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México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en el año de 1990 y el doce de diciembre del año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 18 constitucional, mediante el cual se reformó el párrafo cuarto y se adicionaron los párrafos quinto y sexto, que dio lugar a que se recorrieran en su orden los últimos dos párrafos del artículo citado; asimismo, formal y materialmente se ha integrado un sistema integral de justicia para adolescentes en México, de forma diferenciada a los adultos que cometen delitos; mismo que es aplicable a quienes tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad y se les atribuya una conducta tipificada como delito en las leyes penales. Este cambio constitucional constituye una posibilidad de juzgar a los adolescentes dentro de estos rangos de edad; su responsabilidad penal con un procedimiento formalmente penal de corte acusatorio y materialmente socioeducativo. Lo que me motivó a escribir este libro sobre Justicia juvenil mexicana, es el hecho de que toda persona que quiera conocer el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en conflicto con la ley penal, cuente con ideas claras de lo que debe aprenderse acerca del mismo, porque, en realidad, trata de un sistema diferenciado al aplicable a personas adultas que cometen delitos. Por lo cual, es importante conocer temas relevantes en la estructura de la obra. Veamos: El sistema de justicia especializado para adolescentes, derivado de Tratados Internacionales y de nuestro derecho interno, respeta derechos humanos por su condición de edad, pues los jóvenes entre los rangos de edades antes citadas, pueden ser responsables penalmente con medidas socioeducativas, donde prima básicamente reducir las medidas restrictivas de la libertad, pues ésta debe ser la ultima ratio. Asimismo, en el sistema juvenil mexicano se priorizan los mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de terminación anticipada, a efecto de garantizar el principio de mínima intervención que establece la ley de la materia y en los propios Tratados Internacionales aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal. Atreverme a escribir este libro que exige especialización, ha sido debido a la preocupación constante por comprenderlo estando en la práctica jurisdiccional, cuando interpreto los principios aplicables en esta forma diferente de juzgar a personas vulnerables y que aún, se echa de menos, comprender en los propios operadores del sistema, que el adolescente involucrado no se le debe tratar propiamente como un delincuente; sino, juzgarlos de forma diferente, siempre maximizando principios como el del interés superior del niño, mínima intervención, protección integral, racionalidad, proporcionalidad e idoneidad, al tomar decisiones en diferentes etapas del procedimiento como la inicial, intermedia, juicio oral y la de ejecución que se considera sustancial en el logro de la reintegración social y familiar en el adolescente. Ello, precisando que siempre es viable solucionar el conflicto con los mecanismos establecidos en la ley y obviamente siguiendo los lineamientos que prevé la ley de la materia y el Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria. Una fase de ejecución es que su función principal será siempre educativa para que el adolescente entienda el alcance de su conducta, con la materialización de planes de actividades durante el tiempo que dure su medida de sanción, los cuales serán ejecutados con la ayuda de los diferentes profesionistas especializados de los centros de internamiento, estando en internamiento o en libertad, donde un juez de ejecución tendrá amplias facultades para resolver acerca de la legalidad de los planes de actividades, avances, retrocesos, condiciones de internamiento, traslados y controversias relativas a la duración de la medida de sanción impuesta, su modificación y extinción de la misma. Sin duda, para la plena efectividad de las medidas de sanción en el sistema juvenil siempre será fundamental la participación del Estado, la familia como ente responsable de la educación de los adolescentes y la urgente necesidad de colaboración de la comunidad, sea pública o privada, que sigue haciendo mucha falta. Por supuesto, de forma ecuánime siempre garantizar la reparación del daño como derecho fundamental de las víctimas, al ser un derecho constitucionalmente reconocido y quienes de forma directa e indirecta (ofendidos), se les ha vulnerado un bien jurídico protegido por la norma penal. He aquí que la Justicia juvenil mexicana es un tema relevante, con diversos tópicos, donde se podrá observar un lenguaje sencillo y entendible para toda persona, ya que no sólo constituye una guía de aprendizaje sencilla, sino que en algunos apartados podremos observar algunas experiencias propias de mi función como operadora del sistema juvenil en México; también se presenta un estudio, a la vista de los Lineamientos de la Ley aplicable a la materia como lo es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como disposiciones supletorias del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, entre otras leyes aplicables y criterios doctrinales y jurisprudencia mexicana. En definitiva, espero que esta obra sea una motivación para el aprendizaje de esta nueva forma de juzgar a los adolescentes en conflicto con la ley penal en México y visibilizarse a los mismos, no como delincuentes, sino como sujetos dignos de protección en sus derechos humanos y fundamentales.

