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Desde la implantación del sistema de justicia oral penal, introducido a nuestro país con la reforma constitucional de 2008, se han escrito múltiples obras que abordan varios aspectos del mismo desde todas las perspectivas posibles; todas las obras son muy buenas e inmejorables, son de una nueva camada de innovadores autores y escritores que están construyendo la doctrina nacional del nuevo sistema. Dentro de los cursos que como instructor certificado he impartido a lo largo de todo el país, he capacitado a magistrados, jueces, Ministerios Públicos, defensores públicos y litigantes particulares. En estos cursos he advertido la necesidad de que después de que se comprenden los principios básicos y funcionamiento del sistema es menester, también, que se les proporcione herramientas que actúen casi de manera matemática sobre cada una de las diversas audiencias en el sistema. Éstas deben ser las audiencias previas, las concomitantes o las posteriores al proceso acusatorio a fin de que las adviertan y las identifiquen todas en conjunto con los requisitos del CNPP para que prosperen sus pretensiones, en un afán de que las anticipen y las desglosen debidamente sin tener que invertir largas horas en la investigación y/o preparación de las mismas, así como de sus diversas vertientes o posibilidades legales resultantes de un estudio meticuloso del nuevo Código Adjetivo Penal único, dando cumplimiento con ello a los deberes de fundamentación y motivación a los que todo sujeto del proceso está obligado en su argumentación. La mayor falla en la que incurre un sujeto del proceso en una primera etapa de la práctica del nuevo sistema, radica en que se confían mucho a la “memoria” los aspectos torales de una audiencia y se descuida el dar cumplimento completo y preciso de los puntos fácticos o jurídicos que la ley les precisa tanto a la defensa como al fiscal, al acusador coadyuvante e incluso al propio juez para poder así pedir, controvertir, argumentar, decidir, fundada y motivadamente sus planteamientos o debatir los de sus contrarios. Este manual es 100% práctico, para apoyo de todos los sujetos del procedimiento (juez, fiscal, defensor y asesor jurídico de la víctima) para utilizarlo como prontuario y guía rápida en la propia audiencia. Además, advierte y muestra otras diversas audiencias distintas a la inicial, vinculación, intermedia y de juicio, mismas que pueden desprenderse del nuevo sistema. Aquí se brinda a los litigantes un manual tipo check list para la rápida consulta y correlación de los artículos relacionados en la audiencia en que se actúe, ya que están un poco dispersos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que lo hace más complejo en su manejo, a diferencia del anterior Código Adjetivo del sistema mixto, que concentraba todos los temas por rubro en un solo título. Este libro es una herramienta útil para preparación eficaz de las audiencias, por lo que será una herramienta útil para manejar y entender de forma práctica el sistema penal acusatorio.

Al inicio de la elaboración de un protocolo de proyecto de investigación, o en la realización de una tesis, nos encontramos con libros que nos indican claramente qué es un marco teórico o qué es la metodología, pero, por desgracia, pocos nos indican cómo se debe realizar el protocolo que se está solicitando, ya sea para iniciar un posgrado o para culminar una licenciatura. La presente guía lleva al lector, punto por punto, para tal realización, dando las instrucciones que lo ayudarán a conformar su protocolo a través de preguntas, definiciones, comentarios, consejos y ejemplos de cada una de las partes del trabajo de investigación, con ejemplos básicos para licenciaturas o posgrados del área de ciencias sociales y ciencias afines.

Es importante entender —con todos los demás temas— la investigación en la fase complementaria, especialmente si el proceso es, para muchos abogados, una estrategia de litigio. Esta fase es una etapa de observación, un momento para medir fuerzas, un “interpretar” las intenciones del Ministerio Público, un momento o impace para conocer al imputado y la defensa más favorable al mismo. Por eso, esta investigación complementaria nos puede llevar al juicio o, como suele suceder, al “rendimiento” y, por ende, procurar la “negociación” de un mecanismo alternativo de terminación del proceso. Conviene utilizar en esta fase la palabra, negociación. No está mal que la utilicemos, no está mal que admitamos que la fase complementaria es una fase de negociación. Es, en mucho, un tira y encoge de las partes para conocer hacia dónde colocan sus objetivos. Muchos han dicho que con una vinculación a proceso que sujeta al imputado al proceso, esperar la etapa intermedia para “negociar” puede ser un error, una pérdida de tiempo. Sin embargo, nada está escrito. Muchas veces el imputado “se aferra” a continuar hasta juicio. Muchas veces la experiencia de un buen abogado litigante aconseja vislumbrar los claros y los oscuros del Ministerio Público en este momento procesal para decidir, en definitiva, en etapa intermedia. He explicado en este tercer libro la importancia de la fase complementaria, en especial al procurar que el Ministerio Público no agote la investigación antes del auto de vinculación sino que, por el contrario, sepa trabajar en esta fase complementaria con la trilogía procesal los resultados de un proceso limpio que no abandone el objetivo de esclarecer los hechos para, especialmente, procurar lo que más conviene al imputado y a la víctima como sujetos del proceso.

