BUSCAR LIBRO

La presente obra es, primero, para conmemorar los 50 años de ejercicio profesional en el litigio penal, de un abogado invicto en un período tan largo, un jurista que se ha caracterizado por permear, con su opinión, en medios relacionados a temas jurídicos de mayor trascendencia de la Nación, siempre conduciéndose con pulcritud y probidad, y constituyendo un ejemplo para las nuevas generaciones de abogados; es, además, uno de los mejores amigos que me ha dado la vida, compañero de academia de hace más de 12 años, con una empatía académica muy importante con quien realiza la presente introducción, a quien reconozco no tan sólo una trayectoria extraordinaria, invicta y con asuntos de una trascendencia notable, sino el ser humano humilde, solidario y capaz de compartir, en aulas y foros, sus vastos conocimientos que le han representado el éxito de vida profesional. El 29 de enero de 2020, Juan Velásquez cumple 50 años defendiendo en juicios penales, 48 impartiendo clases en licenciatura y posgrado, así como un sinnúmero de conferencias en todo el país, en procuradurías, fiscalías, comisiones de derechos humanos, institutos, universidades, etcétera; es miembro honorario de la Asociación de Agregados Militares, Navales y Aéreos en México; es asesor de los Secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México; asesor y conferencista en el Colegio de Defensa Nacional; catedrático extraordinario en el Centro de Estudios Superiores Navales; asesor del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensas Nacionales; miembro del Consejo Editorial de la Revista del Centro de Estudios Superiores Navales, de la Secretaría Armada de México. La Secretaría de la Defensa Nacional le otorgó las condecoraciones de Mérito Docente Militar, de Servicios Distinguidos y de la Gran Orden Victoria de la República; la Marina Armada de México, la de Mérito Docente Naval Primera Clase. Asimismo, es Presidente Honorario de la Academia Mexicana de Derecho J.V., y ha defendido victoriosamente en procesos penales gran parte de los asuntos más trascendentes en cuanto a su impacto social en los últimos 50 años. Por todo lo anterior, este colectivo presenta un reconocimiento a la trayectoria intachable de un jurista de época, de un hombre que lleva la práctica profesional a la excelencia, que compagina con una ardua labor académica en las aulas y los foros. Así, pues, dedicar una obra de esta naturaleza no representa más que reconocimiento a una persona que con su trayectoria ha dejado una huella imborrable, que para siempre será ejemplo de abogados, estudiantes y estudiosos del derecho. De igual manera, se reconoce la trayectoria del jurista latinoamericano, Daniel González (Costa Rica), que con su labor ha dejado huella en la academia, la magistratura y la investigación; es un mero acto de justicia. Daniel representa los vestigios de la gestación de un código procesal constitucional, ya que fue uno de los grandes gestores de la reforma constitucional de 1989 en Costa Rica, así como de la Ley de Jurisdicción Constitucional costarricense. Su formación en la Universidad de Costa Rica, complementada en la Universidad de Nápoles en Italia, le dio la oportunidad de ampliar su visión de jurista. Fue magistrado (ministro) de la Corte Suprema de Costa Rica de 1970 a 2004, presidió la Sala Penal por 14 años hasta el momento de su retiro, siendo compañero de Sala de Rodolfo Piza Escalante, quien, a la postre, fue el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue profesor de Posgrado en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica, desde su fundación hasta el año 2004, y del Posgrado en Criminología de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica; fundador y director de la revista Ciencias Penales de Costa Rica, de 1990 a 2004, y de 2011 a la fecha; es autor de nueve libros y de una gran cantidad de artículos relacionados con la justicia penal, publicados en varios países de América Latina; de 2005 a 2010, laboró en el Programa de apoyo al Estado de derecho en México, como asesor de la reforma a la justicia penal; de 2010 a 2014, laboró como consultor senior del Programa de promoción de la justicia en México (ProJusticia); de julio de 2019 a la fecha, labora como adjunto a la Universidad Internacional