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A partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, con fundamento en su artículo primero, párrafo primero, el catálogo de Derechos Humanos que sirve como parámetro para realizar el control de la regularidad constitucional, se integra con los reconocidos tanto en la Constitución General de la República como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, y con base en las sentencias de condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, en específico, la del caso Radilla, así como la sentencia de supervisión del cumplimiento de la misma, se determinó el sentido y los alcances del “Expediente Varios 912/2010” resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en él se decidieron aspectos fundamentales para el sistema jurídico mexicano, tal como la determinación de que las y los jueces de todo el país deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, una vez que quedaron sin efecto las tesis de jurisprudencia que impedían que se llevara a cabo. Dichos elementos sientan las bases para la construcción de un nuevo paradigma del constitucionalismo mexicano, en el que el control de la regularidad constitucional juega un papel esencial, pues de poco sirve tener un catálogo de Derechos Humanos de fuente nacional e internacional, si éstos no se garantizan a través de instrumentos de control jurisdiccional. Por tal motivo, vale la pena el estudio de la justicia constitucional en México, cuyo modelo ya comprende el control difuso y una nueva conformación del parámetro para realizarlo, y al que se sumaron los Derechos Humanos de fuente internacional, entre otros aspectos.

En la cruzada del Homo sapiens por el tiempo, éste se ha encargado de crear no sólo objetos materiales —que dicho sea de paso han facilitado su estancia y evolución en el planeta tierra—, sino, también, definir teorías e ideologías en las que se ha basado para guiar su camino, así como para comprender mejor su espacio temporal. En ese sentido, la humanidad, en su esfuerzo por transmitir los diversos valores y conocimientos desarrollados, ha agrupado su saber en disciplinas que han coadyuvado al desarrollo del sistema social. Desde el siglo VII hasta el VI a. C., fueron los griegos y posteriormente los romanos quienes establecieron las bases del derecho y rigieron sus sociedades en torno a sus conceptos de justicia y legalidad. Después, en el medievo, esos preceptos se perdieron y se dio paso a una sociedad que estableció su sistema de justicia con base en el uso de la fuerza, sin embargo, como bien lo señaló en su debido momento, Rousseau, en su obra clásica El contrato social, “el más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o señor, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber”. En consecuencia, el derecho —en específico el derecho penal—, a partir de la época contemporánea, comenzó una evolución que lo ha llevado a establecerse como una disciplina indispensable para el orden y funcionamiento de cualquier sociedad. En México, a partir de la división de poderes (establecida en la Constitución de 1917), corresponde al Legislativo la creación y/o modificación de las leyes y distintos ordenamientos normativos que rigen la vida de los ciudadanos. Así, pues, en la búsqueda de fortalecer el sistema penal nacional, en 2008 se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue un primer intento por migrar de un sistema mixto inquisitivo a uno acusatorio y oral. Con posterioridad, esta modificación permitió que, en 2016, se estableciera el nuevo sistema penal acusatorio, actualmente vigente. A partir de 2018, con la conformación de la LXIV Legislatura —de la que orgullosamente formo parte—, hemos impulsado diversas iniciativas y reformas con el objetivo de fortalecer nuestro sistema penal, por ejemplo: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, que, a su vez, incluyen la Ley de Registro de Detenciones y la Ley Sobre el Uso de la Fuerza, abordadas en esta publicación con el objetivo de acercar a los lectores al sistema de investigación penal; asimismo, a lo largo de sus capítulos se abordarán conceptos, metodologías y técnicas de investigación, así como aportes científicos que enriquecen el desarrollo del proceso penal mexicano. Finalmente, quiero agradecer a la H. Universidad Analítica Constructivista de México, por su invitación a colaborar en la presente publicación, desde el H. Congreso de la Unión, hago un reconocimiento tanto a su labor como a su compromiso con la sociedad, en específico con el motor de nuestro país: la juventud, actores principales en la construcción de una nación prospera.

Con agradecimiento y compromiso, he aceptado la invitación que me formularon para prologar la presente obra titulada Derecho de familia, de los doctorantes Raquel Karla Gómez Lomelí y José Adán Mauro Gálvez Pavón, profesionales comprometidos no solamente con la práctica judicial, sino con la investigación y la docencia, factores que, combinados, se convierten en una fuerza que, junto con el rigor de la investigación, permea esta obra a través de sus distintos capítulos, en forma tal que le da contenido, continuidad y sencillez. La vida en sociedad implica la necesidad de normas, las cuales nos permiten convivir de manera pacífica y respetuosa. El conocer esas normas —que al igual que otorgan derechos, crean obligaciones— se convierte en parte del concepto de ciudadanía, tan necesario en nuestros días porque se traduce en habitantes de una sociedad que comprenden, a plenitud, sus derechos y que cumplen, a satisfacción, sus deberes. Sin embargo, nuestro sistema jurídico —con características propias, aunque derivado del derecho romano-germánico, al que se le han agregado abundantes notas del derecho francés— tiene un alto grado de dificultad; además, la globalización de las instituciones jurídicas, derivada de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado mexicano mediante la firma de Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales de carácter bilateral o multilateral, genera nuevos derechos que deben ser receptados en el orden interno y que tienen que ser conocidos por las autoridades, así como por los justiciables, para obtener los mayores beneficios posibles. Así, en los últimos años se han creado institutos jurídicos supranacionales cuyas resoluciones tienen impacto en el ámbito nacional; me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivados de la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual, además de desarrollar una labor jurisdiccional, es también un órgano de consulta para los Estados miembros.

