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El tema que en esta obra nos ocupa en su segunda edición, continúa con el análisis y explicación conjugados, sobre las funciones y a su vez sobre las restricciones que tiene el Presidente de la República, llegando al derecho comparado, a efecto de continuar dando a conocer al ciudadano, alumno, jurista, investigador, legislador y periodista la manera en que se encuentra actualmente este individuo al cual tiene depositada la figura y la responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal dentro del más extenso campo de la Administración Pública de la Federación. La relevancia jurídica de la segunda edición del presente libro no es más que atender la necesidad de dar a conocer y a su vez analizar todas y cada una de las funciones y de las restricciones que tiene el Jefe del Ejecutivo de la Nación, frente a nosotros los administrados y de cara al México de hoy, haciéndose valer el imprescriptible, constante y perpetuo derecho que como ciudadanos de este país merecemos conocer a fondo, y que a mayor abundamiento, el poder de este individuo denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el que mayor trascendencia e importancia tiene dentro del marco y esquema político del Gobierno Mexicano. Esta obra de investigación surge a raíz y en acatamiento a que todos nosotros los ciudadanos de esta Nación desconocemos la verdadera figura del Presidente de la República y por tanto, surge la inquietud de hacer valer nuestro derecho a la información y de conocimiento de todas y cada una de las actividades, atribuciones, restricciones y responsabilidades con que este personaje cuenta debido a su envestidura y poder dentro del campo de su más estricta esfera de competencia.

La razón de escribir la presente obra, se debe a una inquietud personal, tanto como investigador del sistema político mexicano así como observador del desarrollo y comportamiento del Poder Ejecutivo Federal; al igual que por la declaración que alguna vez realizó Don Mario Vargas Llosa y que causó bastante polémica. Estas acciones son razón suficiente para analizar y comentar científicamente si realmente en nuestro País se ejerce tanto por parte del Presidente de la República, como por parte de nuestros gobernantes lo que se refiere a la multicitada frase “dictadura perfecta”; obviamente, y sin pasar por desapercibido, que tal declaración fue realizada en los tiempos en que el poder absoluto del Partido Revolucionario Institucional dominó al País; y que aún el día de hoy, se encuentra vigente. Es obligado poner al lector al tanto de esta polémica causada por Don Mario. Para tal efecto, se transcribe a la letra una interesante nota periodística redactada por el periódico El País y encontrada en internet; fechada hacia 1990, año precisamente en que Don Carlos Salinas de Gortari era el Jefe del Ejecutivo Federal en turno y abanderado por el Partido en cita. “Mario Vargas Llosa, el escritor peruano metido a político, vino a México y le tomó la palabra a Octavio Paz y al resto de los organizadores del encuentro de intelectuales europeos y americanos: con total libertad habló largo y tendido sobre el gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su permanencia en el poder, como otro ejemplo de las dictaduras latinoamericanas. En cierto momento consideró a México “una dictadura perfecta”. Diversos intelectuales latinoamericanos y españoles respondieron ayera las acusaciones de Paz contra Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes.

La etapa intermedia es el momento procesal en donde se define el objeto del juicio oral, sobre la base de una gama de hechos previamente fijados en el auto de vinculación a proceso. La importancia de la citada etapa procesal radica en ser el marco para la postulación de actos procesales como la acusación y en la constitución de sujetos procesales como es el caso del acusador coadyuvante. Así mismo, la etapa intermedia constituye el momento procesal para el control formal y material de la acusación, para el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como, para la celebración de acuerdos probatorios por las partes. Igualmente, es el marco donde el Juez emite el denominado auto de apertura de juicio oral, el cual señala la acusación que se debatirá en la audiencia de juicio oral, así como, el material probatorio a ser desahogado en la referida audiencia. En otras palabras, la etapa intermedia funge como el horizonte para la postulación de actos procesales decisivos para la persecución penal; asimismo se erige como un despacho saneador, al eliminar los vicios que pongan en peligro la validez del futuro juicio oral, así como, el ser el marco en donde se emite la resolución judicial que establece el objeto del debate oral, esto es, el auto de apertura de juicio oral. Su estudio es decisivo en la dinámica del nuevo proceso penal, dado que, y como ejemplo de su importancia, antes de aprender cómo desahogar la prueba en el sistema acusatorio, debemos de conocer cómo ofrecerla, y ello lo encontramos en la etapa intermedia. De igual forma, la temática que se ventila en la citada etapa procesal es más profunda, al tener que abordar figuras tales como: acusación, acusación coadyuvante, contestación de la acusación, audiencia intermedia, control formal y material de la acusación, excepciones, acuerdos probatorios, admisión y exclusión de medios de prueba, sobreseimiento, suspensión del proceso, auto de apertura de juicio oral, entre otras.

Más que adentrarnos en los conceptos jurídicos, que corresponden a materias especializadas del Derecho, enfoquémonos a la oralidad, cuya práctica se mantiene en varias regiones, especialmente entre algunos grupos indígenas, y también fue aplicada durante muchos años hasta 1931 donde, como se verá, entró en operación el sistema escrito. El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una muy amplia reforma penal en materia de seguridad pública, justicia penal y delincuencia organizada. A decir de expertos juristas y conocedores en los ámbitos de administración y procuración de justicia, se trata de la reforma penal a la que se ha dotado del mayor alcance desde 1917. Mediante dicha propuesta, el poder revisor de la Constitución se pronuncia por la transformación total del sistema de justicia penal, además de que ofrece modificar, sustancialmente, las instituciones y los principios vigentes para presentar el establecimiento de un proceso penal acusatorio. Para el establecimiento del sistema penal acusatorio, dicha reforma da respuesta a la necesidad de que el proceso penal se convierta en un instrumento de protección de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, por lo cual dicho proceso pasa a ser una herramienta que hace posible la vigencia y eficacia de tales prerrogativas.

