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La presente obra tiene como objetivo primordial revisar la aplicación e interpretación práctica de las normas que integran a la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Esto se logra a través del análisis de los criterios jurisdiccionales que ha sostenido el Poder Judicial de la Federación y el propio Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal) en la materia. Las tesis jurisprudenciales y precedentes aislados marcan una pauta que en la mayoría de los casos resulta de observancia obligatoria tanto para las autoridades administrativas que integran a la Administración Pública de la Ciudad de México como para el Tribunal Administrativo con jurisdicción en tal entidad, en consecuencia, el conocimiento de estas directrices de pensamiento resulta inexcusable para todo aquel involucrado en el procedimiento administrativo en la Ciudad de México. Adicionalmente, como consecuencia del ejercicio profesional del autor, se comentan los aspectos específicos que deben tenerse en cuenta al momento de aplicar cada una de las disposiciones jurídicas que integran a la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; además, se pone especial énfasis en figuras de nobel integración al procedimiento contencioso administrativo local como es la ampliación de demanda o integración de figuras jurídicas que se encontraban dispersas en otros ordenamientos, o el caso de la acción pública que se regulaba en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (y ahora forma parte de la Ley de Justicia Administrativa en comento). También, como herramienta adicional (sin pretender que la obra sea un formulario del procedimiento contencioso administrativo de la Ciudad de México), se someten, a consideración del lector, algunos modelos de escritos de actuaciones procesales que se consideran importantes, sin embargo, es únicamente una orientación respecto de cómo debe de actuarse en el ámbito del litigio o de la postulancia administrativa en materia local. En resumen, este libro contiene un estudio exhaustivo y práctico de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a la luz de la jurisprudencia y la práctica forense.

El número de los delitos cometidos en contra del patrimonio de las empresas va en aumento, debido a que se cometen en forma recurrente, al tiempo que son afectadas nuevas empresas. Esta tendencia obliga a las empresas a optimizar los recursos de que disponen para hacer frente, de manera eficaz y responsable, a los riesgos delictivos. Para ello se requiere un sistema de seguridad que sea integral e inteligente.El Manual de inteligencia para la prevención de riesgos delictivos en una empresa se articula en torno a tres ejes: el proceso de gestión de riesgos de inseguridad en una empresa; las pruebas de control de confianza y la entrevista, y el uso del ciclo de inteligencia, ejes utilizados como método para procesar la información requerida en la instrumentación de un sistema de seguridad para empresas.La mayor peligrosidad y forma de operar de los delincuentes que tienen como blanco a las empresas obliga a manejar este tipo de riesgos con un esquema de atención que abarque las distintas dimensiones del problema. Las soluciones parciales están destinadas a generar resultados insuficientes y, por lo mismo, insatisfactorios. Es indispensable un enfoque integral que sea eficaz y responsable.Uno de los eslabones más débiles de la cadena de seguridad son los vigilantes de seguridad, por lo que un área de oportunidad para mejorar la seguridad de las empresas es capacitarlos eficazmente. Este manual está destinado a favorecer los conocimientos, habilidades y destrezas que se requieren para convertir a los vigilantes de seguridad en agentes de inteligencia para la seguridad de una empresa.Seguir actuando contra la delincuencia con esquemas que han probado su insu-ficiencia, al tiempo que los delincuentes hacen uso de los avances tecnológicos que les son útiles, es darles todas las ventajas para que lo sigan haciendo eficaz e impunemente. La solución pasa por el uso de la inteligencia en contra de la delincuencia en los esquemas de seguridad de la propia empresa. Esa es la propuesta de este manual, escrito con un lenguaje accesible para los no expertos y explicaciones claras y detalladas, enriquecidas con el uso de gráficos.

