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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
LITIGACIÓN EN JUICIO ORAL PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
  • Manuel Valadez Díaz
  • Jesús Julián Rodríguez Cabral
La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 estableció en nuestro país una nueva forma de procurar e impartir justicia, misma que a casi cuatro años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación se muestra como uno de los más grandes cambios que en su historia ha vivido el sistema jurídico mexicano y que, sin lugar a dudas, en unión de la reforma que en materia de derechos humanos se verificó el pasado 10 de junio de 2011, caracterizarán la décima época de jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Dentro de la reforma en materia de seguridad y justicia en comento, ha sido un tema constantemente debatido la fortaleza o debilidad que puedan mostrar los sujetos procesales al intervenir en audiencia, esto en razón del principio de publicidad que caracteriza a dicho sistema y de las exigencias que el mismo representa en cuanto a técnicas de litigación, habilidades, destrezas y conocimientos jurídicos que deben tener los intervinientes, pues como se ha observado en la praxis judicial, cualquier falla o carencia ya sea del Ministerio Público, del defensor o del Juez queda exhibida de forma notoria. Como resultado de estas disertaciones, continuamente se ha estado evaluando a aquellas entidades donde ya se ha implementado el sistema acusatorio y oral a efecto de determinar las posibles fallas de sus operadores, esto, con el ánimo positivo de buscar su mejora bajo una cultura de capacitación constante. Es así como nace la idea de este libro, pues sus autores nos hemos percatado en los diversos cursos, talleres, seminarios, diplomados y maestrías en los que hemos participado como docentes del sistema acusatorio, que de forma continua e indistintamente de la región del país de que se trate, comúnmente se señala a los agentes del Ministerio Público como una parte importantísima para el debido y eficaz funcionamiento de los coloquialmente llamados “juicios orales”, pues sólo a través de su eficaz labor se podrá alcanzar la consolidación no sólo de un verdadero marco irrestricto de derechos para el imputado, sino de condiciones de igualdad para ambas partes (la que acusa y la que se defiende). De ahí, que al revisar la doctrina tanto nacional como internacional existente sobre la materia y al encontrar que la gran mayoría de los autores se han dedicado a orientar y capacitar a jueces y defensores respecto de su labor, no así a los agentes del Ministerio Público, lo cual conlleva directamente a la debilidad del nuevo sistema, es que se presenta este libro, mismo que bajo la metodología de audiencias que caracteriza al sistema acusatorio adversarial, explica cada una de ellas en cuanto a los objetivos que deben tener los representantes sociales en las mismas y de igual manera en cuanto a cuáles son las técnicas de litigación a su alcance para un desempeño exitoso de su actividad. Estamos convencidos que el fortalecimiento de las habilidades y destrezas de litigación del Ministerio Público dentro de los juicios orales (así como de la policía y de los peritos en cuanto a su ámbito de competencia), generarán una forzosa evolución de defensores y jueces que, sin lugar a dudas, permitirá la consolidación en México del sistema acusatorio y oral. Para lograr lo anterior de la mejor manera se tomó como ejemplo a la legislación que ha venido a unificarla, forma de procurar e impartir justicia en nuestro país, es decir el Código Nacional de Procedimientos Penales, instrumento normativo que estimamos logró aglutinar en buena medida, las experiencias exitosas de los estados que ya contaban con un sistema acusatorio en su legislación procesal.
