BUSCAR LIBRO

Si bien es cierto que el matrimonio le da “estabilidad y certeza” a las parejas que lo contraen, no todos buscan llegar a concretar ese compromiso ante el Registro Civil, ya que quieren conservar su estado civil de solteros, es aquí donde la figura del concubinato encuentra su razón de ser, pero en esta unión no se puede dejar de lado el hecho de que al igual que el primero produce efectos jurídicos, de ahí la importancia de contemplar dentro de esta Colección de Juicios Especiales un tomo dedicado al concubinato. En este tomo conoceremos aspectos de vital importancia que van desde la forma en la cual se conceptualiza de forma legal a esta figura jurídica, así como los requerimientos o elementos de existencia y características legales para poder configurarla. Un aspecto importante que se debe considerar desde el inicio del desarrollo de este tema, es entender las diferencias que existen entre el concubinato y el matrimonio, es por eso que se desarrolla incluso un cuadro comparativo en el cual se visualizan estas, basado en lo descrito en el código sustantivo de la materia. Otro aspecto de gran relevancia es el hecho de contemplar en este tomo la diferencia que existe entre la figura principal (el concubinato) y el amasiato. Durante el desarrollo de esta obra, veremos aspectos importantes como el marco jurídico del concubinato, que contempla tanto la regulación internacional regulada por la misma Asamblea General de la Naciones Unidas como lo estipulado por el derecho interno, iniciando con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya se mencionó, uno de los temas de mayor importancia es conocer la forma mediante la cual se constituye o acredita legalmente el concubinato, haciendo énfasis en el tiempo de convivencia que debe pasar sin que haya existido interrupción alguna, o bien, el hecho de haber procreado un hijo juntos. Dentro de la normativa de la Ciudad de México se contempla el hecho de poder acreditar el concubinato ante el Registro Civil local, que podrá emitir una constancia de declaratoria de existencia de concubinato. Si resulta importante conocer los requisitos para poderlo configurar, también lo es el saber los efectos jurídicos que esta unión produce, hablamos así de derechos y obligaciones que contraen los concubinos, los cuales no sólo los involucran a ellos, sino que alcanzan a los hijos que hayan procreado juntos. Uno de los supuestos que se tienen que configurar para que se constituya el concubinato que ya mencionamos, es el hecho de que dentro del mismo se hayan procreado hijos, pero en múltiples ocasiones esto no sucede y los concubinos no logran concebirlos, pudiendo acceder en todo momento a la adopción. Otro de los temas que contempla esta obra es la relación que existe entre los bienes y derechos sucesorios y el concubinato, así como las implicaciones respecto a los terceros. Así como en el matrimonio se cuenta con la figura del divorcio que da fin a esta unión, resulta imprescindible conocer los supuestos que se pueden presentar para poder dar por terminado el concubinato. Una vez hechas las anotaciones doctrinales que se han mencionado en el presente tomo de la Colección de Juicios Especiales, en la obra se describe el procedimiento para poder acreditar ante la autoridad judicial el concubinato, lo cual se realiza mediante una jurisdicción voluntaria, no sin antes describir las características de estas diligencias, su clasificación, los sujetos que intervienen, así como el recurso de apelación, que es el único viable dentro de nuestra legislación, sin dejar de mencionar que este tipo de procedimientos para acreditar el concubinato y la dependencia económica, son resueltos dentro de la Ciudad de México por la vía oral familiar. Todo lo anteriormente mencionado se desarrolla dentro de esta obra en los diversos capítulos que la integran; además, al término de cada uno de estos se encuentra un resumen, cuya finalidad es poder reforzar conocimientos o, incluso, ubicar o recordar datos importantes con respecto a la figura del concubinato. Como es característico de cada uno de los tomos que integran esta colección, se cuenta con una práctica forense que servirá al lector para poder acceder no sólo a formularios que podrá usar como guía para promover dentro de un procedimiento de acreditación de concubinato y dependencia económica, sino que también podrá ver los autos que le pudieron recaer a dichas promociones, con lo que se puede analizar el criterio emitido por el juzgador desde la presentación del escrito inicial hasta la sentencia que este emite. Otro aspecto de relevante importancia es que, en este tomo, se dota al lector de un glosario que le será útil para comprender cualquier concepto jurídico aplicable. Y, para concluir con la descripción de esta obra, resulta importante señalar que también se cuenta con una correlación entre los códigos no sólo de la Ciudad de México con el Estado de México, sino que esta figura jurídica y su procedimiento está correlacionado con todas y cada una de las entidades que integran nuestro país.

