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Al componer la presente obra he procurado dar cuenta tanto de los antecedentes que dan origen a las instituciones del derecho penal como del estado actual de la teoría. Se ha prescindido de la proliferación de ejemplos para invocar únicamente aquellos que, en su momento, dieron lugar a las posturas teóricas que han trascendido a nuestros días. Una preocupación constante, como se podrá apreciar, consistió en ubicar en el tiempo el origen de las ideas; lo que se indica con el año de su formulación cuando se señala la obra, bien cuando se refiere el autor, sin que se haya omitido indicar fechas biográficas. Esto fue así, pues en nuestro sistema jurídico es tradición presentar a las instituciones como construcciones acabadas, más aún, sin indicar ni las obras ni los autores que dieron pie a las diferentes teorías. Lo que ha contribuido a que se nos presenten teorías antiguas como si fueran nuevas. Espero que el ubicar su génesis ayude a superar este problema de nuestro ámbito. Si algún mérito se puede conceder a este trabajo es precisamente ése. No obstante, también debo señalar a su favor que, en la ahora amplia literatura mexicana, viene a colmar una laguna, lo que lo coloca a medio camino entre las obras especializadas que, desde luego, dan por supuesto el conocimiento de las diferentes teorías que en la actualidad disputan en el derecho penal, y no se ocupan del tema, simplemente toman partido por alguna de ellas, exponiendo sus opiniones a partir de aquella a la que se adhieren; del otro extremo, las que, sin tomar partido, se limitan a exponer las diferentes teorías, dando la apariencia de que las mismas en ningún momento se cruzan. En esta segunda edición que, para mi sorpresa, ve la luz se consideran aquellos cambios normativos que han tenido lugar en nuestro sistema jurídico con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales que, si bien, como su nombre lo indica, es un código adjetivo, incorpora, indebidamente, algunos temas del orden sustantivo. Es incorrecto que trate temas del ámbito sustantivo en virtud de que la reforma constitucional que da fundamento al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el 2 de junio de 2015, concede al Congreso de la Unión, en su artículo 73, fracción XXI, inciso c), la facultad de expedir la “legislación única en materia procedimental penal”, no así en materia sustantiva como hemos indicado. Desde luego, he de agradecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala, particularmente al Programa de Posgrados Internacionales, con especial mención al doctor César Landelino Franco López, pues gracias a los cursos que impartí en dichos programas tuve el tiempo de actualizar este trabajo y así lograr una segunda edición.

La historia de la aplicación de las penas en un país específico, nos da una imagen precisa del contexto social imperante en dicho momento. Las penas siempre reflejarán una sociedad con creencias religiosas acendradas, con un esquema vertical de mando al interior de la familia, en un periodo bélico, con ideas conservadoras, donde, incluso, el homosexualismo puede ser considerado delito además de pecado, etcétera. Al revisar los cambios sociales en México y su influencia en las reformas de sus leyes o costumbres, se abre un mundo fascinante que nos permite analizar el contexto político, económico y social a través de las normas que han pretendido mantener el orden, desde las aplicadas por los Aztecas con un propósito de ejercicio de poder tras la creencia de la cosmogonía de ese Imperio, hasta la imposición de la prisión vitalicia en nuestros días, sin dejar de colocarnos, en la primera mitad del siglo XX, en las ideas positivistas que proponían la esterilización forzada de los “desviados” para “limpiar” la sociedad en una acción preventiva nunca antes vista. Este documento muestra, paso a paso, en la historia antigua y reciente de México, el manejo de las normas penales y la influencia que éstas han recibido de costumbres, tradiciones, situación económica, política y social, dando como resultado la imagen de nuestro país desde todas sus facetas.

