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DERECHO PENAL DEL RIESGO (Un estudio desde su legitimación)
  • Edgar Iván Colina Ramírez
El Derecho Penal tiene un desarrollo acelerado en el orden judicial a través de la jurisprudencia, en la doctrina y en la legislación. Lo que implica en nuestras sociedades, una nueva forma de repensar en ese Derecho, ante la progresión y evaluación de las situaciones creadas por la interacción social, que aún no son reguladas. En este contexto, Edgar Iván Colina Ramírez en la obra que nos presenta «Derecho Penal del Riesgo. Un estudio desde su legitimación », nos proporciona a los especialistas y estudiantes, los beneficios y grandes peligros, derivados de esta sociedad moderna, de manera específica sus consecuencias en el Derecho Penal, el cual propone ante estos retos, nuevas técnicas de incriminación o encontrar la respuesta satisfactoria que de sustento a la dogmática penal. La investigación se centra, ante las nuevas realidades sociales en la que destaca Alemania, España y de que México no es ajeno, en la respuesta satisfactoria al nuevo paradigma, que constituye, el desarrollo de instituciones para responder a las actuales formas de delincuencia, que incluyan bienes jurídicos colectivos o la utilización de la técnica de los delitos de peligro abstracto, desde un enfoque que no constituyan, desde de dichas figuras, una perspectiva vulneradora de garantías o ilegítima; por el contrario, cumplan íntegramente y armoniosamente con los derechos fundamentales que se integran con una legislación respetuosa y de una sociedad que existe actualmente y de la cual no nos podemos sustraer. Explica el profesor Colina, a partir del concepto sociológico del riesgo, su diferencia con otras figuras, como el de peligro, las implicaciones de la sociedad del riesgo con la globalización y los diversas conceptualizaciones teóricas que de los modelos de la sociedad se han establecido, a fin de analizar su impacto en la política criminal y en el ámbito dogmático, para concluir y justificar la validez y legitimación de ese Derecho Penal. En la conceptualización y significado del riesgo, se considera, ante su discusión, se debe partir de diversos supuestos en los que se tomen en consideración otras figuras que se encuentran íntimamente asociadas a este, así, por un lado, se puede llegar a una aproximación en sustento a la perspectiva social de los problemas que se generan con motivo de la industrialización que se desarrolla precisamente en la propia sociedad. Al respecto, nos explica, se encuentra la confluencia entre los riesgos y peligros surgidos de las tecnologías modernas que amenazan a la propia humanidad; ello en cuanto al peligro que puede inferenciar en atención a que éste escapa de la esfera del dominio en razón de que un peligro no puede ser controlable. Lo que hace evidente la reflexión en torno a que los sucesos sociales acontecidos en la era de la globalización, traen elementos fácticos que no habían sido previstos por el legislador. Refiere términos que se encuentran en el binomio, riesgo/peligro en el que se establece su diferencia tras indicar que ambos se proponen como posibles daños futuros cuyo nacimiento resulta algo inseguro y más o menos improbable, en donde a los peligros, se les atribuye el nacimiento de dichos daños al entorno o al medio ambiente. En cuanto a los riesgos, los advierte como una consecuencia de la propia actuación u omisión del ser humano, por lo que, destaca nuestro autor que la diferencia radica en una cuestión de imputabilidad, ello es así, si la asunción del riesgo se basa en una representación del peligro que resultará posible siempre que existan tecnologías que ofrezcan alternativas, de manera que los posibles daños se pueden atribuir a la de una actuación o de una omisión. Caracteriza como un riesgo, las decisiones que pueden ser atribuidas a un tercero que es fruto de un daño eventual o probable consecuencia de una decisión, así, el riesgo es considerado como autoreferencia, al ser creado en su propio entorno.
