BUSCAR LIBRO

Con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 se implementó un sistema penal de corte acusatorio y garantista, que sigue la línea imperante en casi todos los países de América Latina, y el Estado mexicano obligado —en cierta parte— por diversos organismos internacionales, al tener hasta antes de dicha reforma un sistema que los operadores aplicaban con claras violaciones a derechos humanos, como lo era el sistema de corte inquisitivo (también llamado sistema mixto inquisitivo o tradicional) que dejaba al imputado en estado de indefensión y, en la mayoría de los casos, sin reparar el daño a la víctima del delito. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de diversas organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, académicos y profesionales, en cuanto intervinientes del sistema jurídico mexicano para establecer un sistema eminentemente garantista, cuando se propuso la reforma constitucional no se logró desprender figuras características del sistema inquisitivo, que vulnera derechos fundamentales de las partes, como la vinculación a proceso, el arraigo como medio para investigar a una persona y la prisión preventiva de forma oficiosa, que es el tema a desarrollar.

La exposición de resultados que se presenta en las siguientes páginas busca establecer si el Estado mexicano cumple con su función de contar con instituciones policiales profesionales que puedan participar más activamente en la solución de los problemas de inseguridad que aquejan actualmente a los ciudadanos. Esto se plantea en consideración de que a los gobernantes les corresponde buscar en todo momento el desarrollo humano de los policías, su profesionalización y el otorgamiento de condiciones laborales y formativas de calidad que los ayuden a cumplir con sus actividades de manera efectiva. Se establece así para llevarlos a ganarse la confianza de los ciudadanos y convertirlos en un referente social, que coadyuven con el desarrollo del Estado y de los mismos pobladores al proporcionarles seguridad. Esto exige, como se mostrará en su momento, adentrarse en los distintos aspectos que rondan la temática de lo que implica formar una policía altamente profesional, con apego a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

¿Quién o quienes se encuentran facultados para usar la fuerza? ¿Cuándo es legítimo el uso de la fuerza? ¿Cómo ha evolucionado la normatividad sobre el uso de la fuerza en instituciones federales de seguridad pública? ¿Qué normatividad existe sobre el uso de la fuerza en estados y municipios? ¿Qué reformas constitucionales dan origen a la ley nacional del uso de la fuerza? ¿Cuáles son los principios y derechos humanos que fundamentan el uso de la fuerza? ¿Cuáles son las responsabilidades y facultades del primer respondiente en el uso de la fuerza? ¿Qué recomendaciones existen sobre el uso de la fuerza de instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales? El presente libro proporciona respuesta a estas interrogantes, ofreciendo un análisis introductorio sobre el panorama de la estrategia actual en seguridad pública del gobierno de la república, de igual forma esta obra le brindará al lector las herramientas de consulta necesarias para el estudio y comprensión del uso de la fuerza, ya que contiene además de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y el Informe de Policía Homologado, cuya lectura es indispensable para todo aquel que esté interesado en la prevención, investigación y persecución de delitos o sea integrante de cualquier institución de seguridad pública en México.

A lo largo del tiempo, la fotografía, también conocida como la ciencia del pequeño detalle, ha ido evolucionando y desarrollando diversos campos de trabajo; entre ellos se encuentra la fotografía forense. La necesidad que fueron teniendo otras ciencias, y profesionales enfocados en la investigación policial, determinó su enfoque y su intento de preservar la evidencia de las largas investigaciones para lograr no sólo contar una historia, sino también narrar la realidad de lo que había pasado en ese lugar y, mejor aún, de cómo había sucedido. Este interés por parte de los especialistas, como los peritos, llevó a la creación de protocolos así como a una serie de técnicas especializadas para lograr cada detalle, de tal forma que, como las piezas de un rompecabezas, todo coincidiera, para lograr una imagen completa de la realidad. El objetivo del autor de este manual es simple: reunir los elementos que lleven al buen uso y manejo adecuado de dichas técnicas y protocolos, así como la utilización, de la manera correcta, de los conocimientos básicos que todo fotógrafo debe tener y que con pericia sabrá o deberá emplear para objetivar y apoyar a los profesionales involucrados en la investigación. Resaltar la importancia de esta ciencia en las investigaciones es uno de los objetivos centrales para el autor, pues es sólo gracias al uso y el buen manejo de las técnicas lo que logrará evitar una mal fotografía, sobre expuesta, sub expuesta, sin enfoque, que haya imágenes sin nitidez, exactitud o sin valor probatorio. Por esta razón, se deben de aplicar los estándares para que la información trasmitida sea lo que se observó, sólo así se puede asegurar una prueba fiable. Al revisar la literatura existente y proporcionar una vista del presente y del futuro de la ciencia fotográfica, podemos decir que la finalidad de todo especialista en este campo es hacer buena fotografía forense para su admisibilidad. Así, todo fotógrafo forense debe enfocarse en la calidad y técnica como prueba, puesto que sólo por medio de la experiencia y conocimientos el perito en fotografía hará el uso correcto. En este manual aprenderá la utilización de los elementos involucrados. Tendrá detalles relevantes en las imágenes o evitará que dichos detalles se pierdan y compliquen el actuar del profesional para preservar la evidencia en el tiempo.

