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DERECHOS HUMANOS Y GLOBALIZACIÓN
  • Alfredo Islas Colín
Con el afán de propiciar una amplia reflexión en torno a la relación existente entre los derechos humanos y la globalización, este libro colectivo se ha organizado en dos secciones. La primera está integrada por los estudios que un grupo de investigadores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha emprendido acerca de los efectos de la globalización en los grupos vulnerables, en especial de aquellos conformados por la población migrante de México. La segunda tiene por objeto analizar los alcances jurídicos de los derechos humanos emergentes en el contexto actual. El primer artículo, de Alfredo Islas Colín y Jesús Manuel Argáez de los Santos, titulado “Efectos de la globalización en los migrantes de la frontera sur de México”, examina las normas jurídicas que determinan los límites y la amplitud de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en México, en contraste con las normas que en este tenor dicta la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, así como de diversos organismos internacionales de los que México es Estado Parte. El segundo artículo, de Margarita Rodríguez Falcón y María de los Ángeles Pérez Villar, titulado “La migración: un análisis a la luz de los estudios de género”, tiene por objeto la puntual reflexión sobre la participación de las mujeres como actores sociales del fenómeno de la migración en América Latina, y el papel preponderante que las mujeres han venido ocupando en este sentido en el ámbito internacional y en el ámbito particular de México. El tercer artículo, de Guillermo Rodríguez Armas, Juan Carlos Guzmán Ríos e Isis Verónica Lara Andrade, titulado “Una mirada al proceso migratorio en Tabasco desde el marco de la globalización”, expone de manera panorámica una serie de nociones conceptuales muy útiles para quienes recién incursionan en este tipo de estudios sobre la migración, según diferentes enfoques y métodos de comprensión de dicho fenómeno; así también, ofrece una tipología de las modalidades y formas que puede adoptar el proceso migratorio, para posteriormente situar las condiciones actuales de la migración en Tabasco. El penúltimo artículo de la primera sección, de Alfredo Islas Colín y Oscar Pérez Baxin, titulado “Vulnerabilidad, derechos humanos y comunidad indígena”, contribuye a la precisión nocional de vulnerabilidad desde la etimología del término hasta los usos sociológicos más amplios de dicho vocablo en tanto constructo teórico, con el fin de explicar la vulnerabilidad de las personas, en sus dimensiones individual y colectiva. El artículo también hace referencia a los recursos o activos que el Estado puede movilizar para afrontar, prevenir o reaccionar ante un riesgo social o natural, en especial de aquellos que padecen las comunidades indígenas de México.
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EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
  • Silverio Rodríguez Carrillo
Esta obra aborda el proceso histórico en torno al principio de autodeterminación de las contribuciones, ello desde su desarrollo en la edad antigua en el orden universal, hasta ubicarnos en la imposición en México, en la época contemporánea, así como la codificación de nuestro derecho fiscal, destacando la necesidad social de los ingresos públicos y la importancia de las contribuciones para obtenerlos. En la obra, de una manera sistemática y clara se realiza un análisis de los elementos que conforman el sistema tributario, desde la perspectiva de las facultades del Estado para exigir su cumplimiento; lo que ayudará al lector a entender la naturaleza de la autodeterminación y el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal de las autoridades hacendarias. Se trata de una compilación teórica de las particularidades de la potestad tributaria del Estado, así como su fin y sus límites, nacidos sustancialmente de los principios constitucionales en la materia, en cuanto a la forma y modo de establecer y hacer efectivas las contribuciones. Asimismo, se abordan las facultades con las que la administración hacendaria cuenta para hacerse de recursos económicos con el fin de sufragar el gasto público, tema controversial en la época que estamos transitando en la actualidad, por lo cual será de gran utilidad para el lector entender de una manera sencilla cuales son dichas facultades y como son utilizadas para comprobar que los contribuyentes cumplan adecuadamente con sus obligaciones, mismas que se explican detalladamente, conforme a los regímenes fiscales establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Respecto