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LA FORMACIÓN EN ÉTICA DE LOS FUTUROS JUZGADORES CONSTITUCIONALES
  • Rosalinda Marín Rebollar
“La Formación en Ética de los Futuros Juzgadores Constitucionales en el Instituto de la Judicatura Federal (IJF) Escuela Judicial en México”, es debida y crucialmente necesaria, principalmente para todos los integrantes del Poder Judicial Federal que aspiren a ser nuestros Futuros Juzgadores Constitucionales, por lo que se recomienda esta lectura a toda aquella persona que aspire a pertenecer al mismo; así como a las que aspiren a una auténtica justicia en un verdadero estado de derecho. Lo anterior, es así, pues al contar los Futuros Juzgadores Constitucionales con una ética bien cimentada y debidamente respaldada por la Formación adquirida en nuestro querido Instituto, tendremos los Mexicanos la esperanza de algún día contar con una verdadera justicia. En virtud de lo anterior, lo aquí tratado, es de vital importancia para nuestro país, por la prioridad que debe darse a la Formación Ética de los Futuros Juzgadores Constitucionales, que en esta opinión, debe ser como personas integrales con compromiso ético, en busca de su autorrealización, que aporten al tejido social; y, que además, sean profesionales idóneos y emprendedores cuya línea de trabajo siga los referentes del pensamiento complejo de la quinta disciplina, del desarrollo a escala humana, del aprender a aprender y emprender, abordando no solo el proyecto ético personal de vida sino también en el desempeño de su crucial tarea (la administración de justicia), integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), el cual busca realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento meta-cognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y el afianzamiento del tejido social en esa tarea tan fundamental e importante que se les ha encomendado. por lo que, si se lograra llevar a cabo lo aquí sugerido, nunca debemos pensar que no somos lo suficientemente buenos, pues la vida y la gente nos toma según nos valoremos. “llevemos a cabo el ejemplo de profesionalidad ética con el que deseamos sean investidos y se desempeñen nuestros hijos quienes son el futuro de este país”
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JUSTICIA ORAL (Guía para las Audiencias del Sistema Acusatorio)
  • Alejandro Alcocer Herrera
El abogado en México ha vivido la evolución del sistema jurídico, esta evolución ha sido como todas, lenta, predecible, cómoda y en la mayoría de los casos necesaria, desde la constitución de 1917 nuestro sistema jurídico ha presentado cambios notables en todas sus materias: se ha emitido la Ley de Reforma agraria para ser sustituida después por la Ley agraria, del Código civil se derivaron leyes tales como la Ley de operaciones y títulos de crédito y el Código mercantil, de la Ley federal del trabajo se originó la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda y la Ley del Seguro Social, y recientemente se han creado leyes ecológicas y del uso del ciber-espacio, sin embargo, el litigio había conservado el espíritu original que nos obligaba tan solo a conocer las leyes nuevas y simplemente, aplicar los viejos preceptos de la Teoría General del Proceso. Salvo raras excepciones como el Derecho Laboral y el agrario, el litigio escrito nos permitía escudarnos en la comodidad del papel y la tinta, para simplemente repetir las fórmulas que aprendimos, si no en la Facultad, sí en los Tribunales y en los juzgados, los que vivimos el paso de la máquina de escribir a la computadora, incluso descansamos de aquellos alegatos, demandas y conclusiones que nos obligaban a memorizar las partes de un escrito, tan solo nos ocupamos de sustituir algunas palabras de ocursos ya realizados anteriormente, provocándonos en el mejor de los casos la comodidad de realizar demandas en minutos y en el peor, llevarnos a la pereza mental. Sin embargo, este sistema fue siempre digno, especial, caballeroso, nuestro; nos permitía enviar a nuestros soldados en forma de escritos que demostraban al contrincante las armas que portamos y al evitar una cruenta confrontación cara a cara, nos permite saludar al abogado de la parte contraria con la conciencia tranquila. Es innegable que cuando veíamos películas o series policíacas extranjeras, todos sentíamos la curiosidad de cómo sería el deponer ante un Tribunal para convencerlo de la inocencia de nuestro cliente. ¿Qué se requiere? ¿Una buena voz? ¿Capacidad histriónica? ¿Presencia escénica? la pregunta que nos hicimos y casi siempre nos contestábamos negativamente era: ¿Sería aplicable en nuestro país? ¿Sería conveniente? pues listos o no, y cualquiera que haya sido la respuesta que brincó en nuestra mente, ya está aquí, el Sistema Acusatorio o Adversarial nos alcanzó y no importan las protestas de los colegios, ni los votos en contra de muchos legisladores, tenemos que afrontar la realidad de que en poco, muy poco tiempo, estará funcionando en todo el país, junto con todas las reformas y cambios de mentalidad y filosofía que trae aparejado. Esta realidad nos lleva a otra problemática que estriba básicamente en la aplicación de las reglas nuevas que debemos observar, no solamente el procedimiento penal o la Ley Orgánica del Poder Judicial o del Ministerio Público: el Código de Procedimientos Penales no nos proporciona la forma real de las audiencias, así como los Códigos anteriores no indican la forma de los escritos, los nuevos no detallan la secuencia ni las formalidades de los actos procesales, no basta estudiar de nuevo el Código único de Procedimientos Penales, la mayoría verá el cambio como cualquier otro y pensará simplemente en