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El contenido del presente libro constituye una herramienta de trabajo invaluable, tanto para el profesionista dedicado a las labores académicas, como para el postulante o servidor público; presenta temas de actualidad e interés general del quehacer jurídico y judicial, tales como la utilidad de la criminalística en el actual sistema penal acusatorio, la suspensión de derechos políticos del gobernado por estar vinculado a un proceso, análisis del delito de violación equiparada, el procedimiento abreviado y otros. Además, incluye propuestas y planteamientos claros y novedosos, desarrollados con base en investigación teórica, fundamento legal y práctica que el autor como impartidor de justicia nos brinda.

Quizás en lo menos pertinente ahora para escribir estas líneas, tengo la distinción que antes de su partida del mundo terrenal, mi amigo, colega, excelente administrativista y experto en derecho fiscal, don Alejandro Paz López †, hiciera en solicitud a mi persona, para presentar esta obra y, mejor aún, a su ruego, la misma apareciera indeleble en sus páginas; como imborrable también, la huella y buenos recuerdos de vida y praxis profesional que muchas veces nos unieron con ése y otros motivos. Sean mis oraciones en Cristo y con él hasta el destino finito dónde alguna vez arribaremos los mortales, en la consabida dicha celestial en que ya mora Alejandro, en su descanso eterno. En ese contexto, vistos en esta posteridad y la que sobreviene a su partida, sirvan las presentes líneas para presentar esta obra, que sin lugar a dudas es una colección de experiencia profesional, laboral y docente del autor, en sus años como servidor público de las haciendas públicas locales y federales, así como en su rol de jurista y maestro, que, hasta en sus últimos momentos, predicó y nos enseñó, en varios de sus libros, la inagotable fuente de estudio y especialidad que debía revestir el derecho administrativo mexicano en la actualidad. Es precisamente esta obra, en la que página a página, don Alejandro Paz revela que ser técnicos y precisos en el argot del derecho administrativo no es lo básico, sino lo único y toral. Esto es así porque, en la obra, es incansable su intención de dejar en claro que durante muchos años la inveterata consuetudo et opinio iuris seu necessitatis de la reconsideración administrativa evolucionó y mutó, si bien no a otra figura per se, sí a una de cuya intención fue la misma pero con esencia procedimental y teórica distintas, denotando, así, que esa nueva institución en la actualidad debe intitularse y ejercerse como medio de defensa en sede de la autoridad fiscalizadora como revisión administrativa. De ahí el título de la obra. Realizó un viaje al pasado, de 1929 a 1995, para actualizarla a nuestros días, bajo una nueva concepción de la figura: “de la reconsideración a la revisión administrativa”. Una intención que los operadores y protagonistas del derecho administrativo y fiscal debemos cultivar y acoger en aras de llamar a las cosas por su nombre —como él dijo—, y, con ello, lograr un recurso de impugnación más efectivo, propio y técnico, como el autor lo expone y pretende. Esta obra permitirá que el lector diferencie sendas instituciones y le dará —como al suscrito— una mayor óptica de defensa y más elementos para seguir provocando una verdadera actio mutatis mutandis, como la que nos deja el maestro Paz, quizás para, en un futuro, dotarla de un recurso que permita el acceso a una adecuada defensa y a la tutela judicial efectiva a la que aspiran los gobernados en actos vejatorios de sus derechos fundamentales y humanos cometidos por autoridades administrativas. Ésa era la intención a la postre del autor, empero, hoy nos toca secundarla a los abogados interesados o, cuando menos, fomentarla para su loable consecución: ya en la práctica, en la difusión o la lectura verbi gratia de esta obra.

