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LA TEORÍA DEL CASO PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA SANCIÓN PENAL
  • Hesbert Benavente Chorres
Si el barco no obedece al timón, los escollos le impondrán obediencia. Que lamentable es cuando intervenimos en una audiencia como representante procesal y no tenemos la capacidad o experticia de comunicar una petición clara y sencilla, así como sus fundamentos de hecho y de derecho. O bien, no podemos contestar, contradecir o rebatir los argumentos esgrimidos por la contraria. De seguro la manera más sencilla para ocultar nuestras limitaciones sería culpar a un tercero, el juez, el sistema, la autoridad, alguien… menos yo. Ahora bien, este escenario se oscurece aún más cuando nos enfrentamos a tópicos que, si bien no son novísimos, no han sido lo suficientemente estudiados por la comunidad jurídica, como es el caso de la individualización judicial de la sanción penal, la cual el presente ensayo se ha dedicado a comentar. Es decir, nuestra hipótesis es que la selección del fin de la pena determina la teoría del caso que se va a esgrimir en la audiencia regulada en el artículo 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante CN); en donde, dicha teoría consiste en la formulación de los enunciados fácticos, material probatorio y fundamentación jurídica que sustente una determinación-petición, la cual guarda relación con la temática que se puede discutir en la audiencia anteriormente citada. Así, el capítulo primero está dedicado a justificar el porqué una teoría del caso para la individualización judicial de la pena, y si se debe o no mantener una audiencia por separado al debate oral. Asimismo, el capítulo segundo gira en torno al estudio de la teoría del caso en sí, a través de sus dos primeros pasos:a) la identificación del fin de la pena y, b) los enunciados fácticos. En ese sentido, se dejó para el capítulo tercero el examen del siguiente paso, esto es, el material probatorio; asimismo, el capítulo cuarto está dedicado al paso final de la teoría del caso, esto es, la fundamentación jurídica. El capítulo quinto gira en torno al análisis de la audiencia regulada en el artículo 409 del CN. Finalmente, el capítulo sexto está limitado a la teoría del caso de la defensa ex post al dictado de la sentencia. Seguimos expresando nuestra gratitud a la comunidad jurídica del país, a la cual también dedicamos el presente ensayo, con el objetivo de su discusión y mejoría en aras de enriquecer la doctrina nacional en temas procesales.
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EL ABC DEL POLICÍA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO
  • Simitrio Ruiz Martínez
Con la implementación de la reforma constitucional en materia penal de corte acusatorio adversarial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, en el que se transita de un modelo tradicional de corte inquisitivo a uno de corte acusatorio adversarial, fue necesaria la modificación sustancial de 10 artículos de la Constitución Federal, aterrizándose en el artículo 20 la sustancia del nuevo modelo de justicia penal, estableciendo en el citado artículo que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Al efecto, en dicha reforma se estableció en el transitorio segundo un término de ocho años para que todos los estados de la república mexicana adecuaran su marco normativo y transitaran del sistema inquisitivo al sistema procesal penal de corte acusatorio. Sin embargo, con la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Federal del país publicada en el Diario Oficial el 8 de octubre del 2013, se facultó al Congreso de la Unión a legislar en una materia única procedimental penal y con ello se dio origen a lo que hoy actualmente conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014 vigente actualmente en todo el país. El nuevo sistema de justicia penal para su consolidación exige la profesionalización de todos sus operadores, y uno de los más importantes dentro de la implementación y ahora en la fase de consolidación del nuevo sistema de justicia penal lo es sin duda el policía, esto atendiendo al nuevo rol que desempeña en este nuevo modelo de enjuiciamiento penal. El artículo 3o. fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el concepto de policía, aunado también al artículo 132 del mismo ordenamiento procesal, permite conocer las obligaciones de éste en el nuevo sistema de justicia penal, esto atendiendo además que es el policía uno de los principales protagonistas en el procedimiento penal acusatorio. Por ello, afirmamos que es de vital importancia la participación del policía en este nuevo modelo de enjuiciamiento, ya que conjuntamente con los peritos y bajo la dirección del Ministerio Público son los encargados de lograr los fines del artículo 213 del Código Nacional, esto es reunir los indicios suficientes para el esclarecimiento de los hechos, reunir los datos de prueba necesarios para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y reunir los elementos para garantizar eventualmente en sentencia el pago de la reparación del daño. Es tarea primordial de todos los actores lograr la consolidación del nuevo sistema de justicia en el país, para ello es necesario dotar a todos los operadores las herramientas básicas para cumplir a cabalidad las obligaciones que tienen encomendadas y así lograr una eficaz procuración y administración de justicia haciendo efectivos los ideales que establece el artículo 20 apartado A, fracción I de nuestra Constitución, en la que se establece el objeto del proceso penal, que a decir se constriñen en el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Atendiendo a ese compromiso ético y moral de sumar y contribuir a la consolidación y fortalecimiento de nuestro nuevo modelo de justicia penal, el suscrito pone en las manos del apreciable lector un texto dirigido principalmente a los policías, en la que se les pretende dotar de las herramientas mínimas para realizar adecuadamente su función, redactado en un lenguaje sencillo y claro, lejos de vocablos rebuscados o técnicos, en la que puedan encontrar pronto apoyo para realizar a cabalidad y eficiencia su delicada función dentro del nuevo sistema de justicia penal. A lo largo de las páginas que el lector tiene en sus manos, se concentran las experiencias que el autor ha tenido como Agente del Ministerio Público y Defensor Privado y por supuesto también las más de dos mil noventa y dos horas que ha tenido de experiencia como capacitador en diversos cursos de capacitación, la mayoría dirigidos al perfil de policías en el nuevo sistema de justicia penal. Mucho habremos de agradecer si este libro denominado El ABC del policía en el Procedimiento Penal Acusatorio, sea de gran utilidad a nuestros compañeros policías y que su lectura ayude a solventar las dudas y contribuya a eficientar su función en este nuevo modelo de justicia penal, con la seguridad de que si ello se logra estaremos satisfechos con la dignidad del deber cumplido.