a dichas facultades, se realiza un análisis escrupuloso sobre la visita domiciliaria como la principal de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, por lo que esta obra representa un soporte y una guía al correcto actuar de la autoridad hacendaria, sobre ésta y las demás facultades de comprobación fiscal, previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, como son la revisión de gabinete, la revisión de dictámenes, la visita para verificar la expedición de comprobantes fiscales digitales, facultades de rectificación, valuación o verificación y de revisión electrónica, aclarando la naturaleza discrecional de cada una de ellas. Además se incluye la revisión electrónica, como una de las formas novedosas en que las autoridades hacendarias pueden revisar la contabilidad de los contribuyentes en el mundo digital, por lo que, este texto será muy útil para los interesados en la comprensión y defensa de la misma ya que recopila los pronunciamientos respecto a la constitucionalidad de dicha facultad, que hizo la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal. Finalmente, en relación a la defensa legal que tienen al alcance los gobernados frente a las facultades de comprobación reseñadas, la obra refiere la procedencia de los diversos medios de impugnación, a través de los cuales se podría cuestionar no sólo la legalidad de aquéllas, sino incluso su constitucionalidad y convencionalidad, todo ello con base en criterios obligatorios y orientadores establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Plenos de Circuito y Tribunales Colegiados, que dan sentido a los textos legales que rigen el procedimiento de fiscalización en la actualidad, e incluyendo las recientes reformas y adiciones de diversos artículos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
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DERECHO PENAL PARTE GENERAL 2A. ED.
  • Delio Dante López Medrano
Al componer la presente obra he procurado dar cuenta tanto de los antecedentes que dan origen a las instituciones del derecho penal como del estado actual de la teoría. Se ha prescindido de la proliferación de ejemplos para invocar únicamente aquellos que, en su momento, dieron lugar a las posturas teóricas que han trascendido a nuestros días. Una preocupación constante, como se podrá apreciar, consistió en ubicar en el tiempo el origen de las ideas; lo que se indica con el año de su formulación cuando se señala la obra, bien cuando se refiere el autor, sin que se haya omitido indicar fechas biográficas. Esto fue así, pues en nuestro sistema jurídico es tradición presentar a las instituciones como construcciones acabadas, más aún, sin indicar ni las obras ni los autores que dieron pie a las diferentes teorías. Lo que ha contribuido a que se nos presenten teorías antiguas como si fueran nuevas. Espero que el ubicar su génesis ayude a superar este problema de nuestro ámbito. Si algún mérito se puede conceder a este trabajo es precisamente ése. No obstante, también debo señalar a su favor que, en la ahora amplia literatura mexicana, viene a colmar una laguna, lo que lo coloca a medio camino entre las obras especializadas que, desde luego, dan por supuesto el conocimiento de las diferentes teorías que en la actualidad disputan en el derecho penal, y no se ocupan del tema, simplemente toman partido por alguna de ellas, exponiendo sus opiniones a partir de aquella a la que se adhieren; del otro extremo, las que, sin tomar partido, se limitan a exponer las diferentes teorías, dando la apariencia de que las mismas en ningún momento se cruzan. En esta segunda edición que, para mi sorpresa, ve la luz se consideran aquellos cambios normativos que han tenido lugar en nuestro sistema jurídico con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales que, si bien, como su nombre lo indica, es un código adjetivo, incorpora, indebidamente, algunos temas del orden sustantivo. Es incorrecto que trate temas del ámbito sustantivo en virtud de que la reforma constitucional que da fundamento al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el 2 de junio de 2015, concede al Congreso de la Unión, en su artículo 73, fracción XXI, inciso c), la facultad de expedir la “legislación única en materia procedimental penal”, no así en materia sustantiva como hemos indicado. Desde luego, he de agradecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala, particularmente al Programa de Posgrados Internacionales, con especial mención al doctor César Landelino Franco López, pues gracias a los cursos que impartí en dichos programas tuve el tiempo de actualizar este trabajo y así lograr una segunda edición.
