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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
  • Ludwig Ovando Ramón
El análisis de las medidas cautelares ha cobrado especial relevancia a partir de la implementación del modelo procesal penal de corte acusatorio. Antaño era una materia sólo abordada dentro del derecho procesal civil, familiar, mercantil o administrativo, pero hoy es impostergable que el estudioso de la materia penal tenga claridad sobre cuáles son las medidas cautelares aplicables dentro de la justicia penal, en qué etapa procesal pueden solicitarse, sus formas de determinación, modificación o cancelación; esta obra precisamente espera aportar al lector una visión lo más completa posible sobre las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp), con un enfoque de respeto a los derechos humanos, con la finalidad de armonizar la gran reforma en procuración e impartición de justicia penal del 18 de junio de 2008, con la que también ocurrió en materia de derechos humanos el 10 junio de 2011 y que ponen de manifiesto la transversalidad y progresividad de los derechos fundamentales. La utilidad del texto se manifestará al aportar elementos para debatir en audiencias del modelo acusatorio la viabilidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas cautelares, de ahí que se busca establecer criterios específicos para evaluar si las medidas de cautela que se pretenden imponer al imputado responden a los auténticos principios que rigen el sistema acusatorio y a la materia cautelar, además que el lector pueda desarrollar con mayor facilidad una línea argumentativa para evaluar si una medida cautelar es necesaria y proporcional al riesgo que busca evitar, es decir, la utilidad no sólo es para quien ejerce el papel de defensor, sino también para quien actúa como asesor jurídico o ministerio público, a fin de que sus peticiones u oposiciones en materia de medidas cautelares tengan una base argumentativa sólida. Como se adelantaba en líneas anteriores, se pretende que el texto sea una aportación adicional dentro del ámbito de la difusión y aplicación de los tratados y jurisprudencia internacional, por lo que en el análisis de cada uno de los temas involucrados, se toman como referencia los parámetros que han surgido de los criterios sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver aspectos directamente relacionados con medidas de cautela, en especial la prisión preventiva. De tal suerte que la exposición se encuentra agrupada en cuatro capítulos, el primero dedicado al conocimiento de cada una de las medidas cautelares imponibles a la persona investigada1 o imputada, con una subdivisión entre las medidas diversas a la prisión preventiva y la prisión preventiva propiamente dicha, dada la extensión de las reglas especiales que le son aplicables a esta última. En el segundo capítulo se analizan las medidas de coerción procesal que a pesar de que se encuentran en el cnpp separadas de las medidas cautelares y se les ha asignado un nombre diverso, comparten la finalidad de ser restricciones a los derechos y libertades de la persona investigada o imputada, por lo que ameritan su tratamiento dentro de esta obra con la finalidad de cubrir el amplio espectro que se integra por medidas de coerción procesal dirigidas a las personas investigadas o imputadas y que tienen como consecuencia una limitación a sus derechos o libertades. Es en el tercer capítulo donde el lector encontrará la descripción del procedimiento de petición e imposición de medida cautelar, con particular atención a los principios que son aplicables a este tipo de resoluciones, su forma de petición, contenido de la resolución, plazos, a fin de mostrar con la mayor cercanía la dinámica del dete de medidas cautelares. Por último, en el cuarto capítulo se desarrollan, en términos generales, las reglas de revisión y supervisión de medidas de cautela, este último tema es poco explorado hasta el momento en la literatura nacional.
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LA CRIMINALIZACIÓN-CONTROL DEL ENEMIGO EN EL MÉXICO NEOLIBERAL: LA LEY ANTILAVADO
  • Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria
El enemigo es todo áquel cuya conducta es contraria al rol que el sistema capitalista-neoliberal impone para mantener y reproducir su dinámica hegemónica. Sin embargo, mientras más fuerte sea la resistencia en contra del ejercicio económico del poder sistémico, las normas penales se radicalizarán para contener los riesgos, de tal forma que a través de determinados discursos de peligrosidad el sistema excluye y controla por medio de la criminalización a los que no son funcionales para su último fin: la acumulación de capital. La ley antilavado es un ejemplo del control sistémico neoliberal que permite la competencia económica desde las esferas del ejercicio del poder y, al contrario, neutraliza a los que pretenden competir fuera de rol social que la legalidad sistémica les impone a través de la criminalizacion. El control-criminalización del enemigo en la ley antilavado opera en prospectiva, es decir, el delito se puede criminalizar por actos futuros que pueden o no ser susceptibles de materialización mediante el argumento de la operatividad del indicio y sin la necesidad de pruebas materiales, revirtiéndo la carga de la prueba al sujeto imputado. En esta obra el lector tendrá acceso al análisis de la construcción ideológica-discursiva del enemigo a través de la criminalización contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como la funcionalidad del control y la operatividad en la ley antilavado para mantener y reproducir la hegemonía económica del sistema capitalista-neoliberal.