El presente ensayo está dirigido al tratamiento en profundidad de las principales instituciones de la teoría del delito que sirve de sustento a la investigación jurídica. Es importante recordar que el estudio dogmático nos sirve para comprender la naturaleza y las características trascendentales del tipo penal; también nos ayuda a detectar posibles errores en la aplicación de la dogmática jurídico-penal al momento de realizar un estudio analítico del delito; nos orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo dicho análisis; amplía el horizonte de estudio; provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del examen realizado. El trabajo de investigación está referido a la presentación de enfoques o paradigmas de la realidad socio-jurídica mexicana que explica el origen, la estructura y funciones del ordenamiento jurídico, así como de los bienes jurídicos que tutela el derecho. En el texto se desarrollaron los conceptos de la teoría del delito bajo la perspectiva de los criterios emitidos por las distintas escuelas que se han ocupado de su estudio: causalista clásica, causalista neoclásica, finalista y funcionalista, así como el análisis de los conceptos de los diversos elementos que conforman estas teorías: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. De manera acuciosa, el autor realiza un análisis de las diversas reformas a las normas constitucionales, sustantivas y adjetivas relativas a los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión y el dictado del auto de formal prisión, así como del auto de vinculación a proceso al que hace referencia la última innovación constitucional del 2008, expresando las consideraciones jurídicas en torno al contenido dogmático que debe caracterizar a la nueva clasificación adoptada por el párrafo segundo del artículo 16, así como por el párrafo primero del artículo 19 de nuestra Carta Magna; trasformaciones de las que se desprenden los conceptos del cuerpo del delito, elementos del tipo penal, cuerpo del delito, y datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, exponiendo de manera amplia los aspectos más importantes de la teoría del delito, según el marco jurídico que se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los Códigos Penales y Procesales Penales del Fuero Federal y de esta Ciudad de México.

A partir del año 2016, el procedimiento penal en México permite ejercer acción penal y fincar responsabilidad a las personas jurídicas —denominadas tradicionalmente como personas morales o empresas en su significado más amplio— de forma autónoma o directa, es decir, de forma independiente a la responsabilidad penal que pudieran tener o no las personas físicas que la integren. Lo anterior resulta novedoso, pues la gran mayoría de los abogados de la actualidad nunca habían siquiera contemplado esta posibilidad o tenido acceso a algún libro, artículo o ensayo sobre el tema, no obstante lo cual, es una realidad jurídica innegable que en nuestro país sí se puede procesar penalmente a una empresa, como ocurre desde hace algún tiempo en países como España, Estados Unidos o Chile, por mencionar algunos. Este nuevo paradigma no sólo implica un nuevo bagaje de conocimientos a manejar por parte de los operadores del derecho, sino que en la realidad ofrece posibilidades de aplicación aún no vislumbradas por el jurista y por el propio empresario, pero que con toda seguridad serán de tan amplio espectro como el diario acontecer social, ello, como fruto de la interacción social, espacio en donde, sin lugar a dudas, la empresa, como ícono de la evolución de toda sociedad moderna marcada por el desarrollo del libre mercado, la oferta y la demanda, la generación de tratados comerciales entre los distintos países y el apoyo en la creación de personas jurídicas para su mejor manejo, provocará un sinnúmero de casos en los que una persona jurídica pueda ser procesada penalmente como consecuencia de haber lesionado o puesto en peligro algún bien jurídico tutelado por la norma penal. En este Manual para el enjuiciamiento penal de la empresa en México, el lector encontrará toda la información útil para adentrase en tan amplio campo del derecho.

