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Hoy como nunca, han aparecido en toda la república mexicana, infinidad de publicaciones sobre el sistema procesal penal acusatorio en México; y, a partir de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Pernales se han escrito y publicado otros tantos títulos. Pero ¿Si hay tantas publicaciones sobre el sistema procesal penal acusatorio mexicano o sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, porqué publicar uno más?. La respuesta es sencilla. Muy a pesar de que todos los autores trabajamos sobre el mismo objeto, sobre la misma materia prima —El Código Nacional de Procedimientos Penales—, cada uno tiene su sello literario, eso que algunos llaman “originalidad del autor”; y por tanto, aunque sea un punto, una coma, una palabra o una frase, siempre hay algo diferente que decir; o por lo menos, decirlo de diferente manera. Por eso es que, desde que en México se inició el tránsito del sistema procesal penal mixto al sistema procesal penal acusatorio y la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, me di a la tarea de ir desglosando cada uno de los artículos para intentar dar un poco de claridad —aunque dudo que lo haya logrado— a la materia gris que nos ha entregado un legislador impaciente, labor que concluí a mediados de 2014 pero que no la di a conocer porque había un proyecto de reformas pendientes, y aún las hay en este momento. El 29 de diciembre de 2014 se publicaron las primeras reformas al Código Nacional de Procedimientos penales respecto de los acuerdos reparatorios; y, una vez que fueron introducidas en este trabajo y aunque existen puntos pendiente, hago entrega de esta obrita a la comunidad jurídica de México que he titulado: EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DESGLOSADO EN ABC PARA FINES DIDÁCTICOS Y PRÁCTICOS. El Código Nacional de Procedimientos Penales es propiedad del Estado mexicano, su desglose, constituye un modesto esfuerzo didáctico al servicio de las nuevas generaciones de procesalistas mexicanos. En realidad, este trabajito lo hice para mí, para que me sirviera en mi vida académica y en la práctica profesional como un novel litigante que se inicia en el sistema procesal penal acusatorio en México. Cómo el título lo indica, se trata de una obra bastante modesta, dado que el único esfuerzo que se realiza es desglosar, hasta donde me ha sido posible el contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, de manera excepcional y con el fin de aclarar algunos puntos que he considerado importantes he insertado breves notas para que mis lectores no sean unos simples recitadores de la ley, pues para eso no se requiere un título universitario, y menos aún saber más allá de los códigos, basta con leerse la materia gris entregado por legisladores impacientes y aprendérselo de memoria. Le agradezco al Licenciado José Luis Flores, su interés para publicar bajo su sello editorial este pequeño trabajo didáctico.

Se dispone del gusto personal después de haber realizado las obras comentadas correspondientes al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el del Estado de México, ahora vernos inmersos en hacer lo mismo respecto del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuya importancia se destaca al ser la ley procesal civil federal, con él se disponen las cuestiones de supletoriedad permitidas por las leyes federales. De esa forma, la Ley de Amparo, el Código de Comercio, entre otros, permiten la supletoriedad en base a la presente ley, cuando la propia es incapaz de disolver el punto, además de resolver con ella los aspectos no observados por las legislaciones locales, por lo que al impugnarse las diferentes resoluciones sea a través de los medios de impugnación ordinarios o extraordinarios como sucede con el juicio de amparo, lo resuelvan en base a la presente ley. Lo anterior no es óbice al hecho de encontrar leyes procesales mejor redactadas, con una marcada evolución sugerida por la suma experiencia dispuesta por los tribunales locales y con la intención legislativa de superar sus propios códigos procesales en la materia. No obstante lo anterior, el presente código materia de estudio, comparte un nuevo tipo de acciones, denominadas acciones colectivas, adición a la ley procesal federal, realizada con cierto temor, si con ellas en manos de los gobernados, debemos de exigir de mejor forma el cumplimiento de las reparaciones para grupos colectivos, pero solo bajo el concepto de daños, olvidándose de los perjuicios e indemnizaciones a realizar, esperemos su adición para hacer pleno nuestro estado de derecho, con el objeto de que los intereses de la burguesía se vean obligados a respetar el de las grandes mayorías, por el momento dicha reforma es alentadora, pero políticamente protectora. Así, al considerar el carácter voluminoso de la presente obra, sin mayor observación, es de comprender su análisis y necesario estudio, es de esperar de nuestra parte, sea de su gusto e interés, al estar realizada con la mejor intención. El código procesal en consulta, se encuentra dividido en cinco libros; contiene 626 artículos que comprenden los actos procesales a realizar en consideración al trámite judicial a desarrollar, sean de carácter contencioso o no. El primer libro nos habla de las disposiciones generales; el segundo de la contención; el tercero de los procedimientos especiales; el cuarto de la cooperación procesal internacional, y el quinto describe las acciones colectivas. Estos libros se encuentran divididos en títulos con sus correspondientes capítulos, con las normas adjetivas relativas materia de estudio. En base a esto se habrá de proceder a realizar su análisis, en relación a cada artículo dispuesto, lo cual es de practicarse en los siguientes términos. Con el objeto de cumplir con los efectos esperados con la presente obra, es necesario hacer remisión a nuestros códigos comentados del Distrito Federal y principalmente del Estado de México, al resultar en muchas de sus partes homólogos.

