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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
INTERVENCIÓN DE LA COMUNICACIÓN PRIVADA
  • Carlos Quintino Zepeda
Como regla general, la inviolabilidad de la comunicación privada comprende un derecho a la intimidad o derecho fundamental del ser humano. Sin embargo, no todo ser humano es persona y, por ello mismo, se hace necesario regular la intervención a la comunicación privada. De manera recurrente, la intervención a una comunicación privada, se consigue con la autorización previa del juez de control. Como excepción a la regla general, el artículo 252, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que: […], requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: […] III. La intervención de las comunicaciones privadas y correspondencia. […]. Cuando un teléfono celular se encuentra abandonado en el lugar del hecho típico. La excepción a la regla general, se presenta con las circunstancias siguientes: a) El perito en materia de informática forense podrá extraer la información electrónica —sin la previa autorización del juez de control—, cuando el teléfono celular se encuentre abandonado en el lugar del hecho típico, y b) No se requiere autorización previa del juez de control cuando el propietario de un teléfono celular aporte el contenido de su información electrónica con relación al hecho típico —dentro de un tiempo real o presente. En la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público podrá realizar el registro de la intervención a la comunicación privada. El registro deberá referirse a la localización geográfica de un dispositivo móvil. También, se hará un registro de los datos de prueba que se deriven de la información electrónica, siempre y cuando, se relacionen con el hecho típico. Esta obra contiene 10 requisitos a fin de localizar un dispositivo móvil o teléfono celular con relación al hecho típico —dentro de un tiempo real o presente. En atención a ello, es importante saber cuándo sí y cuándo no se afecta el derecho fundamental (intervención a la comunicación privada). Y, para ese efecto, es necesaria la consulta de 11 criterios de jurisprudencia. 120 registros justifican la necesidad de implementar una plataforma digital que sirva de enlace entre las líneas telefónicas, el agente del Ministerio Público y el juez de control, respectivamente. Y, si esto es así, la solicitud de una intervención de la comunicación privada se debe realizar dentro de un tiempo real o presente en aras de una mejor procuración de la justicia federal.
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ESTUDIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL ARRAIGO EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL
  • Lucio Alfonso Rubio Antelis
¿Es la presunción de inocencia o la presunción de culpabilidad, el estándar aplicativo de la norma penal a cargo de los operadores del actual sistema de justicia penal acusatorio? Escribir, discurrir y exaltar este principio parece ser tarea común de los encargados y responsables del funcionamiento de la maquinaria punitiva en el ámbito operativo. La realidad que se vive en las prácticas jurisdiccionales, es una; la realidad que padece el ciudadano común y corriente, es otra. En resumidas cuentas, la presunción de inocencia se aleja completamente de estos escenarios, gozando de privilegios y prerrogativas a las que muy pocos tienen acceso. El brazo de la ley no llega a los marginados del derecho penal. No importa la profesión que se ejerza, el oficio que se desempeñe o la actividad cotidiana que cualquier persona lleve a cabo para sobrevivir, digna, respetuosa y lícitamente; cuando la maquinaria del Estado encamina sus baterías en la persecución del delito, lo hace sabedor de que ahora en las investigaciones preliminares, es más fácil judicializar y emplazar a audiencia de formulación de imputación a cualquier persona, exceptuando a los privilegiados. Actos que se producen siempre ante un juez de control, individualizándole previamente, investigando o acumulando los datos de prueba, ya por el agente investigador o por conducto de la policía ministerial. La inseguridad y la sorpresa invaden a las personas involucradas en algún proceso penal, cuando son citadas a comparecer a una audiencia de formulación de imputación. La maquinaria judicial mediante sus propias reglas sui generis, surte efecto y se ejerce el control social. Es el sistema penal dueño y señor del futuro que depare al mortal imputado de la comisión de un ilícito.
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DERECHO LABORAL BUROCRÁTICO
  • Rogelio Romero Flores
El trabajador de base burocrático es la persona física que presta sus servicios en forma subordinada al patrón Estado, después de que éste le ha expedido un nombramiento para desempeñar un puesto de empleo, y lo hace en su carácter de titular autorizado por la ley. En la vida laboral del trabajador burocrático se enfrenta a diversas incidencias laborales entre ellas la más destacada por sus efectos y perjuicios lo es, el despido laboral. Ante este hecho frustrante para la mayoría de empleados públicos, en este caso el trabajador de base no sabe cómo abordar el problema ni cómo conducirse ante la consecuencia jurídico-procesal de un juicio de reinstalación o indemnización que está por venir. En este contexto jurídico procesal y sustantivo, es cuando el trabajador burócrático decide acudir a la instancia sindical solicitando apoyo jurídico para su defensa jurídica laboral ante del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y lo hace sin saber, casi siempre, sus derechos adjetivos y sustantivos que tutelan su seguridad jurídica en el empleo que por años vino desempeñando. Por lo anterior, y apoyados en la observación fáctica del fenómeno del problema del despido laboral nos propusimos investigar el tema del procedimiento laboral burocrático y tener acceso a los fundamentos adjetivos, sustantivos para resolver una controversia en las relaciones individuales de trabajo entre el patrón-Estado y el trabajador de base. El objetivo general del presente trabajo es investigar la tutela del trabajador burocrático de base en la legislación laboral vigente, como resultado de un acto de despido por parte del titular de una dependencia que representa al Estado empleador; así como el contexto histórico de la relación laboral del empleado público; describir el proceso que se sigue para la defensa en caso de despido y jurídica del trabajador despedido. Para lograr el propósito antes descrito hemos organizado el contenido académico en cuatro capítulos: En el primero, se presenta de manera resumida las etapas históricas del derecho burocrático desde la época precolonial (cultura azteca), la colonia (1521-1821), la época a partir de la independencia (1821-1940) y la época actual. Para una mejor comprensión de la terminología del derecho burocrático en su vertiente procesal se definen algunos conceptos básicos de gran utilidad para centrar el significado de los mismos y, poder acceder con mayor entendimiento al procedimiento de despido y se tenga por parte del trabajador, y los interesados en este tema, una mejor comprensión del proceso laboral, la emisión del laudo, la legislación, y la jurisprudencia que se ha emitido por parte de la Suprema Corte de Justicia SCJN, en esta materia. El marco jurídico de la materia laboral burocrática se aborda en el segundo capítulo, el cual está desarrollado en dos subcapítulos: en el primero se aborda regulación internacional que está prevista en los Tratados Internaciones emitidos por la OIT y en la Reforma de los Derechos Humanos del 10 de junio de 2011. La regulación nacional incluye el estudio y análisis de la legislación federal de trabajo burocrático partiendo desde luego de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); se hace un análisis somero del marco jurídico que regula la organización y competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje TFCA, como encargado de resolver el conflicto individual del despido.
