BUSCAR LIBRO

Los particulares cuentan con un primer medio defensa legal ante actos y resoluciones ilegales de la administración pública federal, y estos son los recursos administrativos, que son resueltos por las propias autoridades administrativas, quienes, generalmente, no actúan con la imparcialidad necesaria para llegar a considerar que su propio acto o el acto del inferior sea ilegal y, es por ello, que las legislaciones de diversos países —incluido el nuestro—, se han visto en la necesidad de crear un medio de control jurisdiccional sobre los actos de la administración pública, surgiendo así el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como juicio de nulidad. Luego entonces, el Juicio Contencioso Administrativo puede ser definido como aquel que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, en virtud de los actos emitidos por esta última, por lo que se debe considerar como un proceso administrativo y no un procedimiento administrativo a pesar de estar regulado por la denominada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Recordemos que en términos de la tradición y doctrina del derecho administrativo, el procedimiento administrativo es el conjunto de actividades que realiza la autoridad administrativa para emitir un acto de igual naturaleza, mientras que el proceso administrativo es el conjunto de actos tendientes a resolver una controversia suscitada entre el particular y la autoridad administrativa, motivada por un acto de esta última en el cumplimiento de sus atribuciones; es por ello que, atentos a los razonamientos señalados, se decidió titular a la presente obra como: El proceso contencioso administrativo federal. El objetivo principal de nuestro estudio es aportar tanto la teoría como la práctica para que sean de utilidad a los particulares que han sido afectados en sus intereses y derechos, para las autoridades administrativas que han sido demandadas, para los estudiantes de la licenciatura en derecho y para los ciudadanos en general. Por lo anterior es que dividimos el tratado en seis capítulos. En los dos primeros se abordan los conceptos fundamentales del Juicio Contencioso Administrativo, la historia y el fundamento constitucional, y también se continúa con la historia, la naturaleza, la integración y la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el tercer capítulo, de manera detallada, se examina cada una de las etapas procesales del Juicio Contencioso Administrativo, de lo anterior se adquieren los aspectos teóricos que sirven de base para el entendimiento del cuarto capítulo en donde se desarrolla ampliamente —mediante un formulario— la práctica forense del proceso contencioso administrativo federal, que incluye la demanda y la ampliación a la demanda con sus respectivas contestaciones, alegatos, recurso de reclamación y recurso de revisión, así como la excitativa de justicia entre varios más. Del mismo modo se presentan los acuerdos que recaen a cada uno de los escritos referidos y modelos de sentencias. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, se reformó la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que se instauró la promoción, sustanciación y resolución del Juicio Contencioso Administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, por lo tanto, estimamos conveniente realizar su análisis en el quinto capítulo. Para finalizar, en el sexto capítulo, se expone —en atención las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010—, la implementación del Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía sumaria, toda vez que incorpora un medio procesal más rápido y sencillo para la resolución de ciertos asuntos que por su materia o cuantía no representan mayor complejidad. Espero que esta modesta labor sea de provecho para las personas a las que va dirigida, la someto a su consideración. Agradezco su lectura y comprensión.

En el artículo 211, del título II sobre el procedimiento ordinario, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se delimitan las etapas del proceso penal acusatorio mexicano, y dice que el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud del citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme.

Es una obra que a diferencia de otras, hace énfasis en un diseño vial considerando al elemento más importante y que por décadas fue el más olvidado: el peatón. En las últimas décadas la gran mayoría de las ciudades orientaron su vialidad hacia el automóvil, basadas en un modelo de desarrollo urbano de especialización del suelo, economías basadas en el petróleo, etcétera, modelo que trajo consigo sus respectivas consecuencias que se han convertido en la pesadilla de muchas ciudades; en la actualidad es necesario que los planificadores y administradores de las ciudades, consideren dentro de su visión de largo plazo una gestión y administración de la vialidad como elemento fundamental para una movilidad eficiente. Ingeniería de Tránsito. Gestión de la movilidad y la seguridad vial, es un texto conciso y accesible que permite, tanto al estudiante de licenciatura, especialistas, administradores de la vialidad e interesados en el tema, contar con un libro que aporta criterios, herramientas técnicas de análisis y propuestas para ofrecer soluciones a desafíos en intersecciones, calles, seguridad vial y un tema con escasa información técnica en español: semaforización de intersecciones.