En esta obra se ha escrito lo que tenía que decirse: es inconcebible que, a casi treinta años de la reforma que atinadamente sustituyó el criterio rector de la peligrosidad por el de culpabilidad para realizar juicios punitivos, los operadores jurídicos aún estén confundidos y desinformados. Sin duda, la falta de una dogmática bien estructurada con la epistemología integral, que concierne a la individualización judicial de las sanciones, ha influido en una praxis errónea, soportada en prejuicios especulativos que conducen a actuaciones instintivas y no racionalizadas, en detrimento de una justicia democrática. Qué mejor que un miembro de la judicatura para exponer las sin razones de una importante actuación jurisdiccional y para alentar a todos los operadores de la materia —abogados defensores y fiscales— a instruirse y a contribuir en una elaboración dogmática del subsistema de individualización de las consecuencias jurídicas del delito, para lograr una mejor hermenéutica en la práctica judicial, con lo que se rectifiquen conceptos y se impongan sanciones justas y congruentes en beneficio de los justiciables y del Estado de derecho, pues lo contrario ha motivado al legislador a generar derecho actuarial. En esta tarea es fundamental, además del conocimiento del derecho penal, en específico, de la teoría del injusto y de la culpabilidad, la episteme de otras ramas como la política criminal, la criminología y la penología, así como la teoría de los derechos humanos. El tema que se aborda no es una cuestión baladí, como se le ha subestimado. Existe un gran peligro de deshumanizar el hecho delictivo, al cosificar la conducta por el mero acto, y el riesgo, además, de desproveer de cientificidad a la individualización de sanciones.

La presente obra, busca trasmitir los derechos fundamentales y humanos que posee un mexicano, por medio de la constitución, que es nuestra ley primaria. Este derecho ha sido difundido por los medios masivos de comunicación de una forma diferente. Es cierto que ejercen un derecho, pero necesitamos sentarnos para apreciar si es fundamental, humano o una garantía constitucional. Acá escudriñamos a la constitución y a quien representa el cargo político máximo de este país. El autor originario de H. córdoba, Veracruz. Abogado postulante, ex Servidor Público del Poder Judicial de Veracruz, Académico de la Universidad Veracruzana del Sistema de Enseñanza Abierta, región Córdoba- Orizaba. Invita a esta lectura, para difundir estos derechos.

A. Principio de Alternatividad Los países de Latinoamérica han fracasado, por copiar de otras latitudes, en el tema de los principios, al asumir el proceso penal acusatorio. Uno de los problemas principales ha sido admitir la “negociación” y/o los mecanismos alternativos de solución del conflicto, los mecanismos alternativos de terminación del proceso y/o los procesos de justicia restaurativa es los alcances del principio de alternatividad. No deja de llamar la atención la omisión de este principio en casi todas las Legislaciones Procesales del Continente, incluido México y, sin embargo, llama la atención que México lo haya acogido a nivel constitucional, como principio necesario para darle puerta abierta a dichos mecanismos alternativos y a la misma oralidad del proceso. En efecto, para introducir la justicia alternativa en materia de adolescentes la Constitución Política se reforma en el artículo 18 para que diga, desde el año 2005 que “las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente” y, para abrirlo al proceso penal acusatorio se reforma el párrafo tercero (ahora párrafo quinto) del artículo 17 que a partir del 2008 dispone que “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”. En el año 2019 se vuelve a reformar el artículo 17 constitucional para que, ahora, en el párrafo 17 diga que “siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”. Si acudimos a la Jurisprudencia para conocer cuántas veces se ha utilizado o hecho referencia al principio de alternatividad, nos daremos cuenta que únicamente para referir la Justicia Integral para Adolescentes en dos ocasiones. ¿Por qué ni la Ley (y por ende, el Legislador) y la Jurisprudencia (y por ende, los Ministros y Magistrados Federales, han hecho referencia al principio de alternatividad? ¿Por qué es un tema, casi omiso, en la doctrina y la jurisprudencia en Latinoamérica, a pesar del desarrollo que se ha dado en la