La institución del matrimonio es uno de los pilares principales dentro de la sociedad, por ende, es una institución de tipo social que da inicio a la familia, la cual, al estar correctamente constituida, provoca un vínculo conyugal entre la pareja que la integra. Esta unión es reconocida por la sociedad por medio de ordenamientos jurídicos, o incluso, por los usos y costumbres —la fuente creadora de derechos y obligaciones— que han de regir su comportamiento y que varían dependiendo de la sociedad donde se constituya. Con el matrimonio se legítima la filiación de los hijos, ya sean los procreados o los adoptados. El matrimonio, desde el punto de vista doctrinal, puede ser analizado por diversas vertientes, pues se considera como una institución, como un contrato, como un acto condición, como un estado civil o como un acto jurídico mixto que tiene finalidades específicas y requisitos que deben ser cubiertos, es por esto que los coautores nos hemos dado a la tarea de conceptualizar al matrimonio, detallando los requisitos para contraerlo e incluimos los formularios que se deberán llenar para que pueda proceder dentro del Registro Civil —de la Ciudad de México—, incluyendo los costos que se deberán pagar por los derechos, lo anterior con base en la página del Registro que se menciona en el texto, en donde también se hace la referencia de la forma de poder tramitar el certificado de no registro de deudor alimentario moroso que se deberá presentar como una de las documentales requeridas para la tramitación, así como los formatos mediante los cuales los contrayentes deberán manifestar el régimen patrimonial que habrá de regir el matrimonio. Al tratarse de una institución de vital importancia social que tiene consecuencias y efectos específicos entre los cónyuges para con los hijos, y sobre los bienes que formarán el patrimonio familiar, la regulación debe ser también estricta, por lo tanto, la legislación prevé impedimentos para que el matrimonio se lleve a cabo. Si bien es cierto, en nuestros ordenamientos jurídicos se determina la correcta formalidad a la que debe apegarse el matrimonio, sin embargo, no queda exenta de cometer errores que la lleven a incurrir en una nulidad de acto jurídico, es aquí en donde nace la importancia y trascendencia de la creación del presente tomo dedicado a la nulidad de matrimonio. En esta obra se contempla la existencia de dos tipos de nulidades: una nulidad absoluta y una nulidad relativa; la primera es imprescriptible, inconfirmable, e incluso, susceptible de ser intentada por cualquiera que pudiera interesarle; la segunda se presenta cuando ocurre alguno de los impedimentos que especifica la legislación de la materia. Para poder ejercitar la acción de nulidad de matrimonio está se podrá realizar por cualquiera de los cónyuges, los ascendientes de estos, y también pueden ejercitar la acción el Ministerio Público. Además, se contemplan los efectos provisionales y definitivos que desencadena la referida nulidad de matrimonio. La naturaleza de esta Colección de Textos Jurídicos es, principalmente, la práctica forense de la materia que ayudará al lector a conocer la forma idónea de tramitar un procedimiento de nulidad de matrimonio, conociendo desde las generalidades, los efectos jurídicos que al decretarse pueden alcanzar, los elementos que se deben considerar para poder designar la jurisdicción y la competencia que lo regirá, en el entendido que para la Ciudad de México el juez competente para conocer de este tipo de asuntos será un juez de proceso oral familiar. Se contemplan todas las etapas y fases que integran un procedimiento de nulidad de matrimonio, iniciando por los requisitos de formalidad que contendrá la demanda, el tipo de auto que pudiera recaerle —admisión, prevención, o desechamiento—, dependiendo de la idoneidad del escrito presentado, se habla también del emplazamiento consecuente a la admisión de la acción presentada, el cual tiene —para la Ciudad de México— una característica muy particular —ya que nos encontramos con que a diferencia de los procedimientos ordinarios en el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad—, es decir, se cuenta con Unidades de Apoyo que auxilian a los juzgados en materia oral familiar —hablamos de la Unidad de Gestión Administrativa y de la Central de Comunicaciones Procesales, las