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Los particulares cuentan con un primer medio defensa legal ante actos y resoluciones ilegales de la administración pública federal, y estos son los recursos administrativos, que son resueltos por las propias autoridades administrativas, quienes, generalmente, no actúan con la imparcialidad necesaria para llegar a considerar que su propio acto o el acto del inferior sea ilegal y, es por ello, que las legislaciones de diversos países —incluido el nuestro—, se han visto en la necesidad de crear un medio de control jurisdiccional sobre los actos de la administración pública, surgiendo así el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como juicio de nulidad. Luego entonces, el Juicio Contencioso Administrativo puede ser definido como aquel que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, en virtud de los actos emitidos por esta última, por lo que se debe considerar como un proceso administrativo y no un procedimiento administrativo a pesar de estar regulado por la denominada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Recordemos que en términos de la tradición y doctrina del derecho administrativo, el procedimiento administrativo es el conjunto de actividades que realiza la autoridad administrativa para emitir un acto de igual naturaleza, mientras que el proceso administrativo es el conjunto de actos tendientes a resolver una controversia suscitada entre el particular y la autoridad administrativa, motivada por un acto de esta última en el cumplimiento de sus atribuciones; es por ello que, atentos a los razonamientos señalados, se decidió titular a la presente obra como: El proceso contencioso administrativo federal. El objetivo principal de nuestro estudio es aportar tanto la teoría como la práctica para que sean de utilidad a los particulares que han sido afectados en sus intereses y derechos, para lasautoridades administrativas que han sido demandadas, para los estudiantes de la licenciatura en derecho y para los ciudadanos en general. Por lo anterior es que dividimos el tratado en seis capítulos. En los dos primeros se abordan los conceptos fundamentales del Juicio Contencioso Administrativo, la historia y el fundamento constitucional, y también se continúa con la historia, la naturaleza, la integración y la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el tercer capítulo, de manera detallada, se examina cada una de las etapas procesales del Juicio Contencioso Administrativo, de lo anterior se adquieren los aspectos teóricos que sirven de base para el entendimiento del cuarto capítulo en donde se desarrolla ampliamente —mediante un formulario— la práctica forense del proceso contencioso administrativo federal, que incluye la demanda y la ampliación a la demanda con sus respectivas contestaciones, alegatos, recurso de reclamación y recurso de revisión, así como la excitativa de justicia entre varios más. Del mismo modo se presentan los acuerdos que recaen a cada uno de los escritos referidos y modelos de sentencias. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, se reformó la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que se instauró la promoción, sustanciación y resolución del Juicio Contencioso Administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, por lo tanto, estimamos conveniente realizar su análisis en el quinto capítulo. Para finalizar, en el sexto capítulo, se expone —en atención las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010—, la implementación del Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía sumaria, toda vez que incorpora un medio procesal más rápido y sencillo para la resolución de ciertos asuntos que por su materia o cuantía no representan mayor complejidad. Espero que esta modesta labor sea de provecho para las personas a las que va dirigida, la someto a su consideración. Agradezco su lectura y comprensión.