La sociedad actual requiere de un cambio profundo y amplio en la cultura jurídica. Este cambio es posible generando espacios educativos institucionales que tiendan a fortalecer los ámbitos de competencia profesional a través de una sólida formación de los hombres y de las mujeres que tienen la alta encomienda de impartir justicia. El mayor reto que se visualiza en el estudio y en la aplicación del derecho es el de transformar los modelos educativos tradicionales de enseñanza que durante años han imperado en nuestra cultura. Formar a los que están encargados de impartir justicia es una responsabilidad compleja que tiene encomendada el Estado; por ello resulta relevante examinar los retos que implica la toma de decisiones en este escenario, para demostrar la pertinencia de proponer un modelo educativo acorde con la realidad concreta que contribuya a consolidar y visualizar en el devenir un perfil de juez garante de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales del Estado de derecho. Hoy, como nunca, se necesita de una reforma integral de la justicia en México. Uno de los pilares fundamentales consiste en lograr la transformación de los poderes judiciales a través de mecanismos que hagan posible el desarrollo profesional en el ámbito de la impartición de justicia. En esta obra se parte de la premisa de que, sin una adecuada formación profesional, difícilmente se puede consolidar un sistema de carrera judicial de corte democrático. Por ende, se estudia y analiza desde una perspectiva dialéctica, el fenómeno de la formación judicial, en el plano normativo; examinándolo, a partir de sus inicios, planteando su desarrollo, las tensiones y las implicaciones del sistema de carrera judicial en el plano de la realidad concreta, en aras de proponer el establecimiento de la Escuela Judicial, de modo que se pueda implementar un nuevo modelo educativo que permita mejorar los actuales procesos de formación en la judicatura, para contribuir al fortalecimiento de la carrera y de la independencia judicial y, desde luego, al desarrollo del constitucionalismo local. Las grandes transformaciones a nuestro sistema jurídico mexicano y la exigencia de justicia como una experiencia viva de nuestra condición humana así lo demanda.

Hablar de la paz es fácil, construirla no. Lograrlo requiere dedicación, empatía, esfuerzo, inteligencia y voluntad, así como un cambio de prioridades en los ámbitos personal, familiar, comunitario y social, haciendo de los derechos humanos el eje rector de nuestras decisiones. Creer en la paz, fomentarla y trabajar por ella no significa vivir sin conflictos, sino afrontarlos positivamente, sin violencia ni amenazas, encontrando la solución de los problemas y llegando a acuerdos, sin que existan vencedores ni vencidos. T odas las ciencias tienen mucho que aportar, pero también las humanidades, las artes y las religiones, permitiéndonos diferentes miradas sobre realidades diversas. La paz en el mundo y en cada país exige instituciones fuertes, pero flexibles, capaces de entender y atender las necesidades de los pueblos, facilitando los cambios que cada época requiere. México no es la excepción, histórica nación, rica en cultura, hoy sumida en la más terrible violencia. ¿Cómo lograr la paz en México? Es la pregunta que autoridades y ciudadanía hacemos por igual. En este libro no encontrarán una respuesta definitiva, pero sí muchas propuestas, basadas en diagnósticos científicos y profundas reflexiones. El doctor Erick Gómez Tagle López, mediante la Iniciativa Nacional Grupo Puebla, en esta obra reúne las aportaciones de artistas, defensores de derechos humanos, universitarios e intelectuales, expresadas de forma amena y sencilla, lo que seguramente usted, como lector, disfrutará.