cuales se encargarán de materializar las cédulas de notificación y de realizar las diligencias de emplazamiento, por lo que se reducirá, de manera considerable, el tiempo para concluir esta etapa procesal—. Además, se analiza la forma en la que se puede clasificar el emplazamiento y los vicios que se pudieren presentar. También se habla de la formalidad y requerimientos que se deben reunir para poder dar contestación a la demanda presentada, el sentido en que se puede hacer (el allanamiento, la confesión o, en su caso, irse en rebeldía), así como de la posibilidad de oponer defensas y excepciones, incluso, hacer valer el derecho de interponer una reconvención. Las etapas procesales que rigen el procedimiento contempla una audiencia preliminar, en donde también se señala en cada una de las fases que las integran, hablando de una depuración de procedimiento, revisión y aprobación de convenio —cuando se haya presentado—, la posibilidad de conciliar, la aprobación o desapruebo sobre hechos no controvertidos o probatorios, la resolución de medidas provisionales que hayan quedado pendientes, la forma mediante la cual se deberá realizar el estudio sobre la admisión y perfeccionamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y su posible objeción, contemplando a las pruebas supervinientes. Por lo que respecta a la audiencia de juicio, tiene como finalidad la de desahogar las probanzas ofrecidas, las cuales pueden ser la declaración de parte, la declaración de testigo —estas dos pruebas tienen características especiales, pues dentro de los procedimientos ordinarios se denominan como confesional y testimonial—, cuya forma de estructurar el interrogatorio y desahogo será igual que en los procesos orales civiles y mercantiles, es decir, con preguntas abiertas; las documentales tanto públicas como privadas, las periciales que resultaren necesarias para la correcta resolución que dictará el juzgador, las pruebas presuncionales —legales y humanas—, y la instrumental de actuaciones. Casi para concluir con el razonamiento de las etapas procesales, se describe lo relativo a los alegatos, tanto los de apertura como los de cierre, concluyendo las multicitadas etapas con el acto procesal por excelencia emanado por el órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta su decisión sobre el acto jurídico que le fue presentado, es decir, la sentencia, misma que tiene efectos específicos. Característica importante de la Colección es la práctica forense, cuya función es servir al lector como acercamiento a los formularios, los cuales podrá usar como guía para promover dentro de un procedimiento de nulidad de matrimonio, además de observar los autos que le recayeron a dichas promociones, con lo que se puede analizar el criterio emitido por el juzgador desde la presentación del escrito inicial hasta la sentencia que este emite. Otro aspecto relevante es que contiene un glosario con el que el lector se apoyará para comprender cualquier concepto jurídico aplicable. Y para concluir, referente a esta figura jurídica y su procedimiento, resulta importante señalar que se cuenta con una correlación entre los códigos de todas y cada una de las entidades que integran nuestro país —no sólo el de la Ciudad de México y el del Estado de México—.

Este libro surge con la firme idea de ayudar a los ciudadanos mexicanos en la difusión de la reforma energética, pues consideramos que una sociedad que ignora sus cambios no reconocerá sus oportunidades. La reforma modifica todos los antecedentes en materia de energía del país, creando y cambiando instituciones, por ello, la necesidad de transmitir con un lenguaje ciudadano los diversos cambios y la nueva manera de trabajar el tema. El libro está dividido en tres tópicos principales: el primero de ellos es un esbozo de los antecedentes de la reforma constitucional en materia de hidrocarburos, con la finalidad de dar a conocer el origen de la transformación energética y su nueva normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; en el segundo apartado conocerá las leyes que surgen como consecuencia natural de la reforma energética y que serán la base de la implantación de la nueva reforma; en el tercero se revisa la naturaleza jurídica y las atribuciones de las nuevas instituciones denominadas órganos reguladores en materia energética.