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EL DIVORCIO INCAUSADO EN MÉXICO
  • Mónica Guadalupe Arriaga González
El divorcio incausado, tiene su origen en España, legislación que se copió casi en su integridad salvo pequeñas denominaciones sin importancia en los distintos códigos y leyes de la República Mexicana que lo contemplan, el primero en implementarlo fue el Distrito Federal, para posteriormente incorporarlo cuatro estados de la República, Coahuila, Estado de México, Guerrero y Yucatán también denominado unilateral o sin expresión de causa, popularmente es conocido como “divorcio express”, mediante el divorcio incausado se elimina el divorcio necesario y se suprimen todas las causales que lo fundamentan: desaparece la figura del cónyuge culpable y el divorcio se decreta sin mayor trámite, aparentemente quedan pendientes para resolución posterior, vía incidental las consecuencias derivadas del mismo, porque en realidad el divorcio incausado constituye una unidad y esta etapa en realidad es de desahogo de pruebas, etapa incidental contemplada en el Distrito Federal, Guerrero y Yucatán, en resolución posterior pero no en vía incidental sino con todos los requisitos de una demanda el Estado de México y Coahuila. Es de señalar que antes de lo que hoy se conoce como divorcio incausado, México ya contaba con una de sus variantes, como lo era el divorcio voluntario, en el que no se necesitaba expresar causal alguna para su procedencia, bastando el acuerdo de voluntades de los divorciantes y que se cumplieran los requisitos de ley. En la legislación del Distrito Federal y Coahuila se regulan dos formas de divorcio dentro del mismo incausado: 1. Existe acuerdo de voluntades (divorcio consensuado) los cónyuges presentan la solicitud de divorcio acompañada del convenio. 2. No hay acuerdo de voluntades, a la solicitud de divorcio se acompaña la “propuesta de convenio”, hay intervención judicial, el demandado puede no contestar, presentar su “contrapropuesta o allanarse a la propuesta de convenio, el divorcio se decreta de plano y sus consecuencias deben resolverse en la continuación del divorcio. Todos los ordernamiento legales de las diferentes entidades hacen referencia a la denominada “propuesta de convenio” En el Distrito Federal la forma de ofrecimiento y desahogo de pruebas también fue modificada la que no se limita a los casos de divorcio, sino a toda controversia del orden familiar, se suprimen sus “formalidades”, en términos del segundo párrafo del artículo 271 del Código Civil para el Distrito Federal. La que más cambios sufrió, fue la prueba pericial al haberse suprimido todo el articulado que la rige, no es necesario formular cuestionario, mencionar clase ni materia de la pericial, relacionarla ni decir que se pretende acreditar con la misma, en todo caso el juez inferirá de los respectivos escritos la cuestión a dictaminar. Un perito designado por el Juez, ya sea que pertenezca al tribunal o de alguna otra institución, será el que dictamine, las partes están impedidas para nombrarlo, por lo que no habrá tercero en discordia. Disposición contenida en el último párrafo del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles, numeral que ya fue declarado inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Únicamente el Distrito Federal es el que limita el derecho a la prueba pericial para hacerse valer por las partes, este error garrafal cometido por los legisladores, afortunadamente no lo repitieron los demás estados de la República en los que se contempla el Divorcio incausado. La sentencia que resuelve las consecuencias del divorcio al ser una cuestión de fondo, no materia accesoria del juicio principal de divorcio, admite apelación y amparo directo, no indirecto, por no tratarse de una sentencia interlocutoria. Estos y otros aspectos, relativos a la normatividad del Divorcio, serán materia de este trabajo, mismo que termina con una serie de formularios para complementarlo, esperando en todo momento que sea del agrado de los lectores.
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CON JURISPRUDENCIA
  • Miguel Carbonell
Mediante una reforma constitucional al artículo 73 fracción XXI de nuestra Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013, se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de legislación única de procedimientos penales. La fracción en cuestión quedó con el siguiente texto: Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I. a XX. ... XXI. Para expedir: a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios; b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada; c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; XXII. a XXX. ... Contando con esa base constitucional, el Congreso de la Unión expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales cuyo contenido el lector podrá encontrar en las páginas siguientes, junto con la jurisprudencia que debe servir para su correcta interpretación. Para tal efecto, se presenta la selección y sistematización de 360 criterios de interpretación que guardan una relación directa con los artículos del código señalado (284 tesis aisladas y 76 tesis de jurisprudencia), advirtiendo al lector que se tratan de criterios de reciente publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época (147 tesis), y la actual Décima Época (213 tesis). El origen remoto de dicho Código se encuentra en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, que incorpora a diversos artículos de nuestra ley fundamental los principios del procedimiento penal de corte acusatorio y oral. Dicha reforma constitucional nos suministra la base para realizar una profunda transformación del sistema penal mexicano. Sus disposiciones tocan varios de los ámbitos sustantivos de dicho sistema, dado que abarcan temas como la seguridad pública (cuerpos policiacos y prevención del delito), la procuración de justicia (el trabajo del ministerio público, el monopolio de la acción penal que desaparece al menos en parte), la administración de justicia (a través de la incorporación de elementos del debido proceso legal y de los llamados juicios orales) y la ejecución de las penas privativas de la libertad. La expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales es una gran oportunidad para los juristas mexicanos y para el conjunto del sistema jurídico mexicano. Se trata de un intento muy serio que persigue el siempre loable objetivo de mejorar de manera sustantiva nuestro proceso penal. A partir de su expedición se generan grandes retos de distinta naturaleza, ya que habrá que capacitar a los distintos actores, construir salas de audiencia oral, desarrollar sistemas que permitan la efectividad de las salidas alternas al juicio, mejorar la capacidad de respuesta de policías y ministerios públicos, y un largo etcétera. Para que el nuevo procedimiento penal sea efectivo en la práctica también se van a requerir nuevas capacidades en sus actores principales. Será indispensable, por citar las más evidentes, un buen manejo de la argumentación jurídica, un dominio preciso de la teoría del caso, un desempeño sobresaliente en materia de oratoria forense y un largo etcétera. Los abogados mexicanos deben prepararse con seriedad y rigor, ya que se trata de uno de los más grandes desafíos de la profesión jurídica en los años recientes. Pero el requisito primero para que todo eso pueda darse reside en el simple hecho de que las normas del nuevo Código y la interpretación que de las mismas han hecho nuestros tribunales federales sean conocidas y difundidas con la mayor profundidad y amplitud que sean posibles. Este es el objetivo que se propone la presente publicación.