El juicio de amparo, desde su creación —por su trascendencia en nuestro sistema jurídico—, ha merecido que distinguidos tratadistas de enorme prestigio —como los doctores Ignacio Burgoa Orihuela y Héctor Fix-Zamudio, y el maestro Alfonso Noriega Cantú, por mencionar algunos— aporten obras trascendentales a la doctrina mexicana e internacional sobre el estudio de dicha figura, las cuales constituyen una base doctrinal en el tema; estas obras se pueden calificar como paradigmáticas en el estudio y evolución de esa figura. No obstante las grandes aportaciones que nos han brindado sus obras, en el ámbito jurídico no contamos con un análisis y estudio específico, tanto del derecho probatorio como de la etapa probatoria, en particular sobre el juicio de ampro indirecto. En ese sentido, resulta necesario e imprescindible contar con la aportación de un estudio o análisis doctrinario que aborde el tema relativo a los medios de prueba, así como a la etapa probatoria de dicha figura, debido —entre otros factores— a las dudas, inquietudes e interrogantes surgidas en la práctica forense y la dogmática de la sustanciación de los procesos o juicios de amparo, atentas a la generalidad, vaguedad e imprecisión que permea en las disposiciones legales que regulan esta etapa de dicho proceso, así como a su interpretación y aplicación individualizada. La presente obra tiene el objetivo de analizar los temas que integran la fase probatoria en el juicio de amparo indirecto, con una metodología adecuada, que permita estudiar, en principio, los aspectos generales de las teorías del derecho probatorio, en cuanto a la definición de lo que procesalmente se entiende por prueba, su objeto dentro del proceso, clasificación de los medios probatorios admitidos en el amparo, etapas en las que se divide y por las que deben transitar los medios de prueba en un proceso jurisdiccional y, de manera muy particular, cómo se deben ir presentando y desarrollando dichas etapas dentro del procedimiento de la trascendente figura del amparo. Así, pues, esta obra busca aportar, primero, doctrina sobre la prueba y los medios de prueba en general; y, segundo, aplicar la teoría general de la prueba a la etapa probatoria en el juicio de amparo indirecto, abordando temas específicos como los principios aplicables a los medios de prueba permitidos, plazo y requerimientos para su ofrecimiento, admisión y desahogo conforme a la naturaleza de la litis materia del amparo, buscando aportar más y mejores elementos técnicojurídicos por las partes, de manera que les permitan una mayor eficacia en el objetivo de la etapa, para demostrar y acreditar sus pretensiones frente a la resolución de la controversia que emita el órgano jurisdiccional.

Alegar, según la Real Academia Española (RAE), es traer, citar a favor de una proposición algún hecho, dicho o ejemplo;1 argumentar, según el mismo esquema lexicográfico, es aducir, alegar, dar argumentos, disputar, impugnar una opinión ajena, dotar de demostraciones una historia. Todas estas definiciones y algunas otras más no citadas participan de un principio fundamental consistente en esa pretensión de estudio ordenado, dogmático de reglas y estrategias lógicas (técnicas y tácticas) para el razonamiento metódico e inferencial correcto, que tiene por objeto el convencimiento a través del lenguaje, lo que ha sido considerado un arte desde épocas remotas. El debate procura alcanzar objetivos concretos: convencer, disuadir, persuadir, intimidar y posicionar, mediante un sistema de articulaciones verbales o escritas, congruentes y ordenadas que, a través de la oralidad, no sólo comunican, sino que pretenden un fin y éste es alcanzado en la mente de los escuchas. Desde tiempos remotos, grandes polemistas han sobresalido en la historia por el impacto causado a través del poder de sus argumentos, quienes han hecho cimbrar las más sólidas creencias sociales, culturales y religiosas, arrebatando —en diversos momentos— a la razón su credibilidad, mediante tesis racionales convincentes, destruyendo verdades añejas y dogmas que, hasta ese entonces, eran indiscutibles, y desarrollando nuevos paradigmas dialécticos. Baste recordar a Jesús de Nazaret, quien, según los textos bíblicos, se caracterizó por ser un extraordinario orador, por su elocuencia