, contraviene los principales Convenios Internacionales en materia de derechos humanos, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que en su artículo 22, dispone como derecho humano, la protección de la prerrogativa de toda persona a circular libremente en el país, de ahí la importancia del estudio en cuestión. Por lo tanto, el presente trabajo versará sobre la hipótesis siguiente: Si la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en al artículo 22 como un derecho humano el libre tránsito de las personas, y en su artículo 7 establece que todo detenido debe quedar de inmediato a disposición de un juez, y el artículo 1o. de la Constitución Federal señala que se deben proteger Derechos Humanos contenidos en acuerdos y tratados internacionales, y por otro lado, el artículo 11 constitucional, protege también la libertad de tránsito; mientras que por otra parte, el artículo 16, párrafo octavo, de la Norma Máxima, dispone que se podrá decretar el arraigo de una persona por la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, tratándose de determinados delitos; entonces este último artículo de la norma suprema resulta inconvencional por contravenir un tratado internacional, ya que en todo caso, la legislación interna debe adecuarse a la internacional, según lo dispone el mismo Pacto de San José, en su artículo 2o., además de colisionar con los propios derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. y 11 descritos, por lo que será necesaria su reforma en este sentido, a fin de estar acorde con la normatividad internacional. Lo que se pretende, es demostrar teóricamente que la figura del Arraigo instituida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta conflicto de intereses con los derechos humanos, y por tanto, cómo éstos también forman parte de la Constitución Federal, en consecuencia, se pone en evidencia su inconvencionalidad y por ende, su incongruencia constitucional, entre los artículos 1o. y 11, con el diverso 16, párrafo octavo, todos de la Carta Magna Mexicana, en razón de que se advierten restricciones a los derechos fundamentales contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) del 22 de noviembre de 1969.
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MANUAL DE DERECHO PENITENCIARIO
  • Brendali Castillo Paz
  • Rogelio Jesús Alonso Lucero
Trabajando en el Sistema penitenciario, donde se requiere verdadera vocación para poder hacer cambios sustanciales en la materia, fue que conocí a uno de los autores de este manual. Rogelio Jesús Alonso Lucero, quien siempre se distinguió por el interés en cuestiones de tratamiento en internamiento y lo mejor, en el seguimiento para los externados, que en este caso se trató de adolescentes en conflicto con la ley penal. Siempre interesado por los estudios en Ciencias Penales y su pasión por el tema, se ganó la habilitación como encargado del área de criminología en el Consejo de Menores del Estado de México, ya casi por terminar la gestión administrativa de la justicia para adolescentes, aún en el sistema garantista. La publicación de este manual con la finalidad de unificar criterios en la formación de profesionistas, es de verdad relevante, pues como bien lo dicen los autores en la introducción, es un apoyo para quién no es especialista en la materia, dado que en el Derecho Penitenciario, Derecho Ejecutivo Penal y la Penología, se exige de una terminología cultivada, es necesario generar una metodología científica en la que se optimice el uso del sistema de legalidad, es decir, que tanto el dicente como el docente que no están actualizados o especializados en los problemas metodológicos de los estudios jurídicos en materia penitenciaria, se les proporcione una sistematización en la enseñanza-aprendizaje a través de un lenguaje comprensible de la dogmática penitenciaria al neófito de estas ciencias, para poseer los elementos en la mejor comprensión del tema. Para interesar en la labor de la reinserción social, conforme a los fines del estado y de la ciencia penitenciaria, se requiere construir un compromiso entre el conocimiento, la práctica y la voluntad política, siendo este último elemento el más difícil de encontrar. Por lo que considero que este trabajo lleva la teoría penitenciaria y la experiencia directa de los autores conjuntamente con la labor docente en la que también han esgrimido en su trayectoria laboral. El dicente debe adquirir las destrezas y capacidades que fortalezcan los espacios laborales en el ámbito de tratamiento penitenciario, sea en internamiento o en externamiento, más aún cuando el sistema penitenciario es solamente una segmento de la política criminal del Estado, es la última fase que alberga los resultados de un sistema penal, injusto, corrupto, inequitativo, ineficaz, pues en cada una de las prisiones, estatales o federales existe un sistema propio, aun cuando el artículo 18 constitucional prevea un sistema penitenciario organizado sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción, no se ha planteado un régimen penitenciario nacional con un marco normativo específico, como se puede visualizar en el capítulo 5 de esta obra. Con los Congresos Penitenciarios, y no totalmente por ellos, se ha conseguido plasmar en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que instaura dentro de las funciones “Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional; promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social, así como proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción, social, entre otras. Por lo tanto esta obra que permite a través de un lenguaje especializado y sencillo, realizar la comunicación puntual entre el profesor y alumno para evolucionar en el mercado laboral con las competencias vinculadas a las necesidades sociales y de interés de los estudiantes. Y de esa manera desde la academia, ponderar en los futuros profesionistas, la inquietud, el conocimiento, la innovación en materia de Derecho Penitenciario, sin importar la línea de conocimiento que a nivel licenciatura se imparte, pues debido a que es una ciencia inter y transdisciplinaria, en la práctica los perfiles de profesionistas involucrados en el tema, son diversos y necesarios para una real reforma penitenciaria con personal de vocación.
