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La investigación y el desarrollo de los derechos humanos a través de su historia, se realiza tomando en cuenta únicamente los elementos de carácter teó- rico y jurídico, por lo que se hace una narración de los principales momentos en que los derechos humanos han sido establecidos en documentos jurídicos. Se realiza una exposición sistemática del desarrollo histórico de los derechos humanos, a través de los principales ordenamientos normativos, haciendo referencia a los documentos fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica y de Francia a finales del siglo xviii. Es incuestionable que al revisar lo que se ha hecho a favor de los derechos humanos, nos damos cuenta que muchos de los postulados propuestos por la Ilustración, siguen sin hacerse realidad y las violaciones a los derechos humanos no han desaparecido, sin embargo, el hecho de que se esté trabajando para erradicar o por lo menos disminuir las violaciones a tales derechos, es un buen síntoma. En este contexto, es un signo de la modernidad el hecho de que las esperanzas y los anhelos de las personas puedan plasmarse en normas jurídicas y que de esa manera sirvan como arreglos institucionales estables y duraderos para regular la conducta de las autoridades y los particulares. La historia de los derechos fundamentales, como la historia del Estado constitucional en su conjunto, es una mezcla tanto de grandes corrientes de pensamiento y de una serie compartida de problemas, como de circunstancias locales y de intereses concretos. Es importante tener en cuenta lo anterior para no pensar que se pueden descubrir, en materia de derechos fundamentales, grandes novedades. Las tradiciones de cada país, la forma en que se conciben las relaciones entre los particulares y el Estado, la capacidad de integración de gobiernos y ciudadanos, entre otros muchos factores, tienen un peso evidente en el establecimiento y la garantía de los derechos. El surgimiento de los derechos en la historia, primero como derechos naturales, existentes solamente en los textos de algunos pensadores que se adelantaron a su tiempo y luego como derechos positivos establecidos en las grandes declaraciones, supone un cambio radical en la concepción de la persona humana y del entendimiento moral de la vida. Gran parte de ese cambio se debe, como lo explica Bobbio, a una verdadera revolución copernicana que consiste en la “inversión del punto de vista” que hasta entonces había existido sobre la relación entre la persona y el grupo social.

El presente ensayo tiene como finalidad, saber que los Derechos Humanos no son absolutos, sino que por disposición de las propias normas legales, imponen deberes a las personas, que su única finalidad es una mejor convivencia en comunidad. Pues uno de los Derechos Humanos más restringidos, es el referente al derecho a libertad, en razón de que las personas tenemos la idea de que, por ser libres podemos hacer lo que se quiera, sin ningún tipo de limitación. Así las cosas, la propia Constitución, en cada uno de sus artículos que contienen derechos fundamentales, a su vez contienen algún tipo de restricción o limitación, también los tratados internacionales sobre Derechos Humanos contienen limitaciones o restricciones, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Entendemos que de no haber algún tipo de restricciones en las normas que rigen la convivencia en comunidad, esta simplemente ya no existiera como tal, por la sencilla razón de que los más fuertes prevalecerían sobre los más débiles y por consiguiente en el propio detrimento al no poder desarrollarse como personas en sociedad. Por lo tanto, si los ciudadanos como personas integrantes de una comunidad abusan en el ejercicio de sus derechos, y con ello lastiman o lesionan los derechos de los demás, en lo futuro no le quedara más remedio al Estado, que restringir más y más los Derechos Humanos, con la única finalidad de preservar dicha comunidad y eso a nadie le conviene. Es por eso que solo nos queda, respetar a los demás como quisiéramos que nos respetaran a nosotros.

El presente material muestra la sistematización de términos en las áreas: criminal, forense, social, natural y jurídica, que en total derivaron en más de tres mil. No solo limitándose a mostrar un concepto, sino que en algunos se incluyeron de tres a más para que el lector tenga más amplia perspectiva. Este Glosario de Criminología, Criminalística y Victimología Criminal, es de utilidad para el alumno, profesor, investigador, juez, procurador, perito y todo profesional de la Criminología, Criminalística, Psicología, Derecho, Trabajo Social, Pedagogo, Química, Física, Medicina y de otras áreas relacionadas con la justicia criminal o penal.