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CONDUCTA TÍPICA E IMPUTACIÓN OBJETIVA EN DERECHO PENAL
  • Óscar Gutiérrez Santos
El acontecer del pensamiento jurídico penal acerca de las categorías o elementos del delito se ha construido a través de la historia con grandes pensadores alemanes y españoles, así pues, la categoría más analizada a través de esta referencia histórica ha sido la tipicidad, o como se concibe en la presente obra la conducta típica. Esta obra analiza los antecedentes más remotos de la conducta típica, ya que para el Derecho Penal, no cualquier conducta es relevante, sino sólo aquella que se encuentra en un tipo penal, por ello considera el autor que lo correcto será denominarla conducta típica, como primera categoría del delito. Por ende se considera relevante el estudio del concepto jurídico penal de acción, donde el análisis se centra en los conceptos históricos de la acción, como lo es el concepto causal y final de acción, y se hace una especial referencia a los conceptos de acción dentro de la dogmática penal actual, reseña necesaria para poder entender cuál es la acción que es relevante para el Derecho Penal y cual no lo es. Posteriormente se analiza los elementos que constituyen la conducta típica, esbozando el concepto de tipo penal, la relación y el nexo de imputación que existe entre la conducta y el tipo penal. Así como los elementos del tipo, los sujetos y objetos de la conducta típica. Así mismo, se aporta el estudio de la denominada teoría de la imputación objetiva del resultado, ya que es de suma importancia para los especialistas del Derecho Penal, ubicarse en la moderna dogmática, y poder vislumbrar los últimos apuntes doctrinarios de la polémica teoría. Finalmente se hace una especial referencia a uno de los delitos más dañinos para la sociedad: la delincuencia organizada, que se analiza desde una perspectiva de la imputación personal, haciendo referencia del conocimiento e imputación en la participación delictiva, lo cual resulta verdaderamente interesante desde la perspectiva que aquí se maneja, lo cual hace al autor conocedor de la Dogmática Penal Moderna.
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DERECHO PENAL DEL RIESGO (Un estudio desde su legitimación)
  • Edgar Iván Colina Ramírez
El Derecho Penal tiene un desarrollo acelerado en el orden judicial a través de la jurisprudencia, en la doctrina y en la legislación. Lo que implica en nuestras sociedades, una nueva forma de repensar en ese Derecho, ante la progresión y evaluación de las situaciones creadas por la interacción social, que aún no son reguladas. En este contexto, Edgar Iván Colina Ramírez en la obra que nos presenta «Derecho Penal del Riesgo. Un estudio desde su legitimación », nos proporciona a los especialistas y estudiantes, los beneficios y grandes peligros, derivados de esta sociedad moderna, de manera específica sus consecuencias en el Derecho Penal, el cual propone ante estos retos, nuevas técnicas de incriminación o encontrar la respuesta satisfactoria que de sustento a la dogmática penal. La investigación se centra, ante las nuevas realidades sociales en la que destaca Alemania, España y de que México no es ajeno, en la respuesta satisfactoria al nuevo paradigma, que constituye, el desarrollo de instituciones para responder a las actuales formas de delincuencia, que incluyan bienes jurídicos colectivos o la utilización de la técnica de los delitos de peligro abstracto, desde un enfoque que no constituyan, desde de dichas figuras, una perspectiva vulneradora de garantías o ilegítima; por el contrario, cumplan íntegramente y armoniosamente con los derechos fundamentales que se integran con una legislación respetuosa y de una sociedad que existe actualmente y de la cual no nos podemos sustraer. Explica el profesor Colina, a partir del concepto sociológico del riesgo, su diferencia con otras figuras, como el de peligro, las implicaciones de la sociedad del riesgo con la globalización y los diversas conceptualizaciones teóricas que de los modelos de la sociedad se han establecido, a fin de analizar su impacto en la política criminal y en el ámbito dogmático, para concluir y justificar la validez y legitimación de ese Derecho Penal. En la conceptualización y significado del riesgo, se considera, ante su discusión, se debe partir de diversos supuestos en los que se tomen en consideración otras figuras que se encuentran íntimamente asociadas a este, así, por un lado, se puede llegar a una aproximación en