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MANUAL BÁSICO DE DERECHO PENAL
  • Brendali Castillo Paz
  • Rogelio Jesús Alonso Lucero
Jean Piaget a través de la metodología para planificar las clases, postuló el llamado Ciclo del Aprendizaje en base al desarrollo del proceso cognitivo mediante experiencias concretas, observación y procesamiento, conceptualización y generalización y la posterior aplicación, razón por la cual adquiere importancia relevante la publicación del presente manual. La instauración de conceptos digeribles para el estudiante que no pertenece al área jurídica, pero que para el ejercicio de su profesión requiere no solamente conocer el concepto sino en un momento determinado, esquematizarlo y aplicarlo desde la perspectiva de su formación, requiere en las fases del desarrollo cognitivo, contar con instrumentos que le permitan representar de forma precisa generar el aprendizaje significativo a través de las técnicas que se presentan. En el inicio que como docente tuvo uno de los autores de este manual, fue precisamente con alumnos que no pertenecen a la ciencia jurídica, incursionó en la docencia de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana en la Unidad Académica Profesional Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado de México, por ser una carrera pionera en el país, la responsabilidad del inició fue y sigue siendo de gran importancia pues la formación profesional y vinculación al mercado laboral, tiene que ser con un perfil de multidisciplina ya que no se les forma como abogados para la defensa, acusación o litigación sin embargo deben de conocer el derecho penal para poder dedicarse a la prevención del delito, deben entender de políticas públicas y gestión, aunque no son politólogos, deberán de tener técnicas de entrevista e investigación en el área social, sin ser sociólogos. Peri principalmente su campo de trabajo se encuentra en cualquier parte del drama penal, desde la prevención del delito hasta la ejecución de la sentencia, donde por cierto en esta última deberán conocer el ámbito de la penología y el arbitrio judicial, mismo que sustenta, como en otras materias, sus bases en el derecho penal. Evocando de nueva cuenta a Piaget, menciona que la asimilación de la problemática en materia de construcción del aprendizaje se enfoca a un proceso continuo de equilibración (adaptación, asimilación y acomodación) que se produce entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer. Por todo ello la puntual integración de este manual exhibida por los autores, ejemplificando de manera sencilla y fácil de entender la teoría del Derecho Penal, ligándolo con imágenes y técnicas de asociación del aprendizaje, procuran esa nutrición en el constructo del derecho penal aplicado en los no juristas. Así en cada uno de los capítulos, desde el concepto del derecho penal, evolución, relación con otras ramas del derecho y ciencias no jurídicas, la propia teoría del delito quedan plasmadas en esta obra de forma muy sencilla y de manera básica en el conocimiento de esta ciencia que al ser la que tutela los valores más preciados del ser humano, como la vida, la libertad, la integridad, la propiedad, la honorabilidad, de origen en sí es compleja pues se refiere a la relación víctima-victimario, factores endógenos, exógenos, predisponentes, detonantes y en donde la criminología también requiere de sus conceptos básicos, para el entendimiento de las demás áreas en las que, como ya se mencionó son el cimiento de la aplicación de otras ciencias y disciplinas de la enciclopedia de las ciencias penales.
