BUSCAR LIBRO

La metodología que actualmente se aplica en la investigación de homicidios presenta deficiencias, por lo que es necesario hacer una revisión profunda de las técnicas y métodos científicos que hoy se emplean e introducir nuevas técnicas y métodos que ayuden a llevar a cabo un trabajo eficaz. No es correcto seguir cometiendo errores en la investigación de los homicidios que en muchos casos favorecen la mediocridad y la impunidad. Esta obra constituye una aportación para lograr la reestructuración de la metodología en la investigación de homicidios; en ella se incorpora una nueva dinámica científica de la criminalística moderna adecuada a los valores, principios y contenidos innovadores de la reforma a nuestra Constitución General en materia de procuración de justicia y seguridad pública, que entró en vigor el miércoles 18 de junio de 2008, en sus artículos 16, 17 y 18, y al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) (Código Único), que adoptan el sistema procesal penal acusatorio. Entre su articulado, en el CNPP se establecen las normas que han de observarse en la investigación; en éstas encontramos grandes transiciones, como el impacto de la prueba científica que se recaba durante el proceso de la investigación, sobre todo frente a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. En esta obra se resaltan los instrumentos científicos, metodológicos y técnicos con los que cuenta la criminalística moderna para auxiliar a los servidores públicos encargados de llevar a cabo este tipo de investigaciones. En efecto, el Ministerio Público y los agentes de la Policía de Investigación tienen la imperiosa necesidad, como obligación constitucional frente al nuevo sistema penal acusatorio, de conducir su investigación ministerial de la mejor forma posible, por lo que la capacitación profesionalización y actualización de su función constitucional es indispensable. En este rubro hay mucho por hacer y, sobre todo, lo que realmente se requiere es concientizar a los investigadores de que deben involucrarse más para manejar las nuevas técnicas de la investigación de homicidios. El desempeño profesional, ético y honesto del científico en el ámbito forense son la base fundamental en la investigación de homicidios. El contenido de esta obra es novedoso; no entra en el vicio o esquema de la investigación criminalística tradicional de reproducir contenidos ya expuestos en otros textos y que no están actualizados conforme a los lineamientos establecidos en el CNPP, por lo que es urgente hacer una revisión de las técnicas científicas modernas con que hoy se realizan estas investigaciones e introducir nuevos mecanismos que permitan que se lleven a cabo adecuadamente. No es sano seguir manteniendo errores que en muchos casos favorecen la mediocridad y la impunidad. La experiencia que el autor ha adquirido a lo largo de 48 años como abogado postulante en el ramo penal y como docente de las materias de Ciencias Penales que se imparten en distintas universidades del país queda insertada en esta obra que abarca todo lo que es la investigación de homicidios y que incluye también los conceptos generales más aplicables, las diligencias elementales que proceden desde el inicio de la investigación ministerial hasta su conclusión, así como las ciencias que apoyan este trabajo. Ciertamente, el Ministerio Público tiene la imperiosa necesidad, como obligación constitucional frente al nuevo milenio, de conducir su investigación ministerial de la mejor forma posible, por lo que la capacitación, profesionalización y actualización de su función constitucional es indispensable. En este sentido, lo que realmente se requiere es concientizar a quienes prestan dichos servicios de que deben involucrarse más para manejar las nuevas técnicas de investigación, aspecto que representa un eco en la sociedad a nivel nacional. Sólo de esa manera se recobrará la confianza y la credibilidad en el servidor público y en el sistema de procuración de justicia.