que iluminaba los conglomerados humanos a través de sus parábolas argumentativas, mismas que siguen siendo motivo de análisis y aprendizaje. Otro significativo ejemplo son los grandes sofistas de los periodos presocrático y helenista, cómo olvidar a los máximos exponentes del convencimiento en la grandeza griega: Gorgias y su Elogio a Helena o la Defensa de Palámédes; Sócrates y los discursos racionales derivados de la mayéutica, presentados por su alumno Platón en Diálogos; o Aristóteles y su obra Retórica; y más adelante, Santo Tomás y las cinco vías causalistas de la Suma teológica. Todos ellos dejaron clara muestra del poder de la argumentación, que, mediante razones suficientes, lograron alcanzar al interlocutor, convirtiéndolo en un elemento de su objetivo. Hoy, en la práctica jurídica, estas teorías —y muchas otras— han retomado vigencia debido a la influencia de la implementación del sistema de justicia con tendencia adversarial, garantista y en el que prima la oralidad, introducida en toda América a principios de siglo XXI. Además, en atención a esta necesidad, se han recuperado todas las teorías dialecto-constructivas del recorrido histórico argumentativo, desarrollando un neoconceptualismo pragmático de la argumentación y, más concretamente, de la argumentación jurídica que, en este modelo, tiene una alta preeminencia en la oralidad.

La jurisprudencia, como parte de la malla curricular de los estudiantes de licenciatura, es poco común; su estudio se deja a los cursos de posgrado. Los tópicos que se relacionan con la jurisprudencia son muchos y poco explorados en la formación académica, sobre todo de pregrado. La pretensión de este texto es convertirse en un libro de referencia. En la primera parte de esta obra, se abordan los diversos significados del término jurisprudencia y se estudian los orígenes de esta figura, desde la antigua Roma, durante la Edad Media y hasta la manera en cómo se configuró un concepto propio en México; asimismo, se analizan los tipos de creación jurisprudencial, así como los órganos encargados de generarla. Para la segunda parte del trabajo, se aborda el enfoque sobre el control constitucional y su relación con la jurisprudencia. El control constitucional es un tema de relevancia y actualidad, debido a los significados que se han dado desde la reforma constitucional de 2011, que reforzó la interpretación jurisdiccional mediante el establecimiento de nuevos postulados, con base en normas de derechos humanos. En ese sentido, la jurisprudencia ha tenido un papel primordial en este cambio paradigmático, al grado de constituirse en la norma interpretativa más importante del sistema judicial.

Si bien es cierto que muchos juristas han escrito sobre el tema del Nuevo Sistema de Justicia Penal de corte Acusatorio y Oral en México, poco se ha dicho sobre los operadores dentro del mismo. Fue mi deseo observar la figura del Asesor Jurídico de la Víctima, ya que al ser un abogado postulante y litigante he observado una serie de desaciertos alrededor de dicha figura jurídica, los cuales pondré de manifiesto dentro del contenido del libro. Más allá de la postura de cualquier jurista o abogado, es mi deseo acercarme a los diversos grupos de abogados, ya sean postulantes o litigantes, principiantes o experimentados, con el único afán de reflexionar sobre esta figura, puesto que forma parte del día a día de toda la comunidad jurista y en particular de los abogados litigantes y, sin ser tan ambicioso de los resultados que se obtengan con esta lectura, la única intención será la reflexión realizada por cada uno de los lectores así como poner de manifiesto el actuar y la importancia del Asesor Jurídico de la Víctima dentro del nuevo sistema de justicia penal en México. Al emitirse la Ley General de Víctimas en el año 2013, al realizarse las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, al contar con un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral y con el Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de las cuales nace la figura del Asesor Jurídico como parte del proceso, es necesario entrar al estudio de esta figura jurídica ya que tendrá una relevancia mayúscula frente al nuevo sistema de justicia penal y es innovadora para el apoyo jurídico a las víctimas u ofendidos.