Es difícil para un venezolano escribir sobre el proceso penal de un país extranjero consciente del naufragio en el cual se convirtió el de su país. Pues bien, Leonardo Pereira Meléndez acometió esa tarea y al leer su obra Principios y garantías en el sistema penal mexicano me persuadí de que logró con éxito una explicación que no por sencilla carece de profundas reflexiones y de abundantes referencias bibliográficas y jurisprudenciales sobre el proceso penal mexicano, con vista en la nueva legislación. Otra de las virtudes de la obra de Pereira Meléndez es la de intercalar en el texto, en el trascurso de sus claras explicaciones, las disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales mexicanos relacionadas con el tema que va desarrollando. La obra está dividida en dos partes, una referida a los “Principios y garantías constitucionales y procesales en la legislación mexicana”, que a su vez se subdivide en dos capítulos, a saber: “Principios y garantías constitucionales y procesales en la legislación mexicana” y “Garantías básicas en el proceso penal”. La segunda parte se dedica a “Los derechos humanos en el proceso penal”. Como se constata, es un recorrido tanto constitucional como de la legislación procesal subalterna sobre el proceso penal en México, sin olvidar, y dándole gran importancia, a los derechos humanos conectados con el sistema penal, base fundamental de una legislación penal que auténticamente responda a las exigencias de un régimen democrático. El recorrido es amplio y profundo, sólo me referiré a algunos aspectos que a mi entender son de vital importancia, fundamentalmente para alertar a nuestros apreciados procesalistas mexicanos de los peligros que se corren con reformas procesales cuando no hay bases sólidas para una implementación institucional del sistema y una completa formación de aquellos profesionales del derecho que la llevarán a cabo. Con profundo pesar lo escribo por haber sido uno de los corredactores del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela: en mi país no se tuvo ese cuidado. Apenas entró en vigencia el COPP, en el año 1999, llegó al poder político el oficialismo que aún se mantiene en él. El Centro de Implementación del COPP (CICOPP), que venía funcionando desde 1996 —aun antes de entrar en vigencia dicho Código—, en la población de San Antonio de los Altos cerca de Caracas, con el objeto de adiestrar a los jueces en el sistema acusatorio oral, fue desmantelado. Por otra parte, los jueces penales con experiencia y con cierta formación en las reformas que se avecinaban fueron destituidos así como los otros jueces en las diferentes ramas del derecho, con el propósito de poner en su lugar abogados con una ideología propia de la corriente del pensamiento que prevalecía en el gobierno y que aún prevalece después del transcurso de 20 años. Lo anterior es proclamado sin rubor alguno por personeros del régimen y hasta por Magistrados del Tribunal Supremo, pues la “justicia” debe servir a la “revolución”. El juicio penal, en principio, debe realizarse en libertad del imputado, que lo es desde el mismo momento en que se le investiga. Cualquier acción de investigación de los órganos policiales o del Ministerio Público hacen de la persona a la cual va dirigida un imputado a quien debe seguírsele el juicio en libertad. Sólo puede excepcionarse este principio por razones procesales: peligro de que el imputado se sustraiga de la justicia o bien que haya suficientes elementos de convicción de que podría obstaculizar el proceso o pudiera destruir evidencias. Por tanto, la suspensión de esta garantía del juicio penal en libertad no está relacionada con la gravedad del delito cometido, puesto que al procesado lo protege la presunción de inocencia: no podrán deducirse de la simple imputación consecuencias que lleven al enjuiciado a prisión, a menos que se produzca una de las dos circunstancias procesales aludidas. Se concluye entonces que la detención preventiva no tiene como base el derecho penal sustantivo, sino el derecho penal procesal. Por lo anterior, debe guardarse estrictamente la regla de que la detención preventiva sólo se podrá producir si se sorprende en flagrancia al presunto autor del hecho o bien si se dicta una detención judicial. Los aspectos aludidos deben conectarse de la siguiente manera: el principio es que el juicio se siga en libertad, libertad que fue interrumpida al ser sorprendido en flagrancia el imputado (debe recordarse que es imputado desde el primer acto de investigación del cual sea objeto, como su detención), pero en este caso no debe extenderse la detención si no se presentan las dos razones procesales