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En la cruzada del Homo sapiens por el tiempo, éste se ha encargado de crear no sólo objetos materiales —que dicho sea de paso han facilitado su estancia y evolución en el planeta tierra—, sino, también, definir teorías e ideologías en las que se ha basado para guiar su camino, así como para comprender mejor su espacio temporal. En ese sentido, la humanidad, en su esfuerzo por transmitir los diversos valores y conocimientos desarrollados, ha agrupado su saber en disciplinas que han coadyuvado al desarrollo del sistema social. Desde el siglo VII hasta el VI a. C., fueron los griegos y posteriormente los romanos quienes establecieron las bases del derecho y rigieron sus sociedades en torno a sus conceptos de justicia y legalidad. Después, en el medievo, esos preceptos se perdieron y se dio paso a una sociedad que estableció su sistema de justicia con base en el uso de la fuerza, sin embargo, como bien lo señaló en su debido momento, Rousseau, en su obra clásica El contrato social, “el más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o señor, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber”. En consecuencia, el derecho —en específico el derecho penal—, a partir de la época contemporánea, comenzó una evolución que lo ha llevado a establecerse como una disciplina indispensable para el orden y funcionamiento de cualquier sociedad. En México, a partir de la división de poderes (establecida en la Constitución de 1917), corresponde al Legislativo la creación y/o modificación de las leyes y distintos ordenamientos normativos que rigen la vida de los ciudadanos. Así, pues, en la búsqueda de fortalecer el sistema penal nacional, en 2008 se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue un primer intento por migrar de un sistema mixto inquisitivo a uno acusatorio y oral. Con posterioridad, esta modificación permitió que, en 2016, se estableciera el nuevo sistema penal acusatorio, actualmente vigente. A partir de 2018, con la conformación de la LXIV Legislatura —de la que orgullosamente formo parte—, hemos impulsado diversas iniciativas y reformas con el objetivo de fortalecer nuestro sistema penal, por ejemplo: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, que, a su vez, incluyen la Ley de Registro de Detenciones y la Ley Sobre el Uso de la Fuerza, abordadas en esta publicación con el objetivo de acercar a los lectores al sistema de investigación penal; asimismo, a lo largo de sus capítulos se abordarán conceptos, metodologías y técnicas de investigación, así como aportes científicos que enriquecen el desarrollo del proceso penal mexicano. Finalmente, quiero agradecer a la H. Universidad Analítica Constructivista de México, por su invitación a colaborar en la presente publicación, desde el H. Congreso de la Unión, hago un reconocimiento tanto a su labor como a su compromiso con la sociedad, en específico con el motor de nuestro país: la juventud, actores principales en la construcción de una nación prospera.

El principio de generalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe que el legislador otorgue privilegios o áreas inmunes al pago de tributos. Así, las formas para liberar la obligación de contribuir con el gasto público son totalmente excepcionales y deben evitarse. Al resolver el amparo en revisión 1/2012,1 la Segunda Sala estableció que, en el caso de las exenciones, como forma de liberación a través del cumplimiento de ciertas reglas, requisitos o características previstos en ley, sirven para establecer criterios de justicia social y para satisfacer otras finalidades tuteladas constitucionalmente o derivadas de índole económico, político y social que se consideren de ineludible cumplimiento.

Debo empezar diciendo que el de contradicción —como el de publicidad, inmediación, continuidad y concentración— no es el principio rector del proceso acusatorio; no lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sí lo admite el artículo 4o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, el título de una norma no es norma. Es posible encontrar —en esta tendencia—, al titular los artículos, que no hay relación entre título y contenido normativo. En ese sentido, que el acápite de dicho artículo 4o. mencione “los principios rectores”, no por ello los hace rectores, basta leerlo para dar cuenta de ello. Pero, ¿qué significa esto? Nada es rector cuando todo puede ser rector. La lectura del artículo en estudio permite darse cuenta de la primera verdad que delata este libro, y es que no se menciona qué principios son rectores, puesto que lo puede ser cualquiera, ya que, más allá del título, no se establece ningún principio como rector. ¿Tan importante es el tema? Si A dice que B mató, pero nadie contradice esa afirmación, entonces B mató porque lo dice A. Sólo en cinco ocasiones, el Código Nacional utiliza la palabra contradicción. A pesar de ello, la contradicción es un tema especial para el proceso penal acusatorio o —mejor dicho— para cualquier proceso.