El juicio Oral Mercantil visto desde una retrospectiva, se va sumando a la iniciativa del Juicio Oral Penal, porque la sociedad y el estado requieren de nuevas formas de solucionar los diferentes problemas que se suscitan entre los particulares, sobre todo en materia económica, por lo que la oralidad, la publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, todo esto en nuestro Sistema Mexicano. es un avance en nuestro sistema procesal, debido a las reformas del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en 2009, y el Código de Comercio divulgado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero del año 2011, fueron posibles los Juicios Orales, sistema que entró en vigor al año siguiente, conforme al transitorio primero del decreto de reforma. Por lo que al ser materia de aplicación federal, surtiría efectos en toda la República, los Tribunales de justicia de los Estados tendrán que hacer las gestiones pertinentes con la finalidad de hacer la reforma en materia de oralidad. En el transitorio tercero se señala que los tribunales de los estados tendrán como plazo máximo hasta el primero de julio del año 2013 para hacer efectivo el ordenamiento en cita. Es por eso que los Jueces del estado de Veracruz, y el Poder Judicial de toda la República Mexicana deberán tener otra cultura de administrar justicia para que la gente tenga confianza en sus autoridades, y sobre todo, en las personas que los asesoran en un litigio quienes deberán estar preparados para enfrentar los nuevos procesos en esta materia y ojala muy pronto se tenga en todo nuestro Derecho una Justicia de Oralidad, sobre todo en Materia Familiar, puesto que de esa manera se solucionarán en breve término los procesos que en este rubro se tienen y que vienen a ser más del ochenta por ciento de los asuntos que se llevan en un juzgado. En esta nueva etapa, los postulantes deberán estar debidamente preparados para tener realizar una mejor defensa en estos procedimientos, para bien de sus defendidos. La argumentación en este sentido será la herramienta más poderosa y noble que servirá para ordenar la defensa y comunicar de forma clara, precisa y contundente el discurso jurídico de una premisa mayor, una menor y una conclusión, lo que vendrá a ser la tesis, la antítesis y el resultado, es decir, que al tenerse una norma deberá adecuarse una hipótesis que encuadre perfectamente para obtener una sentencia favorable. Tanto los Juicios Orales en Materia Penal, como los Juicios Orales en Materia Mercantil, se rigen por los principios básicos que son la oralidad, la publicidad, la igualdad, la inmediación, la contradicción, la concentración y la continuidad y como finalidad de todo esto se tendrá la prontitud en estos procedimientos, permitiendo que se lleven a cabo dentro de un tiempo máximo de cuatro meses como está sucediendo en el estado de Veracruz, con esto se ahorrará un tiempo precioso y de recursos materiales económicos para la entidad. La finalidad de dichos juicios es que los procedimientos sean más ágiles y los litigantes sean beneficiados, pues como los mismos serán presenciales los litigantes (interesados) se encontrarán plenamente enterados de cómo va su asunto, sin que pueda ocultarse la verdad o el resultado sea de absolución o condena, o que sean engañados por sus asesores jurídicos y que los juzgadores vean limpiada su imagen, sin que puedan echarles la culpa de que se vendieron, en ocasiones es la vox populi la que destruye toda una trayectoria de los juzgadores, no de todos pero sí de la mayoría, así como también de los postulantes, quienes deberán ser fieles a la causa o quedarán en el peor de los ridículos. La claridad en la administración de justicia debe prevalecer, esto será visible debido a que en las audiencias que se desarrollan se podrá ver y escuchar en todo momento al juzgador, las partes tendrán un conocimiento más amplio de los asuntos que se sometan a su consideración, pudiéndose establecer un contacto directo entre el juzgador y ellos, así como los testigos y peritos que concurran a las mismas audiencias. Se dejará constancia del desarrollo del juicio, de lo acontecido en ese momento, pues las audiencias serán grabadas por los medios electrónicos pertinentes, esto creará certeza jurídica en los justiciables y podrán revisarlas a través del CD que se les proporcionará para darse cuenta de los argumentos esgrimidos por sus defensores, y también tendrá un ahorro de expedientes por la conservación