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Los temas de transparencia y corrupción sugieren especial atención con respecto a la necesidad social de una buena gobernabilidad; sin embargo, estos conceptos pueden utilizarse como justificadores de una dinámica neoliberal globalizadora que pretende controlar los capitales que se obtienen a causa de las dinámicas económicas alternas, es decir, aquellas que no son fiscalizadas por la legalidad, y que en la mayoría de los casos representan un ejercicio del poder económico por encima de la obtención lícita de recursos. Así, el ingreso ilícito de capital permite la intervención de organizaciones delictivas en las esferas gubernamentales, dirigiendo las políticas públicas a los intereses de unos cuantos para mantener su hegemonía económica. Manuel Castells indica que “la globalización del crimen organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en nuestros países, con efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.” En ese sentido, también la corrupción se convierte en un constructo ideológico que permite calificar a los países como “democracias” o “dictaduras”, es decir, aquellos que sigan las políticas internacionales anticorrupción y las materialicen en sus legislaciones locales serán dignos del reconocimiento de la comunidad internacional, en cambio, aquellos que se rehúsen a hacerlo serán susceptibles de ser bloqueados política y económicamente.

La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo a nivel mundial, además de ser una violación grave a los derechos humanos “se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un boletín de prensa dirigido a todos los países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, en los que está incluido nuestro país. Al respecto, la esencia del documento dice: “existen importantes brechas y deficiencias en la legislación nacional y en los sistemas de prevención, a menudo combinadas con la tolerancia a dicha violencia, exacerbadas por la falta de datos fiables y desagregados, la ausencia de evaluaciones adecuadas de los riesgos”, es decir, la violencia, la falta de confiabilidad en los diagnósticos, así como las correctas evaluaciones, afectan la adecuada construcción de políticas públicas de prevención con perspectiva de género. En la actualidad, cada vez más países utilizan las políticas públicas con perspectiva de género, lo que puede ser causado por la alerta de género que hay en Latinoamérica, “donde el número de feminicidios es alarmante. Tal es el caso de Argentina, donde cada 30 horas asesinan a una mujer por su género, o México, [donde] siete mujeres son asesinadas cada día”,3 razones por las que diferentes organizaciones de la sociedad convocaron a un paro internacional el día 8 de marzo, en el marco del día internacional de la mujer. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. constitucional, establece un postulado que se refiere a la igualdad del varón y la mujer ante la ley; igualmente, el objetivo 5 de la Agenda 2030 busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; sin embargo, aunque el incorporar términos de esta naturaleza fue un gran avance, es un proceso que no se ha materializado totalmente en todos los ámbitos de la vida, como la equidad, la justicia y la eliminación de la discriminación, elementos necesarios en la construcción del camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres.

Una vez implementado el Sistema Penal Acusatorio y en el marco de la consolidación del mismo que exigió un cambio de 360 grados en la forma de procurar justicia, esto es, un actuar más profesional y transparente alejado de las prácticas obscuras y discrecionales del Sistema Penal Inquisitorial. Al cambiar el paradigma, la forma de visualizar a los policías de investigación y la manera de pensar y entender una procuración de justicia adversarial, con reglas más justas e igualitarias para todas las partes que intervienen en el procedimiento penal. En el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, la policía de investigación se convierte en un actor fundamental, al ser el encargado de materializar la investigación penal, a través de la ejecución de los diversos actos de investigación, con y sin control judicial, que establece el código procedimental en la materia. El policía de investigación será el encargado de la búsqueda de todos los datos de prueba que se requieran de acuerdo al tipo penal investigado, para que la fiscalía solicite la vinculación a proceso, la acusación y, en su momento, debatir sobre una sentencia y reparación del daño causado por las personas que cometan delitos. La presente obra establece el nuevo y aumentado bagaje de actividades que desarrolla un policía de investigación, la manera de coordinarse e integrar el equipo de la trilogía de investigación e indica la metodología para planear las acciones que se requieran materializar en el marco de una investigación penal, además de, los documentos que tendrán que elaborarse para registrar todas las actuaciones durante el proceso de investigación, todos de conformidad con lo establecido en la normativa integral que rige la materia. La forma de actuar de un policía de investigación comprende un amplio espectro de normas y lineamientos de diversas materias, que no deben reducirse a la manera tradicional de fundamentar su actuar únicamente en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser reformado éste en el 2008, el policía se convierte en un iniciador y materializador de la investigación, bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de esta función. Toda la certeza jurídica que se debe observar al materializar estos actos de investigación aplica a los policías que las realizan, es decir, el debido proceso inicia con las actividades del policía de investigación. Es importante hacer un paréntesis para precisar que, la policía en México ha tenido que pasar por varias etapas en donde, muchas veces, fue rehén de intereses políticos y de presiones internacionales en la búsqueda de erradicar la corrupción, y como consecuencia, reducida a su mínima expresión, produciendo un efecto perverso, no sólo de descredito sino como se observa actualmente, de una total falta de respeto de la ciudadanía: una ausencia total de autoridad, más aún por el miedo de la policía a actuar dado a la desinformación acerca de sus facultades. Como lo menciona Alejandro Desfassiaux en su obra Cómo poner un alto a la inseguridad en México, la policía en México sufrió un relajamiento, ocasionado por los controles y limitaciones a las actividades policiales, así como al abandono en el uso de protocolos, lo cual, dejó a la policía rezagada en las labores de investigación y el combate a la delincuencia. Todo esto ocasionó que las estructuras de mando de las policías fueran depuradas de los policías de carrera para ser sustituidos por civiles, bien intencionados, pero sin ningún conocimiento del fenómeno delincuencial y de las policías.