Este libro tiene como objetivo presentar de manera clara y sencilla, los diversos temas que integran el Derecho Mercantil, estando dirigida de manera prioritaria a los estudiantes, no solo de la licenciatura en derecho, sino también de las licenciaturas afines en donde se incluye en el plan de estudios correspondiente dicha materia, así como a los profesores y los profesionistas que buscan una guía que les brinde los elementos básicos del Derecho Mercantil. ??La obra se encuentra sistematizada en diez apartados en donde se desarrollan con un orden lógico los siguientes temas: I. El Derecho Mercantil; II. Actos y sujetos de comercio; III. Sociedades mercantiles; IV. Instrumentos del tráfico mercantil y valuación; V. Obligaciones y contratos mercantiles; VI. Protección al consumidor; VII. Competencia económica; VIII. Arbitraje; IX. Correduría pública y Registro Público de Comercio, y X, La doctrina jurídica mercantilista en nuestros días. Cada uno de estos temas abarca la explicación de diferentes aspectos considerados sustanciales en el Derecho Mercantil, además de incluir temas novedosos que los autores consideran tienen un impacto de primer orden en la materia, como es el caso de los temas del dinero y el de la valuación, los cuales generalmente han sido olvidados por la doctrina jurídica mercantil. Adicionalmente, la obra contiene cuatro apéndices que se refieren a una “Guía básica para el estudio del Derecho Mercantil a partir de sus Principales Fuentes Normativas”, así como a los textos de la “Ley Mexicana de Arbitraje en Materia Comercial” (Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio), de la “Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras” y de la “Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional”, para su fácil y rápida consulta. Con todos esos elementos, la presente obra aporta un paso decisivo en la sistematización del Derecho Mercantil en México y aviva la reflexión sobre su estado actual y desarrollo teórico y práctico.

El presente trabajo fue desarrollado dentro del proyecto financiado por el programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) de junio de 2013 en la Universidad Juárez del Estado de Durango y tiene como propósito dar cuenta de la incidencia de los derechos fundamentales en las relaciones inter privatos dentro del sistema jurídico mexicano. Debido a que en nuestra tradición constitucional se había defendido la idea de que los derechos fundamentales son únicamente límites a los poderes públicos, la restricción del juicio de amparo en relación con actos de particulares era absoluta, por lo tanto, la jurisprudencia mexicana estableció escasos criterios interpretativos en los que se reconocen los efectos horizontales de los derechos fundamentales. Con las reformas a la Ley de Amparo en abril del 2013, se establece la posibilidad de proteger a las personas frente a actos u omisiones provenientes tanto de los poderes públicos como de particulares, sin embargo, no todos los actos particulares que vulneren los derechos fundamentales se pueden reclamar vía juicio de amparo sino sólo aquellos “equivalentes a los de autoridad” y que estén “determinados por una norma general”.

El Derecho constitucional mexicano nos ha enseñado que nuestra constitución política es cambiante y adaptable a la realidad del momento que se esté viviendo. Ello se ve reflejado con suma facilidad en los cientos de reformas que ha tenido a lo largo de su existencia; muchas de ellas sólo de forma, aunque otras más han generado cambios sustanciales en las estructuras del Estado. Han sido tantas que llegaremos a sus cien años de existencia con un texto renovado, actualizado y alejado de la versión original promulgada el cinco de febrero de 1917. El sólo hecho de realizar un análisis histórico de estas reformas resulta un tema por demás interesante, ya que permite, entre otras cosas, revisar la evolución que ha tenido con el pasar del tiempo. Sin embargo, no ha sido el propósito de este libro; quienes en él participamos analizamos a nuestra constitución política con una visión del presente y especulamos sobre el futuro. Analizar los alcances de las recientes reformas, ha sido uno de los desafíos que nos hemos planteado al construir esta obra colectiva. Esto explica la razón de ser del título: Constitución política y derechos humanos: sus desafíos para el siglo xxi en México. Mención especial merecen los derechos humanos. No existe democracia, orden jurídico o sistema de gobierno que se pueda explicar sin ellos. La transversalidad que los caracteriza los lleva a estar presentes de manera permanente en todas las estructuras de la sociedad. Tan es así que desde junio de 2011 se dejó en claro que cada acción realizada por el Estado deberá estar pensada en su pleno respeto, garantizando su vigencia y la plenitud de goce en el ejercicio que de ellos hagan las personas. Ello lleva a suponer que el constitucionalismo mexicano del siglo xxi habrá de tener como tema central de protección a los derechos humanos. Así, constitución política y derechos humanos se convierten en dos ejes fundamentales que inspiran las participaciones aquí vertidas para dar como resultado una obra que se suma al abundante debate sobre el constitucionalismo mexicano actual con propuestas serias y de calidad. Cada uno lo ha abordado desde su particular interés: el filosófico, el penal, el acceso a la información, la justicia para adolescentes, la violencia contra las mujeres, la interpretación, la argumentación o los derechos económicos son solo ejemplos de las aportaciones académicas aquí desarrolladas y de la diversidad de temas comprendidos en el estudio de los derechos humanos.