de la Florida, como director local del Programa de capacitación de jueces, fiscales, defensores públicos y policías de investigación sobre la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en el Poder Judicial de Costa Rica. Asimismo, ha sido profesor y conferenciante en gran cantidad de cursos en todo el mundo; asesor del proceso de reforma y corredactor de varias leyes y códigos en materia penal, procesal penal y constitucional de Costa Rica y otros países de América Latina; gran gestor del sistema acusatorio en México; y otro de los grandes amigos que me ha dado la vida. Es de gran importancia el reconocimiento a la trayectoria de dos de los más importantes juristas que ha dado nuestro continente, de dos visiones totalmente diferentes: Juan Velásquez siempre señalando la conflictiva que ha representado el sistema acusatorio en México; y, en contra parte, Daniel González Álvarez, gestor del sistema acusatorio en este país. Vaya este homenaje a dos juristas que respeto, admiro y aprecio con gran cariño, gracias por su amistad y por aportarme, en el debate cotidiano, en la sobremesa, aspectos importantes para mi visión como jurista. Por otro lado, la pluma de Juan Velásquez (México), Daniel González (Costa Rica), José F. Palomino Manchego (Perú), Domingo García Belaunde (Perú), Carlos Luis Carrillo Artiles (Venezuela), Carlos Manuel González Hernández (República Dominicana), Alan E. Vargas Lima (Bolivia) y Daniel Rafecas (Argentina), quienes gentilmente me permitieron plasmar la mía, constituyen un análisis a conciencia de la evolución que se ha dado en un tema de gran trascendencia en la consolidación del Estado de derecho y de la democracia en los países de América Latina, como lo es el control de convencionalidad, que a través de la concepción de don Sergio García Ramírez, quien presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se empezó a gestar con sus votos particulares a partir de 2003, en los casos Myrna Mack Chang contra Guatemala, Tibi contra Ecuador, Vargas Areco contra Paraguay y plenariamente, a partir de septiembre del 2006, en los casos con la sentencia Almonacid Arellano contra Chile, Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, Cabrera-Montiel contra México, Atala Riffo contra Chile y Masacre de Santo Domingo contra Colombia, es decir, pretorianamente. Estos casos representan un examen de confrontación del derecho interno con el derecho internacional de derechos humanos, teniendo prelación este último, que se erige con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma de normas, y el derecho nacional en infraconvencional, encontrando tristemente, en muchos de los Estados parte del sistema interamericano, una resistencia a su incorporación efectiva. Esta resistencia debe ser vencida con la generación de un verdadero criterio de apertura por parte los operadores, así como con legisladores comprometidos y conocedores del derecho interno y del derecho internacional de derechos humanos; con cortes, tribunales constitucionales y salas constitucionales integradas por ministros y magistrados que sean seleccionados con base en su perfil, su cognición jurídica, su reconocida probidad, así como con el vasto conocimiento del derecho internacional de derechos humanos, lo que constituye uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional. En ese sentido, la presente no sólo es el marco de reconocimiento a la trayectoria de dos juristas históricos, sino que es un tratado con visiones de juristas de toda América Latina, que cuentan con una reconocida trayectoria en el derecho y son verdaderos conocedores del tema, lo que permitirá que la obra sea un importante instrumento para los estudiantes de licenciatura y posgrado de todo el continente. No quiero pasar por alto el agradecimiento a otro de los grandes amigos que me ha dado América Latina, José F. Palomino Manchego, extraordinario constitucionalista peruano, con quien he tenido jornadas académicas en gran parte de los países de nuestro continente, quien siempre me ha brindado su apoyo y amistad, y por quien también tengo gran respeto y admiración. Esta obra está plagada de juristas de excelencia, cuyo cometido principal es brindar una verdadera enseñanza del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional.

