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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS ¿Derecho uniforme u orden público general?
  • Elba Jiménez Solares
Hoy en día es inquietante el impacto que tienen las normas de derechos humanos en los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales y supranacionales. En ocasiones es preocupante ver cómo estas normas inciden en la concepción, estructura y organización del Estado soberano. La manera de interpretar y aplicarse las normas de derechos humanos, nos está conduciendo a una forma diferente de concebir al Derecho, al Estado y sus instituciones, al igual que al individuo mismo como eje y motor de todo sistema jurídico. El gran desarrollo de los contenidos de las normas de derechos humanos, permea a todo ordenamiento jurídico no importando el orden en el que actúen. Toda conducta del hombre, bien como persona física o como persona jurídica ya está tutelada por una norma de derecho humano. Dicho fenómeno motiva a revisar algunos aspectos o conceptos jurídicos fundamentales, que se creían acabados tales como Estado soberano, Estado de Derecho, las reglas para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, la manera de resolver los conflictos entre ellas, así como la jerarquía normativa establecida por Kelsen, entre otros. Igualmente, el desarrollo y aplicación de las normas de derechos humanos está empujando hacia un proceso de recomposición en las relaciones jurídicas existentes entre los diferentes actores tanto a nivel nacional como supranacional. Es claro que el individuo está teniendo una posición muy relevante tanto en el orden nacional como supranacional, a tal grado que en momentos parece desplazar a los sujetos que hasta hoy consideramos fundamentales para la creación de normas internacionales, como lo son los Estados y las organizaciones internacionales. ¿Necesitamos al Estado para tutelar los derechos humanos de los individuos en el ámbito interno y en el ámbito supranacional? En su defecto, ¿cómo actuar y a través de quién, para exigir la protección y respeto a los derechos humanos de un individuo a quien le han sido violados? O en su momento, ¿quién puede vigilar y garantizar que se realice la reparación del daño ocasionado? ¿Cómo saber si un ordenamiento jurídico tutela más los derechos humanos? ¿Cuál de los ámbitos u ordenamientos jurídicos es mejor? ¿El derecho nacional o el supranacional? Todas estas preocupaciones son cuando encontramos que las normas internacionales de derechos humanos parecen adolecer de eficacia en el orden interno y cuando las normas internas parecen ser menos protectoras de los derechos humanos que las normas supranacionales. En los últimos años se ha ido acuñando, a nivel internacional, un novedoso concepto que es el Orden Público Internacional, mismo que aún no está claramente definido en su contenido por los organismos internacionales. No obstante lo anterior, creemos que es posible identificar su incipiente desarrollo con base en el análisis de los contenidos de las normas de derechos humanos, principalmente, las derivadas de tratados internacionales que pueden interpretarse como la expresión más clara de la voluntad de los Estados de tutelar y regular dichos derechos y pugnar por la uniformidad en su protección, mediante el proceso de armonización entre los diferentes ordenamientos jurídicos existentes: nacionales y supranacionales. En la presente obra se busca exponer la problemática que aún hoy en día parece irreconciliable: entre optar por la supremacía del orden nacional o la supremacía del orden supranacional, y la necesidad del Estado de atender las exigencias en torno al respeto y protección a los derechos humanos ante el abusivo o no, ejercicio del poder soberano, sea cual fuere el orden en el que actuare. Así mismo, pretendemos aportar algunos elementos sobre la necesidad de la existencia del Estado soberano para la protección de los derechos humanos. Creemos que solo bajo la égida del Estado, es posible la defensa de tales derechos. Todo lo anterior, nos obliga a reflexionar sobre cómo armonizar todos estos aspectos: soberanía de los Estados, ejercicio de derechos soberanos y protección del individuo y sus derechos, todo ello para buscar un justo equilibrio en pro del bienestar del ser humano quien es a final de cuentas, a quien debe servir todo orden jurídico y sus instituciones. El objetivo fundamental de la presente obra es destacar algunos de los efectos que tienen el desarrollo de las normas de derechos humanos nacionales y supranacionales en los diferentes ordenamientos, a consecuencia de la armonización entre ellos y su importancia para la construcción del orden público internacional. Todo esto parece empujar hacia la construcción de un Derecho uniforme y universal.
