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Amable lector, primordialmente agradezco la preferencia que ha tenido por las dos anteriores ediciones de la presente obra. En esta tercera edición podrá usted ver y apreciar la movilidad que tiene el Derecho, pues en los temas que se tratan ha habido reformas constitucionales importantes y trascendentales a nivel nacional e internacional, por lo cual se han incluido los decretos de reformas en materia de derechos humanos y de trata de personas, ya que transforman, no sólo la visión del Derecho Penal, sino la naturaleza jurídica del Sistema Constitucional Mexicano como se puede observar en los textos correspondientes.

A lo largo de las sesiones llevadas a cabo con Magistrados, Jueces, representantes del Ministerio Público, Defensores Públicos, así como, postulantes, en torno a temas relacionados con el proceso penal acusatorio y oral a lo largo del país, un punto que siempre se aborda es lo referido a la entrevista y el interrogatorio. Frente a ello, se ha decidido realizar el siguiente estudio, tomando como referencia la existencia de técnicas y estrategias a la hora de entrevistar a una persona, o bien interrogarla en la audiencia del juicio oral o cuando el imputado decide emitir una declaración sobre los hechos materia de proceso. Técnicas y estrategias que las hemos desarrollado, teniendo en cuenta el tipo de entrevistador y entrevistado, así como, de interrogador e interrogado. Por ejemplo, en el caso de las entrevistas, existe toda una dinámica cuando las mismas son realizadas por la Policía, el Ministerio Público o el Abogado Defensor, así como, cuando el entrevistado es el sospechoso, la víctima, el ofendido, un testigo o un perito —tema novísimo que abordamos en el presente estudio y que es de imperiosa necesidad de los profesionales en Derecho el aprender la importancia de entrevistar a peritos durante la etapa de investigación—. Igual exigencia nos trae el interrogatorio y sus modalidades de contra-interrogatorio, re-interrogatorio, recontra-interrogatorio y el interrogatorio que puede realizar, en forma excepcional, el Juez o Tribunal del Juicio Oral. Todas estas técnicas y estrategias han sido abordadas en el presente trabajo; siendo el caso que, hemos decido, por razones didácticas, el estudiarlas en función a las tres figuras antes citadas: entrevista, interrogatorio y declaración; sin que ello implique no aterrizarlas a los textos adjetivos que han adoptado el modelo acusatorio; por el contrario, confirmamos nuestras apreciaciones al confrontarlas con más de seis textos legales.

La profesión del Abogado es la ardua lucha por obtener justicia. No en vano junto con la Medicina, el Derecho es una de las profesiones formales más antiguas del mundo. La salud, la libertad y los bienes, son en ese mismo orden, lo más importante que posee el ser humano, en su corto paso por la existencia física y la vida material. Desde hace siglos, la formación académica del Abogado, en las aulas de la Universidad, sustentada en la doctrina, sigue siendo indispensable y el pilar fundamental del aprendizaje de la ciencia del Derecho; sin embargo, al término de los estudios oficiales y al enfrentarse a la realidad diaria de los tribunales y la práctica judicial, la queja siempre es constante, los futuros e incipientes abogados expresan frases como: “no se aprende nada en la escuela”, “no sirve de nada estudiar la carrera”, “afuera todo es distinto”, ”nada tiene que ver lo que se aprende en el aula con la práctica”... entre muchas otras más, lo cual, es totalmente falso. el mismo joven principiante se percatará de esta apreciación errónea, un tiempo después del ejercicio regular de su carrera.

Aunque parece de perogrullo, proteger los derechos humanos no exige creer en los derechos sino en la persona humana. Si ésta carece de razón, todo lo demás resulta sin razón, incluida la protección de sus propios derechos. No son las leyes, ni las instituciones, ni las organizaciones, ni los sistemas, ni los procedimientos, ni el recurso de amparo los que protegen o vulneran los derechos sino las personas. Sólo cuando estos se transgreden ingresan las instituciones, siendo una de ellas el Estado, a través de los jueces del Poder Judicial. Por eso, no es posible enfrentar al siglo XXI considerando que solo el Amparo es protector de garantías y, consecuentemente, de derechos humanos. Un Estado democrático procura que todas sus autoridades garanticen los derechos humanos. Se garantizan los derechos humanos cuando las instituciones del Estado —incluida la educación— funcionan. Los derechos son el producto del trabajo arduo de todos por construir, con ese trabajo, el desarrollo de las personas, los pueblos, y las comunidades, la paz social, el disfrute de las libertades públicas, la vida en sociedad, la cooperación en y desde la propia familia comunidad, la tranquilidad, la confianza en las instituciones públicas y privadas, la salud. En esta materia no hay más celo que su protección.