El derecho es un conjunto de normas jurídicas inherentes a toda actividad del ser humano, y el comercio exterior no es la excepción. En un mundo globalizado y cada vez más competitivo, resulta indispensable conocer, respetar y hacer valer el marco legal que rige al comercio exterior para garantizar el éxito de los negocios. El presente estudio inicia con el origen histórico y marco conceptual del comercio internacional. Podemos afirmar que el sistema jurídico del comercio internacional actual tuvo origen al término de la Segunda Guerra Mundial, debido a que los países que sufrieron daños materiales por el conflicto necesitaron reactivar su economía mediante la adquisición de mercancías extranjeras, para generar ingresos con la exportación. Por ello, se necesitó establecer mecanismos que regularan el proceso de apertura comercial, por lo que, en 1947, surgió el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). El objetivo del GATT ha sido buscar que el comercio entre los países firmantes se lleve a cabo de una manera justa y leal. En ese tenor, en el presente libro hacemos un análisis detallado de dicho acuerdo comercial y de la institución encargada de su administración: la Organización Mundial del Comercio (OMC). A continuación, presentamos el marco constitucional y legal del comercio exterior en nuestro país, a partir del análisis de los artículos de nuestra Carta Magna que dan sustento legal a dicha actividad económica, así como de la examinación de los principales ordenamientos jurídicos en la materia: Ley de Comercio Exterior, Ley Aduanera, Ley Sobre la Celebración de Tratados, Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y Ley de Inversión Extranjera. Una vez establecido el marco legal del comercio exterior, precedemos al análisis de las medidas arancelarias, así como de regulación y restricción no arancelarias necesarias para la importación y exportación de las mercancías. Entendido dicho tema, resulta indispensable conocer la estructura, organización y funcionamiento de la aduana, ya que es el órgano de la administración pública, establecido por el Ejecutivo Federal y autorizado para controlar el comercio exterior con las limitaciones y prohibiciones que las leyes fijan a las mercancías, que percibe los impuestos que se generan y regula la economía nacional. Un tema de gran trascendencia es el de los medios de defensa legal en materia aduanera y de comercio exterior. Tanto el recurso de revocación como el juicio contencioso administrativo son objeto de estudio en dicho tratado. Otro tópico que abordamos es el de la contratación internacional, desde de su regulación legal en los ámbitos nacional e internacional hasta un modelo de contrato de compraventa internacional. Régimen jurídico de comercio exterior concluye con los medios de solución de controversias comerciales internacionales, tanto en el ámbito particular contra particular (arbitraje comercial internacional), como en el rubro de Estado contra Estado (medios de solución previstos en los tratados internacionales). Esperamos que esta humilde aportación contribuya al entendimiento y respeto del marco legal que rige el comercio exterior en nuestro país, actividad económica fundamental para el desarrollo y progreso de México.

Este libro se ha escrito gracias a la participación de un grupo de expertos en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Hemos empezado muchos, pero al final quedamos pocos; es lógico, pues a veces el tiempo impide concretar un proyecto en el que participan tantas personas. Quienes hemos participado lo hemos hecho con la finalidad de que usted, a doce años de la reforma procesal penal, cuente con ideas claras de lo que debe aprenderse y de lo que ha de hacerse para conocer el proceso penal mexicano y para litigar, como abogado, en cualquiera de las áreas del Derecho Penal, tomando en cuenta el Derecho Comparado, la doctrina, la Constitución Mexicana y la legislación procesal penal. No se puede conocer el proceso penal sin conocer, al mismo tiempo, las leyes que en él intervienen, incluyendo tanto a las leyes federales como a las propias de cada una de las treinta y dos entidades federativas. En efecto, el Derecho Penal exige, con sus dos codificaciones (Penal y Procesal Penal), el conocimiento de: la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Asumimos un proceso de unificación al que pronto se reunirá el Derecho Penal. No pueden olvidarse, a la vez, las leyes relacionadas con la protección de datos, las que disponen sobre bienes de dominio y muchas otras que deben estudiarse con cada especialidad en Derecho Penal.