No se puede ignorar, cuando ahora escribimos la cuarta edición del Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, junto con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (29-12-2014), la Ley Nacional de Ejecución Penal (16-06-2016), la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública (02-01-2009) y la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes (16-06-2016), que aquella es hoy una vieja historia que inicia con el proyecto del presidente Vicente Fox Quesada, cuyo periodo terminó sin esa legislación; continúa con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, que logra la Reforma Constitucional que la impulsa; se implementa con el presidente Enrique Peña Nieto, que logra la unificación de las Legislaciones Procesales, y ahora se acoge por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vuelve a introducir la Secretaría de Seguridad Pública. No es posible implementar un proceso si no se han reformado, de manera coherente, las leyes orgánicas federales y locales del poder judicial, las leyes orgánicas federales y locales del Ministerio Público, que deben contener la legislación para la policía ministerial y la policía técnica y científica o, en su defecto, las respectivas leyes federales y locales para la policía de investigación. De igual manera, es necesario arrasar con la burocracia de órganos técnicos para contar con los necesarios tribunales de apelación de sentencia, tribunales de apelación de autos o tribunales de alzada, tribunales de enjuiciamiento, jueces de control, así como el mínimo de agentes y fiscales del Ministerio Público que, en conjunción con la trilogía de investigación conformada por la policía Ministerial y el cuerpo de peritos, puedan realizar las investigaciones técnicas y científicas necesarias. Once años después es posible decir, en un inicio como hipótesis, pero cuidado que como tesis de fondo, que mientras no se logre la “reforma” —en todos los sentidos posibles del término— de la policía, no es posible reformar el Proceso Penal en México. Es como si todo dependiera de esa institución. Quienes han puesto la vista en el poder judicial —federal o local—, en el Ministerio Público —federal o local—, en el mismo nombramiento del Fiscal General y los fiscales anticorrupción —entre otros—, en la víctima y la asesoría jurídica de la misma, en los centros de mediación y conciliación, etcétera, se han equivocado. La producción positiva o negativa de un proceso depende de la seguridad pública, la impunidad depende de la seguridad pública, la violencia depende de la seguridad pública. Aquí, en esta institución, no hemos podido ponernos de acuerdos ni con las leyes, ni con los manuales, ni con los protocolos, ni con la Jurisprudencia, ni con los que han escrito respecto a este tema. Nos atrevemos a decir que ha sido el tema de más aficionados —diletanti—. Decenas de académicos, juristas, abogados sin experiencia policial han querido decir lo suyo sin sustento y aquellos que se han visto “beneficiados” con la producción de manuales, protocolos y acuerdos ejecutivos han logrado que todos los demás se equivoquen con relación a la policía. Cuando algunos pocos académicos de derecho procesal penal pueden vislumbrar el “expediente virtual” o la “carpeta digital” entre las normas de las leyes estudiadas, las autoridades —ministros de la corte, magistrados de circuito, jueces de distrito, secretarios de gobierno, consejo de la judicatura, procuradores de justicia, fiscales generales, etcétera— ven formatos, machotes, documentos, actas y papeles que llenar; con notable tristeza, los jueces —especialmente los jueces de control— han encontrado seguridad en esos papeles. En once años la oralidad ha perdido espontaneidad, belleza y calidad para convertirse en una ilusión óptica o una sala de audiencias de personas sujetas a sus escritorios, tanto impedidas, como atrofiadas, sin poder utilizar el lenguaje corporal para trasladarse por la sala. La pantalla plasma es un gran distractor que utilizan las partes para arreglarse la corbata o la mascada; la videograbación, el instrumento que graba para luego trascribir los contenidos de la “oralidad” y redactar con esas trascripciones las sentencias; las “negociaciones” a través de los facilitadores para conseguir formas alternativas de solución del conflicto o mecanismos alternativos de terminación del proceso, la oportunidad de funcionarios corruptos para cobrar por el trámite y beneficiarse del favor de los imputados y las víctimas mediante la corrupción económica del sistema. No se entiende el proceso penal acusatorio si no se entiende la libertad personal. La toma de decisiones de vida como objetivo de la sanción renuncia a la privación de libertad como medida cautelar y asume la responsabilidad de educar en libertad, de creer en la libertad y de convertir la libertad en un lugar común para el desarrollo de habilidades a través del trabajo y el servicio a la comunidad. Esto sin ignorar lo difícil que es, para México, resolver los serios problemas de criminalidad aún con una clara política criminal. El Código Nacional de Procedimientos Penales debe leerse en clave constitucional. La reforma constitucional del 2008 señaló las líneas maestras del Sistema de Justicia Penal para México. Sin embargo, no se pueden ignorar las reformas constitucionales del 6 de Junio del 2011 y del 10 de junio del 2011. Bajo esos criterios se entiende que el principio de alternatividad es el principio rector del proceso acusatorio y que la ejecución de la pena y los medios de impugnación son dos etapas importantes del mismo sistema. A su vez, el proceso acusatorio acoge, por mayor garantía, la justicia integral para adolescentes. El proceso acusatorio mexicano nace en y desde la Constitución Política y, por ende, es un modelo propio. No lo entenderán los muchos que tratan de comprenderlo desde el “viejo” sistema. No lo entenderán los que quieren comprenderlo desde otros modelos. No lo entenderán los que lo vienen enseñando desde las técnicas de litigio del sistema de los Estados Unidos de América. No lo entenderán los que no quieren leer la Constitución Política, ni los que ignoran aun los contenidos del Código Nacional, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, la Ley Nacional de Ejecución de las Penas, la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes. El proceso penal en México exige hoy lectura constante y continua. Vale la pena, por México, estar al día para ofrecer respuestas.