antes detalladas: peligro de fuga u obstaculización del proceso, el juez, por tanto, debe ordenar la detención judicial sólo si se da alguna o las dos condiciones aludidas. Este es el ideal garantista de un proceso penal, pero en contra de él conspiran prejuicios que comparten inclusive operadores de justicia en relación, por ejemplo, con la peligrosidad del sujeto por el delito imputado, aun cuando lo proteja la presunción de inocencia hasta la producción de una sentencia condenatoria. Por esta vía se “colean” en la legislación razones de derecho penal sustantivo, como es la “presunción del peligro de fuga” tomando en consideración la gravedad del delito imputado. A quienes les extraña esta posición por ser “extremadamente garantista”, podría citarles como ejemplo el famoso juicio seguido al deportista y actor de cine O.J. Simpson, en los Estados Unidos de América, a quien, habiéndosele atribuido los homicidios de su esposa y de su presunto amante, llegaba diariamente al tribunal que lo juzgaba por sus propios medios, pues no estaba en prisión preventiva sino en libertad condicional, de acuerdo con el principio de la presunción de inocencia. Todos estos diques de contención en contra del poder punitivo arbitrario del Estado han sido derribados por la práctica forense venezolana: la policía detiene sin que medie que se haya sorprendido en flagrancia a la persona o que haya una orden judicial previa. Es más, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas decisiones por desgracia son vinculantes (lunar de la Constitución de 1999 que violenta el principio de la autonomía de la función del juez), en sentencia del 19 de marzo de 2004 (expediente 03-0180) dictó una resolución que violentaba este principio. El hecho consistió en que una persona a quien detuvo la policía sin haber sido sorprendida en flagrancia, circunstancia que se probó indubitablemente, fue amparada por la Corte en el sentido de que debía ser juzgada en libertad. Sin embargo, en contra del debido proceso, la Sala Constitucional resolvió que la detención cumplía con los requisitos legales y revocó la orden de libertad. En el motivo de tan desafortunada decisión de la Sala Constitucional del TSJ se lee lo siguiente: “las presuntas violaciones constitucionales cometidas por los organismos policiales se suspenden con dicha orden”. Para la Sala Constitucional, no importaron las condiciones de la detención del imputado: lo importante fue que hubo una decisión judicial al respecto, a pesar de que esta decisión fue basada en un falso supuesto: que la detención se había producido en flagrancia. Esta decisión es la base de la actuación policial, razón por la cual todas las normas dirigidas a preservar el principio de libertad dentro de las garantías propias del sistema procesal penal previstas tanto en la Constitución como en el COPP quedaron como letra muerta. Y al ser una sentencia vinculante, se convirtió en la base de las decisiones de los tribunales al respecto: ante la solicitud de revocación de una detención ilegal por parte de los órganos policiales, convalidada erróneamente por el juez de control, se antepone la sentencia de marras sin ningún otro argumento y se lleva el juicio en detención del imputado. El principio del enjuiciamiento penal en libertad tiene muchos detractores, en donde principalmente se encuentra la opinión pública orientada por las campañas de los medios de comunicación. Entonces el juez debe armarse de entereza para defender con determina ción los principios que orientan el debido proceso penal. El foro mexicano debe tener sumo cuidado en preservar esta máxima de libertad del imputado durante el juicio, a fin de evitar que se convierta en una fórmula vacía como sucedió en Venezuela. Hay autores que afirman que la oralidad es un principio, sin embargo, Alberto Binder no lo califica así; la considera “un mecanismo previsto para garantizar ciertos principios básicos del juicio penal. En especial, ella sirve para preservar el principio de inmediación, la publicidad y la personalización de la función judicial”. Agrega luego en su obra Introducción al derecho procesal penal que se debe diferenciar muy bien lo que es un instrumento de lo que es un principio. “La oralidad es un instrumento, un mecanismo; la inmediación o la publicidad son principios políticos y garantías que estructuran al proceso penal”. He llamado a la oralidad “la madre oralidad”, pues este mecanismo procesal hace posible la existencia de los principios básicos del juicio penal. Ya Binder aludió a la inmediación y a la publicidad, pero también la concentración es posible en un juicio oral, así como la personalización