Como operador del sistema desde el año 2010 a la fecha, he quedado convencido de que el contrainterrogatorio es el arma más letal del sistema penal acusatorio, pues define la suerte del juicio. Un abogado que no sepa contrainterrogar, difícilmente podrá ejercer el principio de contradicción, que resulta ser la base principal de nuestro sistema penal. El contrainterrogatorio es una de las técnicas más complicadas de desarrollar en el litigio oral penal, pues, aparte de conocer la teoría, exige mucha práctica para su consumación. Los grandes autores en temas de contraexamen recomiendan, en el contrainterrogatorio, hacer preguntas sugestivas de un sólo hecho, de lo general a lo particular, cortas y secuenciales, etcétera, sin embargo, en realidad ninguno enseña cómo trabajar un contraexamen a testigos y peritos, pues sólo la práctica nos hará entender y comprender esta técnica de litigación. Los buenos contrainterrogatorios jamás se aprenden en los libros ni las técnicas en los manuales de litigación, el éxito de un buen contrainterrogatorio es inversamente proporcional a los tropiezos sufridos en el tribunal de enjuiciamiento. La experiencia nos ha enseñado que, para aprender a jugar futbol, debemos “patear” el balón, pues nadie aprende a jugar futbol sólo con leer revistas o ver noticias, ni siquiera viendo los mejores partidos; para jugar al futbol, hay que ir a las canchas y “tocar” el balón. Los buenos “toques” son producto del entrenamiento, lo mismo pasa con el contrainterrogatorio, los buenos “contras” son producto de la práctica en el tribunal. En el futbol como en el litigio, gana el que mete más goles, no el que juega bonito. La base teórica de este ejemplar se sustenta en las lecturas que destacados autores han escrito sobre el contraexamen, amén de los cursos que el autor tomó e impartió, sobre estos tópicos en particular. La base teórica bien puede escribirse en sólo dos páginas, pero llevarlas a la práctica es la empresa difícil. El presente libro, al que hemos denominado El contrainterrogatorio a través de casos prácticos, pretende contribuir al estudio del contrainterrogatorio, de una forma más práctica y simple. Es de carácter imperativo señalar que, para el éxito del contraexamen, el litigante deberá investigar los hechos de manera minuciosa, para allegarse de la información materia del contrainterrogatorio, pues un litigante que no investiga, por más que sepa y domine las técnicas de la contrainterrogación, le será difícil lograr su cometido, ya que la soberbia no es amiga del arte de contrainterrogar. Finalmente, este libro va dedicado sobre todo a los defensores públicos del fuero común, quienes como auténticos quijotes se lanzan a la arena jurídica, en una feroz y desigual batalla, sin más arma que su propia determinación y conocimiento, a ellos, con quienes el Estado sigue en deuda. El contrainterrogatorio es un arte, procura ser el artista.

La presente obra tiene como finalidad estudiar y analizar la institución de la Responsabilidad patrimonial del Estado a la luz de los hechos que se suscitaron el día 6 de septiembre de 2009, en la zona norponiente del Valle de México, en el Fraccionamiento Valle Dorado, ubicado en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Fuimos testigos, aunque no presenciales, de esta tragedia que cobró vidas humanas y causó daños a las personas que habitaban, y siguen viviendo en dicho fraccionamiento, y sus bienes. Es por ello que con esta obra nos hemos fijado dos objetivos: En primer lugar, hacer público nuestro reconocimiento a todas y cada una de las familias que padecieron los hechos que narraremos y que decidieron no dejar impune la actividad administrativa negligente en la que incurrió el organismo público federal desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), denominado Comisión Nacional del Agua (Conagua); y que acudieron a la propia autoridad administrativa, Tribunales Administrativos y Tribunales del Poder Judicial Federal e incluso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, para reclamar una justa indemnización por lo que consideraban, en ese entonces, como un derecho a su favor. En segundo lugar, que sirva la presente obra como una guía didáctica que permita no sólo conocer la institución de la Responsabilidad patrimonial del Estado, sino cómo utilizarla, las vicisitudes que se presentan durante el procedimiento de reclamación, entre las que se encuentra la figura de la carga de la prueba, el surgimiento, a raíz de los eventos que se sucedieron, del derecho humano a la eficiente administración pública y varios otros aspectos, que por el área de especialidad en el que se encuentra, en muchas ocasiones son ignorados. Esta obra se encuentra dividida en dos partes: en la primera realizaremos un análisis y estudio técnico jurídico de la Responsabilidad patrimonial del Estado, abordando el marco conceptual, jurídico-constitucional, derecho comparado, sus elementos y requisitos de procedibilidad. Sustentamos nuestro estudio con la incorporación de los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, que también demostrarán la evolución que ha tenido esta figura desde su introducción a nuestro sistema constitucional en el año de 2004 y hasta la fecha. En la segunda parte nos permitiremos narrar los hechos acontecidos en el Fraccionamiento Valle Dorado, del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, acontecidos el día 6 de septiembre de 2009, y cómo a través de la Responsabilidad patrimonial del Estado. En la mayoría de los casos que representamos se obtuvo una indemnización justa por parte de la Comisión Nacional del Agua; haremos del conocimiento de nuestros lectores, los procedimientos, paso por paso, que tuvimos que agotar, para llegar al objetivo final planteado, que era que se hiciera justicia a las familias afectadas, creyendo en las instituciones del Estado y hacer valer el Estado de derecho que siempre debe imperar en un Estado democrático como siempre hemos afirmado que es México.