La presente obra es, primero, para conmemorar los 50 años de ejercicio profesional en el litigio penal, de un abogado invicto en un período tan largo, un jurista que se ha caracterizado por permear, con su opinión, en medios relacionados a temas jurídicos de mayor trascendencia de la Nación, siempre conduciéndose con pulcritud y probidad, y constituyendo un ejemplo para las nuevas generaciones de abogados; es, además, uno de los mejores amigos que me ha dado la vida, compañero de academia de hace más de 12 años, con una empatía académica muy importante con quien realiza la presente introducción, a quien reconozco no tan sólo una trayectoria extraordinaria, invicta y con asuntos de una trascendencia notable, sino el ser humano humilde, solidario y capaz de compartir, en aulas y foros, sus vastos conocimientos que le han representado el éxito de vida profesional. El 29 de enero de 2020, Juan Velásquez cumple 50 años defendiendo en juicios penales, 48 impartiendo clases en licenciatura y posgrado, así como un sinnúmero de conferencias en todo el país, en procuradurías, fiscalías, comisiones de derechos humanos, institutos, universidades, etcétera; es miembro honorario de la Asociación de Agregados Militares, Navales y Aéreos en México; es asesor de los Secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México; asesor y conferencista en el Colegio de Defensa Nacional; catedrático extraordinario en el Centro de Estudios Superiores Navales; asesor del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensas Nacionales; miembro del Consejo Editorial de la Revista del Centro de Estudios Superiores Navales, de la Secretaría Armada de México. La Secretaría de la Defensa Nacional le otorgó las condecoraciones de Mérito Docente Militar, de Servicios Distinguidos y de la Gran Orden Victoria de la República; la Marina Armada de México, la de Mérito Docente Naval Primera Clase. Asimismo, es Presidente Honorario de la Academia Mexicana de Derecho J.V., y ha defendido victoriosamente en procesos penales gran parte de los asuntos más trascendentes en cuanto a su impacto social en los últimos 50 años. Por todo lo anterior, este colectivo presenta un reconocimiento a la trayectoria intachable de un jurista de época, de un hombre que lleva la práctica profesional a la excelencia, que compagina con una ardua labor académica en las aulas y los foros. Así, pues, dedicar una obra de esta naturaleza no representa más que reconocimiento a una persona que con su trayectoria ha dejado una huella imborrable, que para siempre será ejemplo de abogados, estudiantes y estudiosos del derecho. De igual manera, se reconoce la trayectoria del jurista latinoamericano, Daniel González (Costa Rica), que con su labor ha dejado huella en la academia, la magistratura y la investigación; es un mero acto de justicia. Daniel representa los vestigios de la gestación de un código procesal constitucional, ya que fue uno de los grandes gestores de la reforma constitucional de 1989 en Costa Rica, así como de la Ley de Jurisdicción Constitucional costarricense. Su formación en la Universidad de Costa Rica, complementada en la Universidad de Nápoles en Italia, le dio la oportunidad de ampliar su visión de jurista. Fue magistrado (ministro) de la Corte Suprema de Costa Rica de 1970 a 2004, presidió la Sala Penal por 14 años hasta el momento de su retiro, siendo compañero de Sala de Rodolfo Piza Escalante, quien, a la postre, fue el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue profesor de Posgrado en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica, desde su fundación hasta el año 2004, y del Posgrado en Criminología de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica; fundador y director de la revista Ciencias Penales de Costa Rica, de 1990 a 2004, y de 2011 a la fecha; es autor de nueve libros y de una gran cantidad de artículos relacionados con la justicia penal, publicados en varios países de América Latina; de 2005 a 2010, laboró en el Programa de apoyo al Estado de derecho en México, como asesor de la reforma a la justicia penal; de 2010 a 2014, laboró como consultor senior del Programa de promoción de la justicia en México (ProJusticia); de julio de 2019 a la fecha, labora como adjunto a la Universidad Internacional de