El principio de generalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe que el legislador otorgue privilegios o áreas inmunes al pago de tributos. Así, las formas para liberar la obligación de contribuir con el gasto público son totalmente excepcionales y deben evitarse. Al resolver el amparo en revisión 1/2012,1 la Segunda Sala estableció que, en el caso de las exenciones, como forma de liberación a través del cumplimiento de ciertas reglas, requisitos o características previstos en ley, sirven para establecer criterios de justicia social y para satisfacer otras finalidades tuteladas constitucionalmente o derivadas de índole económico, político y social que se consideren de ineludible cumplimiento.

Debo empezar diciendo que el de contradicción —como el de publicidad, inmediación, continuidad y concentración— no es el principio rector del proceso acusatorio; no lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sí lo admite el artículo 4o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, el título de una norma no es norma. Es posible encontrar —en esta tendencia—, al titular los artículos, que no hay relación entre título y contenido normativo. En ese sentido, que el acápite de dicho artículo 4o. mencione “los principios rectores”, no por ello los hace rectores, basta leerlo para dar cuenta de ello. Pero, ¿qué significa esto? Nada es rector cuando todo puede ser rector. La lectura del artículo en estudio permite darse cuenta de la primera verdad que delata este libro, y es que no se menciona qué principios son rectores, puesto que lo puede ser cualquiera, ya que, más allá del título, no se establece ningún principio como rector. ¿Tan importante es el tema? Si A dice que B mató, pero nadie contradice esa afirmación, entonces B mató porque lo dice A. Sólo en cinco ocasiones, el Código Nacional utiliza la palabra contradicción. A pesar de ello, la contradicción es un tema especial para el proceso penal acusatorio o —mejor dicho— para cualquier proceso.

He escrito el libro Argumentar en la oralidad desde la publicidad, inmediación y contradicción con Flores Editor y Distribuidor, con una primera edición en 2012 y la segunda en 2015. En aquella oportunidad hacía falta la jurisprudencia. Hoy, seis años después, aunque no hay buena jurisprudencia relacionada con el principio de inmediación, me propongo utilizar el presente libro para ampliar, comentar, comparar y analizar lo escrito con la nueva jurisprudencia (tesis aisladas y de jurisprudencia) de la décima época, sin tener que escribir una tercera edición (hace 6 años, todas las tesis utilizadas para referir este principio fueron de la novena época). Una idea es importante: es posible sostener que la totalidad de las audiencias celebradas hoy en día han contado con la presencia del juez y/o tribunal. ¿Tan importante es el tema? La inmediación es un tema especial para el proceso penal acusatorio, mejor dicho, para cualquier proceso con audiencias orales. En lo particular, sostengo que la inmediación es muy importante en juicio, pero que también es necesaria en la etapa de investigación. Es, por ende, un principio necesario en Derecho Familiar, Laboral, Mercantil, Civil y, lógicamente, Penal. Hay que recordar que la audiencia ante el juez y el derecho de defensa son, en mi resumen, debido proceso, sin embargo, no ignoro que puede darse una audiencia con juez sin justicia; una audiencia sin juez con solución de conflicto en los mecanismos alternativos de solución de controversias; y algunas pantomimas de audiencia en las que, a pesar de la presencia de uno o tres jueces, no hay decisiones sabias. Hay audiencias ante jueces que no resuelven porque ya tienen redactada la sentencia. Pues bien, la audiencia tiene como objetivo que el juez nos escuche, nos vea y nos comprenda a través del abogado defensor, quien introduce los medios de prueba y los argumentos necesarios para ganar un caso o resolver un conflicto. ¡Qué importante es la audiencia! La realidad es la realidad; si he cometido un delito soy su autor, ¿para qué, entonces, el proceso? Que una persona cometa un delito no la hace delincuente. Por eso me he interesado, en especial, por el tema de la inmediación, esto es, en que el juez nos vea, en que el juez, al salir a la audiencia —a cualquiera de las audiencias— pueda ver al imputado y familiarizarse con él; el juez se familiarizará con el asesor jurídico de la víctima y con las víctimas u ofendidos, con el fiscal del Ministerio Público (y, si los hubiere, con sus asistentes), con el imputado y con su abogado defensor. La audiencia es un encuentro, un debate, un foro, un lugar en el que los conflictos se someten, se zarandean, para arribar a decisiones de solución.