Las ciencias forenses, en la actualidad, son de suma importancia para el apoyo al esclarecimiento de los hechos delictivos y para los medios de identificación multidisciplinarios que involucran ciencias, métodos, disciplinas y técnicas, pues juegan un papel fundamental que, a su vez, coadyuvan en la investigación criminal. La sociedad, en general, se encuentra en un momento cúspide donde se requiere de especialistas y profesionistas capacitados en técnicas y en investigación criminal por el alto índice de crímenes que se cometen en todo el mundo, no sólo en México. Si el crimen evoluciona, los profesionistas deben encontrar técnicas para el apoyo a la investigación criminal. El presente texto recopila diferentes artículos de investigación realizados por profesionistas en las áreas que, a su vez, brindan información y herramientas además de proponer métodos y técnicas funcionales para la procuración y administración de justicia.

La metodología que actualmente se aplica en la investigación de homicidios presenta deficiencias, por lo que es necesario hacer una revisión profunda de las técnicas y métodos científicos que hoy se emplean e introducir nuevas técnicas y métodos que ayuden a llevar a cabo un trabajo eficaz. No es correcto seguir cometiendo errores en la investigación de los homicidios que en muchos casos favorecen la mediocridad y la impunidad. Esta obra constituye una aportación para lograr la reestructuración de la metodología en la investigación de homicidios; en ella se incorpora una nueva dinámica científica de la criminalística moderna adecuada a los valores, principios y contenidos innovadores de la reforma a nuestra Constitución General en materia de procuración de justicia y seguridad pública, que entró en vigor el miércoles 18 de junio de 2008, en sus artículos 16, 17 y 18, y al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) (Código Único), que adoptan el sistema procesal penal acusatorio. Entre su articulado, en el CNPP se establecen las normas que han de observarse en la investigación; en éstas encontramos grandes transiciones, como el impacto de la prueba científica que se recaba durante el proceso de la investigación, sobre todo frente a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. En esta obra se resaltan los instrumentos científicos, metodológicos y técnicos con los que cuenta la criminalística moderna para auxiliar a los servidores públicos encargados de llevar a cabo este tipo de investigaciones. En efecto, el Ministerio Público y los agentes de la Policía de Investigación tienen la imperiosa necesidad, como obligación constitucional frente al nuevo sistema penal acusatorio, de conducir su investigación ministerial de la mejor forma posible, por lo que la capacitación profesionalización y actualización de su función constitucional es indispensable. En este rubro hay mucho por hacer y, sobre todo, lo que realmente se requiere es concientizar a los investigadores de que deben involucrarse más para manejar las nuevas técnicas de la investigación de homicidios. El desempeño profesional, ético y honesto del científico en el ámbito forense son la base fundamental en la investigación de homicidios. El contenido de esta obra es novedoso; no entra en el vicio o esquema de la investigación criminalística tradicional de reproducir contenidos ya expuestos en otros textos y que no están actualizados conforme a los lineamientos establecidos en el CNPP, por lo que es urgente hacer una revisión de las técnicas científicas modernas con que hoy se realizan estas investigaciones e introducir nuevos mecanismos que permitan que se lleven a cabo adecuadamente. No es sano seguir manteniendo errores que en muchos casos favorecen la mediocridad y la impunidad. La experiencia que el autor ha adquirido a lo largo de 48 años como abogado postulante en el ramo penal y como docente de las materias de Ciencias Penales que se imparten en distintas universidades del país queda insertada en esta obra que abarca todo lo que es la investigación de homicidios y que incluye también los conceptos generales más aplicables, las diligencias elementales que proceden desde el inicio de la investigación ministerial hasta su conclusión, así como las ciencias que apoyan este trabajo. Ciertamente, el Ministerio Público tiene la imperiosa necesidad, como obligación constitucional frente al nuevo milenio, de conducir su investigación ministerial de la mejor forma posible, por lo que la capacitación, profesionalización y actualización de su función constitucional es indispensable. En este sentido, lo que realmente se requiere es concientizar a quienes prestan dichos servicios de que deben involucrarse más para manejar las nuevas técnicas de investigación, aspecto que representa un eco en la sociedad a nivel nacional. Sólo de esa manera se recobrará la confianza y la credibilidad en el servidor público y en el sistema de procuración de justicia.