implementación de los mecanisos alternativos? Los principios procesales deben asentarse en la Constitución Política. De hecho, considero que el artículo 17 es, en definitiva, el artículo mas propio para comprender, para el proceso en todos sus ámbitos, los principios procesales que -valga la redundancia- deben seguir el proceso y los procesos mismos. De hecho, desde la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 nos hicimos la pregunta de “¿cómo conciliar las disposiciones del artículo 17, primer párrafo, con el 17 en su entonces tercer párrafo que permitía un proceso prohibido entre partes?” “¿cómo entender la autocomposición en la negativa constitucional de la heterocomposición”? En definitiva, ¿cómo comprender los mecanismos alternativos, las formas de justicia alternativa, desde el primer párrafo del 17 constitucional que reza “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”?. ¿Cómo, ante el según párrafo que dice que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla?”. El principio rector del proceso acusatorio es el principio de alternatividad. No deja de sonar, en mis oídos, un segundo principio rector que es el acusatorio. Me gustará luego analizar este principio, en particular, porque lo acusatorio nos introduce en el tema central del proceso que es el derecho penal sustantivo. Desde el proceso se acusa un hecho que desde el derecho penal resulta un hecho delictivo. Por eso, no logro despejar el principio acusatorio del proceso y/o del derecho. Esto me ha llevado a sostener que la dogmática penal es proceso, mejor aún, que la dogmática debe llamarse pragmática y que, como tal, es derecho adjetivo no sustantivo. Tres conceptos “nuevos” imperan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de su reforma del 18 de junio del 2008. En primer lugar, la capacidad de la persona de “resolver” sus controversias (Cfr: art. 17); en segundo lugar, la reinserción social como objeto de la penalización de conductas; es decir, un hombre y un proceso que cree en el hombre y su capacidad de “resocializar”. (Cfr: art. 18); en tercer lugar, una persona –víctima, ofendido, imputado- con derechos que deben ser protegidos. (Cfr: art, 20). A este planteamiento se suma el principio pro persona. (Cfr: art. 1) Esto significa que no es la ley sino la persona la fuente del derecho y que es la persona y no la ley –ni siquiera las leyes internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos-, las que imperan para el reconocimiento, protección e interpretación de esos derechos humanos. La justicia alternativa no puede ser supremacía de la autonomía personal –autotutela-; ni determinación individual de la propia moralidad –autodeterminación-, sino que, igualmente, son formas de heterocomposición encaminadas a la consecución de un bien común en el consenso de intereses particulares, donde el propio Estado y, consecuentemente, la realidad social de la persona humana no pueden ser ajenos. Por eso, cuando enfrentamos la justicia alternativa al proceso constitucional mexicano encontramos, por un lado, el principio de proporcionalidad: “toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (Cfr: art. 22 Constitucional); por otro, que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho” (Cfr: art. 17), por lo que, “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial” (Cfr: art. 17).

Es común que nuestros tribunales confundan la generalidad de los principios y, por ende, al considerar la publicidad, lo hagan con los demás principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y que, de hecho, introduzcan —por lo menos algunos— el de oralidad —al que algunos pocos consideran un principio— y, por lo tanto, resuelvan sin precisar el interés procesal de cada uno de estos. ¿Cuál es la razón de la publicidad? Aunque, como se verá, algunos ofrecen una respuesta ética, la única razón de la publicidad es la oralidad. Si la oralidad es un sistema procesal —como he sostenido, de igual manera—, es una técnica de litigio, no es tal si las partes se comunican por escrito, sin que el público pueda enterarse de lo que ocurre en estrados judiciales. Por el contrario, para que el público se entere, las partes deben publicar la prueba utilizando la voz y, en ausencia de ella, la lectura de documentos, la exhibición de fotografías, la reproducción de videos, etcétera. Esta realidad, es decir, enterarnos, es lo que une la publicidad con la oralidad.