He escrito el libro Argumentar en la oralidad desde la publicidad, inmediación y contradicción con Flores Editor y Distribuidor, con una primera edición en 2012 y la segunda en 2015. En aquella oportunidad hacía falta la jurisprudencia. Hoy, seis años después, aunque no hay buena jurisprudencia relacionada con el principio de inmediación, me propongo utilizar el presente libro para ampliar, comentar, comparar y analizar lo escrito con la nueva jurisprudencia (tesis aisladas y de jurisprudencia) de la décima época, sin tener que escribir una tercera edición (hace 6 años, todas las tesis utilizadas para referir este principio fueron de la novena época). Una idea es importante: es posible sostener que la totalidad de las audiencias celebradas hoy en día han contado con la presencia del juez y/o tribunal. ¿Tan importante es el tema? La inmediación es un tema especial para el proceso penal acusatorio, mejor dicho, para cualquier proceso con audiencias orales. En lo particular, sostengo que la inmediación es muy importante en juicio, pero que también es necesaria en la etapa de investigación. Es, por ende, un principio necesario en Derecho Familiar, Laboral, Mercantil, Civil y, lógicamente, Penal. Hay que recordar que la audiencia ante el juez y el derecho de defensa son, en mi resumen, debido proceso, sin embargo, no ignoro que puede darse una audiencia con juez sin justicia; una audiencia sin juez con solución de conflicto en los mecanismos alternativos de solución de controversias; y algunas pantomimas de audiencia en las que, a pesar de la presencia de uno o tres jueces, no hay decisiones sabias. Hay audiencias ante jueces que no resuelven porque ya tienen redactada la sentencia. Pues bien, la audiencia tiene como objetivo que el juez nos escuche, nos vea y nos comprenda a través del abogado defensor, quien introduce los medios de prueba y los argumentos necesarios para ganar un caso o resolver un conflicto. ¡Qué importante es la audiencia! La realidad es la realidad; si he cometido un delito soy su autor, ¿para qué, entonces, el proceso? Que una persona cometa un delito no la hace delincuente. Por eso me he interesado, en especial, por el tema de la inmediación, esto es, en que el juez nos vea, en que el juez, al salir a la audiencia —a cualquiera de las audiencias— pueda ver al imputado y familiarizarse con él; el juez se familiarizará con el asesor jurídico de la víctima y con las víctimas u ofendidos, con el fiscal del Ministerio Público (y, si los hubiere, con sus asistentes), con el imputado y con su abogado defensor. La audiencia es un encuentro, un debate, un foro, un lugar en el que los conflictos se someten, se zarandean, para arribar a decisiones de solución.