No se puede ignorar, cuando ahora escribimos la cuarta edición del Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, junto con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (29-12-2014), la Ley Nacional de Ejecución Penal (16-06-2016), la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública (02-01-2009) y la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes (16-06-2016), que aquella es hoy una vieja historia que inicia con el proyecto del presidente Vicente Fox Quesada, cuyo periodo terminó sin esa legislación; continúa con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, que logra la Reforma Constitucional que la impulsa; se implementa con el presidente Enrique Peña Nieto, que logra la unificación de las Legislaciones Procesales, y ahora se acoge por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vuelve a introducir la Secretaría de Seguridad Pública. No es posible implementar un proceso si no se han reformado, de manera coherente, las leyes orgánicas federales y locales del poder judicial, las leyes orgánicas federales y locales del Ministerio Público, que deben contener la legislación para la policía ministerial y la policía técnica y científica o, en su defecto, las respectivas leyes federales y locales para la policía de investigación. De igual manera, es necesario arrasar con la burocracia de órganos técnicos para contar con los necesarios tribunales de apelación de sentencia, tribunales de apelación de autos o tribunales de alzada, tribunales de enjuiciamiento, jueces de control, así como el mínimo de agentes y fiscales del Ministerio Público que, en conjunción con la trilogía de investigación conformada por la policía Ministerial y el cuerpo de peritos, puedan realizar las investigaciones técnicas y científicas necesarias. Once años después es posible decir, en un inicio como hipótesis, pero cuidado que como tesis de fondo, que mientras no se logre la “reforma” —en todos los sentidos posibles del término— de la policía, no es posible reformar el Proceso Penal en México. Es como si todo dependiera de esa institución. Quienes han puesto la vista en el poder judicial —federal o local—, en el Ministerio Público —federal o local—, en el mismo nombramiento del Fiscal General y los fiscales anticorrupción —entre otros—, en la víctima y la asesoría jurídica de la misma, en los centros de mediación y conciliación, etcétera, se han equivocado. La producción positiva o negativa de un proceso depende de la seguridad pública, la impunidad depende de la seguridad pública, la violencia depende de la seguridad pública. Aquí, en esta institución, no hemos podido ponernos de acuerdos ni con las leyes, ni con los manuales, ni con los protocolos, ni con la Jurisprudencia, ni con los que han escrito respecto a este tema. Nos atrevemos a decir que ha sido el tema de más aficionados —diletanti—. Decenas de académicos, juristas, abogados sin experiencia policial han querido decir lo suyo sin sustento y aquellos que se han visto “beneficiados” con la producción de manuales, protocolos y acuerdos ejecutivos han logrado que todos los demás se equivoquen con relación a la policía. Cuando algunos pocos académicos de derecho procesal penal pueden vislumbrar el “expediente virtual” o la “carpeta digital” entre las normas de las leyes estudiadas, las autoridades —ministros de la corte, magistrados de circuito, jueces de distrito, secretarios de gobierno, consejo de la judicatura, procuradores de justicia, fiscales generales, etcétera— ven formatos, machotes, documentos, actas y papeles que llenar; con notable tristeza, los jueces —especialmente los jueces de control— han encontrado seguridad en esos papeles. En once años la oralidad ha perdido espontaneidad, belleza y calidad para convertirse en una ilusión óptica o una sala de audiencias de personas sujetas a sus escritorios, tanto impedidas, como atrofiadas, sin poder utilizar el lenguaje corporal para trasladarse por la sala. La pantalla plasma es un gran distractor que utilizan las partes para arreglarse la corbata o la mascada; la videograbación, el instrumento que graba para luego trascribir los contenidos de la “oralidad” y redactar con esas trascripciones las sentencias; las “negociaciones” a través de los facilitadores para conseguir formas alternativas de solución del conflicto o mecanismos alternativos de terminación del proceso, la oportunidad de funcionarios corruptos para cobrar por el trámite y beneficiarse del favor de los imputados y las víctimas mediante la corrupción económica del sistema. No se entiende el proceso penal acusatorio si no se entiende la libertad personal. La toma de decisiones de vida como objetivo de la sanción renuncia a la privación de libertad como medida cautelar y asume la responsabilidad de educar en libertad, de creer en la libertad y de convertir la libertad en un lugar común para el desarrollo de habilidades a través del trabajo y el servicio a la comunidad. Esto sin ignorar lo difícil que es, para México, resolver los serios problemas de criminalidad aún con una clara política criminal. El Código Nacional de Procedimientos Penales debe leerse en clave constitucional. La reforma constitucional del 2008 señaló las líneas maestras del Sistema de Justicia Penal para México. Sin embargo, no se pueden ignorar las reformas constitucionales del 6 de Junio del 2011 y del 10 de junio del 2011. Bajo esos criterios se entiende que el principio de alternatividad es el principio rector del proceso acusatorio y que la ejecución de la pena y los medios de impugnación son dos etapas importantes del mismo sistema. A su vez, el proceso acusatorio acoge, por mayor garantía, la justicia integral para adolescentes. El proceso acusatorio mexicano nace en y desde la Constitución Política y, por ende, es un modelo propio. No lo entenderán los muchos que tratan de comprenderlo desde el “viejo” sistema. No lo entenderán los que quieren comprenderlo desde otros modelos. No lo entenderán los que lo vienen enseñando desde las técnicas de litigio del sistema de los Estados Unidos de América. No lo entenderán los que no quieren leer la Constitución Política, ni los que ignoran aun los contenidos del Código Nacional, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, la Ley Nacional de Ejecución de las Penas, la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes. El proceso penal en México exige hoy lectura constante y continua. Vale la pena, por México, estar al día para ofrecer respuestas.