ir adaptándose conforme se den las situaciones, pero la experiencia de los primeros Estados que lo están aplicando, nos dice que no podemos esperar a “comprar el pollo para cocinarlo”, debemos tomar la delantera y estar listos con el horno encendido y los ingredientes adecuados para evitar ser sorprendidos. Necesitamos todas las herramientas necesarias, reconocidos juristas de todo el país y sobre todo extranjeros, han escrito libros que nos explican qué es, el CódigoNacional de Procedimientos Penales nos habla como siempre de términos, de principios, de reglas; lo que necesitamos es conocer las realidades, es decir, ya nos dijeron el cuándo y el qué, solo falta el cómo. El Derecho Penal ha sido tradicionalmente el derecho del pueblo, la constitución permite ser defendido por persona de su confianza o por sí, es en los asuntos criminales donde sentimos que hacemos justicia, y donde los resultados son más notorios, tal vez parezca que pecamos de pesimistas, pero en los estados de la república donde se aplica actualmente el sistema acusatorio, es una realidad que abogados con todos sus diplomados y maestrías, y que gozan de gran prestigio en la comunidad jurídica, se han visto sorprendidos o hasta ridiculizados en plena audiencia, por jueces que les han pedido abandonar la Defensa por desconocer el nuevo sistema, también es una triste realidad que en estos estados es el Defensor público o de oficio el que lleva hasta el 98% de los asuntos penales, dando esto una incertidumbre sobre la administración de la justicia en virtud de que los abogados particulares, los litigantes de siempre, no estamos interiorizados con los procedimientos.
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LA DEFENSA ADECUADA EN EL JUICIO ORAL (Actualizada al CNPP)
  • Manuel Valadez Díaz
  • Carlos Enrique Guzmán González
  • Guillermo Díaz Hernández
El sistema penal acusatorio se ha consolidado de forma significativa en el estado de Durango, en virtud de que dicha entidad fue la primera en nuestro país que lo implementó al tener como base la reforma constitucional que en materia de seguridad y justicia se realizó el 18 de junio de 2008 a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de nuestra Carta Magna, lo cual le permitió generar una legislación congruente con el sistema de corte acusatorio y adversarial que la misma estableció y, por ende, convertirse en un ícono nacional en cuanto a la operación adecuada de esta nueva forma de procurar e impartir justicia. La obtención de lo anterior se debió de forma primordial a la voluntad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Durango para implementar un ambicioso programa de capacitación que de forma particular permitió que el Poder Judicial se consolidara como un punto de referencia a nivel nacional e incluso internacional en cuanto a la generación de opinión jurídica calificada para el desarrollo de los alcances, retos y perspectivas que de forma natural provocan las figuras procesales que aparecen con los coloquialmente llamados “juicios orales”. Como un resultado palpable de lo acertada que fue la capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia penal para el Estado de Durango, se logró la publicación y difusión a nivel nacional e internacional de una excelente obra jurídica denominada Diccionario Práctico del Juicio Oral, misma que fue elaborada por tres distinguidos jueces de control y oralidad, y que por primera vez en la historia del Poder Judicial de la entidad logró romper las barreras del Estado, y así, se presentó con gran éxito en espacios como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde fue elogiada por juristas de la talla de Miguel Carbonell, Hugo Concha y Mihael Champo, quienes coincidieron en lo valioso de la obra, así como en la importante contribución del Poder Judicial de Durango al fortalecimiento de los juicios orales en México. De tal forma, el Diccionario Práctico del Juicio Oral se ha convertido en una obra creada por jueces duranguenses, misma que ahora se utiliza como libro de texto a nivel licenciatura, y de consulta obligatoria para agentes del Ministerio Público, Defensores y Jueces del sistema acusatorio y oral. Dentro del contexto anterior, los autores de dicha obra, bajo la exclusiva visión de sus labor como jueces de control y oralidad de Durango, presenten una nueva contribución a la ciencia jurídica aplicable a los juicios orales como una muestra más del compromiso que tiene el Poder Judicial de Durango para impulsar el establecimiento de la oralidad en materia penal en nuestro país. Esta obra está dirigida para los defensores, ya sean públicos o privados, mediante la explicación clara y sencilla de las principales audiencias a las que se deberán enfrentar en el ejercicio de su labor y para lo cual se acompañan bajo un método evidentemente cercano a la Mayéutica de Sócrates , una serie de preguntas que buscan dar respuestas a las principales dificultades con las que se enfrenta un defensor, esto, buscando generar en el lector un conocimiento experto sobre la litigación oral. Este objetivo es claro que fue alcanzado por sus autores, ya que quien de lectura a esta obra podrá entender en palabras sencillas y en un lenguaje amigable y cargado de muchos ejemplos prácticos, no solamente qué hacer para llevar una defensa adecuada, sino cómo hacerla. Es en fin, un libro de lectura obligada para todo operador del nuevo sistema de justicia penal, que le permitirá acceder al conocimiento que los autores han obtenido en virtud de su excelente capacitación y desempeño diario de su labor. Lo anterior reitera el compromiso del Poder Judicial del Estado de Durango para la difusión de la cultura