La institución del arraigo domiciliario en materia penal fue incorporada al Código Federal de Procedimientos Penales como parte de las reformas promulgadas en diciembre de 1983, siendo presidente de la República Mexicana el Lic. Miguel de la Mad rid Hurtad o, dentro de cuya exposición de motivos, concretamente en el epígrafe relativo a las providencias cautelares, se subraya la necesidad de que en la actividad investigadora, se defina la implementación de medidas cautelares de carácter personal y patrimonial tendientes a asegurar la debida marcha de la averiguación para lograr éxito en el ejercicio de la acción penal. La misma exposición de motivos, sostiene la apremiante adopción de estas medidas ante la posibilidad de que los responsables de un delito se sustraigan a la acción de la justicia, problemática ante la cual la autoridad investigadora carece de atribuciones suficientes para hacerle frente de manera adecuada y legal. Esta “innovación procesal” con gran prontitud fue blanco de reformas que fueron extendiendo los efectos de la medida de cautela restrictiva de la libertad a delitos graves. A lo largo de su existencia en el sistema jurídico mexicano, ha sido centro de ataque de la comunidad jurídica y de la sociedad en general, por ser una restricción de la libertad personal de un gobernado cuyos fines no convencen; erigiéndose sin duda, como un tópico álgido que ha originado gran polémica en el foro y en la praxis judicial e indagatoria, porque se advierte como una detención para investigar, actividades de indagación propias de un sistema despótico y totalitario; cuando la influencia nacional e internacional en pro de la salvaguarda de los derechos exigen precisamente lo contrario: investigar para detener.

Inicio con la proclama de que no pretendo reclamar como propio ninguno de los comentarios, sugerencias o notas que se han recopilado en el presente cuaderno de apuntes a la fase procesal del Código de Comercio, ni de las notas al capítulo especial del juicio ordinario mercantil; las notas en cita, son producto de la recopilación de la lectura de diversas ejecutorias, tesis, sentencias y de los cursos taller de capacitación para oficiales administrativos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a los que he tenido la oportunidad de asistir como ponente. Así, presento esta amalgama de criterios jurídicos que se han aplicado en asuntos de la vida real, se pretende unificar criterios de aplicación de normas procesales mercantiles, ya que las notas son el resultado de jornadas de trabajo, además de lo expresado por los tratadistas de la materia, o ideas que forman parte de tesis y jurisprudencias, que se han integrado a este cuaderno, incluso hay que aceptar que con estas notas no se agota el vasto estudio del Derecho Procesal Mercantil. Un aspecto básico que distingue este trabajo es que sólo se resume la etapa procesal del Código de Comercio, esto para facilitar el trabajo diario de los abogados postulantes, oficiales judiciales o aplicadores de normas, ya que, es más práctico en una audiencia concentrarse en el tópico procesal en donde en el momento de la audiencia saltan las dudas, las incertidumbres jurídicas, es ahí donde se pretende que sean de utilidad estas notas auxiliando en una adecuada defensa, en una buena fundamentación y motivación del recurso idóneo, o bien, en un acuerdo acertado.

La dinámica nacional actual llevó a los poderes públicos a formular iniciativas legislativas en materia penal de juicios orales con el propósito de adecuar la letra constitucional con la realidad social. De ahí, que en junio de 2008 se aprobara por el Congreso de la Unión, primero, y, después, por las legislaturas locales esta política pública de justica penal para materializar una exigencia que desde tiempo atrás se venía planteando. Aun cuando esta reforma constitucional fue puesta en marcha después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, su implementación y operación todavía no es una realidad en el entramado nacional, toda vez que hasta hoy pocas entidades federativas la han impulsado en su dinámica local quizá por una carencia y limitada experiencia en la materia o conciliando sus tiempos con el periodo impuesto por el propio sistema penal de juicios orales o, en su caso, por los tiempos políticos-electorales que ha llevado a que ciertos temas primen sobre este tópico, quedando éste en un segundo plano. De ahí la relevancia de este Tomo III que aporta un contenido de prácticas y experiencias acaecidas en otras latitudes y un capital de enunciados que delinean el significado y el cauce del sistema de juicios orales en México.