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DELITO Y PENA EN LA HISTORIA DE MÉXICO
  • Francisco Botello Romo
  • Guadalupe Leticia García García
La historia de la aplicación de las penas en un país específico, nos da una imagen precisa del contexto social imperante en dicho momento. Las penas siempre reflejarán una sociedad con creencias religiosas acendradas, con un esquema vertical de mando al interior de la familia, en un periodo bélico, con ideas conservadoras, donde, incluso, el homosexualismo puede ser considerado delito además de pecado, etcétera. Al revisar los cambios sociales en México y su influencia en las reformas de sus leyes o costumbres, se abre un mundo fascinante que nos permite analizar el contexto político, económico y social a través de las normas que han pretendido mantener el orden, desde las aplicadas por los Aztecas con un propósito de ejercicio de poder tras la creencia de la cosmogonía de ese Imperio, hasta la imposición de la prisión vitalicia en nuestros días, sin dejar de colocarnos, en la primera mitad del siglo XX, en las ideas positivistas que proponían la esterilización forzada de los “desviados” para “limpiar” la sociedad en una acción preventiva nunca antes vista. Este documento muestra, paso a paso, en la historia antigua y reciente de México, el manejo de las normas penales y la influencia que éstas han recibido de costumbres, tradiciones, situación económica, política y social, dando como resultado la imagen de nuestro país desde todas sus facetas.
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LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DEL POSITIVISMO AL NEOCONSTITUCIONALISMO
  • José Sebastián Gómez Sámano
El Poder Judicial ha modificado sustancialmente su función y su repercusión en el mundo jurídico desde el siglo xviii hasta nuestros días. Cuando inició la revolución francesa hubo un movimiento político para convertir a la función judicial en un poder “nulo”; posteriormente, el Poder Judicial empezó a adquirir relevancia en el derecho al interpretar e integrar la ley, y por último, en nuestros días el juez se ha convertido en el gran artífice de la construcción del derecho. De concebir la función del juez como un ente inanimado, que sólo pronuncia las palabras de la ley (Montesquieu) o el reconstructor del pensamiento del legislador, ahora se ha convertido en el ente encargado de resolver los conflictos entre los poderes de un Estado; instancia para resolver los conflictos internacionales; la última instancia para decidir las controversias morales (aborto, eutanasia, libertad de expresión, etcétera), inclusive como creador de normas para los particulares, a través, entre otros medios, de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. En este trabajo se analizará la función judicial desde el siglo xix hasta nuestros días para advertir cómo ha cambiado la configuración del Poder Judicial, sobre todo a través de la evolución de la interpretación del derecho pretorianamente.
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SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN MÉXICO
  • Azucena Pineda Guillermo
El presente libro toma como punto de partida el cambio del sistema tutelar al actual régimen de transición, a la vista de la reforma constitucional al artículo 18 y la nueva Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, aunado a lineamientos de un esquema acusatorio en este sistema juvenil. La hipótesis principal que nos hemos planteado es si verdaderamente en México contamos con un sistema integral de adolescentes, que garantice todos los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que exige considerar asimismo, como hipótesis accesorias, los siguientes cuestionamientos: ¿cuál es la especialización que requieren los operadores del sistema?, ¿se garantiza el principio del interés superior del niño, como derecho supra-protector?, ¿se garantizan los tópicos procesales en este sistema en los procesos penales?, ¿se cumple con la finalidad de la sanciones socioeducativas de este sistema? Por ello, hemos titulado a este libro Sistema integral de justicia para adolescentes en México, para verificar si, hasta este momento, se ha materializado la génesis de la reforma constitucional al artículo 18, sobre la existencia de un sistema integral de adolescentes, que implica un todo independiente a un régimen de adultos, si se respetan los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal, antes y después de un procedimiento penal y si realmente el carácter socioeducativo de las medidas definitivas cumplen con el objeto para el que fueron creadas por el legislador, así como el sentido literal que precisan los documentos internacionales que contienen derechos humanos en materia de niños, niñas y adolescentes.
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PRINCIPIOS RECTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 2A. ED.