del material videograbado, marcando una nueva etapa en nuestro sistema de administración de justicia que a mi personal punto de vista, es correcto El capítulo V del Código de Comercio, se refiere a la primera fase denominada Postulatoria, que será la única por escrito en la demanda, la contestación, reconvención contestación a la misma y desahogo de vista. En la fase preliminar se tratará de depurar el proceso resolviendo las excepciones procesales, será de importancia toral para la pronta solución de controversias mediante un convenio y conciliación de intereses, lo que dará una mejor solución a los problemas planteados. De no ser así, habrá una fase de depuración de hechos y depuración de pruebas, lo que vendrá a agilizar el procedimiento y que solo los hechos en lo más mínimo estén sujetos a prueba, reduciendo así la litis del asunto.

La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 estableció en nuestro país una nueva forma de procurar e impartir justicia, misma que a casi cuatro años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación se muestra como uno de los más grandes cambios que en su historia ha vivido el sistema jurídico mexicano y que, sin lugar a dudas, en unión de la reforma que en materia de derechos humanos se verificó el pasado 10 de junio de 2011, caracterizarán la décima época de jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Dentro de la reforma en materia de seguridad y justicia en comento, ha sido un tema constantemente debatido la fortaleza o debilidad que puedan mostrar los sujetos procesales al intervenir en audiencia, esto en razón del principio de publicidad que caracteriza a dicho sistema y de las exigencias que el mismo representa en cuanto a técnicas de litigación, habilidades, destrezas y conocimientos jurídicos que deben tener los intervinientes, pues como se ha observado en la praxis judicial, cualquier falla o carencia ya sea del Ministerio Público, del defensor o del Juez queda exhibida de forma notoria. Como resultado de estas disertaciones, continuamente se ha estado evaluando a aquellas entidades donde ya se ha implementado el sistema acusatorio y oral a efecto de determinar las posibles fallas de sus operadores, esto, con el ánimo positivo de buscar su mejora bajo una cultura de capacitación constante. Es así como nace la idea de este libro, pues sus autores nos hemos percatado en los diversos cursos, talleres, seminarios, diplomados y maestrías en los que hemos participado como docentes del sistema acusatorio, que de forma continua e indistintamente de la región del país de que se trate, comúnmente se señala a los agentes del Ministerio Público como una parte importantísima para el debido y eficaz funcionamiento de los coloquialmente llamados “juicios orales”, pues sólo a través de su eficaz labor se podrá alcanzar la consolidación no sólo de un verdadero marco irrestricto de derechos para el imputado, sino de condiciones de igualdad para ambas partes (la que acusa y la que se defiende). De ahí, que al revisar la doctrina tanto nacional como internacional existente sobre la materia y al encontrar que la gran mayoría de los autores se han dedicado a orientar y capacitar a jueces y defensores respecto de su labor, no así a los agentes del Ministerio Público, lo cual conlleva directamente a la debilidad del nuevo sistema, es que se presenta este libro, mismo que bajo la metodología de audiencias que caracteriza al sistema acusatorio adversarial, explica cada una de ellas en cuanto a los objetivos que deben tener los representantes sociales en las mismas y de igual manera en cuanto a cuáles son las técnicas de litigación a su alcance para un desempeño exitoso de su actividad. Estamos convencidos que el fortalecimiento de las habilidades y destrezas de litigación del Ministerio Público dentro de los juicios orales (así como de la policía y de los peritos en cuanto a su ámbito de competencia), generarán una forzosa evolución de defensores y jueces que, sin lugar a dudas, permitirá la consolidación en México del sistema acusatorio y oral. Para lograr lo anterior de la mejor manera se tomó como ejemplo a la legislación que ha venido a unificarla, forma de procurar e impartir justicia en nuestro país, es decir el Código Nacional de Procedimientos Penales, instrumento normativo que estimamos logró aglutinar en buena medida, las experiencias exitosas de los estados que ya contaban con un sistema acusatorio en su legislación procesal.