El Poder Judicial ha modificado sustancialmente su función y su repercusión en el mundo jurídico desde el siglo xviii hasta nuestros días. Cuando inició la revolución francesa hubo un movimiento político para convertir a la función judicial en un poder “nulo”; posteriormente, el Poder Judicial empezó a adquirir relevancia en el derecho al interpretar e integrar la ley, y por último, en nuestros días el juez se ha convertido en el gran artífice de la construcción del derecho. De concebir la función del juez como un ente inanimado, que sólo pronuncia las palabras de la ley (Montesquieu) o el reconstructor del pensamiento del legislador, ahora se ha convertido en el ente encargado de resolver los conflictos entre los poderes de un Estado; instancia para resolver los conflictos internacionales; la última instancia para decidir las controversias morales (aborto, eutanasia, libertad de expresión, etcétera), inclusive como creador de normas para los particulares, a través, entre otros medios, de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. En este trabajo se analizará la función judicial desde el siglo xix hasta nuestros días para advertir cómo ha cambiado la configuración del Poder Judicial, sobre todo a través de la evolución de la interpretación del derecho pretorianamente.

El presente libro toma como punto de partida el cambio del sistema tutelar al actual régimen de transición, a la vista de la reforma constitucional al artículo 18 y la nueva Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, aunado a lineamientos de un esquema acusatorio en este sistema juvenil. La hipótesis principal que nos hemos planteado es si verdaderamente en México contamos con un sistema integral de adolescentes, que garantice todos los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que exige considerar asimismo, como hipótesis accesorias, los siguientes cuestionamientos: ¿cuál es la especialización que requieren los operadores del sistema?, ¿se garantiza el principio del interés superior del niño, como derecho supra-protector?, ¿se garantizan los tópicos procesales en este sistema en los procesos penales?, ¿se cumple con la finalidad de la sanciones socioeducativas de este sistema? Por ello, hemos titulado a este libro Sistema integral de justicia para adolescentes en México, para verificar si, hasta este momento, se ha materializado la génesis de la reforma constitucional al artículo 18, sobre la existencia de un sistema integral de adolescentes, que implica un todo independiente a un régimen de adultos, si se respetan los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal, antes y después de un procedimiento penal y si realmente el carácter socioeducativo de las medidas definitivas cumplen con el objeto para el que fueron creadas por el legislador, así como el sentido literal que precisan los documentos internacionales que contienen derechos humanos en materia de niños, niñas y adolescentes.

