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El control de la detención en audiencia es una de las importantes respuestas a la afectación de los derechos fundamentales que sufren los detenidos que ofrece la reforma al sistema de justicia penal en México. En efecto, es de conocimiento público la existencia de denuncias contra servidores públicos, usualmente, de la policía, por haber maltratado o torturado a detenidos, o simplemente el haberles sembrado algún objeto con la finalidad de comprometer su situación jurídica ante el Ministerio Público, o bien, ante el juez. Frente a tal escenario, se ha levantado una figura que permite a cualquier detenido que haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial el poder ser escuchado por la misma, quien a su vez exige la comparecencia del agente del Ministerio Público para que exponga las razones que motivaron que se le prive de la libertad a una determinada persona. Frente a ello, la dinámica e importancia del control de la detención descansa en la protección de los derechos fundamentales de toda persona que ha sido privada de su libertad, ya sea por las figuras de la detención por flagrancia delictiva, o bien, la detención por caso urgente. Sin embargo, para arribar a la citada audiencia ha sido preciso el cumplimiento de determinados pasos previos, los cuales, a su vez, constituyen condiciones necesarias para la celebración de la denominada audiencia inicial. En ese sentido, el presente estudio pretende analizar toda la sistemática que rodea la citada audiencia, a la luz del sistema acusatorio mencionado en la Constitución Federal y que ha sido regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En esta obra, el maestro Orlando Sánchez Torres analiza, desde un punto de vista práctico, las soluciones alternas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, aquí podrás encontrar diversas críticas a la legislación, interpretación y propuestas de reforma. Asimismo, aborda diversas interrogantes surgidas a raíz de la práctica profesional, como: ¿puede aprobarse un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso con posterioridad al dictado del auto de apertura a juicio oral?, ¿es posible revisar las condiciones impuestas por el juez en la suspensión condicional del proceso?, ¿el imputado se encuentra en aptitud de impugnar el auto que aprueba la suspensión condicional del proceso?, ¿las personas morales imputadas se encuentran en aptitud de concluir su proceso a través de la suspensión condicional del proceso?, entre muchas otras.

En cualquier momento llamarán a la puerta de una empresa, negociación o establecimiento, servidores públicos designados como auditores o visitadores de alguna Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria o de las Direcciones Generales de Auditoría de las diversas Secretarías de Finanzas del País, con el fin de ingresar a su domicilio ese mismo día y sin la necesidad de dejar un citatorio previo, con el objeto de llevar a cabo una auditoría consistente en verificar y determinar la legal estancia, tenencia, posesión, propiedad o importación de mercancías o maquinaria de procedencia extranjera que se encuentren en el interior del mismo; lo cual le obligará a acreditar con la documentación aduanera (pedimentos de importación, facturas o comprobantes fiscales digitales) que tales bienes fueron introducidos legalmente al territorio nacional. Sin embargo, no siempre resulta ser tan simple, pues si las mercancías son susceptibles de identificarse individualmente, necesariamente los números de serie, parte, marca, modelo, país de origen, deben coincidir exactamente y tal y como se aprecia en tales documentos, y si esto no es así, entonces la autoridad procederá a embargar precautoriamente dichas mercancías de acuerdo con lo establecido en la Ley Aduanera, quedando sujetas a un procedimiento administrativo en materia aduanera, en el cual el interesado deberá acreditar su legal estancia en territorio nacional, y para el caso de que no se consiga, entonces se le determinará un crédito fiscal (cantidad a pagar a favor del fisco) y la maquinaria pasará a propiedad del fisco federal o en su defecto se le determinará una cantidad que deberá de pagar por la imposibilidad de que pase a su propiedad. Ahora bien, el particular cuenta con los medios de defensa para impugnar las determinaciones de la autoridad aduanera, sin embargo ello no le asegurará el éxito para que se declare la ilegalidad del pago que le fue impuesto y que las mercancías no pasen a propiedad del fisco federal. Por tal razón nació la idea de escribir la presente obra, pues existe desconocimiento de cómo debe actuar el particular ante la auditoría de comercio exterior en la cual se le embarguen mercancías con motivo de la visita domiciliaria, por lo que se encuentra en estado de incertidumbre jurídica al desconocer los procedimientos que se le aplicarán para privarle de su propiedad y determinarle cantidades a pagar por concepto de impuestos omitidos, multas, recargos y actualizaciones. En este libro se explica tal procedimiento, se hacen recomendaciones y consejos jurídicos para gozar de los beneficios que señala la ley a favor del particular y actúe debidamente frente a la autoridad y tenga una defensa adecuada ante este tipo de actos que perjudican gravemente su patrimonio, la estabilidad económica y emocional de toda persona sujeta a un procedimiento de embargo y determinación de créditos fiscales por el simple hecho de contar con la posesión o propiedad de maquinaria de procedencia extranjera. En ese sentido, este texto cobra gran relevancia pues incluye las etapas del procedimiento de fiscalización de mercancías de comercio exterior en el domicilio del particular hasta su culminación, las medidas preventivas y correctivas que le permitirán evitar que la autoridad aduanera le emita una resolución en donde se determinen impuestos omitidos por la estancia irregular de la maquinaria y, para el caso de que se lleguen a determinar cantidades a pagar, se explican los medios de defensa procedentes y los principales argumentos que se deben hacer valer para lograr que se revoquen o se nulifiquen los efectos nocivos de las resoluciones emitidas en contra del particular.