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DOGMÁTICA PENAL APLICADA AL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL 2A. ED.
  • Rubén Quintino Zepeda
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COMENTARIOS A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
  • José Gerardo Chávez Sánchez
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que deriva de la reforma constitucional anticorrupción, es un hito en el orden jurídico mexicano en materia del derecho administrativo sancionador, porque establece un nuevo modelo de faltas administrativas y faltas de particulares, así como un procedimiento específico, completo y garantista, para la investigación, sustanciación y resolución, que puede culminar en la imposición de sanciones a servidores públicos e incluso a personas físicas y morales de derecho privado. Desde los inicios del derecho administrativo sancionador, como expresión del ius puniendi del Estado, se aplicaron principios y metodología del derecho penal y del derecho procesal penal, al advertir que las sanciones administrativas guardan semejanza con las penas y medidas de seguridad, al privar al sancionado de algunos de sus derechos humanos fundamentales, de tal manera que se utilizaron herramientas de la teoría del delito que permitieran aplicar las sanciones siempre que no existiera duda razonable sobre los hechos imputados a los servidores públicos. Proemio Jenyffer P. Hernández Pérez La aplicación de una nueva legislación generalmente es confusa e incierta, sobre todo cuando ya se estaba aplicando una ley que tenía por objeto los mismos supuestos, como lo era la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el ámbito federal y las correlativas en la Entidades Federativas. Tanto los sujetos obligados, como las autoridades que tienen la atribución de aplicarla, tienen que realizar adecuaciones mentales y gnoseológicas, para el nuevo discurso, los nuevos conceptos, en general, el lenguaje diferente por el que se expresa la norma novedosa, esto es lo que ahora sucede con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, legislación que abarca las cuestiones del nuevo modelo que el Constituyente Permanente diseñó en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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FORMULARIO FORENSE PARA EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
  • Mario Alberto Benítez Real
La presente obra contiene varios formatos de escritos de algunas solicitudes o peticiones que pueden realizar las partes, dirigidos al órgano jurisdiccional o al agente del Ministerio Público, en los que se sugiere cierta fundamentación y redacción, dependiendo del caso en particular. Se considera que estos formatos constituyen una guía o lineamientos para realizar de manera adecuada y concreta lo que se peticiona a las autoridades aludidas. Sin embargo, cada parte procesal deberá imprimir su sello y estilo personal, así como adecuarlo a la situación en concreto que esté llevando a cabo, pues no son formatos rigurosos, son sugerencias y dependerá de los pormenores del asunto para ajustarlos a sus requerimientos y necesidades, además se deben tomar en cuenta las denominaciones que se le dan de manera particular a los órganos jurisdiccionales y a la institución del Ministerio Público, en la Ciudad de México y los estados que conforman la república mexicana. Finalmente, se pretende que los referidos formatos sirvan como una herramienta orientadora para las partes procesales en este sistema penal acusatorio, ya que están fundamentados conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
  • Iván Ramírez Chavero
La presente obra tiene como finalidad, otorgar a los estudiantes y estudiosos del Derecho, los conceptos fundamentales para comprender la seguridad social y su instrumento básico de aplicación: el seguro social. Después de abordar el marco conceptual de la seguridad social, se realiza un estudio de su origen y evolución en el ámbito internacional y nacional, para posteriormente, entrar al análisis de los principales seguros sociales en México, consagrados de manera concreta en la Ley del Seguro Social (LSS), la Ley del Instituto de la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM) y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (LINFONAVIT), así como de los diversos reglamentos que permiten su aplicación. Asimismo, se presenta la exposición, estudio y práctica forense de los medios de defensa legal con los que cuentan tanto el trabajador como el patrón, en contra de los actos que se estimen ilegales, por parte de las autoridades administrativas, en materia de seguridad social. A pesar de que día con día se presentan reformas a nuestro orden jurídico nacional, que apuntan a la desaparición de la seguridad social —entre otras la aprobación de la actual Ley del ISSSTE, de marzo de 2007, mediante la cual se pasó de un sistema pensionario de beneficios definidos a un sistema de contribución definida, basado en cuentas individuales de ahorro— se debe pugnar por un sistema de seguridad social que otorgue a todos los mexicanos el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección a los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de las pensiones que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, disfrutarán los asegurados o sus familiares. Considero fundamental para el bienestar y desarrollo de los individuos y de la sociedad, conocer, respetar y hacer valer el marco jurídico que rige a la seguridad social en México.
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