Nacida a principios del siglo XX, doña Juana fue la menor de doce hermanos. Ella vio morir a sus bisabuelos, a sus abuelos (los padres de sus padres); poco a poco a sus hermanos, a los esposas y esposas de sus hermanos, a sus primos y primas y a algunos de sus tíos y tías. Luego se quedó rodeada de sus hijos y de los padres de las esposas o esposos de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Aún en el siglo XXI ella pudo lotificar la vieja hacienda de sus abuelos para repartirla en partes iguales entre sus hijos e hijas de modo que cada uno pudiera construir su propia casa para sus nietos, dejando la vieja casa como museo de aquella gran familia. Es interesante cómo la libertad personal se pierde con la muerte y, con la muerte, tarde o temprano, a todos alcanza una realidad. Se pierde la vida, pero nunca los derechos. Por eso doña Juana, con 99 años y empezando el siglo, pudo repartir y dejar el derecho de sus bienes ––que heredó de sus padres y de sus abuelos–– a sus hijos y nietos. El hecho de que todas las personas vivimos muchos años; el hecho de que, durante esos muchos o pocos años que vivimos producimos cosas, construimos empresas, dejamos una familia con hijos y nietos; el hecho de que todos y cada uno hemos de morir, nos exige pensar el Derecho, estudiar el Derecho y ofrecer una respuesta al Derecho que protege nuestros derechos durante la vida y las relaciones con otros y permanece con la muerte, después de la muerte y a lo largo de la muerte de muchos. Gisela nació de parto natural cuando su madre empezó a sentir los primeros dolores en el hospital. Cuando nació, se encontró con la mano mojada de un doctor que le dio su primer golpe en la nalga para que empezara a respirar por ella misma. El médico tomó a la niña, cortó el cordón umbilical, la bañó y la entregó llorando por primera vez a su madre. En óptimas circunstancias, todos los niños nacemos con, por lo menos, la compañía de la madre y otro. Es posible nacer sin la ayuda médica o con la ayuda de una partera. Es posible que, en ese momento, sólo esté la madre. También es posible que con la madre esté el médico, una o dos enfermeras, el padre, una tía, una hermana mayor o su esposo. En fin, es posible nacer sólo o muy acompañado. También es posible que una madre de a luz y deje al niño abandonado. Es posible que lo regale a otra mujer que lo haya pedido; que lo deje fuera en el corredor de una casa, que muera como consecuencia del abandono o que la persona que lo recoja sea mejor que la madre que lo abandona. Hoy es muy común que esa criatura humana sea eliminada en el mismo vientre de su madre. Para tranquilizar la conciencia, algunos llaman a este modo, interrupción del embarazo, como si el aborto fuera un cambio de muda o un cambio de planes de viaje. Algunas personas matan a los hijos apenas nacen (infanticidio). El futuro de una persona puede ser muy incierto o claro. Al final, la vida del otro depende de los demás. Pero veamos. Si encontramos un perrito en vez de una niña, es posible que lo dejemos en una jaula, en el patio, encerrado y privado de libertad. De cualquier modo, el perrito sigue siendo perrito. En cambio, Gisela posiblemente se muera en ese estado. Si al perrito se le da agua y carne, sobrevive bebiendo y chupando. Tal vez Gisela igual aprenda a beber, chupar y sobrevivir. El perrito puede pasar toda la vida bebiendo, chupando y enjaulado sin que le pase nada. Gisela, conforme va creciendo, va pensando, va hablando, va expresándose, va analizando la situación, va tomando decisiones, va haciendo ejercicio de su libertad conforme va haciendo ejercicio de su inteligencia y de su voluntad. El perrito puede ir conociendo a todos los de la casa y puede hacerse amigo de todos, sin que comprenda la razón de la amistad. Gisela puede ir conociendo a los demás pero, además, puede no conocer lo que conoce, puede conocer a quién conoce, puede ir distinguiendo a cada uno de los distintos sujetos que va conociendo y tiene la capacidad de comunicarse, especialmente, la capacidad de llegar a hablar. Posiblemente, el perrito juegue con lo que encuentre. Gisela, al igual que el perrito, puede ir jugando con lo que encuentre pero, a la vez, Gisela construye, crea, produce y empieza, sin proponérselo, a utilizar los objetos, crear de un objeto otro, aprender el lenguaje, las señas, expresarse, comunicarse, hablar, pedir y hasta abrir la jaula, salirse de la misma, caminar e irse del lugar. Posiblemente Gisela no encuentre dentro de la jaula la mejor educación, el mejor lenguaje, las mejores formas de comunicación y, posiblemente, no llegue a ser una persona culta, conocedora de la historia, del mundo, del universo. Pero cualquiera que llegue a conocer a Gisela y al perrito un año después podrá comprender la diferencia entre libertad y Derecho y la necesidad del Derecho desde el ejercicio de la libertad, cosa que nunca hará el perrito. Tal vez no podamos decir qué derechos tiene Gisela o que a Gisela se le han denegado sus derechos. Pero es claro que Gisela expresa, desde esa jaula, su inteligencia, su voluntad, su libertad, su capacidad de razonar su situación, su raciocinio, su entender y entenderse y su comprender. De hecho, el perrito puede expresar cariño, atención y relaciones, mientras que Gisela puede expresar amor. No podemos experimentar con un ser humano. Pero sometido el humano al mismo trato de un animal, es una realidad que con el tiempo el animal y el humano procederán de modo distinto porque son naturalmente distintos.