¡Qué fase más interesante! ¡Tan estratégica! En efecto, la investigación ministerial por delito es una fase de decisiones esenciales en manos del fiscal del Ministerio Público, quien participa con el defensor del imputado, asesor jurídico de la víctima, en una clara trilogía procesal, con los oficiales de policía de investigación y con los peritos técnicos y científicos, en una clara trilogía de investigación. ¡Un momento de éxito o de fracaso! Hemos vivido el momento del delito y el momento de su investigación por la policía; ahora hemos cerrado el momento de las “grandes” decisiones procesales del Ministerio Público, la víctima y el asesor jurídico. Hemos de superar, para ello, al fiscal que sigue enviando papeles a la policía, con el objeto de comprenderlo en reunión, en foro o en discusión con policías y peritos, para la mejor decisión del caso, y con el asesor y la víctima, para la mejor resolución del conflicto. En este libro he procurado seguir paso a paso los actos del Órgano acusador: cuándo es necesario formalizar, cuándo es necesaria la desformalización, cuándo es prudente archivar, cuándo conviene continuar la investigación y, especialmente, cuándo someter el caso a proceso: judicializar. No podemos negar que el drama del delito enfrenta al imputado con el drama del proceso, a la víctima al drama del daño, a la policía al drama de la verdad y al Ministerio Público al drama de perseguir a un ciudadano que se somete al drama de la jurisdicción. Vamos a brincar al próximo libro para descubrir el drama de las decisiones acertadas o inciertas. Cuando escribí este libro, se publicó la Ley Orgánica de la Fiscalía General, que espero comentar. He dejado mi estudio crítico en la introducción y, luego, a lo largo de lo que aquí he escrito. Me da alegría que la Ley Orgánica no cambiara en nada lo que aquí he escrito, aunque me da pena la crítica que he hecho a los primeros tres artículos de esa ley, mismos que he dejado impresos en la introducción, con la clara finalidad de comprender que, cuando no se entiende una institución, hay que hacerla funcionar contra la ley misma y, después, contra las autoridades que tienen que ponerla en práctica.

La presente obra compila dieciséis artículos de Friedrich-Christian Schroeder, Catedrático emérito de la Universidad de Ratisbona (Alemania) y destacado discípulo de Reinhart Maurach. Especialista en Derecho del Este, en el estudio de la delincuencia de y contra el Estado así como en la regulación de los delitos sexuales, el profesor Schroeder también ha sobresalido como un fino analista de la Dogmática penal, desde su temprana tesis doctoral sobre El autor detrás del autor, de 1965. Los aportes de Schroeder, que abarcan el tránsito desde un finalismo ponderado al postfinalismo, aúnan sencillez expositiva y sentido común, claridad, profundidad, universalidad y concisión. Por ello, sus análisis son especialmente sugerentes para el lector hispanohablante, que tanto puede aprender del rigor dogmático y de la claridad conceptual que caracterizan a uno de los principales cultivadores de a Dogmática penal de los últimos tiempos. La edición ha corrido a cargo de Miguel Polaino-Orts, a quien se debe una precisa presentación que nos acerca a la personalidad científica de Schroeder. El volumen incorpora también un estudio preliminar de Ciro Cancho, Andrés Falcone y Eduardo Saad-Diniz, útil para adentrarse a la lectura de los ensayos del penalista alemán.