El divorcio incausado, tiene su origen en España, legislación que se copió casi en su integridad salvo pequeñas denominaciones sin importancia en los distintos códigos y leyes de la República Mexicana que lo contemplan, el primero en implementarlo fue el Distrito Federal, para posteriormente incorporarlo cuatro estados de la República, Coahuila, Estado de México, Guerrero y Yucatán también denominado unilateral o sin expresión de causa, popularmente es conocido como “divorcio express”, mediante el divorcio incausado se elimina el divorcio necesario y se suprimen todas las causales que lo fundamentan: desaparece la figura del cónyuge culpable y el divorcio se decreta sin mayor trámite, aparentemente quedan pendientes para resolución posterior, vía incidental las consecuencias derivadas del mismo, porque en realidad el divorcio incausado constituye una unidad y esta etapa en realidad es de desahogo de pruebas, etapa incidental contemplada en el Distrito Federal, Guerrero y Yucatán, en resolución posterior pero no en vía incidental sino con todos los requisitos de una demanda el Estado de México y Coahuila. Es de señalar que antes de lo que hoy se conoce como divorcio incausado, México ya contaba con una de sus variantes, como lo era el divorcio voluntario, en el que no se necesitaba expresar causal alguna para su procedencia, bastando el acuerdo de voluntades de los divorciantes y que se cumplieran los requisitos de ley. En la legislación del Distrito Federal y Coahuila se regulan dos formas de divorcio dentro del mismo incausado: 1. Existe acuerdo de voluntades (divorcio consensuado) los cónyuges presentan la solicitud de divorcio acompañada del convenio. 2. No hay acuerdo de voluntades, a la solicitud de divorcio se acompaña la “propuesta de convenio”, hay intervención judicial, el demandado puede no contestar, presentar su “contrapropuesta o allanarse a la propuesta de convenio, el divorcio se decreta de plano y sus consecuencias deben resolverse en la continuación del divorcio. Todos los ordernamiento legales de las diferentes entidades hacen referencia a la denominada “propuesta de convenio” En el Distrito Federal la forma de ofrecimiento y desahogo de pruebas también fue modificada la que no se limita a los casos de divorcio, sino a toda controversia del orden familiar, se suprimen sus “formalidades”, en términos del segundo párrafo del artículo 271 del Código Civil para el Distrito Federal. La que más cambios sufrió, fue la prueba pericial al haberse suprimido todo el articulado que la rige, no es necesario formular cuestionario, mencionar clase ni materia de la pericial, relacionarla ni decir que se pretende acreditar con la misma, en todo caso el juez inferirá de los respectivos escritos la cuestión a dictaminar. Un perito designado por el Juez, ya sea que pertenezca al tribunal o de alguna otra institución, será el que dictamine, las partes están impedidas para nombrarlo, por lo que no habrá tercero en discordia. Disposición contenida en el último párrafo del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles, numeral que ya fue declarado inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Únicamente el Distrito Federal es el que limita el derecho a la prueba pericial para hacerse valer por las partes, este error garrafal cometido por los legisladores, afortunadamente no lo repitieron los demás estados de la República en los que se contempla el Divorcio incausado. La sentencia que resuelve las consecuencias del divorcio al ser una cuestión de fondo, no materia accesoria del juicio principal de divorcio, admite apelación y amparo directo, no indirecto, por no tratarse de una sentencia interlocutoria. Estos y otros aspectos, relativos a la normatividad del Divorcio, serán materia de este trabajo, mismo que termina con una serie de formularios para complementarlo, esperando en todo momento que sea del agrado de los lectores.