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LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
  • Marino Velasco García
Realizar estas líneas para invitar al lector a un trabajo de una calidad jurídica excelsa, resulta complicado, no obstante, lo anteriormente dicho, la presente obra que tienen en sus manos aborda uno de los principales objetivos políticos-criminales del sistema de justicia penal, que es la promoción de los intereses concretos de las personas en situación de víctimas. En el presente libro el lector observará y reflexionará sobre la víctima, quien se ha convertido durante varios siglos en la “gran olvidada” del sistema penal moderno, ocupando un lugar marginal en su desarrollo y regulación. Con todo, esta situación tiende a revertirse principalmente desde la década de los setenta del siglo XX, cuando desde diversas perspectivas teóricas se abogó por un reconocimiento más amplio de los derechos de las víctimas en el funcionamiento del sistema de justicia penal. Así, en la lógica de modificar los sistemas judiciales y por las reformas al sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008, surgió la Ley General de Atención a Víctimas como parte del proyecto de Estado, esta ley pretende y se crea bajo el argumento principal de que las víctimas merecen ser parte de un proceso, y que se les reconozcan y garanticen sus derechos. La obra es muy clara al señalarnos que nuestro derecho positivo, se ha generado a partir de los derechos humanos, teniendo como resultado ordenamientos de carácter nacional (con obligación para todo orden de gobierno), general (de competencia concurrente), federal (sólo para aplicación del orden federal), y local (aplicación única de las entidades federativas); es el caso que en diversidad de ellos podemos encontrar los derechos de las personas en situación de víctima, lo que nos llevaría a estudios interesantes de convencionalidad y constitucionalidad.
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LA DEFENSA PENAL DENTRO DEL SISTEMA ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL EN MÉXICO
  • Eduardo López Lara
  • Edgar Bringas Ocaña
El nuevo Sistema de Justicia Penal en México, ha sido a partir de la reforma constitucional de 2008, un paradigma de alto tratamiento jurídico. Para los juristas dedicados hoy al estudio, y aplicación del derecho procesal penal moderno resultan de gran preeminencia instituciones jurídicas que acoge este sistema. Una de estas instituciones jurídicas es legítimamente la de la defensa en materia penal dentro del sistema acusatorio adversarial y oral en México, de suerte que los literatos nos hemos propuesto a crear una exposición de la génesis, la conceptualización, el sazón normativo que guarda la defensa, sus teorías en que se sustentan y cerramos con el ofrecimiento del perfil idóneo del defensor punitivo ya sea publico o particular. Es como el leedor tiene en sus manos una faena meritoria para concebir cual es la necesidad de actualizarse en el campo del derecho adjetivo contemporáneo, y que a través de los modelos hoy abordados se comprenda que la renovación académica es uno de los elementos vitales para que se eficientice la labor de los defensores con el objeto de cumplir a cabalidad la figura de la defensa adecuada que como derecho humano y garantía constitucional tiene como derecho subjetivo publico el gobernado que se encuentra embrollado en un juicio de carácter criminal. Bajo este contexto anhelamos que esta misión sea de utilidad al gremio en aras de que los justiciables cuenten con una salvaguardia jurídica adecuada.