Derivado de la reforma al sistema de justicia penal publicada en el mes de junio del año 2008 se han tenido múltiples e intensas formas de analizar el objeto de estudio del Derecho Penal. Desde la exigencia misma que realizan los artículos 16 y 19 constitucionales, dos ejes básicos constituyen el estudio del Derecho Penal: a) el hecho que a ley señala como delito, y b) la probable intervención del sujeto a título de autor o cómplice. Cuando este libro se publicó en su primera edición, se vislumbraba a la lejanía la reforma antes referida pero no se tenía la certeza de su contenido. Si bien se alzaron voces que de inmediato y dejándose llevar por el canto de las sirenas, adelantaron las condolencias por la muerte de la dogmática jurídico penal y su utilidad en el proceso penal acusatorio adversarial, quienes lo hicieron no pudieron estar más equivocados. La dogmática jurídico-penal se ha afianzado como un útil instrumento desde el sistema procesal penal de corte acusatorio, creo que es hora de entender al Derecho Penal, todo el ámbito del Derecho Penal, como un bloque monolítico que se ve entrelazado,lo que no constituye otra cosa que el sistema integral del Derecho Penal del que ya nos han hablado antes Wolter, Freund, Kuhlen, y propuesto desde 1882 por von Liszt. Este sencillo trabajo de juventud hoy confirma su utilidad en la praxis mexicana al imponerse, como bien lo ha hecho notar en su amable invitación a la lectura mi querido y admirado amigo Rubén Quintino, la necesidad de determinar la probabilidad de que el imputado cometió o participo en la comisión del hecho. Ciertamente de una interpretación armónica de la exigencia de los numerales constitucionales antes invocados y del articulo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en efecto tenemos ya el concepto guía a utilizar en la determinación de la autoría y la participación en el Derecho Penal, siendo este la comisión del hecho o la participación en el mismo, lo que nos lleva a establecer sin duda un criterio diferenciador. He insistido constantemente en la necesidad de contar con nuevos criterios respecto a la estimación de autoría o complicidad para los jueces, uno, quizá el que mas me ha costado trabajo mostrar en las clases que he tenido oportunidad de impartir por la República Mexicana, es la coautoría no ejecutiva, ante el rechazo derivado de la costumbre convertida en práctica cotidiana en nuestro país que exige en su mayoría la ejecución del tipo por todos los intervinientes para estimar la figura de la coautoría dejando con ello un espacio de impunidad ante casos en los que quizás el personaje más importante organice el plan, reúna a los intervinientes, les aporte los medios para la ejecución del hecho, y sin embargo, no participe directamente en la ejecución de lo descrito por el tipo penal. Otro tema que trato como excurso en la presente obra y que tendrá gran calado en poco tiempo es la autoría mediata en aparatos económico-empresariales derivado del procedimiento especial para personas jurídicas contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tema al que hasta hace poco tiempo la doctrina mexicana le había mostrado poco interés, sin embargo, comienzan a vislumbrarse obras de alta seriedad académica en nuestro país que tratan el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como siempre hago, debo agradecer a quienes he tenido la fortuna de encontrar en mi camino y han traído nuevas experiencias académicas y de vida, vaya pues mi agradecimiento al “Club de la Biblioteca” en la Georg-August Universität Göttingen mis amigos Carlos Augusto Gálvez, Johnny Javier Quizhpe, Hugo Favian Apaza Mamani, así como al Prof. Dr. Kai Ambos, la querida Dra. María Laura Bohm, a John Zuluaga y Roberto Contreras, quienes hicieron de aquella experiencia alemana una vivencia inigualable e inolvidable. A quienes con sus experiencias y conocimientos aportan cada día más a mi formación y que me honran con dedicarme alguna palabra de aliento, algunos minutos de su valioso tiempo a mis dudas y cuestionamientos, aun en la lejanía, entre ellos especialmente al Dr. René González de la Vega, Dra. Verónica Román Quiroz, Dr. Fernando Tenorio Tagle, son unos verdaderos ejemplos a seguir.