Mediante una reforma constitucional al artículo 73 fracción XXI de nuestra Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013, se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de legislación única de procedimientos penales. La fracción en cuestión quedó con el siguiente texto: Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I. a XX. ... XXI. Para expedir: a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios; b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada; c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; XXII. a XXX. ... Contando con esa base constitucional, el Congreso de la Unión expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales cuyo contenido el lector podrá encontrar en las páginas siguientes, junto con la jurisprudencia que debe servir para su correcta interpretación. Para tal efecto, se presenta la selección y sistematización de 360 criterios de interpretación que guardan una relación directa con los artículos del código señalado (284 tesis aisladas y 76 tesis de jurisprudencia), advirtiendo al lector que se tratan de criterios de reciente publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época (147 tesis), y la actual Décima Época (213 tesis). El origen remoto de dicho Código se encuentra en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, que incorpora a diversos artículos de nuestra ley fundamental los principios del procedimiento penal de corte acusatorio y oral. Dicha reforma constitucional nos suministra la base para realizar una profunda transformación del sistema penal mexicano. Sus disposiciones tocan varios de los ámbitos sustantivos de dicho sistema, dado que abarcan temas como la seguridad pública (cuerpos policiacos y prevención del delito), la procuración de justicia (el trabajo del ministerio público, el monopolio de la acción penal que desaparece al menos en parte), la administración de justicia (a través de la incorporación de elementos del debido proceso legal y de los llamados juicios orales) y la ejecución de las penas privativas de la libertad. La expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales es una gran oportunidad para los juristas mexicanos y para el conjunto del sistema jurídico mexicano. Se trata de un intento muy serio que persigue el siempre loable objetivo de mejorar de manera sustantiva nuestro proceso penal. A partir de su expedición se generan grandes retos de distinta naturaleza, ya que habrá que capacitar a los distintos actores, construir salas de audiencia oral, desarrollar sistemas que permitan la efectividad de las salidas alternas al juicio, mejorar la capacidad de respuesta de policías y ministerios públicos, y un largo etcétera. Para que el nuevo procedimiento penal sea efectivo en la práctica también se van a requerir nuevas capacidades en sus actores principales. Será indispensable, por citar las más evidentes, un buen manejo de la argumentación jurídica, un dominio preciso de la teoría del caso, un desempeño sobresaliente en materia de oratoria forense y un largo etcétera. Los abogados mexicanos deben prepararse con seriedad y rigor, ya que se trata de uno de los más grandes desafíos de la profesión jurídica en los años recientes. Pero el requisito primero para que todo eso pueda darse reside en el simple hecho de que las normas del nuevo Código y la interpretación que de las mismas han hecho nuestros tribunales federales sean conocidas y difundidas con la mayor profundidad y amplitud que sean posibles. Este es el objetivo que se propone la presente publicación.

En la actualidad es imprescindible el uso constante de las tecnologías de la información y la comunicación, ellas están omnipresentes y cada vez es mayor la tendencia para el intercambio de las mismas. El uso de estas herramientas ha incluido el manejo de aplicaciones para ser utilizadas por el común de la gente, sin embargo, a la par de ello, han surgido acciones ilícitas por conocedores del tema, causando daños de una forma nueva y critica. Actividades realizadas por medio de ordenadores y tecnologías de información y comunicación, cuya principal herramienta es internet, que se han vuelto cada vez más frecuentes y sofisticados, y han afectado a la esfera jurídica de las personas. Por citar un dato: cada segundo 18 adultos son víctimas de ciberdelitos; es decir, más de un millón y medio de víctimas cada día en todo el mundo. Encontrar posibles soluciones, respuestas e información del tema es un reto importante. En México no existen instrumentos jurídicos al respecto que proporcionen medidas de protección para garantizar la seguridad en el uso de las tecnologías de la información mencionadas, excluyendo evidentemente la aplicación de medidas de salvaguarda y protección a los usuarios de las mismas. La presente investigación se origina a partir de la aparición de nuevas tendencias de criminalidad, las cuales van de la mano del uso de la tecnología que crece a pasos acelerados y propiciando las condiciones para cometer conductas ilícitas cuyas consecuencias y realidades repercuten en el desarrollo del derecho. México aún no cuenta con mecanismos efectivos legislativos y en específico con la unificación de legislaciones, así como de acciones o programas en el rubro de la política criminal para frente a este problema.