El hombre es un ser social por naturaleza que al momento de agruparse para lograr la sobrevivencia requiere de un conjunto de reglas de comportamiento que le permitan convivir de manera armónica y adecuada con otros hombres. Así surge el derecho, como un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas en sociedad. Dentro de las diversas ramas de la ciencia del derecho se encuentra el derecho privado que puede ser definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares. La presente obra jurídica tiene como finalidad presentar los conceptos fundamentales de derecho privado que permitan al lector introducirse, a su vez, en el estudio del derecho civil y del derecho mercantil mediante definiciones, doctrina, fundamentos legales y ejemplos prácticos enfocados a la labor cotidiana del abogado y de toda aquella persona de negocios que se encuentre inmersa en el mundo del derecho privado con motivo de su actividad.

El tema de los derechos humanos no es, en algún modo, una novedad, empero, como rama autónoma del derecho, apenas se vislumbra en el siglo XXI, ya que, con independencia de que la primera generación, data de la época de la ilustración, el derecho procesal convencional —si puede denominársele así—, surge como tal hasta este siglo, que es cuando la sociedad jurídica voltea a ver el litigio de derechos humanos como una herramienta de trabajo autónoma y no como un medio de impugnación, autonomía que ya tenían otras ramas como el derecho procesal civil, el derecho procesal penal o el de naturaleza social. En las últimas décadas del siglo pasado fueron introducidas a México instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las correspondientes de las entidades, pero sus alcances eran muy limitados, al tratarse de organismos aparentemente autónomos, pero que, en la realidad, permanecían bajo el control del ejecutivo, que se concretaban a generar recomendaciones sin coercitividad, por lo que eran más un instrumento político que jurídico, debiendo destacar que si los derechos humanos y los Tratados Internacionales son instituciones vivas que evolucionan, estos organismos vigilantes y protectores de derechos humanos del mismo modo fueron evolucionando y con la llegada al poder de los partidos que no mantenían la hegemonía en los congresos, se logró, en algunos casos, cierto grado de independencia y sus recomendaciones han sido cada vez más vinculantes por el peso político de estas instancias gubernamentales. Pero a los juristas se les hace reducido el alcance de las recomendaciones, por ello impulsaron el litigio a niveles internacionales y domésticos, como nunca antes se había hecho, creándose la competencia jurisdiccional internacional y reformando las constituciones con la finalidad de evolucionar desde las garantías individuales de índole procesal, que eran otorgadas por el Estado, hacia los derechos fundamentales que reconocen que el ser humano por el simple hecho de serlo se encuentra dotado de prerrogativas que no pueden ser limitadas o restringidas a menos de que se trate de un caso de excepción y mediante la necesaria ponderación. Este texto busca esencialmente responder algunas interrogantes que van de aspectos teóricos a cuestiones prácticas, en cuanto a ¿cuál es la diferencia entre una antinomia dispositiva y una antinomia normativa en el marco del principio pro persona?, ¿cuál es la diferencia entre el control difuso y el concentrado?, ¿el sistema jurídico de México es de control difuso, concentrado o mixto?, ¿cuál es la diferencia entre el principio pro persona y la ponderación de derechos humanos?, ¿cuál es la diferencia entre la interpretación conforme y el control de convencionalidad?, ¿cómo pueden ponderarse dos o más derechos humanos mediante un método objetivo?, ¿cuáles son los derechos humanos de las partes en el proceso penal?, ¿cuáles son los derechos humanos frecuentemente violados en materia penal?, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de las violaciones a derecho fundamentales?, ¿en qué casos se tienen violaciones derechos humanos sin consecuencias procesales?, ¿cuáles son las diferencias entre derechos humanos y garantías constitucionales en materia penal?, ¿cuáles son los procedimientos de litigio de derechos humanos en materia penal?, o bien, ¿en qué supuestos la norma permite la violación legal de derechos humanos?, cuestionamientos que, a lo largo de los capítulos, los autores pretenden responder no sólo con el manejo del marco jurídico o teórico, sino empleando la metodología del análisis de casos como herramienta de mejor comprensión. Desde luego que la producción literaria en materia de derechos fundamentales ha crecido en la última década y que no existe ninguna obra que pueda despreciarse, pero ésta, en particular, vincula, en exclusivo y con un hilo conductor, aquellos que se violentan con mayor frecuencia en procesos del orden penal, buscando proporcionar herramientas de litigio a los postulantes, pero también criterios que permitan resolver disputas en la materia.

Este libro es el primer estudio especializado sobre la acción proforma, en él se descubre que no es tan sólo una acción accesoria, sino que va más allá, su ejercicio está íntimamente relacionado con otras acciones principales, por lo que la sentencia que se obtenga tendrá una utilidad conexa que podrá servir como sustento en el ejercicio de otras acciones civiles. Asimismo, este examen nos lleva a hacer un análisis de la naturaleza jurídica, de los elementos de la acción proforma, pasando por los actos prejudiciales, que son sumamente importantes para preparar el escrito inicial de demanda, y de la etapa procesal, con lo cual se busca abordar todos los aspectos de esta acción. Por último, se incluye un formulario que será de utilidad para conocer el acto prejudicial, puesto que a través de éste se obtiene el documento base de la acción, los interrogatorios necesarios, el escrito de demanda, la objeción de documentos y otros más, de esta manera se complementa la comprensión del estudio contenido en este libro y que, estamos seguros, servirá en la vida práctica del litigante.