  • Eliceo Muñoz Mena
En los últimos tiempos del mundo contemporáneo, el reclamo de los derechos humanos se ha convertido en un tema toral; su constante violación y laceración en manos del Estado apremian día a día su debido cumplimiento, las personas aclaman su reconocimiento y materialización. Los esfuerzos se suman, por una parte, pero por otra, parece interminable su quebrantamiento; no obstante, hay que insistir y persistir. En tal sentido, a través de esta obra aportamos un grano de arena para la construcción de una nueva cultura en materia de derechos humanos y de sus garantías. Además, a través de este trabajo de investigación se brinda al lector una explicación amplia y detallada, con perspectiva teórica y práctica, de las principales instituciones jurídicas y contenidos; surgidos y que se han ido desarrollando del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio del 2011, abordándose, además, sus principales efectos y alcances de carácter doctrinario y jurisprudencial. Por lo anterior, estudiaremos aspectos relacionados con el cambio en la denominación del capítulo primero, del título primero de nuestra Carta Magna que, con anterioridad a la reforma, se titulaba “De las Garantías Individuales”, y que, en la actualidad, se denomina “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. Respecto a la reforma constitucional que nos ocupa, consideramos que su corazón y motor descansa en el artículo que motiva esta investigación, sin que ello implique, por supuesto, restarle importancia a los demás preceptos constitucionales que fueron reformados e indudablemente refuerzan y consolidan la reforma constitucional en estudio. En el primer párrafo del artículo primero constitucional, por citar a priori, se afirma el reconocimiento de los derechos humanos, ya no el otorgamiento de garantías individuales; se incorpora el concepto de personas, en substitución del término individuo; se establece que la fuente de los derechos humanos no es únicamente la Constitución, deben sumarse los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; expresión en la que se comprenden los tratados internacionales de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos (dentro de los que destacan, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Lo anterior trae aparejada la institución conocida como bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad que conlleva, entonces, la observancia de ordenamientos internaciones, así como la jurisprudencia, sentencias y opiniones consultivas, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su carácter de máximo intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se precisa, además, a las garantías como instrumentos de protección de los derechos humanos en la parte dogmática de la Constitución; al respecto, expondremos las garantías previstas en los numerales 14, párrafos primero y segundo; 16, párrafo primero; 17, párrafos segundo, tercero y quinto, y 20, apartados B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinguiendo los conceptos de garantías individuales, garantías, garantías procesales constitucionales, los derechos fundamentales y los derechos humanos. Se incorpora también, en el párrafo primero del artículo primero constitucional, que los derechos humanos y sus garantías no podrán suspenderse ni restringirse, salvo en los casos y condiciones que la misma Constitución establece; de tal enunciado ha surgido, por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se conoce como parámetro de regularidad de la Constitución y restricción expresa, ésta última derivada de la contradicción de tesis 293/2011, relativo al estudio constitucional del arraigo. En el párrafo segundo, además, apreciamos verdaderas instituciones para la salvaguarda y protección de los derechos humanos, como la interpretación conforme al principio pro persona y el control de convencionalidad de naturaleza difusa ex officio; ésta última institución debidamente consolidada en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del expediente Varios 912/2012, relativo al estudio realizado por nuestro máximo tribunal judicial, del caso Rosenda Radilla Pacheco vs. México. También abordaremos el tenor del parágrafo tercero, la obligación que deben asumir todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se determina el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a los derechos humanos. Instituciones antes descritas que examinaremos ampliamente. En los párrafos subsecuentes se establece la prohibición de la esclavitud y actos de discriminación; apreciamos en este tenor que existen formas modernas de esclavitud y el hecho de que la discriminación por temas relacionados con identidad de género continúa lacerando nuestra sociedad. En tal sentido cobra importancia la Opinión consultiva OC-24/17, sobre identidad de género y no discriminación a parejas del mismo sexo, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2017. En términos generales, los temas antes descritos resultan, a nuestro juicio, los más trascendentes respecto del numeral constitucional en estudio, mismos que abordaremos desde la perspectiva de nuestro derecho interno y del derecho internacional de los derechos humanos. Invitamos, entonces, a disfrutar esta obra que, para su mejor comprensión, se desarrollará mediante la explicación de cada uno de los párrafos y enunciados que conforman el artículo primero constitucional, mediante un desglose de las instituciones en él comprendidas y con apoyo de referencias de índole etimológica, doctrinal, legal y jurisprudencial, para la explicación de estas novedosas instituciones, sin pasar por alto la jurisprudencia de la Corte Interamericana, así como los tratados internacionales aplicables.
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