sustento a la perspectiva social de los problemas que se generan con motivo de la industrialización que se desarrolla precisamente en la propia sociedad. Al respecto, nos explica, se encuentra la confluencia entre los riesgos y peligros surgidos de las tecnologías modernas que amenazan a la propia humanidad; ello en cuanto al peligro que puede inferenciar en atención a que éste escapa de la esfera del dominio en razón de que un peligro no puede ser controlable. Lo que hace evidente la reflexión en torno a que los sucesos sociales acontecidos en la era de la globalización, traen elementos fácticos que no habían sido previstos por el legislador. Refiere términos que se encuentran en el binomio, riesgo/peligro en el que se establece su diferencia tras indicar que ambos se proponen como posibles daños futuros cuyo nacimiento resulta algo inseguro y más o menos improbable, en donde a los peligros, se les atribuye el nacimiento de dichos daños al entorno o al medio ambiente. En cuanto a los riesgos, los advierte como una consecuencia de la propia actuación u omisión del ser humano, por lo que, destaca nuestro autor que la diferencia radica en una cuestión de imputabilidad, ello es así, si la asunción del riesgo se basa en una representación del peligro que resultará posible siempre que existan tecnologías que ofrezcan alternativas, de manera que los posibles daños se pueden atribuir a la de una actuación o de una omisión. Caracteriza como un riesgo, las decisiones que pueden ser atribuidas a un tercero que es fruto de un daño eventual o probable consecuencia de una decisión, así, el riesgo es considerado como autoreferencia, al ser creado en su propio entorno.
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LA FORMACIÓN EN ÉTICA DE LOS FUTUROS JUZGADORES CONSTITUCIONALES
  • Rosalinda Marín Rebollar
“La Formación en Ética de los Futuros Juzgadores Constitucionales en el Instituto de la Judicatura Federal (IJF) Escuela Judicial en México”, es debida y crucialmente necesaria, principalmente para todos los integrantes del Poder Judicial Federal que aspiren a ser nuestros Futuros Juzgadores Constitucionales, por lo que se recomienda esta lectura a toda aquella persona que aspire a pertenecer al mismo; así como a las que aspiren a una auténtica justicia en un verdadero estado de derecho. Lo anterior, es así, pues al contar los Futuros Juzgadores Constitucionales con una ética bien cimentada y debidamente respaldada por la Formación adquirida en nuestro querido Instituto, tendremos los Mexicanos la esperanza de algún día contar con una verdadera justicia. En virtud de lo anterior, lo aquí tratado, es de vital importancia para nuestro país, por la prioridad que debe darse a la Formación Ética de los Futuros Juzgadores Constitucionales, que en esta opinión, debe ser como personas integrales con compromiso ético, en busca de su autorrealización, que aporten al tejido social; y, que además, sean profesionales idóneos y emprendedores cuya línea de trabajo siga los referentes del pensamiento complejo de la quinta disciplina, del desarrollo a escala humana, del aprender a aprender y emprender, abordando no solo el proyecto ético personal de vida sino también en el desempeño de su crucial tarea (la administración de justicia), integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), el cual busca realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento meta-cognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y el afianzamiento del tejido social en esa tarea tan fundamental e importante que se les ha encomendado. por lo que, si se lograra llevar a cabo lo aquí sugerido, nunca debemos pensar que no somos lo suficientemente buenos, pues la vida y la gente nos toma según nos valoremos. “llevemos a cabo el ejemplo de profesionalidad ética con el que deseamos sean investidos y se desempeñen nuestros hijos quienes son el futuro de este país”
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JUSTICIA ORAL (Guía para las Audiencias del Sistema Acusatorio)
  • Alejandro Alcocer Herrera
