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LA ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL (Actualizado al CNPP)
  • Hesbert Benavente Chorres
La etapa intermedia es el momento procesal en donde se define el objeto del juicio oral, sobre la base de una gama de hechos previamente fijados en el auto de vinculación a proceso. La importancia de la citada etapa procesal radica en ser el marco para la postulación de actos procesales como la acusación y en la constitución de sujetos procesales como es el caso del acusador coadyuvante. Así mismo, la etapa intermedia constituye el momento procesal para el control formal y material de la acusación, para el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como, para la celebración de acuerdos probatorios por las partes. Igualmente, es el marco donde el Juez emite el denominado auto de apertura de juicio oral, el cual señala la acusación que se debatirá en la audiencia de juicio oral, así como, el material probatorio a ser desahogado en la referida audiencia. En otras palabras, la etapa intermedia funge como el horizonte para la postulación de actos procesales decisivos para la persecución penal; asimismo se erige como un despacho saneador, al eliminar los vicios que pongan en peligro la validez del futuro juicio oral, así como, el ser el marco en donde se emite la resolución judicial que establece el objeto del debate oral, esto es, el auto de apertura de juicio oral. Su estudio es decisivo en la dinámica del nuevo proceso penal, dado que, y como ejemplo de su importancia, antes de aprender cómo desahogar la prueba en el sistema acusatorio, debemos de conocer cómo ofrecerla, y ello lo encontramos en la etapa intermedia. De igual forma, la temática que se ventila en la citada etapa procesal es más profunda, al tener que abordar figuras tales como: acusación, acusación coadyuvante, contestación de la acusación, audiencia intermedia, control formal y material de la acusación, excepciones, acuerdos probatorios, admisión y exclusión de medios de prueba, sobreseimiento, suspensión del proceso, auto de apertura de juicio oral, entre otras.
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DESARROLLO DE HABILIDADES DE EXPRESIÓN CORPORAL, ORAL Y ESCRITA
  • Miguel Ángel Paredes Ramos
Más que adentrarnos en los conceptos jurídicos, que corresponden a materias especializadas del Derecho, enfoquémonos a la oralidad, cuya práctica se mantiene en varias regiones, especialmente entre algunos grupos indígenas, y también fue aplicada durante muchos años hasta 1931 donde, como se verá, entró en operación el sistema escrito. El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una muy amplia reforma penal en materia de seguridad pública, justicia penal y delincuencia organizada. A decir de expertos juristas y conocedores en los ámbitos de administración y procuración de justicia, se trata de la reforma penal a la que se ha dotado del mayor alcance desde 1917. Mediante dicha propuesta, el poder revisor de la Constitución se pronuncia por la transformación total del sistema de justicia penal, además de que ofrece modificar, sustancialmente, las instituciones y los principios vigentes para presentar el establecimiento de un proceso penal acusatorio. Para el establecimiento del sistema penal acusatorio, dicha reforma da respuesta a la necesidad de que el proceso penal se convierta en un instrumento de protección de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, por lo cual dicho proceso pasa a ser una herramienta que hace posible la vigencia y eficacia de tales prerrogativas.
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NOCIONES DE DERECHO MERCANTIL
  • David Hernández González
  • Brenda Daniela Araujo Castillo
Este libro tiene como objetivo presentar de manera clara y sencilla, los diversos temas que integran el Derecho Mercantil, estando dirigida de manera prioritaria a los estudiantes, no solo de la licenciatura en derecho, sino también de las licenciaturas afines en donde se incluye en el plan de estudios correspondiente dicha materia, así como a los profesores y los profesionistas que buscan una guía que les brinde los elementos básicos del Derecho Mercantil. ??La obra se encuentra sistematizada en diez apartados en donde se desarrollan con un orden lógico los siguientes temas: I. El Derecho Mercantil; II. Actos y sujetos de comercio; III. Sociedades mercantiles; IV. Instrumentos del tráfico mercantil y valuación; V. Obligaciones y contratos mercantiles; VI. Protección al consumidor; VII. Competencia económica; VIII. Arbitraje; IX. Correduría pública y Registro Público de Comercio, y X, La doctrina jurídica mercantilista en nuestros días. Cada uno de estos temas abarca la explicación de diferentes aspectos considerados sustanciales en el Derecho Mercantil, además de incluir temas novedosos que los autores consideran tienen un impacto de primer orden en la materia, como es el caso de los temas del dinero y el de la valuación, los cuales generalmente han sido olvidados por la doctrina jurídica mercantil. Adicionalmente, la obra contiene cuatro apéndices que se refieren a una “Guía básica para el estudio del Derecho Mercantil a partir de sus Principales Fuentes Normativas”, así como a los textos de la “Ley Mexicana de Arbitraje en Materia Comercial” (Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio), de la “Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras” y de la “Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional”, para su fácil y rápida consulta. Con todos esos elementos, la presente obra aporta un paso decisivo en la sistematización del Derecho Mercantil en México y aviva la reflexión sobre su estado actual y desarrollo teórico y práctico.