Bajo la óptica de la razón se hace el estudio general de la importancia que tiene la argumentación jurídica en el Derecho Penal Acusatorio, pues en su momento estableceremos ya el estudio particular de cada una de las etapas del proceso y su argumentación, por lo que este sencillo material sólo es una exposición genérica. El nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral es una realidad vivida ya en los Estados de la República y máxime con el Código Nacional de Procedimientos Penales de Procedimientos Penales, propiciando estudios tanto sistemáticos, dogmáticos y de argumentación debido a las actuaciones de las partes, pues es un cambio perenne de la impartición de justicia que implica una especialización para los que somos litigantes en este sistema, para ministerios públicos, peritos y jueces, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene cada uno de los estudios que vamos realizando. El tema la argumentación en el juicio oral, es un libro tal que permite directrices, tanto para servidores públicos como para particulares que se dedican a cultivar las ciencias jurídicas y más aún la de “el derecho penal”; por ende con mayor eficacia se devela su utilización en el nuevo proceso penal en cualquier etapa que se decida emplear. La argumentación jurídica en el derecho penal acusatorio no está herrada en la ciencia jurídica, ya que establece criterios fundamentales basados en la razón, descartando que se emplee criterios empiristas, pues éste sin la razón empleada ontológicamente, se hace mero empirismo, por lo que dicha rama filosófica esencialmente sin la ontología es sólo un método experimental simple, más no es ir al fondo de la cuestión, en cambio, la argumentación ampliamente nos hace reflexionar en que todo es un conjunto de razonamientos que tiene aplicabilidad para un estudio esencial de las realidades de la sociedad, en ese entendido no se trata de estudiar únicamente lo acontecido, es decir, una experiencia o acontecimiento desde el mismo contexto, ya que para ello tenemos la dogmática penal a efecto de que se hagan válidos los criterios de argumentación de defensa tanto por parte del indiciado o de la representación de la ofendida o la víctima, máxime que el emplear la teoría del delito ya es tomar en cuenta la ontología jurídica, pues hablar de la conducta en sí es ontológica, razón simple que no la vemos independiente a las actuaciones de las personas, por ello es que nunca referimos ahí va la conducta caminando, sino más bien, es parte superior a lo que el método empirista precisaría, “el hecho sucedido”, en cambio la ontología valora lo que sucedió para ir más allá, atribuyéndole una conducta o ausencia de la misma dependiendo el caso. En virtud de lo anterior, la argumentación jurídica que sin duda es una rama de la filosofía del derecho, la conjugo con el procedimiento penal acusatorio, ya que las actuaciones deben de ser argumentadas, por lo que con el nuevo sistema de justicia penal exige un marco de argumentación e ir más allá de los límites de la razón para ponderar criterios lógicos, ontológicos con sentido y con una teleología marcada a fin de que las actuaciones sean verosímiles.

El 10 de junio del 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una muy trascendente reforma constitucional en materia de derechos humanos. Aunque se trata de una reforma muy ambiciosa, que abarca distintos aspectos contemplados en nuestra Carta Magna y que se proyectó a todos los ámbitos del quehacer del Estado mexicano, en las páginas que integran el presente texto nos vamos a limitar al análisis del artículo que, en mi opinión, contiene la esencia de la reforma y nos indica con gran claridad lo mucho que tenemos que hacer para que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas que habitan dentro del territorio nacional. Es el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Como es obvio, la reforma constitucional en materia de derechos humanos debe ser entendida y explicada en un contexto más amplio, del cual se desprenden cuestiones políticas, jurídicas, sociales, económicas e incluso académicas que fueron determinantes para llegar a configurar un nuevo paradigma de los derechos en una Constitución que ha sufrido muchos cambios desde 1917, pero a la que le faltaba una buena modernizada precisamente en la parte relativa a los derechos. De hecho, las modificaciones constitucionales parecen una especie de certificado de validez respecto de las muchas cosas que han cambiado en México en las últimas décadas en materia de derechos humanos. Con toda probabilidad, la reforma en materia de derechos humanos viene a ser un producto la transición democrática que ha vivido el país en las últimas décadas. México pasó en menos de 30 años de ser un país gobernado por un partido casi único (o en todo caso hegemónico), a un generar un sano pluralismo que impactó en buena parte del territorio nacional.

En tiempos en los cuales la maldad, el vicio y la corrupción han atrapado y devastado los lineamientos morales que sostienen la existencia de los grupos humanos y sociedades, estragándolos y conduciéndoles a las conductas antisociales y delictivas, al punto de debilitar notoriamente las barreras institucionales de contención destinadas a asegurar el orden y la paz (Sean policiales o judiciales); los brillantes mensajes escritos por el notable criminólogo Wael Hikal siembran una esperanza que se extiende no sólo a sus valiosas obras sino también a su notable actividad académica de difusión. En su obra Criminología etiológica-multifactorial, que nos llena de satisfacción y orgullo, como hispanoamericanos y miembros de honor de la Sociedad de Criminología de México y de otras latinoamericanas, no podemos ocultar nuestro gozo y verdadera satisfacción al observar los conocimientos que nos obsequia Hikal que ya dejara impresos en sus innumerables contribuciones anteriores. Como bien enseña el nuevo maestro de la Criminología, lo que ya se desliza e insinúa en sus valiosas reflexiones y aportes, atiende a múltiples materias que, por sus novedosas reflexiones, no pueden ignorarse, hoy en día, por los estudiantes y profesores del Derecho Penal y Criminología. Por ello, apunta el maestro Hikal: “… es necesario atender al fenómeno criminal desde raíz, conociendo su origen, desarrollo y evolución, para con esto atender con tiempo a esos grupos vulnerables, y en el caso a los que ya han cometido una conducta criminal, trabajar con ese conocimiento para diagnosticar, pronosticar y tratar…”. ¡Y sin duda alguna logra el autor su propósito! Su magnífica obra ha trabajado prolijamente sobre los innumerables factores que originan las conductas instrumentales de meta criminógena antroposocial y sobre los impulsos biológicos que le hacen posible.