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DELITOS FEDERALES COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS INFORMÁTICOS
  • Javier Omar Montoya Piña
En la actualidad es imprescindible el uso constante de las tecnologías de la información y la comunicación, ellas están omnipresentes y cada vez es mayor la tendencia para el intercambio de las mismas. El uso de estas herramientas ha incluido el manejo de aplicaciones para ser utilizadas por el común de la gente, sin embargo, a la par de ello, han surgido acciones ilícitas por conocedores del tema, causando daños de una forma nueva y critica. Actividades realizadas por medio de ordenadores y tecnologías de información y comunicación, cuya principal herramienta es internet, que se han vuelto cada vez más frecuentes y sofisticados, y han afectado a la esfera jurídica de las personas. Por citar un dato: cada segundo 18 adultos son víctimas de ciberdelitos; es decir, más de un millón y medio de víctimas cada día en todo el mundo. Encontrar posibles soluciones, respuestas e información del tema es un reto importante. En México no existen instrumentos jurídicos al respecto que proporcionen medidas de protección para garantizar la seguridad en el uso de las tecnologías de la información mencionadas, excluyendo evidentemente la aplicación de medidas de salvaguarda y protección a los usuarios de las mismas. La presente investigación se origina a partir de la aparición de nuevas tendencias de criminalidad, las cuales van de la mano del uso de la tecnología que crece a pasos acelerados y propiciando las condiciones para cometer conductas ilícitas cuyas consecuencias y realidades repercuten en el desarrollo del derecho. México aún no cuenta con mecanismos efectivos legislativos y en específico con la unificación de legislaciones, así como de acciones o programas en el rubro de la política criminal para frente a este problema.
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MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
  • Ludwig Ovando Ramón
El análisis de las medidas cautelares ha cobrado especial relevancia a partir de la implementación del modelo procesal penal de corte acusatorio. Antaño era una materia sólo abordada dentro del derecho procesal civil, familiar, mercantil o administrativo, pero hoy es impostergable que el estudioso de la materia penal tenga claridad sobre cuáles son las medidas cautelares aplicables dentro de la justicia penal, en qué etapa procesal pueden solicitarse, sus formas de determinación, modificación o cancelación; esta obra precisamente espera aportar al lector una visión lo más completa posible sobre las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp), con un enfoque de respeto a los derechos humanos, con la finalidad de armonizar la gran reforma en procuración e impartición de justicia penal del 18 de junio de 2008, con la que también ocurrió en materia de derechos humanos el 10 junio de 2011 y que ponen de manifiesto la transversalidad y progresividad de los derechos fundamentales. La utilidad del texto se manifestará al aportar elementos para debatir en audiencias del modelo acusatorio la viabilidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas cautelares, de ahí que se busca establecer criterios específicos para evaluar si las medidas de cautela que se pretenden imponer al imputado responden a los auténticos principios que rigen el sistema acusatorio y a la materia cautelar, además que el lector pueda desarrollar con mayor facilidad una línea argumentativa para evaluar si una medida cautelar es necesaria y proporcional al riesgo que busca evitar, es decir, la utilidad no sólo es para quien ejerce el papel de defensor, sino también para quien actúa como asesor jurídico o ministerio público, a fin de que sus peticiones u oposiciones en materia de medidas cautelares tengan una base argumentativa sólida. Como se adelantaba en líneas anteriores, se pretende que el texto sea una aportación adicional dentro del ámbito de la difusión y aplicación de los tratados y jurisprudencia internacional, por lo que en el análisis de cada uno de los temas involucrados, se toman como referencia los parámetros que han surgido de los criterios sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver aspectos directamente relacionados con medidas de cautela, en especial la prisión preventiva. De tal suerte que la exposición se encuentra agrupada en cuatro capítulos, el primero dedicado al conocimiento de cada una de las medidas cautelares imponibles a la persona investigada1 o imputada, con una subdivisión entre las medidas diversas a la prisión preventiva y la prisión preventiva propiamente dicha, dada la extensión de las reglas especiales que le son aplicables a esta última. En el segundo capítulo se analizan las medidas de coerción procesal que a pesar de que se encuentran en el cnpp separadas de las medidas cautelares y se les ha asignado un nombre diverso, comparten la finalidad de ser restricciones a los derechos y libertades de la persona investigada o imputada, por lo que ameritan su tratamiento dentro de esta obra con la finalidad de cubrir el amplio espectro que se integra por medidas de coerción procesal dirigidas a las personas investigadas o imputadas y que tienen como consecuencia una limitación a sus derechos o libertades. Es en el tercer capítulo donde el lector encontrará la descripción del procedimiento de petición e imposición de medida cautelar, con particular atención a los principios que son aplicables a este tipo de resoluciones, su forma de petición, contenido de la resolución, plazos, a fin de mostrar con la mayor cercanía la dinámica del dete de medidas cautelares. Por último, en el cuarto capítulo se desarrollan, en términos generales, las reglas de revisión y supervisión de medidas de cautela, este último tema es poco explorado hasta el momento en la literatura nacional.