la Florida, como director local del Programa de capacitación de jueces, fiscales, defensores públicos y policías de investigación sobre la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en el Poder Judicial de Costa Rica. Asimismo, ha sido profesor y conferenciante en gran cantidad de cursos en todo el mundo; asesor del proceso de reforma y corredactor de varias leyes y códigos en materia penal, procesal penal y constitucional de Costa Rica y otros países de América Latina; gran gestor del sistema acusatorio en México; y otro de los grandes amigos que me ha dado la vida. Es de gran importancia el reconocimiento a la trayectoria de dos de los más importantes juristas que ha dado nuestro continente, de dos visiones totalmente diferentes: Juan Velásquez siempre señalando la conflictiva que ha representado el sistema acusatorio en México; y, en contra parte, Daniel González Álvarez, gestor del sistema acusatorio en este país. Vaya este homenaje a dos juristas que respeto, admiro y aprecio con gran cariño, gracias por su amistad y por aportarme, en el debate cotidiano, en la sobremesa, aspectos importantes para mi visión como jurista. Por otro lado, la pluma de Juan Velásquez (México), Daniel González (Costa Rica), José F. Palomino Manchego (Perú), Domingo García Belaunde (Perú), Carlos Luis Carrillo Artiles (Venezuela), Carlos Manuel González Hernández (República Dominicana), Alan E. Vargas Lima (Bolivia) y Daniel Rafecas (Argentina), quienes gentilmente me permitieron plasmar la mía, constituyen un análisis a conciencia de la evolución que se ha dado en un tema de gran trascendencia en la consolidación del Estado de derecho y de la democracia en los países de América Latina, como lo es el control de convencionalidad, que a través de la concepción de don Sergio García Ramírez, quien presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se empezó a gestar con sus votos particulares a partir de 2003, en los casos Myrna Mack Chang contra Guatemala, Tibi contra Ecuador, Vargas Areco contra Paraguay y plenariamente, a partir de septiembre del 2006, en los casos con la sentencia Almonacid Arellano contra Chile, Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, Cabrera-Montiel contra México, Atala Riffo contra Chile y Masacre de Santo Domingo contra Colombia, es decir, pretorianamente. Estos casos representan un examen de confrontación del derecho interno con el derecho internacional de derechos humanos, teniendo prelación este último, que se erige con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma de normas, y el derecho nacional en infraconvencional, encontrando tristemente, en muchos de los Estados parte del sistema interamericano, una resistencia a su incorporación efectiva. Esta resistencia debe ser vencida con la generación de un verdadero criterio de apertura por parte los operadores, así como con legisladores comprometidos y conocedores del derecho interno y del derecho internacional de derechos humanos; con cortes, tribunales constitucionales y salas constitucionales integradas por ministros y magistrados que sean seleccionados con base en su perfil, su cognición jurídica, su reconocida probidad, así como con el vasto conocimiento del derecho internacional de derechos humanos, lo que constituye uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional. En ese sentido, la presente no sólo es el marco de reconocimiento a la trayectoria de dos juristas históricos, sino que es un tratado con visiones de juristas de toda América Latina, que cuentan con una reconocida trayectoria en el derecho y son verdaderos conocedores del tema, lo que permitirá que la obra sea un importante instrumento para los estudiantes de licenciatura y posgrado de todo el continente. No quiero pasar por alto el agradecimiento a otro de los grandes amigos que me ha dado América Latina, José F. Palomino Manchego, extraordinario constitucionalista peruano, con quien he tenido jornadas académicas en gran parte de los países de nuestro continente, quien siempre me ha brindado su apoyo y amistad, y por quien también tengo gran respeto y admiración. Esta obra está plagada de juristas de excelencia, cuyo cometido principal es brindar una verdadera enseñanza del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional.

