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El Derecho Fiscal es un área del Derecho muy técnica, en la que sus normas jurídicas son interpretadas y aplicadas por los contribuyentes día con día, por lo mismo, en muchos casos la interpretación y aplicación no es compartida por las autoridades fiscales. De entre la variada gama de normas jurídicas fiscales destacan la Ley del ISR, IVA, IEPS y el Código Fiscal de la Federación. Al respecto, el Código Fiscal de la Federación indica que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones, de conformidad con los plazos y términos que indiquen las disposiciones fiscales. La autodeterminación de las contribuciones tiene su fundamento en el artículo 6o. de la mencionada normatividad. Por lo anterior, derivado de la autodeterminación de las contribuciones, es posible que los contribuyentes cometan una serie de errores en la determinación o, simplemente, no cumplan con las obligaciones correspondientes, por ende, las autoridades fiscales cuentan con una serie de facultades para verificar el correcto cumplimiento. Entre algunas de estas facultades están las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones de dictámenes fiscales, revisiones de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, práctica de avalúos, revisiones en materia de comercio exterior, etcétera. No obstante lo anterior, a partir del año 2014 nació en el Código Fiscal de la Federación una nueva facultad de comprobación de la autoridad fiscal, denominada “revisión electrónica”, la cual busca acortar los plazos de revisión hasta en un 60%, centrándose en verificar renglones, rubros de registro, ejercicios fiscales y contribuciones específicos. De ahí que el motivo de la presente obra, es abordar el estudio de la facultad de comprobación de la autoridad fiscal denominada “revisión electrónica”, examinando los fundamentos jurídicos, así como las tesis aisladas y jurisprudenciales que han sido emitidas por la SCJN, como resultado de la interposición de sendos amparos en contra de esta nueva facultad. Por ende, sólo nos resta decir que esperamos que la presente obra sea de su agrado y, sobre todo, que contribuya en una pequeña parte en su desarrollo profesional.

La teoría del caso constituye la teoría fundamental en donde descansa el juicio oral en el nuevo sistema adversarial del proceso penal peruano. Consiste en el planteamiento metodológico que cada una de las partes deberá realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, con el fin de proporcionar un significado u orientación a los hechos, normas jurídicas ya sean sustantivas o procesales, así como el material probatorio, que se ha recabado. Esta teoría surge como un instrumento de capital importancia para el pleno desenvolvimiento y eficaz desarrollo del proceso. La teoría del caso es de suma importancia ya que es una herramienta básica para que el caso tenga el impacto necesario, ya que debe existir un pensamiento lógico jurídico en el momento de argumentar oralmente en las diversas audiencias para obtener de ellas el mayor beneficio, según sean las pretensiones procesales que se tenga. El presente manual es un libro de consulta que analiza de forma práctica y didáctica los distintos pasos que son necesarios para elaborar una correcta teoría del caso, exponiendo los temas de modo claro y sencillo, lo cual permite alcanzar un conocimiento pormenorizado de la materia.

Hoy en día no se habla ya de averiguaciones previas, no debe decirse así, aludiendo al trabajo que ya no desempeñan las procuradurías generales de justicia en los estados de la república mexicana, sino hoy versaremos sobre las fiscalías en las entidades federativas, al igual que han ido desapareciendo los grandes errores que en fase de investigación se daba (torturas, violaciones a Derechos Humanos para no especificar casos de abusos). Pues la reforma constitucional en México del 18 de junio de 2018, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, viene a ser un parteaguas en el sistema procesal penal que por décadas imperó en México, dejando en el pasado un sistema procesal penal predominantemente inquisitivo por uno de tipo acusatorio, este último término porque hoy en día la carga de la prueba incumbe a las fiscalías precisamente. Aquí, la labor principal de los fiscales consistirá precisamente en enervar otro derecho que se agrega a nuestro sistema actual, nos referimos a la presunción de inocencia del imputado. El apartado B, fracción I, del artículo 20 de nuestra Constitución Federal, es claro al mencionar que los derechos de toda persona imputada a que se le presuma su inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

El presente libro une la visión humanista, donde encontra-mos el mundo de las percepciones, de las emociones, la programación neurolingüística y la comunicación, entre otros, los cuales son una serie de componentes que nos llevan al diálogo y a la resolución del conflicto.Desde un enfoque jurídico encontramos el nacimiento de los mecanismos alternativos, regulados en el marco constitucional del artículo 17 párrafo quinto. Explicando también el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para lograr firmar un convenio o acuerdo reparatorio y, con ello, obtener la solución de la acción civil, familiar, mercantil o la extinción de la acción penal en el delito que, en su caso, se hayan planteado.Este texto ayudará a comprender la metodología de los mecanismos alternativos, con una visión reintegradora humanista y legal.