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LA CRIMINALIZACIÓN-CONTROL DEL ENEMIGO EN EL MÉXICO NEOLIBERAL: LA LEY ANTILAVADO
  • Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria
El enemigo es todo áquel cuya conducta es contraria al rol que el sistema capitalista-neoliberal impone para mantener y reproducir su dinámica hegemónica. Sin embargo, mientras más fuerte sea la resistencia en contra del ejercicio económico del poder sistémico, las normas penales se radicalizarán para contener los riesgos, de tal forma que a través de determinados discursos de peligrosidad el sistema excluye y controla por medio de la criminalización a los que no son funcionales para su último fin: la acumulación de capital. La ley antilavado es un ejemplo del control sistémico neoliberal que permite la competencia económica desde las esferas del ejercicio del poder y, al contrario, neutraliza a los que pretenden competir fuera de rol social que la legalidad sistémica les impone a través de la criminalizacion. El control-criminalización del enemigo en la ley antilavado opera en prospectiva, es decir, el delito se puede criminalizar por actos futuros que pueden o no ser susceptibles de materialización mediante el argumento de la operatividad del indicio y sin la necesidad de pruebas materiales, revirtiéndo la carga de la prueba al sujeto imputado. En esta obra el lector tendrá acceso al análisis de la construcción ideológica-discursiva del enemigo a través de la criminalización contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como la funcionalidad del control y la operatividad en la ley antilavado para mantener y reproducir la hegemonía económica del sistema capitalista-neoliberal.
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CONDUCTA TÍPICA E IMPUTACIÓN OBJETIVA EN DERECHO PENAL
  • Óscar Gutiérrez Santos
El acontecer del pensamiento jurídico penal acerca de las categorías o elementos del delito se ha construido a través de la historia con grandes pensadores alemanes y españoles, así pues, la categoría más analizada a través de esta referencia histórica ha sido la tipicidad, o como se concibe en la presente obra la conducta típica. Esta obra analiza los antecedentes más remotos de la conducta típica, ya que para el Derecho Penal, no cualquier conducta es relevante, sino sólo aquella que se encuentra en un tipo penal, por ello considera el autor que lo correcto será denominarla conducta típica, como primera categoría del delito. Por ende se considera relevante el estudio del concepto jurídico penal de acción, donde el análisis se centra en los conceptos históricos de la acción, como lo es el concepto causal y final de acción, y se hace una especial referencia a los conceptos de acción dentro de la dogmática penal actual, reseña necesaria para poder entender cuál es la acción que es relevante para el Derecho Penal y cual no lo es. Posteriormente se analiza los elementos que constituyen la conducta típica, esbozando el concepto de tipo penal, la relación y el nexo de imputación que existe entre la conducta y el tipo penal. Así como los elementos del tipo, los sujetos y objetos de la conducta típica. Así mismo, se aporta el estudio de la denominada teoría de la imputación objetiva del resultado, ya que es de suma importancia para los especialistas del Derecho Penal, ubicarse en la moderna dogmática, y poder vislumbrar los últimos apuntes doctrinarios de la polémica teoría. Finalmente se hace una especial referencia a uno de los delitos más dañinos para la sociedad: la delincuencia organizada, que se analiza desde una perspectiva de la imputación personal, haciendo referencia del conocimiento e imputación en la participación delictiva, lo cual resulta verdaderamente interesante desde la perspectiva que aquí se maneja, lo cual hace al autor conocedor de la Dogmática Penal Moderna.
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