He tenido que decir —y repetir muchas veces— que la oralidad es una simple técnica que, como la escritura, permite ingresar, continuar y producir decisiones en el proceso. No deja de darme pena que algunos ministros, muchos magistrados y casi la mayoría de los jueces, con algunos abogados, den a la oralidad una razón sustancial, no accidental del proceso. En muy poco tiempo hemos construido un “monstruo” procesal al que llamamos oralidad. Para no convertir la oralidad en impunidad es que estoy escribiendo sobre el tema. No puedo mentirles: hay tesis relacionadas con el tema que dan pena. Mucha pena. ¡Vergüenza! Entonces, escribir sobre oralidad resulta propicio para ir profundizando en lo que nuestros Tribunales Federales han comprendido como oralidad, cuáles son sus exigencias, cuáles los errores de apreciación. Aunque “técnica”, hemos dado a la oralidad efectos de derecho humano; hemos producido, por su culpa, nulidades absolutas; hemos inventado modelos de incorporación y desahogo de pruebas —a mi criterio, absurdas— y algunos no saben si decirle “principio”, “valor”, “derecho humano”, “debido proceso”, etcétera. Cuando un artículo se redacta como el numeral 4o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se ha “intitulado” “Características y principios rectores”, es posible que adquiramos una especie de desconfianza. Dice —copiando mal la Constitución Federal— que “el proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”; luego agrega que, además de esos principios, “aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes”. Cuando todo puede ser principio, no hay principio alguno que valga. El derecho procesal penal mexicano es derecho procesal penal constitucional, es decir, es derecho que, en una gran mayoría nace y se desarrolla desde normas y principios constitucionales. Entonces, más que una interpretación procesal, exige una interpretación constitucional. Esto hace que, con los criterios académicos, sea necesario profundizar en las interpretaciones que de la oralidad hace el Pleno del Suprema Corte, la Primera Sala y los Colegiados de Circuito en materia penal. Un trabajo especialmente importante si consideramos que, desde la oralidad, hay un cambio de mentalidad, principalmente, en el desahogo de la prueba en audiencia. Un tema que, hasta hoy, no ha sido fácil en los demás países latinoamericanos y, por supuesto, en México. La oralidad exige llevar al juez los hechos, los imputados, los ofendidos, las víctimas, los instrumentos, los medios, los objetos, etcétera, para que los vean y valoren. Sin embargo, la oralidad mexicana creada por los mismos jueces produce impedimento. Los jueces no quieren ver, oír, sentir, oler…, temerosos de convertirse en órganos de prueba, testigos, etcétera. Entonces rechazan la prueba casi con asco. Terminan siendo sus fuentes todo lo que han percibido de oídas, es decir, han introducido el testimonio de oídas del fiscal o del defensor para resolver tapándose la cara. Por eso han creado las “técnicas” para incorporación y desahogo de los medios de prueba, entre ellos, el testigo del documento. Los jueces han producido impunidad al meterle zancadillas a la prueba. ¿Para qué se levantan actas, registros, fotografías, videos; se recogen documentos; se realizan planos, croquis; se aseguran objetos, instrumentos, etcétera? Para que el juez las vea. La oralidad exige llevar todo al juez o llevar al juez a todo. Como el lugar del hecho o del hallazgo ha desaparecido, el juicio oral —las audiencias orales— exigen reproducirlo todo. Con esa finalidad se crea el principio de libertad probatoria. Pero nuestros jueces, al no entender esto, ponen trabas a los medios de prueba, ponen un coto de acceso a la carpeta y, de ese modo, resuelven con lo que escuchan. Son jueces del chisme. Finalmente, ¿cuánto de oralidad?, ¿cuánto de escritura? El proceso acusatorio ha producido, en casi toda Latinoamérica, una pugna entre académicos que es más inventada, y por ende injusta, que real. Sin embargo, para unos y otros es, según mi propio criterio, producto de la ignorancia. Me gusta resumir las preguntas con una respuesta sencilla. Lo escrito debe quedar escrito y lo oral debe quedar oral. Esta frase, sin embargo, debe matizarse, porque, al final, todo lo oral termina registrado. El Poder Judicial debe asumir la responsabilidad de que, al cabo de los años —de muchos años—, lo que se ha resuelto pueda ser consultado y, por qué no, revisado, no sólo por las partes sino —y especialmente— por los investigadores, los académicos, los estudiosos de modelos que se fraguan con el tiempo y la comparación.