jurídica, así como su colaboración para la socialización y mejor entendimiento del alcance y contenido de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, ya que solo teniendo defensores altamente capacitados en estrategias de litigación se podrá sostener que existirá una defensa adecuada y, por ende, una protección eficaz de los derechos un delito. Por último, mi reconocimiento y felicitación para los autores del libro La Defensa Adecuada en Juicio Oral”, los jueces de Control y Oralidad, Dr. Manuel Valadez Díaz, M.D. Car los Enrique Guzmán González y Lic. Guillermo Díaz Hernández quienes, de nueva cuenta, generan una obra jurídica que coadyuvará de forma significativa a fortalecer los juicios orales en México, y a seguir ubicando al sistema de justicia penal duranguense como un punto de referencia en cuanto a la creación de opinión jurídica. Sin lugar a dudas los autores se distinguen por su brillante labor en la jurisdicción, así como por su compromiso con la sociedad en general, por ello, son un orgullo del Poder Judicial y dignos impartidores de justicia.
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MANUAL PRÁCTICO DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL DERECHO PENAL ACUSATORIO
  • Faustino Guerrero Posadas
Este libro le denomino Manual Práctico de la etapa de investigación del Derecho Penal Acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que es un material que cumple con la especificidad de dar algunas directrices para los operadores del Derecho Penal Acusatorio, pero sobre todo con el objeto de que se tenga presente las facultades de los intervinientes de la investigación. La hermenéutica que se aplica en este libro tiene una trascendente disertación lógica para el dominio de los temas que aquí se abordan y que en la práctica es realidad, por ello me conduzco con estricta razón en atención a la lógica que se emplea para estos efectos, desde la misma tesitura de la práctica procesal y que, sobre todo, nos lleva a una debida intervención. En la investigación inicial se hace necesario abordar temas esenciales como el de los sujetos procesales y especialmente los de la trilogía investigadora, ya que son las directrices para que funcionen las etapas del proceso penal acusatorio, máxime que el objetivo de la investigación es el buscar datos de prueba que nos lleven al esclarecimiento de los hechos. Este manual tiene por objeto permitir la misma especificidad de las intervenciones fundamentales que realizan los sujetos de investigación, así como también la dinámica lógica del desarrollo de la audiencia inicial en donde tiene cabida teleológica lo realizado en la investigación por los miembros encargados para ello, por lo que la defensa y el Ministerio Público tendrán que debatir la lógica de la intervención y el resultado de esa intervención, vigilando la no vulneración a los derechos humanos del detenido, pero también la existencia de datos de pruebas que acrediten la probabilidad de la intervención. En este manual empleo criterios racionales en los que invito a los operadores de la investigación en el Derecho Penal Acusatorio a que los atiendan, no como una condición o una obligación de acatarla, sino como invitación, ya que los mismos criterios son razonados y con aplicación real pues en la práctica procesal han dado resultados fehacientes. Desde luego, en este manual encontraremos por qué debe actuarse sin invasión de funciones, teniendo en mente que cada miembro de la investigación tiene un papel fundamental y que debe actuarse respetando la función del otro miembro de la investigación, pues entendemos la funcionalidad de las actuaciones con el objeto de no contaminar indicios o hasta la misma escena del crimen. Dentro de la etapa de investigación contamos con audiencias públicas y audiencias privadas; para el caso de las audiencias privadas, explicamos por qué se consideran de esa manera, pero también señalamos cuáles son, ya que será la manera de cómo se actué para ir incorporando una excelente carpeta de investigación y con resultados fehacientes en la teleología de la misma carpeta, por ende se entiende que la lógica procesal no está herrada de ir más allá de la ley procesal o de la Constitución, pues tenemos la participación de los tratados internacionales. La investigación inicial tiene peculiaridades, pues se trabaja con detenido y sin detenido, racionalmente llevando a cabo diligencias para ir recabando datos de pruebas por parte del Ministerio Público que permitan el esclarecimiento de los hechos. Si se tiene presente el fin de la investigación inicial, la misma lógica de la investigación permite desarrollar los criterios para presentarse a una audiencia, en la que debe exponerse argumentos fehacientes que den la razón para atender a la epistemología jurídica como parte esencial del proceso penal acusatorio. En la celebración de una audiencia inicial debe exponerse racionalmente lo que se ha investigado, con el objeto de obtener los resultados del fin de su investigación por parte del Ministerio Público, generando una convicción respecto del esclarecimiento de los hechos, si existe o no el hecho que la ley señala como delito, sobre todo, la probabilidad de que el imputado lo haya cometido. Con base al dinamismo de la investigación inicial o complementaria, las partes deben actuar conforme a los principios de lealtad, buena fe y objetividad, ya que es un sistema diferente al inquisitivo y éste no permite tomar a la ligera las intervenciones de las partes. La primera edición fue realizada en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, la segunda edición fue concluida en San Francisco de Campeche, el 17 de enero de 2015.