El abogado en México ha vivido la evolución del sistema jurídico, esta evolución ha sido como todas, lenta, predecible, cómoda y en la mayoría de los casos necesaria, desde la constitución de 1917 nuestro sistema jurídico ha presentado cambios notables en todas sus materias: se ha emitido la Ley de Reforma agraria para ser sustituida después por la Ley agraria, del Código civil se derivaron leyes tales como la Ley de operaciones y títulos de crédito y el Código mercantil, de la Ley federal del trabajo se originó la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda y la Ley del Seguro Social, y recientemente se han creado leyes ecológicas y del uso del ciber-espacio, sin embargo, el litigio había conservado el espíritu original que nos obligaba tan solo a conocer las leyes nuevas y simplemente, aplicar los viejos preceptos de la Teoría General del Proceso. Salvo raras excepciones como el Derecho Laboral y el agrario, el litigio escrito nos permitía escudarnos en la comodidad del papel y la tinta, para simplemente repetir las fórmulas que aprendimos, si no en la Facultad, sí en los Tribunales y en los juzgados, los que vivimos el paso de la máquina de escribir a la computadora, incluso descansamos de aquellos alegatos, demandas y conclusiones que nos obligaban a memorizar las partes de un escrito, tan solo nos ocupamos de sustituir algunas palabras de ocursos ya realizados anteriormente, provocándonos en el mejor de los casos la comodidad de realizar demandas en minutos y en el peor, llevarnos a la pereza mental. Sin embargo, este sistema fue siempre digno, especial, caballeroso, nuestro; nos permitía enviar a nuestros soldados en forma de escritos que demostraban al contrincante las armas que portamos y al evitar una cruenta confrontación cara a cara, nos permite saludar al abogado de la parte contraria con la conciencia tranquila. Es innegable que cuando veíamos películas o series policíacas extranjeras, todos sentíamos la curiosidad de cómo sería el deponer ante un Tribunal para convencerlo de la inocencia de nuestro cliente. ¿Qué se requiere? ¿Una buena voz? ¿Capacidad histriónica? ¿Presencia escénica? la pregunta que nos hicimos y casi siempre nos contestábamos negativamente era: ¿Sería aplicable en nuestro país? ¿Sería conveniente? pues listos o no, y cualquiera que haya sido la respuesta que brincó en nuestra mente, ya está aquí, el Sistema Acusatorio o Adversarial nos alcanzó y no importan las protestas de los colegios, ni los votos en contra de muchos legisladores, tenemos que afrontar la realidad de que en poco, muy poco tiempo, estará funcionando en todo el país, junto con todas las reformas y cambios de mentalidad y filosofía que trae aparejado. Esta realidad nos lleva a otra problemática que estriba básicamente en la aplicación de las reglas nuevas que debemos observar, no solamente el procedimiento penal o la Ley Orgánica del Poder Judicial o del Ministerio Público: el Código de Procedimientos Penales no nos proporciona la forma real de las audiencias, así como los Códigos anteriores no indican la forma de los escritos, los nuevos no detallan la secuencia ni las formalidades de los actos procesales, no basta estudiar de nuevo el Código único de Procedimientos Penales, la mayoría verá el cambio como cualquier otro y pensará simplemente en ir adaptándose conforme se den las situaciones, pero la experiencia de los primeros Estados que lo están aplicando, nos dice que no podemos esperar a “comprar el pollo para cocinarlo”, debemos tomar la delantera y estar listos con el horno encendido y los ingredientes adecuados para evitar ser sorprendidos. Necesitamos todas las herramientas necesarias, reconocidos juristas de todo el país y sobre todo extranjeros, han escrito libros que nos explican qué es, el CódigoNacional de Procedimientos Penales nos habla como siempre de términos, de principios, de reglas; lo que necesitamos es conocer las realidades, es decir, ya nos dijeron el cuándo y el qué, solo falta el cómo. El Derecho Penal ha sido tradicionalmente el derecho del pueblo, la constitución permite ser defendido por persona de su confianza o por sí, es en los asuntos criminales donde sentimos que hacemos justicia, y donde los resultados son más notorios, tal vez parezca que pecamos de pesimistas, pero en los estados de la república donde se aplica actualmente el sistema acusatorio, es una realidad que abogados con todos sus diplomados y maestrías, y que gozan de gran prestigio en la comunidad jurídica, se han visto sorprendidos o hasta ridiculizados en plena audiencia, por jueces que les han pedido abandonar la Defensa por desconocer el nuevo sistema, también es una triste realidad que en estos estados es el Defensor público o de oficio el que lleva hasta el 98% de los asuntos penales, dando esto una incertidumbre sobre la administración de la justicia en virtud de que los abogados particulares, los litigantes de siempre, no estamos interiorizados con los procedimientos.