En los últimos tiempos del mundo contemporáneo, el reclamo de los derechos humanos se ha convertido en un tema toral; su constante violación y laceración en manos del Estado apremian día a día su debido cumplimiento, las personas aclaman su reconocimiento y materialización. Los esfuerzos se suman, por una parte, pero por otra, parece interminable su quebrantamiento; no obstante, hay que insistir y persistir. En tal sentido, a través de esta obra aportamos un grano de arena para la construcción de una nueva cultura en materia de derechos humanos y de sus garantías. Además, a través de este trabajo de investigación se brinda al lector una explicación amplia y detallada, con perspectiva teórica y práctica, de las principales instituciones jurídicas y contenidos; surgidos y que se han ido desarrollando del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio del 2011, abordándose, además, sus principales efectos y alcances de carácter doctrinario y jurisprudencial. Por lo anterior, estudiaremos aspectos relacionados con el cambio en la denominación del capítulo primero, del título primero de nuestra Carta Magna que, con anterioridad a la reforma, se titulaba “De las Garantías Individuales”, y que, en la actualidad, se denomina “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. Respecto a la reforma constitucional que nos ocupa, consideramos que su corazón y motor descansa en el artículo que motiva esta investigación, sin que ello implique, por supuesto, restarle importancia a los demás preceptos constitucionales que fueron reformados e indudablemente refuerzan y consolidan la reforma constitucional en estudio. En el primer párrafo del artículo primero constitucional, por citar a priori, se afirma el reconocimiento de los derechos humanos, ya no el otorgamiento de garantías individuales; se incorpora el concepto de personas, en substitución del término individuo; se establece que la fuente de los derechos humanos no es únicamente la Constitución, deben sumarse los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; expresión en la que se comprenden los tratados internacionales de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos (dentro de los que destacan, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Lo anterior trae aparejada la institución conocida como bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad que conlleva, entonces, la observancia de ordenamientos internaciones, así como la jurisprudencia, sentencias y opiniones consultivas, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su carácter de máximo intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se precisa, además, a las garantías como instrumentos de protección de los derechos humanos en la parte dogmática de la Constitución; al respecto, expondremos las garantías previstas en los numerales 14, párrafos primero y segundo; 16, párrafo primero; 17, párrafos segundo, tercero y quinto, y 20, apartados B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinguiendo los conceptos de garantías individuales, garantías, garantías procesales constitucionales, los derechos fundamentales y los derechos humanos. Se incorpora también, en el párrafo primero del artículo primero constitucional, que los derechos humanos y sus garantías no podrán suspenderse ni restringirse, salvo en los casos y condiciones que la misma Constitución establece; de tal enunciado ha surgido, por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se conoce como parámetro de regularidad de la Constitución y restricción expresa, ésta última derivada de la contradicción de tesis 293/2011, relativo al estudio constitucional del arraigo. En el párrafo segundo, además, apreciamos verdaderas instituciones para la salvaguarda y protección de los derechos humanos, como la interpretación conforme al principio pro persona y el control de convencionalidad de naturaleza difusa ex officio; ésta última institución debidamente consolidada en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del expediente Varios 912/2012, relativo al estudio realizado por nuestro máximo tribunal judicial, del caso Rosenda Radilla Pacheco vs. México. También abordaremos el tenor del parágrafo tercero, la obligación que deben asumir todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se determina el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a los derechos humanos. Instituciones antes descritas que examinaremos ampliamente. En los párrafos subsecuentes se establece la prohibición de la esclavitud y actos de discriminación; apreciamos en este tenor que existen formas modernas de esclavitud y el hecho de que la discriminación por temas relacionados con identidad de género continúa lacerando nuestra sociedad. En tal sentido cobra importancia la Opinión consultiva OC-24/17, sobre identidad de género y no discriminación a parejas del mismo sexo, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2017. En términos generales, los temas antes descritos resultan, a nuestro juicio, los más trascendentes respecto del numeral constitucional en estudio, mismos que abordaremos desde la perspectiva de nuestro derecho interno y del derecho internacional de los derechos humanos. Invitamos, entonces, a disfrutar esta obra que, para su mejor comprensión, se desarrollará mediante la explicación de cada uno de los párrafos y enunciados que conforman el artículo primero constitucional, mediante un desglose de las instituciones en él comprendidas y con apoyo de referencias de índole etimológica, doctrinal, legal y jurisprudencial, para la explicación de estas novedosas instituciones, sin pasar por alto la jurisprudencia de la Corte Interamericana, así como los tratados internacionales aplicables.

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El derecho fiscal es un área del derecho muy técnica en la que las normas jurídicas son interpretadas y aplicadas día con día por los contribuyentes, por lo mismo, en muchas situaciones, la interpretación y aplicación no es compartida por las autoridades fiscales. Derivado de lo anterior, el contribuyente, al sentirse agraviado por la imposición de créditos fiscales, toma la decisión de instaurar los respectivos medios de defensa, de entre los cuales destacan los recursos administrativos, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el juicio de amparo. Por ende, en la presente obra analizamos, en el capítulo primero, los conceptos y fundamentos jurídicos de lo que se denomina “agravios”, “conceptos de impugnación” y “conceptos de violación”, para distinguir en qué momento y bajo qué ley están regulados. Además, en el propio capítulo primero abarcamos de manera general algunos temas relacionados con la obligación de contribuir al gasto público, el poder tributario, la autodeterminación de las contribuciones, facultades de las autoridades, crédito fiscal, etcétera, sustentados jurídica, doctrinal y jurisprudencialmente. Teniendo las bases generales, en los capítulos subsecuentes se analizan y proponen algunos casos prácticos, relacionados con conceptos de impugnación que, por una parte, son en una proporción aceptable “ganadores”, y por la otra, también aquellos que consideramos “perdedores”. Por lo anterior, expresamos nuestro deseo de que la presente obra sea de su agrado, pero, sobre todo, que contribuya en una pequeña parte en su desarrollo profesional, también deseamos compartir con nuestros lectores la siguiente cita del filósofo y médico alemán Albert Schweitzer: “Según vamos adquiriendo conocimiento, las cosas no se hacen más comprensibles, sino más misteriosas”.