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de abordar los temas de la criminalidad juvenil. Hoy en día, diversas ciencias han buscado la explicación de la conducta antisocial asociada a los adolescentes, sin embargo, sólo la criminología ha encontrado un aporte científico para explicarla. Derivado de lo anterior, dentro de la Facultad de Derecho, “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, se realiza el Seminario de Criminología y Ciencias Forenses bajo los auspicios de la Licenciatura en Criminología, mismo que ha permitido dialogar sobre temas emergentes en cuanto al criminal, la víctima, el contexto y la conducta que éste realiza. Este trabajo de investigación tiene como eje central llevar a la discusión teórica el tema de la criminología juvenil y que ofrezca, como biela central, posturas específicas de cómo entender este gran problema que se ha centrado en nuestro país, derivado del aumento de la criminalidad, donde niñas, niños y adolescentes son víctimas. Cabe indicar que los capítulos fueron seleccionados y sometidos a un proceso de revisión por pares.

El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entre otras reformas, una modificación al artículo 123 constitucional, que contendría la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El tripartismo, quizás uno de los elementos más característicos del derecho laboral mexicano, desaparecería después de su concepción en 1931. Sin embargo, el contenido de esta reforma no era ignorado, pues es una reproducción de la iniciativa que envió muchos meses atrás el expresidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto, en cuyos ejes rectores se proponían aspectos principales como la judicialización de los procesos laborales, es decir, la creación de tribunales del trabajo; el establecimiento de un organismo especializado en conciliación y la creación de un organismo encargado del registro de contratos colectivos y organizaciones sindicales, con la finalidad de fomentar la transparencia y la verdadera representatividad, cuestiones que necesariamente podrían incidir en los procedimientos. El ahora reformado cardinal 123 vendría a ordenar en sus transitorios como una consecuencia lógica, la adecuación al texto constitucional de las normas secundarias, pues con la desaparición ordenada en la reforma, los cambios a las leyes reglamentarias no sólo son esperadas, sino necesarias. A pesar de que el término para realizarlas era de un año, y éste se cumplió en febrero de 2018, las normas secundarias ya debían estar culminadas y entrando en vigor, pero no ha ocurrido. Empero, sí existen, cuando menos, tres propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, las cuales plantean cambios preocupantes. Sin embargo, como ocurre con toda reforma, y más cuando se trata de una que responde al derecho social, estas transformaciones legales imponen retos y generan expectativas, y con ello preocupaciones legítimas. Estas perspectivas divergentes, que van desde las más optimistas hasta las más sombrías, nutren la discusión sobre el equilibrio que habrá ahora en la regulación de los conflictos laborales. La presente obra representa un ejercicio discursivo entre diversos académicos provenientes de distintas instituciones públicas y privadas, representa también una preocupación sería por la creación de nuevos cuerpos legales y por los cambios que se proponen en los proyectos de reforma a la Ley Federal de Trabajo que, en sus aspectos procesales, no había tenido cambios tan radicales como los que se gestan “tras bambalinas”, y es en la oscuridad y la secrecía que se conciben las especulaciones más inesperadas. Este libro se compone de esas disertaciones. Los temas que aborda comprenden desde las razones a las que obedece la reforma referida, así como también los aspectos procesales como los relativos a la conciliación, los órganos que la desarrollaran y la forma de celebrarse. El aspecto colectivo no podría pasarse por alto, y el registro de sindicatos, tanto el proceso como la autoridad que lo realiza, forma parte de estas atinadas reflexiones. Así, estos nuevos organismos dotan no sólo de una naturaleza única a los nuevos procedimientos laborales, sino que los principios constitucionales compelen a un nuevo paradigma en la administración de la justicia laboral. Sin embargo, adoptar principios en el texto constitucional pone en entredicho los fundamentos que imperan en la materia laboral, unos que colisionan precisamente con algunos derechos humanos de los trabajadores, como el derecho de audiencia, pero sobre todo el de juicios reales, es decir, deben ponderar en todo momento, como antaño, sobre la primacía de la realidad. En los albores de la inminente actividad reformadora no está claro qué prácticas continuarán o desaparecerán como consecuencia de los cambios aprobados al artículo 123 constitucional, y de la metamorfosis que se derive a la Ley Federal del Trabajo como consecuencia de las influencias políticas y económicas que presionan la transformación del mundo jurídico. Por lo tanto, nuestra labor y responsabilidad es clara: participar activamente en la crítica, pero sobre todo en la construcción, en la medida de nuestras posibilidades, de un mundo que procure a través de la actividad jurídica una sociedad más justa.