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LAS AUDIENCIAS PENALES DEL PROCESO ACUSATORIO ADVERSARIAL EN EL CÓDIGO NACIONAL
  • Francisco Antonio Lembo Rosales
Desde la implantación del Sistema de Justicia Oral Penal, introducido a nuestro país con la Reforma Constitucional de 2008; se han escrito múltiples obras que abordan varios aspectos del mismo, desde todas las perspectivas posibles; todas las obras muy buenas e inmejorables de una nueva camada de innovadores autores y escritores, que están construyendo la doctrina nacional del nuevo sistema. Dentro del los cursos, que como instructor certificado, he impartido a lo largo de todo el país, capacitando magistrados, jueces, ministerios públicos, defensores públicos y litigantes particulares, he advertido la necesidad, de que después de que se comprenden los principios básicos y funcionamiento del sistema, es menester también se les proporcione una herramienta que actúe casi de manera matemática, sobre cada una de las diversas audiencias posibilidades en el sistema; estas son: las audiencias previas, las concomitantes ó las posteriores al proceso acusatorio, a fin de que las adviertan y las identifiquen todas en conjunto con los requisitos del Código Nacional, para que prosperen sus pretenciones, en un afán de que las anticipen y las desglosen debidamente, sin tener que invertir largas horas en la investigación y/o preparación de las mismas; así como y de sus diversas vertientes o posibilidades legales, resultantes de un estudio meticuloso del nuevo Código Adjetivo Penal Único, dando cumplimiento con ello a los deberes de fundamentación y motivación a los que todo sujeto del proceso está obligado en su argumentación. La mayor falla en la que se incurre un sujeto del proceso, en una primera etapa de la práctica del nuevo sistema, radica en que se confían mucho a la “memoría” los aspectos torales de una audiencia y se descuida el dar cumplimento completo y preciso de los puntos fácticos o jurídicos que la ley les precisa tanto a la defensa, como al fiscal, al acusador coadyuvante e incluso propio juez; para poder así pedir controvertir, argumentar, pedir o decidir fundada y motivadamente sus planteamientos, o debatir los de sus contrarios. Este manual es 100% práctico, para apoyo de todos los sujetos del procedimiento, (juez, fiscal, defensor y asesor jurídico de la víctima) para utilizarlo como prontuario y guía rápida en la propia audiencia. Además advierte y muestra otras diversas audiencias, distintas a la inicial, vinculación, intermedia y de juicio; mismas que pueden desprenderse del nuevo sistema. Les brinda a los litigantes un manual tipo “check list”, para la rápida consulta y correlación de los artículos relacionados en la audiencia en que se actúe, ya que están un poco dispersos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que lo hace un poco mas complejo en su manejo; a diferencia del anterior Código Adjetivo del Sistema Mixto, que concentraba todos los temas por rubro en un solo título. Este libro es una herramienta útil para preparación eficaz de las audiencias, por lo que será una herramienta invaluable para manejar y entender de forma avanzada la práctica del nuevo sistema.
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EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Desglosado en ABC para fines Didácticos y Prácticos
  • Javier Jiménez Martínez
Hoy como nunca, han aparecido en toda la república mexicana, infinidad de publicaciones sobre el sistema procesal penal acusatorio en México; y, a partir de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Pernales se han escrito y publicado otros tantos títulos. Pero ¿Si hay tantas publicaciones sobre el sistema procesal penal acusatorio mexicano o sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, porqué publicar uno más?. La respuesta es sencilla. Muy a pesar de que todos los autores trabajamos sobre el mismo objeto, sobre la misma materia prima —El Código Nacional de Procedimientos Penales—, cada uno tiene su sello literario, eso que algunos llaman “originalidad del autor”; y por tanto, aunque sea un punto, una coma, una palabra o una frase, siempre hay algo diferente que decir; o por lo menos, decirlo de diferente manera. Por eso es que, desde que en México se inició el tránsito del sistema procesal penal mixto al sistema procesal penal acusatorio y la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, me di a la tarea de ir desglosando cada uno de los artículos para intentar dar un poco de claridad —aunque dudo que lo haya logrado— a la materia gris que nos ha entregado un legislador impaciente, labor que concluí a mediados de 2014 pero que no la di a conocer porque había un proyecto de reformas pendientes, y aún las hay en este momento. El 29 de diciembre de 2014 se publicaron las primeras reformas al Código Nacional de Procedimientos penales respecto de los acuerdos reparatorios; y, una vez que fueron introducidas en este trabajo y aunque existen puntos pendiente, hago entrega de esta obrita a la comunidad jurídica de México que he titulado: EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DESGLOSADO EN ABC PARA FINES DIDÁCTICOS Y PRÁCTICOS. El Código Nacional de Procedimientos Penales es propiedad del Estado mexicano, su desglose, constituye un modesto esfuerzo didáctico al servicio de las nuevas generaciones de procesalistas mexicanos. En realidad, este trabajito lo hice para mí, para que me sirviera en mi vida académica y en la práctica profesional como un novel litigante que se inicia en el sistema procesal penal acusatorio en México. Cómo el título lo indica, se trata de una obra bastante modesta, dado que el único esfuerzo que se realiza es desglosar, hasta donde me ha sido posible el contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, de manera excepcional y con el fin de aclarar algunos puntos que he considerado importantes he insertado breves notas para que mis lectores no sean unos simples recitadores de la ley, pues para eso no se requiere un título universitario, y menos aún saber más allá de los códigos, basta con leerse la materia gris entregado por legisladores impacientes y aprendérselo de memoria. Le agradezco al Licenciado José Luis Flores, su interés para publicar bajo su sello editorial este pequeño trabajo didáctico.
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