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TEORÍA DEL CASO Y GESTIÓN DEL CASO TÉCNICAS DE LITIGIO PARA DEFENSORES Y ASESORES JURÍDICOS
  • José Daniel Hidalgo Murillo
Al analizar la teoría del caso y las técnicas de litigio me parece preocupante una propuesta acrítica al modelo sajón. Puedo asegurar que el fracaso del modelo acusatorio para México está en utilizar técnicas de litigio que tratan al Juez y al Tribunal como si fuera un jurado. Sin embargo, preferimos aprender y enseñar éstas que las que se requieren para comprender la audiencia de control de la detención y la de vinculación a proceso, de especial importancia en nuestro medio. La teoría del caso no nació en el modelo sajón como un método de estudio del caso; un organizador del estudio de los expedientes y/o de los registros de la investigación; un modelo para desglosar hipótesis fácticas, jurídicas y probatorias; la forma de encontrar en los papeles la realidad del tipo penal sino, como una “historia”. La teoría del caso norteamericana sí es una historia, una versión de los hechos, es la exposición que hacen las partes del proceso penal a un gran jurado. Por eso se han confundido la mayoría de los juristas latinoamericanos y, algunas pocas legislaciones, con esos conceptos. Porque el jurado de ciudadanos no entiende de teoría del delito, no entiende de hecho delictivo, no entiende el hecho que se adecua a un tipo penal; menos aún de los elementos del delito y/o de su definición como acción típica, antijurídica, culpable y punible. Por eso, se hace necesario convencer al jurado con una “historia” que igualmente los “persuada”. ¿Es una historia que persuada lo que queremos para el proceso mexicano? ¿Vamos a admitir una posición acrítica del modelo sajón para México? ¿Basta admitir con esa teoría un planteamiento metodológico? ¿La solución del problema de la delincuencia está en las técnicas? ¿Es cierto que el problema del sistema de justicia penal es ausencia de derecho, de derechos humanos, de debido proceso, de conocimiento de la teoría del delito? ¿Puede superarse todo ese conocimiento con una teoría del caso? ¿Debe México copiar la teoría del caso para abrir el debate de juicio y/o para organizar el proceso y/o debe asumir una posición más propia de la teoría? ¿Debemos asumir en México esa figura?
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AUDIENCIAS PRELIMINARES (Técnicas y Estrategias de Litigio en Audiencia ante el Juez de Control)
  • José Daniel Hidalgo Murillo
Empecé a escribir considerando todas las audiencias del proceso acusatorio. Luego que me llegó la Guía y el Macroflujo, me percaté de la necesidad de ofrecer una primera respuesta con las audiencias preliminares. La multitud de técnicas de litigio que se están aprendiendo en Estados Unidos de América, más las formas de la Guía y el Macroflujo es posible concluir que, luego de diez años, hemos entendido poco el sistema acusatorio. Seguimos sin analizar para México las audiencias más importantes del modelo acusatorio, la sencillez de las mismas, la necesidad de resolver el conflicto sin quedarnos en las formas y, facilitar la inmediación de un juez que ha estado mucho tiempo lejos. Si analizamos el proceso desde las posibles audiencias, se pueden considerar para la Etapa de Investigación aproximadamente 27, para la Etapa Intermedia, 14, y es posible localizar para México, una nueva etapa, la Etapa de Cierre, en la cual se pueden localizar cuatro o cinco audiencias. Es claro que si el Juez de Control no controla la audiencia, es igualmente posible que termine no solo con tantas sino, con el doble, por la tendencia equívoca de suspender audiencias. Se suma que, en algunos casos, la audiencia se inicia y cierra seis días después, violando los principios de concentración y continuidad. Estoy seguro que si podemos simplificar las audiencias preliminares podremos ofrecer un modelo lleno de ventajas para México.
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