Desde tiempos remotos se ha considerado a la familia como base de la sociedad, de ahí su importancia y el valor que cada uno de sus integrantes reviste. Si bien es cierto que la línea paterna es pieza fundamental en la conformación de este núcleo, los hijos siempre serán quienes continúen con el legado de preservar el linaje. Hablando del presente, existen diversas razones por las cuales dentro de una familia no se ha podido dar la concepción de un hijo de forma natural, que pueden ser desde dificultades físicas, hasta incluso la decisión propia de no ser padres por evitar los trastornos del embarazo, pero, a pesar de lo anterior, los individuos no pierden la ilusión de tener un hijo al cual darle el amor y cuidados, por lo que encuentran el medio para continuar, como ya se mencionó, con su linaje. Es por esto que, en la actualidad, la adopción se ha convertido en un procedimiento cada vez más recurrido dentro de nuestra sociedad, razón por la cual no podría quedar fuera un tomo que nos enseñará cómo es que se debe de llevar a cabo. En esta obra conoceremos tanto generalidades como particularidades de la adopción, pasaremos por su naturaleza histórica y jurídica, hasta una descripción detallada de la tramitación que se realiza ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y su continuación ante una autoridad jurisdiccional oral en materia familiar. Esta última parte del procedimiento de adopción puede ser analizada gracias a los formularios que aquí se incluyen, en donde no sólo se puede observar la tramitología que llevan a cabo los adoptantes con la asesoría de profesionales del derecho, sino que también se puede observar el criterio y formalismos que sigue el juzgador ante un procedimiento de este tipo, ya que también se incluyen, en este volumen, los acuerdos emitidos por este último, desde el auto inicial hasta la sentencia que al procedimiento le recae. Como ya se hizo mención, el tomo de la colección está dedicado a la adopción; cuenta con una serie de capítulos y subcapítulos que son de gran utilidad para los abogados postulantes o estudiantes del derecho, así como para todos aquellos que tengan el deseo de llevar a cabo un procedimiento de adopción en la Ciudad de México, ya que de manera sencilla describe aspectos relevantes, como los siguientes. El conocimiento y conceptualización de la filiación, así como la importancia de conocer que este vínculo jurídico que existe entre ascendientes y descendientes puede surgir, ya sea por hechos biológicos o por actos netamente jurídicos, como sería el caso de la adopción. Basados en estos hechos y actos, en esta obra se describen las tres clases de filiación que existen, hablamos de una filiación legítima que surge como consecuencia de una unión matrimonial, la extra matrimonial que se da por un reconocimiento voluntario por parte del padre o por reconocimiento derivado de una sentencia ejecutoriada procedente de un procedimiento jurisdiccional y, la que reviste mayor importancia en este tomo, la que se conoce como filiación civil o adoptiva. Para poder establecer la filiación, en ocasiones resulta necesario realizar investigaciones tanto de paternidad como de maternidad, cada una tiene diversas vías de comprobación y están descritas en uno de los subcapítulos, ahí mismo se pueden encontrar las consecuencias jurídicas que los padres adquieren cuando se lleva a cabo el reconocimiento de un hijo. Adentrándonos en el tema de la adopción, observamos los aspectos más relevantes e importantes de la naturaleza jurídica de esta figura del derecho, iniciamos con su conceptualización, entendida según criterios de nuestro máximo tribunal de forma general como la acción de recibir como hijo a aquel que no lo es de forma natural, siguiendo siempre los requisitos y solemnidades que se encuentran establecidos en nuestro sistema normativo. Para entender nuestra realidad, siempre resulta preponderante conocer nuestro pasado, la evolución de nuestra sociedad; además de los cambios sustanciales, también se complementa con bases que hasta nuestros días se conservan, es por esto que en esta obra se hace una breve, pero concisa referencia histórica de la adopción, con la cual se marca de forma eficiente el comparativo de lo que fue, de lo que se conserva y de lo que es hoy. Desde el punto de vista netamente jurídico, la