Tanto la admisión como el desahogo y valoración de la prueba pericial han sufrido cambios sustanciales en los últimos tiempos, a grado tal que podemos decir que estamos viviendo el siglo de oro de las periciales, fenómeno que no es exclusivo de México, sino que está presente a nivel internacional. Los avances científicos y tecnológicos han sido un factor determinante en este cambio, la trilogía Daubert- Joiner-Kumho, resuelta por la Corte Suprema de los Estados Unidos, revolucionó todo el sistema judicial imperante durante setenta años en esta nación, ya que, si bien los criterios que lo sustentaron iniciaron en controversias civiles, se extendieron al campo penal y prácticamente a todas las ramas del derecho, de ahí surgió la influencia a otros países del continente, en el ámbito de las periciales. Nuestra Suprema Corte ha adoptado algunos de estos principios y ha emitido una gran cantidad de jurisprudencias acerca de los requisitos del dictamen, su función y la valoración que debe dar el juez a los mismos, lo que representa —en nuestro derecho mexicano— un cambio radical y sustancioso del paradigma en el que anteriormente se realizaban las pruebas periciales. Actualmente, no se puede argumentar que no existe un sólo precepto legal que establezca los requisitos que debe contener un dictamen, puesto que —como ya indicamos— nuestra máxima autoridad judicial lo determinó cuando estableció cómo tenían que ser las reglas de valoración. Estos cambios no son exclusivos de determinada ciencia, técnica o arte, por el contrario, abarcan todo tipo de periciales, lo que obliga a que los peritos mejoren la calidad de sus trabajos, pues, en la actualidad, su función no puede concretarse a expresar una opinión sin fundamento, su desempeño tiene mayor importancia, lo que conlleva a mayor responsabilidad, actualmente no solo basta tener conocimiento en la materia, también es necesario ser totalmente explicativo, porque deben aportar al juez todos los elementos —hasta donde su alcance lo permita— para que comprenda las técnicas, principios y estudios de la especialidad que corresponda, para tener un aprendizaje de la materia y, con base en ello, otorgar o no valor probatorio al dictamen. La creencia de que el juez es perito de peritos en todas las materias ha quedado delimitada al área del derecho, no se puede argumentar que es perito en todos los campos puesto que su conocimiento es limitado en otras áreas y necesita conocer y comprender la especialidad sobre la que se dictamine en juicio, lo cual no podrá lograrlo si los dictámenes no exponen y explican conceptos, incluso el lenguaje especializado que se emplea en distintas áreas.

En función de que en la presente obra se habla de la Ciudad de México como la forma de gobierno actual y al mismo tiempo se hace referencia al Distrito Federal como un entramado legislativo en proceso de actualización, consideramos pertinente advertir al lector que usamos indistintamente el término Distrito Federal o Ciudad de México, delegaciones o alcaldías, bajo el hecho de que legislaciones diversas conservan aún la fórmula de Distrito Federal y delegaciones, y otras legislaciones vigentes —aunque recientes— asumen el nominativo de Ciudad de México y alcaldías, por tal virtud rogamos que se comprenda el uso de ambos términos y se lea en uno u otro sentido. Asimismo, como es de observarse y en razón de que esta entidad federativa sui generis conserva la categoría de territorio de la federación, conservando así su estado de excepción conforme a lo dispuesto por el artículo 122 constitucional y que, actualmente, ya cuenta con una Constitución local y poderes locales constituidos, persiste la posibilidad de su transformación en el estado 32, para lo cual este libro está dedicado a ello. De tal suerte que, si la Ciudad de México mantiene su estatus de territorio de la federación y prevalece como una entidad federativa de excepción, sin ser propiamente un estado más de la federación, seguirá latente la posibilidad de que se convierta en el estado 32 de la república mexicana. Lo anterior debido a que si bien es cierto que la Ciudad de México ya cuenta con una nueva Constitución y que esto representa un avance muy importante en su proceso de democratización, también lo es que no existe impedimento alguno para que se pueda erigir en un estado más de la federación, por el contrario, prevalece la necesidad y posibilidad de que la capital federal alcance la categoría de estado libre y soberano, como ha sucedido con el resto de las entidades federativas que comprenden la república mexicana.

La filosofía de la criminalística no es sólo aplicar los conocimientos filosóficos en el cuerpo teórico de la criminalística, sino establecer una identidad propia (que buena falta hacía); generar una directriz científica y epistemológica, romper con los paradigmas antiquísimos desde la crítica, problematizar su aparente objeto de estudio, generar conocimientos generales aplicables a su operatividad, disertar sobre sus contenidos temáticos, criticar y resolver la doctrina, apartarnos del dogma anticrítico, antianalítico y vulgarizado por la subjetividad y ausencia de seriedad teórica; es solventar la carencia argumentativa con la que se contaba, es posicionar a la criminalística como un conocimiento científico que asiste de manera objetiva a otras entidades, es emanciparla de los autores que pormenorizan sus pretensiones teóricas, es crear una criminalística científica con fuertes argumentos que ejecuten objetivamente sus mecanismos teórico-aplicativos para dirimir cuando sea necesario, es intelectualizar la menoscabada actuación artesanal con la que se le apreciaba, es profundizar en lo más sustancial y básico del conocimiento para emerger y evolucionar, es salir del espiral y del miasma conceptual, es conflictuar el pasado para renovarse desde las ruinas y erigir un conocimiento fresco, objetivo, argumentativo, real, científico, verdadero, epistemológico, analítico, hipotético-deductivo, permitiendo en el orador mejores y finas elucubraciones cuando se asistan de ella, es ofrecerle al catedrático un discurso alejado de la sofística, es, en una expresión: deconstruir la criminalística.