La teoría del delito es la gran construcción doctrinal desarrollada por la Dogmática penal en el último siglo y medio, una “obra de arte para miniaturistas” labrada minuciosamente por un grupo de juristas que han pasado, por su impagable labor, a la historia del Derecho penal. En el último siglo la teoría del delito se ha configurado como una teoría de la imputación, esto es: como la atribución de responsabilidad a un sujeto competente por la infracción de una norma. En la presente obra, de gran utilidad para el jurista hispanoamericano del presente, se ofrecen dieciséis ensayos sobre cuestiones fundamentales de la teoría del delito: sobre el contenido del injusto penal (en concreto: sobre concepto de bien jurídico), sobre la propia institución de la imputación normativa (el centro neurálgico del Derecho penal actual que es —ni más ni menos— que una teoría de la imputación) y sobre la doctrina del sujeto responsable (autoría y participación o, más modernamente, intervención delictiva). Los aportes de este libro se deben a tres de los más reconocidos penalistas alemanes del presente: Claus Roxin (Catedrático emérito de Munich, nacido en 1931), Friedrich-Christian Schroeder (Catedrático emérito de Ratisbona, nacido en 1936) y Günther Jakobs (Catedrático emérito de Bonn, nacido en 1937), y a los profesores españoles Miguel Polaino Navarrete (Catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, nacido en 1945) y Miguel Polaino-Orts, profesor titular de Derecho penal en la Universidad de Sevilla, discípulo del profesor Jakobs y traductor de numerosas obras científicas, entre ellas, el presente libro: una teoría internacional del delito que ofrece las bases fundamentales para una gramática universal del moderno Derecho penal.

El sistema de justicia penal mexicano contempla, desde 2014, un modelo mixto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por un lado, el Código Nacional de Procedimientos Penales —reformado en 2016—, se decanta por un esquema de responsabilidad penal autónoma de las empresas, por el otro, algunos códigos penales, como el de la Ciudad de México, parecen adherirse al modelo vicarial, también conocido como de transferencia. Al momento de escribir estas líneas, siete estados de la República han reformado el apartado de autoría y participación de sus códigos penales para implementar el cambio de sujeto, incorporando en éste a las personas jurídicas colectivas: Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Tabasco. A éstos se suma el Código Penal Federal. Hay muchas reflexiones que se pueden formular en torno a la diversidad de regulaciones en la materia que nos ocupa. Así, por ejemplo, es cuestionable que en algunas de nuestras legislaciones se incorpore un catálogo muy amplio de delitos susceptibles de ser cometidos por empresas —el Código Penal Federal es un ejemplo—, mientras que otras omiten cualquier referencia al mismo rubro, como es el caso de la Ciudad de México y la iniciativa de reforma al Código Penal de Guanajuato, que incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas en esa entidad. Por otro lado, está el catálogo de consecuencias jurídicas que se pueden imponer a las organizaciones: el Código Nacional de Procedimientos Penales establece algunos parámetros en su artículo 422, pero en ocasiones no coinciden con figuras contempladas en las legislaciones locales. Al mismo tiempo, es importante abordar el tema de su imposición, pues algunas legislaciones omiten incorporar a los códigos penales la denominada “cláusula de transformación”, que permita individualizar, por ejemplo, una pena de multa a la persona jurídica, extraída del Código Penal que contemple, en la parte especial, la pena de prisión para el sujeto activo. Si bien los ejes temáticos señalados resultan de un importante interés teórico y práctico, existe otro que configura un desafío quizás mayor. Nos referimos al de la configuración, implementación y valoración probatoria de los —así denominados— criminal compliance programs, pero también a los efectos de exclusión del delito, o atenuación de la pena, que éstos pueden generar a favor de una organización. ¿Cuáles son los elementos mínimos que les dan basamento? ¿En torno a qué modalidad de personas pueden ser exigibles? ¿Además de las dimensiones relativas a la anticorrupción y salvaguarda del ambiente, qué otros rubros debe contener un criminal compliance program? ¿De qué experiencias teórico-prácticas podemos aprender a escala iberoamericana? La teoría y práctica del criminal compliance está generando, en países de nuestro entorno, un impacto similar — aunque con menos estruendo y grandilocuencia— que la implementación del sistema procesal acusatorio. Si hasta ahora en las Universidades se enseña derecho penal y teoría del delito