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EL EFECTO HORIZONTAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO
  • Zitlally Flores Fernández
  • Laura Wendy Zazueta Carrillo
El presente trabajo fue desarrollado dentro del proyecto financiado por el programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) de junio de 2013 en la Universidad Juárez del Estado de Durango y tiene como propósito dar cuenta de la incidencia de los derechos fundamentales en las relaciones inter privatos dentro del sistema jurídico mexicano. Debido a que en nuestra tradición constitucional se había defendido la idea de que los derechos fundamentales son únicamente límites a los poderes públicos, la restricción del juicio de amparo en relación con actos de particulares era absoluta, por lo tanto, la jurisprudencia mexicana estableció escasos criterios interpretativos en los que se reconocen los efectos horizontales de los derechos fundamentales. Con las reformas a la Ley de Amparo en abril del 2013, se establece la posibilidad de proteger a las personas frente a actos u omisiones provenientes tanto de los poderes públicos como de particulares, sin embargo, no todos los actos particulares que vulneren los derechos fundamentales se pueden reclamar vía juicio de amparo sino sólo aquellos “equivalentes a los de autoridad” y que estén “determinados por una norma general”.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS: SUS DESAFÍOS PARA EL SIGLO XXI EN MÉXICO
  • Emir López Badillo
El Derecho constitucional mexicano nos ha enseñado que nuestra constitución política es cambiante y adaptable a la realidad del momento que se esté viviendo. Ello se ve reflejado con suma facilidad en los cientos de reformas que ha tenido a lo largo de su existencia; muchas de ellas sólo de forma, aunque otras más han generado cambios sustanciales en las estructuras del Estado. Han sido tantas que llegaremos a sus cien años de existencia con un texto renovado, actualizado y alejado de la versión original promulgada el cinco de febrero de 1917. El sólo hecho de realizar un análisis histórico de estas reformas resulta un tema por demás interesante, ya que permite, entre otras cosas, revisar la evolución que ha tenido con el pasar del tiempo. Sin embargo, no ha sido el propósito de este libro; quienes en él participamos analizamos a nuestra constitución política con una visión del presente y especulamos sobre el futuro. Analizar los alcances de las recientes reformas, ha sido uno de los desafíos que nos hemos planteado al construir esta obra colectiva. Esto explica la razón de ser del título: Constitución política y derechos humanos: sus desafíos para el siglo xxi en México. Mención especial merecen los derechos humanos. No existe democracia, orden jurídico o sistema de gobierno que se pueda explicar sin ellos. La transversalidad que los caracteriza los lleva a estar presentes de manera permanente en todas las estructuras de la sociedad. Tan es así que desde junio de 2011 se dejó en claro que cada acción realizada por el Estado deberá estar pensada en su pleno respeto, garantizando su vigencia y la plenitud de goce en el ejercicio que de ellos hagan las personas. Ello lleva a suponer que el constitucionalismo mexicano del siglo xxi habrá de tener como tema central de protección a los derechos humanos. Así, constitución política y derechos humanos se convierten en dos ejes fundamentales que inspiran las participaciones aquí vertidas para dar como resultado una obra que se suma al abundante debate sobre el constitucionalismo mexicano actual con propuestas serias y de calidad. Cada uno lo ha abordado desde su particular interés: el filosófico, el penal, el acceso a la información, la justicia para adolescentes, la violencia contra las mujeres, la interpretación, la argumentación o los derechos económicos son solo ejemplos de las aportaciones académicas aquí desarrolladas y de la diversidad de temas comprendidos en el estudio de los derechos humanos.
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TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS ¿Derecho uniforme u orden público general?