Uno de los aspectos que han acompañado a la humanidad desde sus inicios, dentro del Imperio Romano se creía que la muerte acababa con los derechos del difunto; pero solo los correspondientes a ser marido, padre o tutor, al igual que los derechos políticos que en vida ostentaran, ninguno de estos era transmisible a otra persona. También se perdía su calidad de usufructuario, mandatario o la de titular de un contrato de hospedaje, así como sus rentas vitalicias. Los derechos que si prevalecían eran los de la propiedad y los de crédito que sobrevivían a sus titulares originales, pudiendo estos ser transmisibles a sus sucesores. Es de aquí que surge nuestro actual Derecho Sucesorio. La segunda edición de Derecho civil V, Práctica forense del derecho sucesorio (Doctrina, legislación, jurisprudencia y formularios) es una obra en la que el lector podrá encontrar un capitulado apegado al plan de estudios de diversas instituciones escolares, además de resultar una herramienta útil para los noveles estudiosos del derecho y para aquellos abogados postulantes. La Maestra en Derecho María del Carmen Ayala Escorza y el Doctor en Derecho José Antonio Navarrete Hernández autores de ambas ediciones, disertan sobre todos los aspectos que se relacionan con el Derecho Sucesorio iniciando con aspectos tan básicos que parten desde la conceptualización de la sucesión hasta la culminación de las cuatro secciones que integran un procedimiento sucesorio. El capitulado que integra esta obra resulta tan variado como útil y completo para el lector, siendo éste: I. Derecho sucesorio; II. Aspectos generales de los testamentos; III. Modalidades de los testamentos; IV. Capacidad para testar; V. Incapacidad para heredar por razón de delito; VI. Ineficacia o nulidad total de testamento; VII. Ineficacia de los testamentos; VIII. Los legados; IX. Clasificación de los testamentos; X. Sucesión legítima; XI. Del albaceazgo; XII. El interventor; XIII. Proceso de liquidación y apertura de la herencia; XIV. Procedimiento sucesorio testamentario y XV. Procedimiento sucesorio intestamentario. La segunda edición de Derecho civil V, Práctica forense del derecho sucesorio (Doctrina, legislación, jurisprudencia y formularios) cuenta con dos capítulos más de los enlistados, el XVI dedicado a la oralidad en materia familiar, conociendo desde sus principios hasta las etapas y fases que la componen, y el XVII donde el Doctor José Antonio Navarrete Hernández, Juez 37o. de lo Familiar del TSJCDMX, presenta una propuesta de inclusión de los procedimientos sucesorios dentro de la oralidad en materia familiar para el citado Tribunal o los de aquellas entidades en las que la oralidad ya sea una realidad, si es que se cumplen con una serie de requisitos para su tramitación. Cumpliendo con el aspecto de práctica forense, en esta segunda edición se dota al lector de nuevos formularios que conforman un procedimiento sucesorio testamentario, tanto de las promociones de las partes como de los acuerdos, autos y oficios hechos por parte del juzgador. Cuenta también con un glosario, criterios jurisprudenciales emitidos por nuestro Máximo Tribunal, e incluso, se transcriben y analizan aquellos numerales que fueron derogados de nuestra actual legislación con la finalidad de aportar un aspecto doctrinal de los temas, siempre haciendo mención del estatus jurídico en el que se encuentran dichos numerales.

Los temas de transparencia y corrupción sugieren especial atención con respecto a la necesidad social de una buena gobernabilidad; sin embargo, estos conceptos pueden utilizarse como justificadores de una dinámica neoliberal globalizadora que pretende controlar los capitales que se obtienen a causa de las dinámicas económicas alternas, es decir, aquellas que no son fiscalizadas por la legalidad, y que en la mayoría de los casos representan un ejercicio del poder económico por encima de la obtención lícita de recursos. Así, el ingreso ilícito de capital permite la intervención de organizaciones delictivas en las esferas gubernamentales, dirigiendo las políticas públicas a los intereses de unos cuantos para mantener su hegemonía económica. Manuel Castells indica que “la globalización del crimen organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en nuestros países, con efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.”1 En ese sentido, también la corrupción se convierte en un constructo ideológico que permite calificar a los países como “democracias” o “dictaduras”, es decir, aquellos que sigan las políticas internacionales anticorrupción y las materialicen en sus legislaciones locales serán dignos del reconocimiento de la comunidad internacional, en cambio, aquellos que se rehúsen a hacerlo serán susceptibles de ser bloqueados política y económicamente.