He tenido que decir —y repetir muchas veces— que la oralidad es una simple técnica que, como la escritura, permite ingresar, continuar y producir decisiones en el proceso. No deja de darme pena que algunos ministros, muchos magistrados y casi la mayoría de los jueces, con algunos abogados, den a la oralidad una razón sustancial, no accidental del proceso. En muy poco tiempo hemos construido un “monstruo” procesal al que llamamos oralidad. Para no convertir la oralidad en impunidad es que estoy escribiendo sobre el tema. No puedo mentirles: hay tesis relacionadas con el tema que dan pena. Mucha pena. ¡Vergüenza! Entonces, escribir sobre oralidad resulta propicio para ir profundizando en lo que nuestros Tribunales Federales han comprendido como oralidad, cuáles son sus exigencias, cuáles los errores de apreciación. Aunque “técnica”, hemos dado a la oralidad efectos de derecho humano; hemos producido, por su culpa, nulidades absolutas; hemos inventado modelos de incorporación y desahogo de pruebas —a mi criterio, absurdas— y algunos no saben si decirle “principio”, “valor”, “derecho humano”, “debido proceso”, etcétera. Cuando un artículo se redacta como el numeral 4o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se ha “intitulado” “Características y principios rectores”, es posible que adquiramos una especie de desconfianza. Dice —copiando mal la Constitución Federal— que “el proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”; luego agrega que, además de esos principios, “aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes”. Cuando todo puede ser principio, no hay principio alguno que valga. El derecho procesal penal mexicano es derecho procesal penal constitucional, es decir, es derecho que, en una gran mayoría nace y se desarrolla desde normas y principios constitucionales. Entonces, más que una interpretación procesal, exige una interpretación constitucional. Esto hace que, con los criterios académicos, sea necesario profundizar en las interpretaciones que de la oralidad hace el Pleno del Suprema Corte, la Primera Sala y los Colegiados de Circuito en materia penal. Un trabajo especialmente importante si consideramos que, desde la oralidad, hay un cambio de mentalidad, principalmente, en el desahogo de la prueba en audiencia. Un tema que, hasta hoy, no ha sido fácil en los demás países latinoamericanos y, por supuesto, en México. La oralidad exige llevar al juez los hechos, los imputados, los ofendidos, las víctimas, los instrumentos, los medios, los objetos, etcétera, para que los vean y valoren. Sin embargo, la oralidad mexicana creada por los mismos jueces produce impedimento. Los jueces no quieren ver, oír, sentir, oler…, temerosos de convertirse en órganos de prueba, testigos, etcétera. Entonces rechazan la prueba casi con asco. Terminan siendo sus fuentes todo lo que han percibido de oídas, es decir, han introducido el testimonio de oídas del fiscal o del defensor para resolver tapándose la cara. Por eso han creado las “técnicas” para incorporación y desahogo de los medios de prueba, entre ellos, el testigo del documento. Los jueces han producido impunidad al meterle zancadillas a la prueba. ¿Para qué se levantan actas, registros, fotografías, videos; se recogen documentos; se realizan planos, croquis; se aseguran objetos, instrumentos, etcétera? Para que el juez las vea. La oralidad exige llevar todo al juez o llevar al juez a todo. Como el lugar del hecho o del hallazgo ha desaparecido, el juicio oral —las audiencias orales— exigen reproducirlo todo. Con esa finalidad se crea el principio de libertad probatoria. Pero nuestros jueces, al no entender esto, ponen trabas a los medios de prueba, ponen un coto de acceso a la carpeta y, de ese modo, resuelven con lo que escuchan. Son jueces del chisme. Finalmente, ¿cuánto de oralidad?, ¿cuánto de escritura? El proceso acusatorio ha producido, en casi toda Latinoamérica, una pugna entre académicos que es más inventada, y por ende injusta, que real. Sin embargo, para unos y otros es, según mi propio criterio, producto de la ignorancia. Me gusta resumir las preguntas con una respuesta sencilla. Lo escrito debe quedar escrito y lo oral debe quedar oral. Esta frase, sin embargo, debe matizarse, porque, al final, todo lo oral termina registrado. El Poder Judicial debe asumir la responsabilidad de que, al cabo de los años —de muchos años—, lo que se ha resuelto pueda ser consultado y, por qué no, revisado, no sólo por las partes sino —y especialmente— por los investigadores, los académicos, los estudiosos de modelos que se fraguan con el tiempo y la comparación.