El hombre es un ser social por naturaleza que al momento de agruparse para lograr la sobrevivencia requiere de un conjunto de reglas de comportamiento que le permitan convivir de manera armónica y adecuada con otros hombres. Así surge el derecho, como un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas en sociedad. Dentro de las diversas ramas de la ciencia del derecho se encuentra el derecho privado que puede ser definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares. La presente obra jurídica tiene como finalidad presentar los conceptos fundamentales de derecho privado que permitan al lector introducirse, a su vez, en el estudio del derecho civil y del derecho mercantil mediante definiciones, doctrina, fundamentos legales y ejemplos prácticos enfocados a la labor cotidiana del abogado y de toda aquella persona de negocios que se encuentre inmersa en el mundo del derecho privado con motivo de su actividad.

El tema de los derechos humanos no es, en algún modo, una novedad, empero, como rama autónoma del derecho, apenas se vislumbra en el siglo XXI, ya que, con independencia de que la primera generación, data de la época de la ilustración, el derecho procesal convencional —si puede denominársele así—, surge como tal hasta este siglo, que es cuando la sociedad jurídica voltea a ver el litigio de derechos humanos como una herramienta de trabajo autónoma y no como un medio de impugnación, autonomía que ya tenían otras ramas como el derecho procesal civil, el derecho procesal penal o el de naturaleza social. En las últimas décadas del siglo pasado fueron introducidas a México instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las correspondientes de las entidades, pero sus alcances eran muy limitados, al tratarse de organismos aparentemente autónomos, pero que, en la realidad, permanecían bajo el control del ejecutivo, que se concretaban a generar recomendaciones sin coercitividad, por lo que eran más un instrumento político que jurídico, debiendo destacar que si los derechos humanos y los Tratados Internacionales son instituciones vivas que evolucionan, estos organismos vigilantes y protectores de derechos humanos del mismo modo fueron evolucionando y con la llegada al poder de los partidos que no mantenían la hegemonía en los congresos, se logró, en algunos casos, cierto grado de independencia y sus recomendaciones han sido cada vez más vinculantes por el peso político de estas instancias gubernamentales. Pero a los juristas se les hace reducido el alcance de las recomendaciones, por ello impulsaron el litigio a niveles internacionales y domésticos, como nunca antes se había hecho, creándose la competencia jurisdiccional internacional y reformando las constituciones con la finalidad de evolucionar desde las garantías individuales de índole procesal, que eran otorgadas por el Estado, hacia los derechos fundamentales que reconocen que el ser humano por el simple hecho de serlo se encuentra dotado de prerrogativas que no pueden ser limitadas o restringidas a menos de que se trate de un caso de excepción y mediante la necesaria ponderación. Este texto busca esencialmente responder algunas interrogantes que van de aspectos teóricos a cuestiones prácticas, en cuanto a ¿cuál es la diferencia entre una antinomia dispositiva y una antinomia normativa en el marco del principio pro persona?, ¿cuál es la diferencia entre el control difuso y el concentrado?, ¿el sistema jurídico de México es de control difuso, concentrado o mixto?, ¿cuál es la diferencia entre el principio pro persona y la ponderación de derechos humanos?, ¿cuál es la diferencia entre la interpretación conforme y el control de convencionalidad?, ¿cómo pueden ponderarse dos o más derechos humanos mediante un método objetivo?, ¿cuáles son los derechos humanos de las partes en el proceso penal?, ¿cuáles son los derechos humanos frecuentemente violados en materia penal?, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de las violaciones a derecho fundamentales?, ¿en qué casos se tienen violaciones derechos humanos sin consecuencias procesales?, ¿cuáles son las diferencias entre derechos humanos y garantías constitucionales en materia penal?, ¿cuáles son los procedimientos de litigio de derechos humanos en materia penal?, o bien, ¿en qué supuestos la norma permite la violación legal de derechos humanos?, cuestionamientos que, a lo largo de los capítulos, los autores pretenden responder no sólo con el manejo del marco jurídico o teórico, sino empleando la metodología del análisis de casos como herramienta de mejor comprensión. Desde luego que la producción literaria en materia de derechos fundamentales ha crecido en la última década y que no existe ninguna obra que pueda despreciarse, pero ésta, en particular, vincula, en exclusivo y con un hilo conductor, aquellos que se violentan con mayor frecuencia en procesos del orden penal, buscando proporcionar herramientas de litigio a los postulantes, pero también criterios que permitan resolver disputas en la materia.