naturaleza jurídica de la adopción puede ser vista desde tres diversos puntos de vista o teorías: una denominada contractual, una llamada del acto jurídico mixto y otra más conocida como de la institución, en las cuales se considera como un contrato solemne, un acto jurídico o una institución. La adopción cuenta con características particulares que se encuentran inmersas dentro del siguiente concepto, el cual indica que es un acto jurídico plurilateral, mixto, solemne, constitutivo, extintivo en ocasiones, de efectos privados, de interés público al ser un instrumento de protección de los menores de edad y de los mayores incapacitados. Las características enunciadas dentro de esta definición son analizadas a detalle en la obra. Nuestro sistema jurídico mexicano contempla en algunas entidades dos tipos de adopción: existe la simple, la semiplena y la plena, la última es la única que se encuentra regulada dentro del sistema normativo de la Ciudad de México. La primera contempla elementos como la impugnación o la revocación, mientras que la segunda es irrevocable. Todo procedimiento jurisdiccional que se encuentre regulado en nuestro sistema normativo, está integrado por sujetos que de forma directa o indirecta intervienen en ellos, la adopción no es la excepción, es por esto que se hace un análisis y descripción del adoptante o adoptantes, del adoptado, de las personas o instituciones que ostentan la patria potestad o tutela de los adoptados, o aquellas que los hayan acogido, la autoridad judicial que será la encargada de resolver sobre la solicitud de adopción, el representante del Ministerio Público que habrá de velar por el interés del adoptado, el Juez u Oficial del Registro Civil que intervendrá con respecto al levantamiento e inscripción de las actas de nacimiento, así como los Organismos Públicos encargados de cuidar el destino de los adoptados y de promover la asistencia social, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Uno de los puntos en que todas las instituciones intervinientes coinciden, es el hecho de que antes de querer iniciar un procedimiento de adopción, es importante conocer todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley para adoptar, sin dejar pasar por alto dos aspectos relevantes: conocer quién es susceptible de ser adoptado y quién puede (además de reunir los requisitos) adoptar. La combinación de las listas de requerimientos y el cumplimiento de las características propias, tanto del adoptante o adoptantes, como del adoptado, hacen que el proceso de adopción resulte procedente. En párrafos anteriores se mencionó la evolución que ha ido experimentando nuestra sociedad, dada la apertura de igualdad y no discriminación que prevalece dentro de la Ciudad de México, actualmente encontramos que, con las modificaciones hechas al Código Civil de la Entidad, parejas del mismo sexo cuentan con la salvaguardia que les otorga el sistema normativo para poder adoptar. Nuestro Máximo Tribunal ha emitido criterios donde describe que la prohibición que se le pueda hacer a un individuo para ser considerado como adoptante, basado en la orientación sexual que tenga, resulta inconstitucional. La idoneidad de los adoptantes no debe estar fundamentada ni influida por su orientación sexual. Estos criterios y otros, dada la importancia del tema, también se encuentran plasmados dentro de esta obra. Como es sabido, la figura de la adopción no es exclusiva de nuestro país; a nivel global la tendencia a adoptar cada vez es mayor, existen casos en los cuales por diversas circunstancias los adoptantes pertenecen a otras naciones; por tanto, se describen dos supuestos que se pueden presentar: la adopción internacional, que se resume como el hecho de que personas con ciudadanía distinta a la mexicana y con residencia habitual en su país de origen, deseen adoptar a un menor de nacionalidad mexicana; y la otra, cuando personas con ciudadanía distinta a la mexicana, pero con residencia permanente en México, quieren adoptar a un menor de nacionalidad mexicana, conocida como adopción por extranjeros. La adopción, al ser considerada por nuestro sistema normativo como un acto jurídico, es susceptible de nulidad absoluta o relativa, las cuales se producirán dependiendo de los supuestos que se presenten al momento de su tramitación. Las