  • Elba Jiménez Solares
Hoy en día es inquietante el impacto que tienen las normas de derechos humanos en los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales y supranacionales. En ocasiones es preocupante ver cómo estas normas inciden en la concepción, estructura y organización del Estado soberano. La manera de interpretar y aplicarse las normas de derechos humanos, nos está conduciendo a una forma diferente de concebir al Derecho, al Estado y sus instituciones, al igual que al individuo mismo como eje y motor de todo sistema jurídico. El gran desarrollo de los contenidos de las normas de derechos humanos, permea a todo ordenamiento jurídico no importando el orden en el que actúen. Toda conducta del hombre, bien como persona física o como persona jurídica ya está tutelada por una norma de derecho humano. Dicho fenómeno motiva a revisar algunos aspectos o conceptos jurídicos fundamentales, que se creían acabados tales como Estado soberano, Estado de Derecho, las reglas para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, la manera de resolver los conflictos entre ellas, así como la jerarquía normativa establecida por Kelsen, entre otros. Igualmente, el desarrollo y aplicación de las normas de derechos humanos está empujando hacia un proceso de recomposición en las relaciones jurídicas existentes entre los diferentes actores tanto a nivel nacional como supranacional. Es claro que el individuo está teniendo una posición muy relevante tanto en el orden nacional como supranacional, a tal grado que en momentos parece desplazar a los sujetos que hasta hoy consideramos fundamentales para la creación de normas internacionales, como lo son los Estados y las organizaciones internacionales. ¿Necesitamos al Estado para tutelar los derechos humanos de los individuos en el ámbito interno y en el ámbito supranacional? En su defecto, ¿cómo actuar y a través de quién, para exigir la protección y respeto a los derechos humanos de un individuo a quien le han sido violados? O en su momento, ¿quién puede vigilar y garantizar que se realice la reparación del daño ocasionado? ¿Cómo saber si un ordenamiento jurídico tutela más los derechos humanos? ¿Cuál de los ámbitos u ordenamientos jurídicos es mejor? ¿El derecho nacional o el supranacional? Todas estas preocupaciones son cuando encontramos que las normas internacionales de derechos humanos parecen adolecer de eficacia en el orden interno y cuando las normas internas parecen ser menos protectoras de los derechos humanos que las normas supranacionales. En los últimos años se ha ido acuñando, a nivel internacional, un novedoso concepto que es el Orden Público Internacional, mismo que aún no está claramente definido en su contenido por los organismos internacionales. No obstante lo anterior, creemos que es posible identificar su incipiente desarrollo con base en el análisis de los contenidos de las normas de derechos humanos, principalmente, las derivadas de tratados internacionales que pueden interpretarse como la expresión más clara de la voluntad de los Estados de tutelar y regular dichos derechos y pugnar por la uniformidad en su protección, mediante el proceso de armonización entre los diferentes ordenamientos jurídicos existentes: nacionales y supranacionales. En la presente obra se busca exponer la problemática que aún hoy en día parece irreconciliable: entre optar por la supremacía del orden nacional o la supremacía del orden supranacional, y la necesidad del Estado de atender las exigencias en torno al respeto y protección a los derechos humanos ante el abusivo o no, ejercicio del poder soberano, sea cual fuere el orden en el que actuare. Así mismo, pretendemos aportar algunos elementos sobre la necesidad de la existencia del Estado soberano para la protección de los derechos humanos. Creemos que solo bajo la égida del Estado, es posible la defensa de tales derechos. Todo lo anterior, nos obliga a reflexionar sobre cómo armonizar todos estos aspectos: soberanía de los Estados, ejercicio de derechos soberanos y protección del individuo y sus derechos, todo ello para buscar un justo equilibrio en pro del bienestar del ser humano quien es a final de cuentas, a quien debe servir todo orden jurídico y sus instituciones. El objetivo fundamental de la presente obra es destacar algunos de los efectos que tienen el desarrollo de las normas de derechos humanos nacionales y supranacionales en los diferentes ordenamientos, a consecuencia de la armonización entre ellos y su importancia para la construcción del orden público internacional. Todo esto parece empujar hacia la construcción de un Derecho uniforme y universal.
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LA ENTREVISTA Y EL INTERROGATORIO CIENTÍFICO EN EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL
  • Juan Fernando González Porras
La reforma al proceso penal que está operando en nuestro país desde hace algunos años, implicó un cambio cultural de enormes proporciones en nuestra tradición jurídica. Una de las más grandes se relaciona directamente con el papel que cada uno de los operadores e intervinientes ocupa en el proceso. Así, para los fiscales del Ministerio Público su rol implica realizar un esfuerzo de convicción y convencimiento antes los nuevos tribunales. Por otra parte, para los jueces de nuestro país el es desafío emitir un juicio de valor debiendo pronunciarse y explicitar circunstanciadamente cada uno de los supuestos fácticos y argumentaciones jurídicas esgrimidos en estrados por las partes. Esta imposición legal de emitir un juicio de valor adquiere particular importancia en el sistema acusatorio que por sus propias características, impone la tarea de efectuar un detenido análisis del testimonio razonamiento que debe quedar debidamente fundamentado en la sentencia. Así, la justicia se enfrenta a la delicada tarea de emitir un juicio de credibilidad respecto del testimonio. Es aquí, entonces, donde resalta en toda su importancia de las pruebas de certeza jurídica realizadas al testigo o víctima con el propósito de resolver dudas. La experiencia indica que la prueba pericial que analiza el testimonio es un aporte fundamental a la decisión del juez en la medida que provee elementos de convicción que pueden servir de base al pronunciamiento de una sentencia. La participación de los peritos psicólogos, psiquiatras y criminólogos es necesaria para formar convicción. Los procesos judiciales tienen por objeto la búsqueda de la verdad jurídica, en la medida de lo posible, respecto de hechos pasados que podrían revestir características de delito.
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