Durante décadas los estudiantes de la carrera de Derecho han aprendido de los libros ricos en doctrina como, Cipriano Gómez Lara, José Ovalle Fabela, etcétera, pero lo que nos ha hecho aprender a escribir son aquellos libros que se refieren a la práctica forense en diversas materias como los de, Carlos Arrellano García (QEPD), José Contreras Vaca, libros que son elementales en la vida del estudiante y más aún en la vida del abogado postulante. A partir de la reforma del año 2008, en la cual se implementaron los Juicios Orales en nuestro país, somos emigrantes a un nuevo sistema pues nuestra práctica como abogados era escrito. Actualmente en diversas materias en donde prevalece la oralidad, —claro está que estos últimos vienen a ser un sistema mixto, ya que el escrito inicial de demanda es escrito—, la contestación de la demanda, así como la reconvención y el oponer defensas y excepciones, pero las audiencias desde la preliminar o junta anticipada, como la audiencia de juicio, son preponderantemente orales. La finalidad de la presente obra, Práctica Forense de Derecho Procesal Familiar, es que no sólo los estudiantes, sino también el abogado postulante pueda allegarse del conocimiento de qué clases de juicios se llevan en juzgados de proceso oral familiar, por medio de diversos modelos que se contemplan en la obra ya citada, y poder comprender la forma de instar ante los nuevos Juzgados de Oralidad Familiar. De igual forma se analizará las diversas autoridades que intervienen en los Procesos Orales Familiares, dándonos una gama del conocimiento de la importancia que tienen los órganos de la administración pública y poder comprender las facultades y atribuciones que tienen estos, y la ayuda que brindan al gobernado para poder solucionar sus conflictos ante la autoridad judicial.

A siete años de la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, tenemos un código único de derecho procesal penal en nuestro país. Antes de la puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema procesal penal de México, como sabemos, era de corte inquisitivo. No era raro que tiempo atrás en las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas, hoy fiscalías, el ministerio público, con tal de justificar en muchas ocasiones su trabajo, detuviera a la persona que le pareciera sospechosa, mientras que a la defensa le correspondía comprobar el dicho del imputado. A veces se terminaba por sobreseer la causa o, bien, dictar un acta ministerial de archivo temporal y esperar la recopilación de más aportes de prueba para poder proseguir la acción penal. Hoy, en México se han ido erradicando lenta y paulatinamente aquellas prácticas que en el pasado era común efectuarlas. En la presente obra el lector encontrará fundamentos procesales conforme a nuestro nuevo sistema de justicia penal que el autor estudia desde la vertiente no sólo teórica sino también práctica, puesto que contiene el análisis de las normas procesales vigentes conforme a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y a nuestra norma suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de instrumentos internacionales aplicables a la materia o tema que se aborda en el texto. El libro está dirigido al gremio de la abogacía que desde sus diferentes trincheras ejercen esta noble profesión, desde los que empiezan al estudio del sistema, es decir, estudiantes, hasta los que la practicamos en fiscalías, juzgados, tribunales, etcétera, así como a todo servidor público que labora en las diversas áreas de trabajo y tienen a bien dignificar la aplicación de justicia con la aplicación de los tópicos que hoy nos ofrece nuestro nuevo sistema procesal penal. Por último, el autor no deja de hacer un llamado para que la eficacia de nuestro sistema sea integral para que tanto en la audiencia como en la confección de los libelos de las causas penales puestas en conocimiento de los diversos funcionarios judiciales, se tenga presente su desahogo y su elaboración respectivamente conforme a los paradigmas pregonados por las actuales normas procesales tanto de derecho nacional como internacional y, de esta manera, se encaminen a una verdadera justicia pronta, expedita e imparcial, encauzada hacia el respeto y la promoción de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano.

La finalidad del presente texto es ser una herramienta de apoyo a los estudiantes del “Primer Curso de Derecho Civil” de la Licenciatura en Derecho, por ello no aspira —de ninguna forma— a ser el sustituto de la consulta de obras fundamentales de la enseñanza del derecho civil. El presente Manual tiene su origen en los apuntes y en las consultas que he realizado a lo largo de mi labor como docente en diversas universidades públicas y privadas —en particular en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México—, tanto en la Ciudad de México como en los estados de México y Puebla. Los apuntes sobre los cuales he apoyado mi labor educativa tienen, a su vez, como soporte toral, las obras emblemáticas en la formación de los estudiantes en el campo del derecho civil, como el Compendio de derecho civil de Rojina Villegas, el Derecho civil de Galindo Garfías, la parte general de Derecho civil de Domínguez Martínez, el Derecho civil de Ortiz Urquidi o la Introducción al derecho civil y personas de Fausto Rico, así como las diversas obras de Gutiérrez y González, principalmente; por ello esta obra sólo sirve como un punto de referencia al estudiante de derecho, pues para buscar un conocimiento profundo es menester consultar las grandes obras ya citadas, así como los clásicos del derecho civil. El Manual se divide en tres grandes partes: la primera denominada “Teoría de la Ley” en la cual se hace un breve análisis de los primeros veintiún artículos del Código Civil para la Ciudad de México; la segunda parte versa sobre la “Persona” y, finalmente, la tercera sección se aboca al estudio del “Derecho de Familia”. Se debe resaltar que al elaborarse el presente Manual se trató de relacionar los temas desarrollados con la legislación del estado de Puebla, esto en razón a que, actualmente, y desde hace ya casi cuatro años, mi labor docente la realizo en este estado de la república, por lo cual sirva esto como un pequeño reconocimiento a mis estudiantes, coordinadores y demás personas en el estado de Puebla que han contribuido para que esta obra sea una realidad.