Los motivos que pueden llevar a la elaboración de un libro en materia jurídica son diversos, en este caso, escribí estas líneas para aportar un grano al acervo del conocimiento universal, cuya fuente de inspiración se ciñe a la circulación de la riqueza y al tráfico comercial que beneficia a todas las personas, con el que propongo un esquema novedoso para enfrentar mejor la crisis económica en la globalización. La innovación, sin duda alguna, está inmersa en este tratado, puesto que, con base en el derecho comparado, puntualizo que el auto aprobatorio de remate judicial debe equipararse a la escritura pública de compraventa, lo que brindará celeridad a las transacciones comerciales al poseer un derecho dinámico, lineamiento que persigue la reforma constitucional del año 2008, con la que se enfrentará mejor los retos para abatir la carencia monetaria en los bolsillos de la gente, sin que sea a costa del equilibrio social. Para llegar a esa conclusión, me valí de una metodología cuya información plasmada en cada capítulo, consistente en la compraventa, la venta judicial, el cumplimiento del contrato y el auto aprobatorio de remate, será de mucha utilidad práctica para todos y cada uno de los amantes del derecho. He escrito, pues, el libro que me gustaría tener a la mano para comprender la redimensión de la naturaleza jurídica de los remates judiciales y, por ende, saber más derecho. Antes de terminar, quiero dejar constancia de mi admiración a mi querido maestro que en paz descanse, el abogado Carlos María Pérez Palma, cuyo ejemplo de gran señor del derecho ha iluminado siempre mi camino; y mi agradecimiento al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Dr. Genaro David Góngora Pimentel, así como al magistrado del Poder Judicial de la Federación, el Dr. Neófito López Ramos, por sus enseñanzas de que el hombre debe actuar siempre con honor, fortaleza y sabiduría, por el bien de todos y para todos.

México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en el año de 1990 y el doce de diciembre del año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 18 constitucional, mediante el cual se reformó el párrafo cuarto y se adicionaron los párrafos quinto y sexto, que dio lugar a que se recorrieran en su orden los últimos dos párrafos del artículo citado; asimismo, formal y materialmente se ha integrado un sistema integral de justicia para adolescentes en México, de forma diferenciada a los adultos que cometen delitos; mismo que es aplicable a quienes tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad y se les atribuya una conducta tipificada como delito en las leyes penales. Este cambio constitucional constituye una posibilidad de juzgar a los adolescentes dentro de estos rangos de edad; su responsabilidad penal con un procedimiento formalmente penal de corte acusatorio y materialmente socioeducativo. Lo que me motivó a escribir este libro sobre Justicia juvenil mexicana, es el hecho de que toda persona que quiera conocer el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en conflicto con la ley penal, cuente con ideas claras de lo que debe aprenderse acerca del mismo, porque, en realidad, trata de un sistema diferenciado al aplicable a personas adultas que cometen delitos. Por lo cual, es importante conocer temas relevantes en la estructura de la obra. Veamos: El sistema de justicia especializado para adolescentes, derivado de Tratados Internacionales y de nuestro derecho interno, respeta derechos humanos por su condición de edad, pues los jóvenes entre los rangos de edades antes citadas, pueden ser responsables penalmente con medidas socioeducativas, donde prima básicamente reducir las medidas restrictivas de la libertad, pues ésta debe ser la ultima ratio. Asimismo, en el sistema juvenil mexicano se priorizan los mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de terminación anticipada, a efecto de garantizar el principio de mínima intervención que establece la ley de la materia y en los propios Tratados Internacionales aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal. Atreverme a escribir este libro que exige especialización, ha sido debido a la preocupación constante por comprenderlo estando en la práctica jurisdiccional, cuando interpreto los principios aplicables en esta forma diferente de juzgar a personas vulnerables y que aún, se echa de menos, comprender en los propios operadores del sistema, que el adolescente involucrado no se le debe tratar propiamente como un delincuente; sino, juzgarlos de forma diferente, siempre maximizando principios como el del interés superior del niño, mínima intervención, protección integral, racionalidad, proporcionalidad e idoneidad, al tomar decisiones en diferentes etapas del procedimiento como la inicial, intermedia, juicio oral y la de ejecución que se considera sustancial en el logro de la reintegración social y familiar en el adolescente. Ello, precisando que siempre es viable solucionar el conflicto con los mecanismos establecidos en la ley y obviamente siguiendo los lineamientos que prevé la ley de la materia y el Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria. Una fase de ejecución es que su función principal será siempre educativa para que el adolescente entienda el alcance de su conducta, con la materialización de planes de actividades durante el tiempo que dure su medida de sanción, los cuales serán ejecutados con la ayuda de los diferentes profesionistas especializados de los centros de internamiento, estando en internamiento o en libertad, donde un juez de ejecución tendrá amplias facultades para resolver acerca de la legalidad de los planes de actividades, avances, retrocesos, condiciones de internamiento, traslados y controversias relativas a la duración de la medida de sanción impuesta, su modificación y extinción de la misma. Sin duda, para la plena efectividad de las medidas de sanción en el sistema juvenil siempre será fundamental la participación del Estado, la familia como ente responsable de la educación de los adolescentes y la urgente necesidad de colaboración de la comunidad, sea pública o privada, que sigue haciendo mucha falta. Por supuesto, de forma ecuánime siempre garantizar la reparación del daño como derecho fundamental de las víctimas, al ser un derecho constitucionalmente reconocido y quienes de forma directa e indirecta (ofendidos), se les ha vulnerado un bien jurídico protegido por la norma penal. He aquí que la Justicia juvenil mexicana es un tema relevante, con diversos tópicos, donde se podrá observar un lenguaje sencillo y entendible para toda persona, ya que no sólo constituye una guía de aprendizaje sencilla, sino que en algunos apartados podremos observar algunas experiencias propias de mi función como operadora del sistema juvenil en México; también se presenta un estudio, a la vista de los Lineamientos de la Ley aplicable a la materia como lo es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como disposiciones supletorias del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, entre otras leyes aplicables y criterios doctrinales y jurisprudencia mexicana. En definitiva, espero que esta obra sea una motivación para el aprendizaje de esta nueva forma de juzgar a los adolescentes en conflicto con la ley penal en México y visibilizarse a los mismos, no como delincuentes, sino como sujetos dignos de protección en sus derechos humanos y fundamentales.