características de estas nulidades son descritas en la parte final del capítulo que nos habla de la naturaleza jurídica de la adopción. Una de las partes principales que motivó la creación de esta colección de textos jurídicos, fue la de dotar a los abogados postulante, estudiantes y gente interesada, de herramientas que les ayudarán para la tramitación de procedimientos de forma particular. Hablamos de la adopción que, en la Ciudad de México, se encuentra conformada por dos etapas de tramitación: una ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y otra ante el Órgano Jurisdiccional de la misma entidad (TSJCDMX). La primera etapa del procedimiento de tramitación de adopción arriba mencionada, está compuesta de una serie de pasos y requerimientos preestablecidos, contemplados y descritos en el capítulo correspondiente de este tomo. El DIF de la Ciudad de México cuenta con planes de apoyo para todos aquellos que quieran adoptar, los cuales, además de ser consultados de forma general en la plataforma de la institución, son analizados a detalle en esta obra, incluso se puede ver la forma en que se van alternando los actos que deberá ir realizando tanto el solicitante como el servidor público que lo atenderá. Una vez que se ha concluido con la etapa donde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México resuelve el procedimiento de adopción en la entidad, se lleva a cabo mediante la tramitación de una jurisdicción voluntaria, razón por la que se consideró de vital importancia referir o recordar cuáles son sus características, además de mencionar que el juez competente para resolver será aquel que pertenezca a un Órgano jurisdiccional especialista en procesos orales en materia familiar. A partir de este punto, esta obra se encarga de describir y analizar el aspecto procedimental de una solicitud de adopción. Primeramente, hace referencia a los requisitos de fondo y forma que deberá contener el escrito inicial donde se deben manifestar aspectos como nombres de los adoptantes, domicilio para oír y recibir notificaciones, las personas que estos autorizan, la vía en la que se deberá actuar, los datos generales del adoptado y el tipo de adopción que se pretende llevar a cabo, los hechos y las pruebas ofrecidas, el derecho aplicable, los puntos petitorios y, no menos importante, la firma de los solicitantes. En consecuencia de esta solicitud hecha mediante escrito inicial, se describe en este volumen cómo la autoridad jurisdiccional deberá emitir un auto que, si es admisorio, se deberá turnar de oficio a una de las Unidades de Apoyo con los que cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; específicamente cuando se trate de procedimientos en materia oral familiar, la Unidad de Gestión Administrativa (UGA) se encarga, entre otras facultades, de materializar los documentos derivados y ordenados dentro de los procedimientos ya mencionados, mientras que otra de las unidades, denominada Central de Comunicaciones Procesales (CCP), se encarga de materializar las diligencias necesarias, sin dejar de mencionar a la Unidad de Apoyo Tecnológico (UAT) que maneja, como se describirá en el capítulo correspondiente de la logística necesaria para que los procedimientos orales en materia familiar puedan tener un correcto desarrollo y conclusión. Ya se mencionó que uno de los elementos de forma que deberán integrar el escrito inicial serán las probanzas con las cuales se busca crear certidumbre de lo argumentado por los adoptantes y cuyas características de enunciación y ofrecimiento dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria encaminado a la adopción, se describen en el capítulo establecido para esto, se menciona así cuáles son las pruebas que resultan procedentes en estas diligencias. La estructuración de una de las etapas más importantes de esta jurisdicción voluntaria es la audiencia de juicio, en cuyo desarrollo pormenorizado se describe lo referente a los alegatos de apertura, el desahogo de pruebas y los alegatos de cierre, para, de esta manera, concluir el procedimiento con el dictado de la sentencia definitiva por parte del Juzgador que conoció el asunto. Finalmente, en este libro se enuncian los efectos jurídicos que se crean con la adopción, es decir, los derechos y obligaciones contraídos tanto por el adoptante como por el adoptado.