judicial. Sería imposible que un juicio escrito se realizara en una audiencia o en el menor número consecutivo de ellas, como también que sólo el juez que recibió la prueba en la audiencia oral y pública sea el sentenciador, no otro, sustitución que se hace posible en el juicio escrito, con el cúmulo probatorio contenido en el expediente que se pondría a su orden. Debe guardarse celosamente esta característica, pues sin ella se desdibuja el sistema acusatorio oral. Es natural que este tipo de proceso contenga actos formulados por escrito: la acusación, la sentencia, las órdenes y boletas de detención o de citación, las experticias, serían algunos de ellos. Pero lo que no permite cambio es la naturaleza oral de la audiencia pública, es decir del juicio. Todo lo realizado antes de la audiencia oral son actos preparatorios para su realización, y todo lo que acaezca posteriormente es consecuencia de lo que en ella se decida. La médula del juicio penal es la audiencia oral, pues allí es que se presentan los elementos de convicción para condenar o para absolver, es el juicio. Pues bien, ha de tenerse sumo cuidado en que en el proceso penal mexicano no se presente la desnaturalización del instrumento de la oralidad que se ha producido en Venezuela. Es común que los expertos no asistan a la audiencia oral y el contenido de sus experticias se conozcan con la lectura de sus resultas por la parte interesada o por un funcionario del tribunal. Se ha llegado al despropósito de que la audiencia oral se realice sin la presencia del juez, dándole a la oralidad en esta audiencia un carácter eminentemente formal que pudiera desecharse con la firma de las partes, como si se hubiera realizado. A veces ello se efectúa sin la presencia del juez, sino de algún funcionario subalterno. Ese acto solemne, colmado de elementos probatorios: testigos y expertos, así como de alegatos y contraalegatos de las partes, se convirtió en los casos extremos de su impostura, que no son escasos, en un acta que de común acuerdo redactan las partes y la suscriben, con frecuencia con la ausencia del juez. Creo que con el examen de estas dos características significativas del proceso penal y con lo anotado en el sentido de su desnaturalización en la práctica forense en Venezuela he cumplido con el propósito de este prólogo que a la vez de presentar la obra de Pereira, tiene como objetivo alertar a quienes pondrán en práctica el sistema acusatorio oral en México de los peligros que se corre si no hay una seria formación de los operadores de justicia. La obra de Leonardo Pereira Meléndez será de mucha utilidad tanto en las aulas universitarias como en los foros mexicanos. Orientará a quienes se forman como abogados y a aquellos que ejercen la profesión en el ámbito penal.

He tenido un cierto pudor de adentrarme al Derecho Penal Sustantivo seguro de que México cuenta con muchos expertos en el tema y yo apenas he hecho una pequeña crítica. En efecto, este primer texto expresa el por qué el Derecho Penal no puede ingresar al siglo XXI sin cambios esenciales. En especial, que la Teoría del Delito, prevista desde el Derecho Penal, debe hacer praxis en el Derecho Procesal Penal y, por ende, no es dogmática sino pragmática penal. A partir de este cuestionamiento nace esta primera parte del Derecho Penal para el siglo XXI, esto es, de la Dogmática Penal a la Pragmática Penal con la finalidad de procurar un cambio en la visión de la Teoría del Delito que, sin dejar de colocarla en el derecho penal sustantivo debo, necesariamente, atraerla al derecho procesal, lugar al que le es propio. Si seguimos considerando la conducta humana típica dentro de la dogmática penal y, ésta, analizando la conducta como elemento objetivo del tipo penal, es claro que la dogmática nunca será dogmática, nunca logrará producir un derecho penal en serio, no podrá consolidar una verdadera Teoría Del Delito y, nunca producirá, en el Derecho Penal Adjetivo, una verdadera justicia en la aplicación de los tipos penales al hechos delictivo y la pena al autor del mismo. Este libro produce un cambio en el estudio de la conducta típica analizando desde esa conducta, como elemento subjetivo del tipo penal, la autoría, la participación, los grados de participación, las formas de intervención y la naturaleza dolosa y culposa de la conducta, dentro de lo cual es posible entender, mejor, las causas excluyentes tanto de antijuridicidad como de culpabilidad. Este libro exige, con el estudio antropológico de la persona humana, un cambio de paradigma del delito, de la Teoría Del Delito, de la conducta típica, lógicamente, de la dogmática penal hacia una pragmática.