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CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
  • Juan Raúl López Villa
El libro que tiene en sus manos aborda de una forma práctica y concisa uno de los temas que ha cobrado particular importancia a partir de 2015 en nuestro país, nos referimos al derecho procesal constitucional, mismo que ha consolidado el Sistema de Control Constitucional, tema que sin duda todo estudiante de derecho debe conocer. En ese sentido, el autor aborda el estudio de las Controversias Constitucionales y Acción de Inconstitucionalidad, bajo una perspectiva práctica y con una didáctica jurídica diferente a la tradicional, a través de preguntas y respuestas, vinculando en cada una de ellas, las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas que han sido emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se relacionan y amplían el conocimiento del lector en cada tema abordado. ¿Qué es una controversia constitucional y quién la puede promover?, ¿en qué consiste la acción de inconstitucionalidad y quién puede promoverla?, ¿en qué casos procede la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad?, ¿se pueden impugnar las normas generales en materia electoral?, ¿en qué casos se dará la contradicción entre normas de carácter general expedidas por órganos legislativos estatales y la Constitución Federal?, ¿qué procede en contra de la no conformidad de leyes electorales a la Constitución?, ¿pueden tener efectos retroactivos las declaraciones de invalidez de aquellas resoluciones que deriven de controversias constitucionales? Éstas son algunas de las interrogantes que se pretenden resolver en la presente obra, por lo que más que un libro de texto, es un libro de consulta para abogados postulantes y estudiosos del derecho constitucional y derecho procesal constitucional.
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BASES PARA UN CÓDIGO NACIONAL PENAL APUNTES PARA UNA PARTE GENERAL
  • Rubén Quintino Zepeda
La ciencia jurídico-penal mexicana está por delimitar su objeto de estudio en un solo ordenamiento, es decir, en un Código Penal Único. Se trata de una excelente oportunidad, no sólo para reflexionar respecto de un solo objeto de estudio, sino también para aprender a debatir como auténticos profesionales. Ciertamente será difícil, aunque si fijamos las reglas desde el principio, haremos avanzar la ciencia jurídico-penal mexicana, así para poder internacionalizarla con el tiempo. La primera regla podría ser la siguiente: no hay que considerar nada personal, sólo hay que tener honestidad intelectual. Algunos tal vez perciban lo anterior como falsa modestia, porque ni siquiera hace falta justificarse. De hecho, debo parecer muy pesimista pero soy de los que opinan que el debate es fundamental. Ejemplo, aunque en este trabajo me ocupo de términos excesivamente genéricos, centré mi atención en las consideraciones que al respecto guarda mi querido amigo Miguel Ontiveros Alonso —¿por qué?—, porque precisamente a él concierne la coordinación de las mesas de trabajo en torno al Código Penal Único. Pero ¡atención!, Ontiveros es un profesional, ello le permitirá debatir con quien sea, sin que necesariamente relegue la amistad a un segundo plano, gracias a lo cual, hay ciertos motivos para creer que, en nuestro país, la ciencia penal del futuro sabrá tener fidelidad a su deber. En fin, mi más esperanzado propósito es contribuir con algunas breves reflexiones que, tal vez, puedan ser de utilidad. En 2007 publiqué un trabajo titulado “La impostergable unificación de los códigos penales de la república mexicana”. A diez años Tratándose de definiciones o conceptos legales, hay que centrar la mirada en cada una de sus consecuencias jurídicas. Los lectores podrán percatarse de este cambio de perspectiva, debido a que, tal cual, casi transcribí en su totalidad el documento de 2007, indicando a nota de pie de página los aspectos en que ha cambiado mi manera de pensar. Pues bien, después de mucho meditar y buscarle la vuelta a muchas definiciones de la Parte General del Derecho Penal, los lectores encontrarán una propuesta de la misma en el contenido de esta obra. Lo que escribo es algo tendencioso y lo sé, pero ha llegado el momento de promover el debate al respecto.
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DERECHO ROMANO
  • Francisco Antonio Lembo Rosales
El mundo está dividido en términos de normas de derecho, en grandes sistemas jurídicos de los cuales los más significativos son: el sistema inglés del Common Law, el sistema islámico, el casi extinto sistema socialista y, desde luego, el sistema romanista, al cual pertenece nuestro país; se entiende por sistema a una manera, una forma en que se crea, se aplica y se regula el derecho. Nuestro país sigue la tradición romanista, más que por elección, por razón histórica. El pueblo romano, eminentemente, guerrero y conquistador, extendió su imperio hacia el oriente y hacia el occidente, conquistando grandes extensiones territoriales de Europa y llegando, incluso, hasta España, donde extendió ampliamente sus dominios. Desde luego que el pueblo romano, en los territorios conquistados, estableció e implantó —como todo pueblo dominante—, sus propias leyes, mismas que ya regían a todo el vasto imperio y las que ya contenían, muchas de las instituciones jurídicas que han llegado hasta nuestros días. De esta manera resulta fácil entender cómo llegó a México, a través de España, la tradición jurídica romana, desde luego fue a través de la conquista y las leyes que la Corona estableció en la Nueva España, tales como fueron: las Leyes de indias, Las siete partidas, las Leyes de encomienda, entre muchas otras más, de contenido y tradición eminentemente romanista.
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