La cordialidad dentro de la familia debería ser un valor que nunca tendría que estar ausente sin importar las circunstancias de la vida que se fueran presentando. La muerte de cualquiera de los integrantes de la familia provoca, además del dolor por la pérdida, descontrol e incertidumbre sobre el futuro. Es increíble darse cuenta que sólo basta tener diferencias con respecto a la repartición de los bienes materiales que hayan pertenecido a alguno de los integrantes para que surjan odios y rencores entre aquellas personas que crecieron juntas, pero, aunque lo óptimo sería dejar perfectamente definida la forma en que habrían de repartirse esos bienes mediante un testamento, en la práctica y por la falta de cultura de heredar de forma correcta no pasa así, es por eso que se hace evidente la intervención de la autoridad jurisdiccional para que, bajo su supervisión, se haga un análisis de a quienes les corresponde adjudicarse los bienes dejados por el de cujus. La intervención del juzgador se manifiesta mediante la denuncia que haga alguno de los posibles herederos de un procedimiento intestamentario. Su importancia y constante repetición hacen que este tipo de procedimientos no pudiera quedar fuera de esta colección de textos jurídicos. Es por eso que esta obra se estructuró de la siguiente manera: Antes de entrar de lleno en el aspecto procedimental de los juicios intestamentarios, es vital conocer la parte doctrinal, razón por la cual se inicia dando una noción muy detallada de lo que es la sucesión y los tipos que existen en nuestro sistema jurídico mexicano, las reglas que se deben seguir y el momento en el que se debe producir. La falta de manifestación de la voluntad del de cujus plasmada en un testamento, da origen a la apertura de una sucesión legítima, lo cual ocurre en muchas de las ocasiones, es por eso que se dedica todo un capítulo entero al análisis de este tipo de sucesión y se describe la forma en la que se deberá repartir equitativamente la masa hereditaria entre los hermanos o medios hermanos (hijos del de cujus), el cónyuge o concubino y, en su caso, los ascendientes e incluso los colaterales. También se hace un análisis del orden en que algunos de estos herederos tendrán preferencia sobre los otros y de cuando estamos frente a una sucesión ab intestato. Existe diversidad de variantes que se pueden presentar al momento de designar a quienes les corresponde heredar. En caso de que no existiera persona alguna contemplada por la ley con ese derecho, nuestro sistema jurídico mexicano examina la posibilidad de que la masa hereditaria pase al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. En el último capítulo doctrinal de esta obra, se realiza un estudio del procedimiento sucesorio intestamentario, analizando detalladamente cada una de las secciones que lo integran (de la sucesión, del inventario, de la administración de bienes y la de la partición y adjudicación de los bienes del de cujus). En esta colección de textos jurídicos se ha hecho énfasis no sólo en la parte doctrinal de los elementos que integran los procedimientos intestamentarios, sino que, además, se dota al lector de todo un expediente que contiene tanto los formatos de las promociones que son presentadas por las partes, como las transcripciones de los acuerdos que a estas les recayeron, para así podernos dar una mejor idea del criterio que emite el juzgador cuando las partes le hacen alguna solicitud, así podremos conocer la forma correcta de formular nuestras pretensiones. Estos formularios se encuentran enlistados en un índice especial para mejor comprensión del procedimiento y para optimizar su localización, es importante destacar que la forma en la que se dividen los formularios se hará según la sección que les corresponde, haciendo alusión a los cuadernillos que se van formando durante el procedimiento intestamentario.