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LA DEFENSA ADECUADA EN EL JUICIO ORAL (Actualizada al CNPP)
  • Manuel Valadez Díaz
  • Carlos Enrique Guzmán González
  • Guillermo Díaz Hernández
El sistema penal acusatorio se ha consolidado de forma significativa en el estado de Durango, en virtud de que dicha entidad fue la primera en nuestro país que lo implementó al tener como base la reforma constitucional que en materia de seguridad y justicia se realizó el 18 de junio de 2008 a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de nuestra Carta Magna, lo cual le permitió generar una legislación congruente con el sistema de corte acusatorio y adversarial que la misma estableció y, por ende, convertirse en un ícono nacional en cuanto a la operación adecuada de esta nueva forma de procurar e impartir justicia. La obtención de lo anterior se debió de forma primordial a la voluntad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Durango para implementar un ambicioso programa de capacitación que de forma particular permitió que el Poder Judicial se consolidara como un punto de referencia a nivel nacional e incluso internacional en cuanto a la generación de opinión jurídica calificada para el desarrollo de los alcances, retos y perspectivas que de forma natural provocan las figuras procesales que aparecen con los coloquialmente llamados “juicios orales”. Como un resultado palpable de lo acertada que fue la capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia penal para el Estado de Durango, se logró la publicación y difusión a nivel nacional e internacional de una excelente obra jurídica denominada Diccionario Práctico del Juicio Oral, misma que fue elaborada por tres distinguidos jueces de control y oralidad, y que por primera vez en la historia del Poder Judicial de la entidad logró romper las barreras del Estado, y así, se presentó con gran éxito en espacios como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde fue elogiada por juristas de la talla de Miguel Carbonell, Hugo Concha y Mihael Champo, quienes coincidieron en lo valioso de la obra, así como en la importante contribución del Poder Judicial de Durango al fortalecimiento de los juicios orales en México. De tal forma, el Diccionario Práctico del Juicio Oral se ha convertido en una obra creada por jueces duranguenses, misma que ahora se utiliza como libro de texto a nivel licenciatura, y de consulta obligatoria para agentes del Ministerio Público, Defensores y Jueces del sistema acusatorio y oral. Dentro del contexto anterior, los autores de dicha obra, bajo la exclusiva visión de sus labor como jueces de control y oralidad de Durango, presenten una nueva contribución a la ciencia jurídica aplicable a los juicios orales como una muestra más del compromiso que tiene el Poder Judicial de Durango para impulsar el establecimiento de la oralidad en materia penal en nuestro país. Esta obra está dirigida para los defensores, ya sean públicos o privados, mediante la explicación clara y sencilla de las principales audiencias a las que se deberán enfrentar en el ejercicio de su labor y para lo cual se acompañan bajo un método evidentemente cercano a la Mayéutica de Sócrates , una serie de preguntas que buscan dar respuestas a las principales dificultades con las que se enfrenta un defensor, esto, buscando generar en el lector un conocimiento experto sobre la litigación oral. Este objetivo es claro que fue alcanzado por sus autores, ya que quien de lectura a esta obra podrá entender en palabras sencillas y en un lenguaje amigable y cargado de muchos ejemplos prácticos, no solamente qué hacer para llevar una defensa adecuada, sino cómo hacerla. Es en fin, un libro de lectura obligada para todo operador del nuevo sistema de justicia penal, que le permitirá acceder al conocimiento que los autores han obtenido en virtud de su excelente capacitación y desempeño diario de su labor. Lo anterior reitera el compromiso del Poder Judicial del Estado de Durango para la difusión de la cultura jurídica, así como su colaboración para la socialización y mejor entendimiento del alcance y contenido de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, ya que solo teniendo defensores altamente capacitados en estrategias de litigación se podrá sostener que existirá una defensa adecuada y, por ende, una protección eficaz de los derechos un delito. Por último, mi reconocimiento y felicitación para los autores del libro La Defensa Adecuada en Juicio Oral”, los jueces de Control y Oralidad, Dr. Manuel Valadez Díaz, M.D. Car los Enrique Guzmán González y Lic. Guillermo Díaz Hernández quienes, de nueva cuenta, generan una obra jurídica que coadyuvará de forma significativa a fortalecer los juicios orales en México, y a seguir ubicando al sistema de justicia penal duranguense como un punto de referencia en cuanto a la creación de opinión jurídica. Sin lugar a dudas los autores se distinguen por su brillante labor en la jurisdicción, así como por su compromiso con la sociedad en general, por ello, son un orgullo del Poder Judicial y dignos impartidores de justicia.
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