La motivación de la autora para realizar la investigación sobre violencia hacia los docentes se inició a partir de la experiencia laboral como investigadora del maltrato y abuso sexual infantil en los planteles escolares, donde hubo entrevistas e investigaciones que incrementaron el interés por revisar documentos nacionales e internacionales sobre este fenómeno social. En el presente texto se realiza una semblanza histórica de la relación estudiante-docente desde su aparición hasta el momento actual, ahí se estudia el fenómeno de la violencia que se da entre la interacción de ambos, tanto de quien produce como quien la recibe, así como el impacto y sus consecuencias. También se identifican los factores endógenos y exógenos por los cuales el docente es proclive a ser víctima, además de las consecuencias físicas, psicológicas, sociales, educativas, económicas y administrativas. Finalmente, se examina la normatividad que regula la convivencia en los planteles escolares y se perciben mayores responsabilidades y obligaciones hacia los docentes. Por ello resulta necesario admitir la elaboración de normas que regulen la violencia que experimentan los docentes por parte de los estudiantes, los familiares y las autoridades escolares, para que se incluya “la mediación educativa” como una herramienta permanente para la resolución de conflictos en la educación para la paz.

Cualquier aspiración seria de justicia debe contar con herramientas jurídicas que concreten la esencia de ese cometido. La ausencia de instrumentos legales o su falta de idoneidad impide avanzar más allá del discurso dogmático y mantiene sólo un muy alto nivel de abstracción que no permite descender a una justicia cotidiana, que es la que importa al común de la ciudadanía, tornando ilusoria aquella primera intención. La existencia de estos instrumentos, funcionando a manera de “portales” —según la concepción de Habermas— hace de tamiz para el trasiego jurídico desde estratos jurídicos superiores, hacia otros ámbitos en los que prima la legalidad objetiva y debe concretarse el ideal de justicia. Los procedimientos administrativos son ejemplos de esos portales y constituyen el objeto de estudio que sostiene la presente obra. En ella, se les propone como una parte fundamental del bagaje legal que es necesario para construir, revisar, ejecutar o legitimar decisiones de Administración Pública que afectan esferas de derechos. De tal manera que, si desde el principio de legalidad se propende a la actuación pública administrativa ajustada a la norma y con el debido proceso se tutelan derechos, con las formalidades esenciales del procedimiento se atiende a optimizar la capacidad defensiva y con la motivación se exige dar razón objetiva de las consideraciones que se formuló la autoridad para justificar sus decisiones. De ahí la importancia de lanzar una mirada crítica sobre las estructuras procedimentales con las que se deja noticia del cómo se decide en lo público. Estos valores jurídicos están hoy en desarrollo en el ámbito internacional para fines similares a los que cumplen en los Estados nacionales, por lo que es importante abordar su estudio, verificar su evolución y el impacto que están generando en lo local. Al advertirse efectos de órganos supranacionales y transnacionales que realizan actividades y generan resultados con base en figuras como las que dieron pauta a estas reflexiones, y considerando la existencia de un Derecho Administrativo Global, llama la atención sobre la necesidad del análisis de las repercusiones del fenómeno y se reaviva el interés por el estudio de instrumentos en cuyo ámbito se operan muy diversos aspectos de la delicada relación entre los sujetos de la histórica ecuación autoridad-ciudadanos y nuevos desarrollos que se han trasladado al espacio global.

Tácito, emperador romano que sucedió en el trono al emperador Aureliano, señaló desde el año 275 d. C. que: “Pessima República, plurimae leges” (cuando más corrupto es el Estado, más numerosas son sus leyes). La máxima anterior viene a colación, ya que, en las últimas décadas, apareció un fenómeno que la doctrina denominó como la descodificación, es decir, que los códigos de la materia están sufriendo desmembramiento. Así, se afirma que la época de los códigos ya pasó y que, en este momento, se vive en la época de las leyes especiales; con ello no se afirma que sean las leyes privativas o especiales que proscribe el dispositivo 13 de la Constitución, ya que éstas tienen los atributos de generalidad, abstracción e impersonalidad, propias de toda ley en sentido material. Para hablar válidamente de la descodificación, es necesario definir el concepto codificación. La codificación es un proceso, un postulado del racionalismo europeo del siglo XVIII, que establece en un ordenamiento único, prescindido por unidad de criterio y tiempo, las normas pertenecientes a una sola rama jurídica, no consiste en agrupar todas las leyes vigentes de una época y un lugar determinado; de ahí, se puede afirmar que la codificación es el puente de lo tópico a lo sistemático, entendiéndose por tópico soluciones concretas a casos concretos, y por sistemático soluciones generales a casos concretos. El producto de la codificación es el código que regula alguna rama del derecho positivo, así, por ejemplo, el Código Penal es el ordenamiento positivo que regula lo relativo a delitos, penas y medidas de seguridad aplicables al infractor de la norma punitiva.