aplicada sólo a personas humanas, los planes y programas de estudio deberían cambiar para incorporar el impacto de la persona jurídica frente al sistema penal. Lo mismo está sucediendo en el ámbito del proceso y se espera que, muy pronto, se publiquen las primeras obras relativas a la criminología de empresa. Más tarde, quizás, lo mismo sucederá en la dimensión victimológica: la empresa como víctima. Mientras todo esto sucede, resulta urgente que la doctrina dote de criterios a quienes operan el sistema de justicia penal, pues ya se han dictado, en México, las primeras resoluciones ministeriales y judiciales con relación a la responsabilidad penal empresarial y el criminal compliance: desde la exclusión del injusto empresarial por riesgo permitido, transitando por la vinculación a proceso a tres empresas —una de éstas en su calidad de entidad bancaria—, hasta la concesión de un amparo por no estar contemplado el tipo penal, imputado a la organización, en el catálogo de delitos establecido en el Código Penal. Son muchos más los rubros que deben ser abordados en torno al tema que nos ocupa. Así, por ejemplo, es urgente aclarar hasta dónde puede llegar la empresa en materia de investigaciones internas, qué grado de compatibilidad debe existir entre los protocolos de cadena de custodia implementados por la Policía y los servicios periciales y aquellos aplicados al interior de la organización, así como en qué casos el hecho probablemente delictivo no podrá ser resuelto al interior de la persona jurídica, sino exclusivamente por el sistema penal. A éstos se suman los efectos del paper compliance frente a la capacidad de culpabilidad del ente colectivo, o las simulaciones que se empiezan a verificar en nuestra región en relación con la “certificación de abogados expertos en compliance” que, en realidad, configura lo contrario —noncompliance—, sentando así las bases para imputar una probable responsabilidad a quien expide esa “certificación”, a quien participa en su implementación o a quien la presente en un proceso penal. Es por ello que apostamos por inaugurar en Flores Editor y Distribuidor esta nueva colección, cuyo objetivo no es otro que abrir las puertas a reconocidos especialistas a escala internacional —como quienes aportan su conocimiento en este primer número— cuyas opiniones puedan fortalecer los esquemas de procuración e impartición justicia latinoamericanos en su relación con las personas jurídicas y el —ahora denominado— Derecho penal empresarial. El tiempo determinará si nos equivocamos o si, por el contrario, nos da la razón.

Hoy en día, cuando pensamos en la etapa intermedia, pareciera algo simple y sencillo, al grado de que muchos, al desconocerla, afirman cosas como que se celebra en diez minutos, que hay que dejar pasar todos los medios de prueba de las partes, incluso, que es innecesario el debate de estos medios y lo consideran una dilación del proceso. Sin embargo, la etapa intermedia es la etapa procesal más delicada de todas, en la cual, por falta de razonamiento, se pueden caer todos los medios de prueba y, en consecuencia, se puede optar por un sobreseimiento, pero también es una etapa delicada porque se ponderan todos los medios de prueba para formar un estándar con el que se avanza a la fase de debate. En este sencillo material, ya en su cuarta edición, me congratuló poder emplear con más eficacia el razonamiento de los medios de prueba para las partes, en el que, desde luego, tomé como fundamento el aspecto epistemológico de la naturaleza del hecho. Por ende, mi ponderación probatoria gira en torno al estándar exigido para acreditar mi teoría del caso, de modo que no trabajo a la ligera ninguna acusación o contestación de ésta. Es de explorado derecho que las actuaciones no son a la ligera, por ello, considero viable hacer valer, en esta cuarta edición, el incidente de nulidad probatoria trabajando reflexiones estrictas que me propongo aportar a todo lector y operador del proceso penal acusatorio. El incidente de nulidad probatorio que establezco en esta edición lo hago con la intención de aportar elementos que permitan depurar más el catálogo de pruebas de las partes que han presentado en el descubrimiento probatorio. Desde luego, al plantear un incidente de nulidad probatorio, explico y desarrollo la lógica de éste para ir contribuyendo de manera eficiente en la intervención de la etapa intermedia, ya que estamos dejando medios de prueba para el debate en la audiencia misma con base en el artículo 346. No obstante, por ser un medio de prueba que fue adquirido con vulneración de los derechos humanos, es innecesario debatirlo, por lo tanto, la pretensión es que el órgano jurisdiccional lo declare nulo y, en ese tenor, ya no entre en el catálogo de los que se debatirán.