No es posible juzgar el siglo XXI con la mentalidad y la cultura del siglo XX. Las cosas del siglo XXI están mal enfocadas porque se conocen poco, están mal diri- gidas porque se desconoce dónde; están mal orientadas, porque se ignora el por qué; están mal proyectadas porque no se conoce el hacía qué o el hacía quién. Entonces, caerán en el error aquellos que han ingresado a este siglo sin estar preparados; aquellos que tienen título que demuestra que concluyeron un grado y que, sin embargo, saben igual o menos que los anteriores y, por tanto, con su título en mano (de maestría y/o de doctorado) se darían cuenta del fracaso, es- pecialmente aquellos que no consideraron la importancia de enfrentar el nuevo si- glo con un conocimiento mínimo (ojalá máximo) de teología, esto es, de la relación de la persona humana con Dios (con su creador), de filosofía, de antropología, de sociología y sin las necesarias teorías del Estado, del Derecho, del Proceso, del Derecho Constitucional, de los Derechos Humanos. Este libro es la segunda parte de otro. Mejor, la continuación. He escrito In- troducción al derecho penal para el siglo XXI, desde la dogmática a la pragmática penal. Me parece que el problema de la “dogmática” se supera en el Derecho Pe- nal, con el principio de legalidad, especialmente cuando es acuñado y protegido por los principios constitucionales que, a la vez, protege los principios de defensa, audiencia, licitud de la prueba. Procuro introducir a una Teoría del Delito que, si bien encuentra sus conceptos en el Derecho Penal sustantivo (si se quiere, como una dogmática penal), sólo puede entenderse desde una pragmática penal, esto es (y como debe ser), desde el Derecho Procesal Penal sin abandonar, aunque si mejorando, el Derecho Procesal Penal acusatorio.

En un Estado de Derecho, la administración pública y los órganos que la integran están subordinados a la ley. El funcionario y empleado público tienen como punto de partida y límite de su actividad, el circunscribirse a la ley que determina su competencia. Todo acto administrativo debe emanar del cumplimiento de una ley. Los particulares tienen derecho a que los órganos administrativos se sujeten a la ley y se cumplan cada uno de los elementos propios del acto administrativo. De lo antes expuesto, encontramos que el Derecho Procesal Administrativo tiene por objeto y fin la protección de los administrados frente a la Administración Pública, así como mantener la eficacia del Derecho Administrativo a través de la función jurisdiccional. En nuestro concepto, el Derecho Procesal Administrativo, es el conjunto de normas e instituciones que tienen como finalidad regular la función jurisdiccional del Estado, tendiente a resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, debido a los actos emitidos por esta última. Entre los medios de defensa legal con que cuenta el particular para impugnar los actos de la administración pública, encontramos en primer termino, el recurso administrativo que implica la posibilidad de que la autoridad administrativa revise su propio acto, reconozca un error y corrija su actuación en virtud de la petición hecha por un particular. No obstante, la finalidad establecida para los recursos administrativos previamente señalada, tenemos que en la práctica cotidiana las autoridades administrativas no cuentan con la imparcialidad suficiente para considerar que su acto o el emitido por un inferior jerárquico sean ilegales, por lo que la mayoría de las resoluciones que recaen a los recursos mencionados confirman los actos impugnados, dejando al particular con la misma problemática. Es por ello que el medio de control jurisdiccional idóneo sobre los actos de la administración pública es el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Finalmente, si la resolución que recae al juicio referido sigue siendo contraria a los intereses del gobernado, se tendrá la posibilidad de acudir al Juicio de Amparo ante el Poder Judicial Federal. Con la intención de que la presente obra sea de utilidad tanto para los estudiantes como para los estudiosos del Derecho, hemos decidido combinar la teoría con la práctica forense, recordando lo mencionado por el Maestro José Ovalle Favela al indicar que “la teoría que no toma en cuenta la práctica del derecho procesal, ni aporta soluciones a los problemas que esta plantea, es solo metafísica y que la práctica que desconoce la teoría es solo rutina”.