La política criminal o criminología preventiva debe articularse sobre las causas más sensibles que estimulan y fomentan la violencia y criminalidad; el que un criminólogo general se especialice en los factores criminógenos, será imprescindible para la detección de condiciones de riesgo que puedan desencadenar en criminalidad. Este libro ofrece un área especializada de la criminología general en lo referente a la etiología de las causas del crimen, es decir, a la criminología etiológica-multifactorial, que estudia cómo fueron apareciendo los factores criminógenos en el desarrollo de las personas y sociedades que conducen a circunstancias vulnerables. El capítulo I ofrece una reseña articuladora de las interpretaciones que se han hecho sobre la conducta criminal desde el pasado (criminología canónica), hasta llegar a la fase empírica-científica. Se muestran algunos conceptos de criminología general y su relación con el enfoque de investigación de los factores de riesgo para lograr la prevención y el tratamiento, en lo cual, es importante el estudio del desarrollo (criminología del desarrollo). En el capítulo II se señala la conceptualización y construcción de esta criminología especializada en lo etiológico, se revisan múltiples enfoques de abordaje de la criminalidad, los niveles de interpretación, la violencia y sus tipos, los factores de la violencia, la importancia del estudio de lo patológico, y los factores criminógenos y sus tipos, así como la clasificación internacional de los delitos como marco de referencia para una criminología comparada, así como los modelos de explicación de la criminalidad. También se justifica la importancia del porqué los criminólogos se especializan en áreas específicas de fenómenos criminales. En el capítulo III se listan y explican una serie de factores criminógenos internos, externos y mixtos, conocidos también como factores endógenos y exógenos o factores humanos y sociales de la criminalidad, se abordan aspectos como la sociedad (criminología sociológica), cultura, religión, migración (criminología de la migración), empleo, familia (criminología familiar), educación (criminología educativa), medios de comunicación (criminología mediática), edad, geografía (criminología geográfica), adicciones (criminología de las adicciones), entre tantos más que convergen para entender una conducta criminal y, por lo tanto, articular las estrategias preventivas. El capítulo IV se refiere a otra criminología especializada, la ya conocida criminología clínica, en tal se presentan nociones sobre la entrevista diagnóstica, criterios de evaluación como sociedad, persona, familia, delito. Un tema muy importante también es el de la escala de psicopatía, de la cual se muestra el listado de características para un mejor diagnóstico y comprensión de la personalidad antisocial. Finalmente, el capítulo V presenta bases para la criminología preventiva, con el conocimiento adquirido en el capítulo III, se está en posición de identificar las condiciones que estimulan a la violencia, por lo tanto, hay que trabajar sobre los factores, pero a la inversa, es decir, mejorar la educación, atender la unión familiar, mejorar las condiciones sociales de un país para evitar la migración ilegal, cambiar los contenidos en medios, educativos, no chatarra, cuidar la salud de niños, jóvenes, adultos, entre otros.

Ante un sistema fiscal complejo y un conjunto de leyes fiscales confusas y oscuras, resulta necesario que el contribuyente cuente con diversos medios de defensa legal en materia fiscal que le permitan enfrentar actos y resoluciones ilegales de las autoridades fiscales. En nuestro sistema jurídico pueden clasificarse los medios de defensa fiscal en tres grandes rubros: medios de defensa administrativos, medios de defensa jurisdiccionales y medios de defensa no jurisdiccionales. Los medios de defensa administrativos están constituidos por los recursos que implican la posibilidad de que la autoridad administrativa revise su propio acto, reconozca un error y corrija su actuación en virtud de la petición hecha por un particular. En cuanto a los medios de defensa jurisdiccional, existe el juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El juicio contencioso administrativo se tramita ante los tribunales administrativos con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública en virtud de los actos emitidos por esta última. Mientras que el juicio de amparo es un medio jurisdiccional protector de los derechos establecidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que México forma parte y procede contra leyes o actos de las autoridades que violen los derechos humanos. Respecto a los medios de defensa no jurisdiccional, se habrá de mencionar la participación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que conoce de cualquier acto en materia tributaria emitido por las autoridades fiscales federales, incluyendo a los organismos fiscales autónomos como el IMSS y el ISSSTE, a través del servicio de quejas y reclamaciones, además del procedimiento de acuerdos conclusivos. Esperamos que el presente texto sea de utilidad para que contribuyentes, autoridades fiscales, contadores y abogados conozcan, respeten y hagan valer los medios de defensa legal en materia fiscal.