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LA ENTREVISTA Y EL INTERROGATORIO CIENTÍFICO EN EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL
  • Juan Fernando González Porras
La reforma al proceso penal que está operando en nuestro país desde hace algunos años, implicó un cambio cultural de enormes proporciones en nuestra tradición jurídica. Una de las más grandes se relaciona directamente con el papel que cada uno de los operadores e intervinientes ocupa en el proceso. Así, para los fiscales del Ministerio Público su rol implica realizar un esfuerzo de convicción y convencimiento antes los nuevos tribunales. Por otra parte, para los jueces de nuestro país el es desafío emitir un juicio de valor debiendo pronunciarse y explicitar circunstanciadamente cada uno de los supuestos fácticos y argumentaciones jurídicas esgrimidos en estrados por las partes. Esta imposición legal de emitir un juicio de valor adquiere particular importancia en el sistema acusatorio que por sus propias características, impone la tarea de efectuar un detenido análisis del testimonio razonamiento que debe quedar debidamente fundamentado en la sentencia. Así, la justicia se enfrenta a la delicada tarea de emitir un juicio de credibilidad respecto del testimonio. Es aquí, entonces, donde resalta en toda su importancia de las pruebas de certeza jurídica realizadas al testigo o víctima con el propósito de resolver dudas. La experiencia indica que la prueba pericial que analiza el testimonio es un aporte fundamental a la decisión del juez en la medida que provee elementos de convicción que pueden servir de base al pronunciamiento de una sentencia. La participación de los peritos psicólogos, psiquiatras y criminólogos es necesaria para formar convicción. Los procesos judiciales tienen por objeto la búsqueda de la verdad jurídica, en la medida de lo posible, respecto de hechos pasados que podrían revestir características de delito.
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SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA: UNA GLOSA CRÍTICA
  • Fernando García Cordero
El origen de este libro está ligado a la revista Criminalia, órgano oficial de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Desde esa plataforma de información jurídica me he acostumbrado a mantener un estado de alerta ante cualquier estudio o evento que cuestione, para bien o para mal, el desarrollo de las ciencias penales. El objetivo de la revista es, exactamente, mantener actualizado el conocimiento sobre las ciencias y disciplinas que examinan las conductas antisociales. Después de la realización en 2011 de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, Hacia una política de Estado en los albores del tercer milenio, convocada por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, los organizadores de las intensas jornadas de estudio y análisis, desarrolladas en 18 mesas de trabajo, cada una con temas específicos y con la participación de especialistas en las materias a tratar, dieron a conocer un amplio documento, síntesis y propuesta de las deliberaciones del evento, titulado Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y justicia en democracia. En aquel momento pensé en incorporar a la revista Criminalia un resumen de la Conferencia y de las tesis fundamentales de su documento central. Pronto comprendí que, dados los alcances de los debates y de las conclusiones, aquello era una misión imposible. Así, me oriente a sugerir a los directivos y miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, la discusión y crítica de esos materiales. La propuesta no prosperó. Entonces procedí, para mi propio uso y conocimiento, a redactar una serie de observaciones, capítulo por capítulo, del protocolo ya mencionado. En su versión inicial las publiqué en Criminalia, revista que me honro en dirigir. Así pues, tales son los orígenes de Seguridad, Justicia, Democracia, hacia un enfoque integral, una glosa sistemática, amplia y crítica, del documento central de la Conferencia.
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RAZONAMIENTO LÓGICO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
  • Frank Robert Almanza Altamirano
  • Luis Alberto Pacheco Mandujano
Lo que se ha evidenciado con la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, que por su naturaleza pública y oral facilita un seguimiento directo de actuaciones, es la necesidad de que los actores, en todos los casos, desarrollen y perfeccionen habilidades argumentativas que les permitan estructurar el ruego de jurisdicción y presentar adecuadamente sus tesis para que sean comprendidas por los demás intervinientes, por los ciudadanos que comparezcan a las audiencias y, principalmente, por el juez. Este nuevo sistema procesal tiene como fundamento principal a la oralidad, sin embargo, ello debe entenderse en la lógica del profesor Neyra Flores cuando señala que: “el sentido de la oralidad no está dentro de actuaciones con roles escénicos a modo de drama televisivo”. 1 Así, aun cuando el proceso penal haya retornado a la manera natural de solucionar los conflictos, es decir, “la oralidad”, los actores deben entender que tanto su pretensión como la de otras partes o intervinientes será admisible en cuanto sea convincente, y ese convencimiento, independientemente de la presentación retórica del discurso, se logra mediante la adecuada composición y descomposición lógica de argumentos, que le ofrezcan al juez la posibilidad de asumir como propia aquella tesis que le resulte más razonable.