Son muchas las problemáticas que se viven en el día a día del proceso penal mexicano. Se pierden horas y horas de audiencias sin una decisión, sin decisiones congruentes con las peticiones, sin saber cómo pedir y justificar la argumentación, sin saber cómo llevar la audiencia (lo viven muchos fiscales junto con asesores jurídicos, algunos defensores públicos, uno que otro particular y hasta algunos jueces). Pese a la implementación total del proceso penal en todo el país (junio del 2016), siguen surgiendo cada día más interrogantes, muchos cuestionamientos, demasiadas dudas. La mayoría derivados de los vacíos de la ley adjetiva, de su pésima técnica jurídica, de su copia y pegue sin armonizarse con la Carta Magna, pero muchos más derivados del no querer capacitarse por parte de los actores del nuevo proceso penal. Lo peor de todo, que pese a que contamos con un solo Código Nacional de Procedimientos Penales, son muchos los criterios que imperan en torno a la interpretación de sus diversos numerales, esto es, jueces que resuelven de una manera y jueces que resuelven de otra. Entonces, el derecho no es lo que dice la ley sino lo que de ella dicen los intérpretes, esto es, los que le dan su sentido al derecho son los que lo aplican. Con la presente obra se busca un acercamiento del lector a cada una de las audiencias (las principales) que integran el proceso penal mexicano, en aras de evitar que se siga llegando a las mismas “en blanco”, sin saber qué decir, sin entender cómo expresarse, sin poder argumentar, sin tener miedo a asistir. Pero sobre todo, escribo porque no me gusta lo mucho que se ha escrito, lo mucho que se ha discutido, los foros que se han hecho, las opiniones que se han vertido sin idea práctica, las estadísticas manipuladas, los “chivos expiatorios” encerrados. En tan poco tiempo, ¡cuánto daño le han hecho muchos al sistema!, nos encontramos consolidando lo mal implementado por muchos. Como diría mi amigo José Daniel Hidalgo Murillo: “bienvenidos autores de la astucia, estafadores de ingenuos, embusteros del conocimiento, simuladores del derecho”. ¡Bienvenidos!

En la realidad contemporánea latinoamericana, los ciudadanos de a pie, los usuarios de transporte público, los vecinos de colonias populares, barrios marginados y comunidades agrarias, campesinas e indígenas, recienten con más rigor inhumano las secuelas de la criminalidad y de la violencia social. Los periódicos de nota roja se nutren diariamente de la información recabada con motivo de las víctimas de la violencia criminar. Ya en muchas sociedades es normal la publicación en estos medios de comunicación de gráficas sangrientas, crímenes violentos y una serie de actos delictivos en los que se limitan en algunas ocasiones a colocar una cinta negra en los ojos del perpetrador de los crímenes. Los índices de violencia y de criminalidad aumentan a la par de la corrupción, la impunidad, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones procuradoras y administradoras de justicia, pero sobre todo al cuerpo policiaco y a las agencias de investigación criminal, cuyo papel es cada vez más débil ante los embates de la delincuencia. Aumenta gravemente lo que se ha denominado “el libro negro”, que no es otra cosa que todas las personas que se abstienen de denunciar, querellar o hacer del conocimiento de la autoridad su condición de víctimas del delito. Por más leyes o normas que se han promulgado en materia de víctimas, por más protocolos diseñados para la atención de este sector de la población más afectado por la delincuencia, aún no es posible detener el aumento de víctimas del crimen y de violación de derechos humanos. Aspecto último que aún permanece en la tinta de la ley los resultados positivos y efectivos que transparenten las acciones de los operadores y responsables de la aplicación de estas normas. Ante este escenario, las propuestas de la sociedad civil organizada para crear instrumentos alternos de prevención del delito y de la violencia, se convierte en una necesidad vital ante la cada vez imparable violencia criminal. Así se justifica la edición y posterior difusión del presente texto La prevención del delito y la violencia. Un enfoque latinoamericano, como propuesta de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), afiliada a la Federación Interamericana de Abogados, hacia todas las sociedades latinoamericanas que podrá ser puesta en práctica en cada una de las entidades federativas de nuestra nación mexicana. Obra que nos distingue en compartir el Dr. Lucio Alfonso Rubio Antelis, distinguido miembro activo de la Concaam y que hoy damos a conocer en todos los eventos académicos, reuniones y mesas de trabajo, así como en todos los foros de abogados y profesionistas de México y de Latinoamérica. El contenido del presente texto es de orden práctico, ya que puede ser entendido, interpretado y aplicado por cualquier persona, sea servidor público en cualquier área o profesionista, ciudadano, así como organizaciones civiles de indistinta naturaleza y objetivos sociales, toda vez que la enfermedad que hoy padece cualquier sociedad organizada es precisamente la violencia y la criminalidad. Debe ser y es recomendable apoyarse en el presente texto, no sólo para lograr estrategias de coordinación interinstitucional para la prevención del delito y de la violencia, sino también para permitir una identidad como familias, mejores seres humanos y personas conscientes y participativas de la problemática que afecta su entorno social. Por todo lo anterior y con suma ratificación formulamos la presentación del presente libro, estando seguros de que tendrá una excelente recepción en todos los medios, espacios y ambientes sociales, desde las comunidades, colonias, ciudades, universidades hasta el seno de organizaciones civiles conscientes y preocupadas por la búsqueda de soluciones y propuestas del cambio social que tanta falta hace en los ámbitos donde el ser humano se ve debilitado y golpeado por la criminalidad y la violencia.