La sociedad actual requiere de un cambio profundo y amplio en la cultura jurídica. Este cambio es posible generando espacios educativos institucionales que tiendan a fortalecer los ámbitos de competencia profesional a través de una sólida formación de los hombres y de las mujeres que tienen la alta encomienda de impartir justicia. El mayor reto que se visualiza en el estudio y en la aplicación del derecho es el de transformar los modelos educativos tradicionales de enseñanza que durante años han imperado en nuestra cultura. Formar a los que están encargados de impartir justicia es una responsabilidad compleja que tiene encomendada el Estado; por ello resulta relevante examinar los retos que implica la toma de decisiones en este escenario, para demostrar la pertinencia de proponer un modelo educativo acorde con la realidad concreta que contribuya a consolidar y visualizar en el devenir un perfil de juez garante de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales del Estado de derecho. Hoy, como nunca, se necesita de una reforma integral de la justicia en México. Uno de los pilares fundamentales consiste en lograr la transformación de los poderes judiciales a través de mecanismos que hagan posible el desarrollo profesional en el ámbito de la impartición de justicia. En esta obra se parte de la premisa de que, sin una adecuada formación profesional, difícilmente se puede consolidar un sistema de carrera judicial de corte democrático. Por ende, se estudia y analiza desde una perspectiva dialéctica, el fenómeno de la formación judicial, en el plano normativo; examinándolo, a partir de sus inicios, planteando su desarrollo, las tensiones y las implicaciones del sistema de carrera judicial en el plano de la realidad concreta, en aras de proponer el establecimiento de la Escuela Judicial, de modo que se pueda implementar un nuevo modelo educativo que permita mejorar los actuales procesos de formación en la judicatura, para contribuir al fortalecimiento de la carrera y de la independencia judicial y, desde luego, al desarrollo del constitucionalismo local. Las grandes transformaciones a nuestro sistema jurídico mexicano y la exigencia de justicia como una experiencia viva de nuestra condición humana así lo demanda.

Hablar de la paz es fácil, construirla no. Lograrlo requiere dedicación, empatía, esfuerzo, inteligencia y voluntad, así como un cambio de prioridades en los ámbitos personal, familiar, comunitario y social, haciendo de los derechos humanos el eje rector de nuestras decisiones. Creer en la paz, fomentarla y trabajar por ella no significa vivir sin conflictos, sino afrontarlos positivamente, sin violencia ni amenazas, encontrando la solución de los problemas y llegando a acuerdos, sin que existan vencedores ni vencidos. T odas las ciencias tienen mucho que aportar, pero también las humanidades, las artes y las religiones, permitiéndonos diferentes miradas sobre realidades diversas. La paz en el mundo y en cada país exige instituciones fuertes, pero flexibles, capaces de entender y atender las necesidades de los pueblos, facilitando los cambios que cada época requiere. México no es la excepción, histórica nación, rica en cultura, hoy sumida en la más terrible violencia. ¿Cómo lograr la paz en México? Es la pregunta que autoridades y ciudadanía hacemos por igual. En este libro no encontrarán una respuesta definitiva, pero sí muchas propuestas, basadas en diagnósticos científicos y profundas reflexiones. El doctor Erick Gómez Tagle López, mediante la Iniciativa Nacional Grupo Puebla, en esta obra reúne las aportaciones de artistas, defensores de derechos humanos, universitarios e intelectuales, expresadas de forma amena y sencilla, lo que seguramente usted, como lector, disfrutará.