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EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL COMO PARTE EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
  • Óscar Hernández Mateos
El presente libro ofrece al lector un estudio sobre la importancia que tiene el nuevo modelo de justicia a implementarse en todo el territorio nacional para el año 2016, Durante los últimos años el Poder Legislativo, organizaciones sociales y especialistas comenzaron a debatir sobre los mecanismos para modernizar el Sistema de Justicia Penal en México, razón por la cual nuestro sistema de justicia se encuentra en la transición de un sistema inquisitivo a uno oral. El análisis parte desde una reseña histórica hasta un análisis esquematizado mediante el cual se muestran las innovaciones que pretenden darle a nuestro sistema de justicia penal con la reforma constitucional del año 2008, tomando en cuenta el aspecto procesal y el de las instituciones, ya que el análisis de las partes que intervienen en un proceso penal es una tarea necesaria para el debido desarrollo de la ciencia jurídica. El estudio que aquí se elabora es muy oportuno, pues se centra en las facultades y la función que tendrá en este nuevo sistema de justicia (los juicios orales), el Ministerio Público Federal, con la finalidad de que la sociedad tenga una mejor idea de lo que representa esta figura dentro de cada una de las etapas del proceso. Por ello el autor busca con esta lectura crear una conexión del estado con sus gobernantes con el objeto de que se tenga una perspectiva más amplia sobre una reforma no solo en materia penal sino de una que transformará el sistema de justicia.
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CADENA DE CUSTODIA Y METODOLOGÍA APLICADA AL LUGAR DEL HALLAZGO O DE LOS HECHOS
  • Jorge Alberto Moreno Salas
En la investigación de un probable hecho delictivo, el elemento material es la parte medular, ya que nos provee del conocimiento de lo ocurrido de manera objetiva y contundente, por eso la Criminalística ha ocupado un primer plano como herramienta científica en la investigación. Esta proporciona los métodos y técnicas adecuadas para llevar a cabo el estudio de todos los elementos técnicos que se tengan durante el procedimiento penal. Estos elementos se dan a partir de los indicios, que finalmente se convertirán en elementos probatorios. Es por esto que los indicios requieren de un cuidado particular durante todo el procedimiento, pues se debe de eliminar cualquier duda con respecto a su preservación y garantizar que son todos los que se encontraron en el lugar del hecho o hallazgo o en una puesta a disposición y que no se han alterado. Lo anterior lo logramos gracias a la Cadena de Custodia, la cual ha sido empleada desde los inicios de la Criminalística para autentificar el manejo de los indicios y que las conclusiones a que se llegue en cuanto a las circunstancias en que se suscitan los hechos, sean inobjetables.
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DESAFÍOS EN LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
  • Paola Iliana de la Rosa Rodríguez
  • José Daniel Hidalgo Murillo
  • Claudio Meneses Pacheco
  • José Luis Pecina Alcalá
  • Edward C.A. Worrall González
  • Armando Juárez Bribiesca
  • Francisco Javier Anaya Villegas
  • María Elizabeth López Ledesma
  • Miguel Ángel Anaya Ríos
  • José Luis Anaya Ríos
  • Jairo Parra Quijano
Me complace enormemente presentar la obra: DESAFÍOS EN LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, Reflexiones a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la experiencia latinoamericana, resultado de un esfuerzo colectivo de magistrados, funcionarios de varias jurisdicciones del país así como de reconocidos catedráticos e investigadores mexicanos y de Latinoamérica —entre los que se encuentran Chile, Colombia y Costa Rica—, vinculados por su interés en los temas que a la procuración y administración de justicia atañen. Los distinguidos autores anotan y analizan la problemática en torno al fenómeno probatorio y abren la mesa de discusión a varios puntos torales que tienen que ser regulados en nuestra legislación, más específicamente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El libro consta de ocho artículos a través de los cuales los autores presentan discernimientos que tienen como propósito hacer al lector reflexionar sobre la regulación de las instituciones probatorias y en este sentido se plantean temas como: ¿Cómo se regulan las presunciones?, ¿Cuál es la función de los medios de prueba?, ¿De qué forma se garantiza que los objetos presentados en la audiencia de juicio oral son aquéllos encontrados en el lugar de los hechos-hallazgo?, ¿De qué forma afecta el acopio de la prueba a los derechos humanos?, ¿Cómo se desahoga la prueba testimonial en el sistema acusatorio?, ¿Qué valor tiene el informe pericial en la audiencia de debate?, ¿Debe ser aceptada la prueba ilícita en el procedimiento penal?, ¿Qué valor tiene la prueba indiciaria?, por sólo nombrar algunos.
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