Este libro es el primer estudio especializado sobre la acción proforma, en él se descubre que no es tan sólo una acción accesoria, sino que va más allá, su ejercicio está íntimamente relacionado con otras acciones principales, por lo que la sentencia que se obtenga tendrá una utilidad conexa que podrá servir como sustento en el ejercicio de otras acciones civiles. Asimismo, este examen nos lleva a hacer un análisis de la naturaleza jurídica, de los elementos de la acción proforma, pasando por los actos prejudiciales, que son sumamente importantes para preparar el escrito inicial de demanda, y de la etapa procesal, con lo cual se busca abordar todos los aspectos de esta acción. Por último, se incluye un formulario que será de utilidad para conocer el acto prejudicial, puesto que a través de éste se obtiene el documento base de la acción, los interrogatorios necesarios, el escrito de demanda, la objeción de documentos y otros más, de esta manera se complementa la comprensión del estudio contenido en este libro y que, estamos seguros, servirá en la vida práctica del litigante.

Tanto la admisión como el desahogo y valoración de la prueba pericial han sufrido cambios sustanciales en los últimos tiempos, a grado tal que podemos decir que estamos viviendo el siglo de oro de las periciales, fenómeno que no es exclusivo de México, sino que está presente a nivel internacional. Los avances científicos y tecnológicos han sido un factor determinante en este cambio, la trilogía Daubert- Joiner-Kumho, resuelta por la Corte Suprema de los Estados Unidos, revolucionó todo el sistema judicial imperante durante setenta años en esta nación, ya que, si bien los criterios que lo sustentaron iniciaron en controversias civiles, se extendieron al campo penal y prácticamente a todas las ramas del derecho, de ahí surgió la influencia a otros países del continente, en el ámbito de las periciales. Nuestra Suprema Corte ha adoptado algunos de estos principios y ha emitido una gran cantidad de jurisprudencias acerca de los requisitos del dictamen, su función y la valoración que debe dar el juez a los mismos, lo que representa —en nuestro derecho mexicano— un cambio radical y sustancioso del paradigma en el que anteriormente se realizaban las pruebas periciales. Actualmente, no se puede argumentar que no existe un sólo precepto legal que establezca los requisitos que debe contener un dictamen, puesto que —como ya indicamos— nuestra máxima autoridad judicial lo determinó cuando estableció cómo tenían que ser las reglas de valoración. Estos cambios no son exclusivos de determinada ciencia, técnica o arte, por el contrario, abarcan todo tipo de periciales, lo que obliga a que los peritos mejoren la calidad de sus trabajos, pues, en la actualidad, su función no puede concretarse a expresar una opinión sin fundamento, su desempeño tiene mayor importancia, lo que conlleva a mayor responsabilidad, actualmente no solo basta tener conocimiento en la materia, también es necesario ser totalmente explicativo, porque deben aportar al juez todos los elementos —hasta donde su alcance lo permita— para que comprenda las técnicas, principios y estudios de la especialidad que corresponda, para tener un aprendizaje de la materia y, con base en ello, otorgar o no valor probatorio al dictamen. La creencia de que el juez es perito de peritos en todas las materias ha quedado delimitada al área del derecho, no se puede argumentar que es perito en todos los campos puesto que su conocimiento es limitado en otras áreas y necesita conocer y comprender la especialidad sobre la que se dictamine en juicio, lo cual no podrá lograrlo si los dictámenes no exponen y explican conceptos, incluso el lenguaje especializado que se emplea en distintas áreas.