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Trabajar y esforzarse día a día no sólo debería implicar ir solventando nuestros gastos y necesidades diarias, sino crear un patrimonio para poder tener un futuro más desahogado y saber que, llegado el momento, podremos dejar un legado económico a los nuestros. Dejar nuestra voluntad debidamente estipulada, donde se describa la forma en que los bienes acumulados deban ser repartidos de manera particular o universal a uno o varios individuos, constituye la vía idónea para legar y, de esta forma, tratar en la medida de lo posible de no dejar problemas entre aquellos que por derecho les podría corresponder y otros más que pudieren creer que ese derecho les asiste. En el presente tomo de la Colección de Juicios Especiales, denominado Juicio testamentario, se analizan de forma detallada, primeramente, la parte doctrinal, es decir, las generalidades del derecho sucesorio, comenzando con el concepto de sucesión y la clasificación de la transmisión hereditaria. Como en todos los procedimientos que contempla nuestro sistema jurídico mexicano, existen elementos personales que los conforman, así hablamos de actor, demandado, aval, fiador, etcétera. Dentro del juicio testamentario, señalamos a un autor de la herencia (también denominado como el de cujus), al heredero o herederos y la diferencia que existe entre estos y los legatarios, al albacea, a los interventores, a los acreedores y a los deudores, cuyas figuras son detalladas y explicadas dentro de esta obra. Uno de los elementos esenciales del juicio testamentario es indudablemente la voluntad del autor de la herencia, con base en ella es que en nuestro derecho existen tres clasificaciones de la sucesión, como es la testamentaria, la legítima y la mixta, mismas que podrán ser resueltas mediante procedimientos, como el judicial y el extrajudicial, también conocido como notarial. En los referidos procedimientos, encontramos que las formas en que los herederos pueden suceder son por propio derecho, por transmisión, o bien, por representación, no debemos olvidar que el momento en el cual se produce la sucesión será a la muerte del de cujus o autor de la herencia. Otro de los elementos de los procedimientos testamentarios que debe estar presente es, por obviedad, el testamento, que se podría entender como el documento donde se plasma, mediante la realización de un acto jurídico, la voluntad de un individuo de disponer la forma en la cual habrán de ser repartidos los bienes que posee y a quienes les corresponden. Nuestro Código Civil indica que el testamento está provisto de ciertas particularidades, como el hecho de ser considerado un acto jurídico, unilateral, revocable y libre, además de que tiene que efectuarse por una persona capaz, ya que para que produzca sus efectos deberá ser solemne. El ser considerado un acto jurídico tiene repercusiones, como tener una finalidad dual y de mortis causa, o sea, sus efectos serán producidos hasta después de la muerte del testador. Dentro de las formalidades que se deberán observar en el testamento, está la presencia de los testigos que confirmen la manifestación de la voluntad del testador, así como las disposiciones que en él quedarán plasmadas. No basta con que un individuo quiera manifestar su libre voluntad de suceder los bienes que pudiere poseer, sino que en nuestra legislación se contemplan limitantes de capacidad para testar que son descritas puntualmente dentro de este tomo, incluso la capacidad para suceder. De igual forma, así como contamos con restricciones para testar, también las hay para heredar, pueden ser considerados como incapaces de heredar aquellos que se encuentren en una situación de presunción de influjo que vaya contrario a la libertad del testador, o bien, del testamento, también se puede hablar de incapacidad por alta de reciprocidad internacional o por utilidad pública, mismos que son analizados en el capítulo respetivo de esta obra. Es cierto que la lógica nos diría que cuando nos apegamos a las formalidades que acompañan a la libre manifestación de la voluntad vertida en un testamento, estamos hablando de un acto jurídico perfecto, pero en la práctica no es así, ya que éste puede ser ineficaz en su totalidad, en el clausulado que lo componen, por fallas en la institución del heredero, o bien, del legatario o las modalidades de estos. Así como hay voluntad libre al testar, en cualquier momento el testador podrá revocar su anterior manifestación. Como ya se mencionó, el testamento será el medio que designa la forma mediante la cual habrán de repartirse los bienes, pero es importante destacar que un testamento puede ser inoficioso cuando dentro de éste no se haya contemplado otorgar una pensión alimenticia a quien por derecho le correspondiere. Nuestra legislación nacional es tan diversa que en ella encontramos entidades que aún contemplan algunos tipos de testamentos que, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el Estado de México ya se encuentran derogados. Es por esto que dada la trascendencia a nivel nacional que se le busca dar a la colección y también para incrementar nuestro conocimiento doctrinal, se hace un análisis de ellos, encontramos que existen dos grandes clasificaciones: los testamentos ordinarios y los especiales, en los primeros están el público abierto, el cerrado, el público simplificado y el ológrafo, y, en los segundos especiales están el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. Antes de que el proceso testamentario concluya, la masa hereditaria deberá ser administrada por una figura que se estudia dentro de este volumen, al cual conoceremos como albacea, quien, además de la administración, deberá liquidar el patrimonio del de cujus. De esta figura hay diversos tipos, como son el testamentario, con sus correspondientes subdivisiones, el legítimo, el dativo, el provisional y el definitivo, los cuales cuentan con facultades diversas descritas en esta obra. La figura del albacea no cuenta con la libertad total de disponer de la masa o de la toma de decisiones aleatoriamente, ya que, así como cuenta con las referidas facultades, posee limitantes, excusas e impedimentos que regulan su labor, así se contemplan también obligaciones correspondientes al cargo que se le confiere, como es la rendición de cuentas. El ente encargado de vigilar que la labor del albacea sea la correcta, es el interventor, quien podrá intervenir en ciertos casos, como los descritos dentro de este libro. Sus funciones y la forma en que se deberá terminar el cargo conferido, también forman parte de la estructura de esta obra. En cuanto al aspecto procesal, se contempla la acción de petición de herencia y los casos que se pueden presentar al momento de iniciar un procedimiento testamentario, como el hecho de que la viuda haya quedado encinta al momento del fallecimiento del de cujus o como la aceptación o la repudiación de la herencia. En la parte final, se describe de manera puntual todas y cada una de las cuatro secciones que integran el procedimiento testamentario ante autoridad judicial, así como la tramitación extrajudicial ante notario. Asimismo, se ha hecho énfasis no sólo en la parte doctrinal de los elementos que integran los procedimientos testamentarios, sino que, además, se dota al lector de todo un expediente que contiene no sólo los formatos de las promociones que son presentadas por las partes, sino que se transcriben también los acuerdos que a éstas les recayeron, para así podernos dar una mejor idea del criterio que emite el juzgador cuando las partes le hacen alguna solicitud, con ello podremos conocer la forma correcta de formular nuestras pretensiones. Estos formularios se encuentran enlistados en un índice especial para mejor comprensión del procedimiento y para optimizar su localización, es importante destacar que la forma en la cual se dividen los formularios depende de la sección que les corresponden, así se hace alusión a los cuadernillos que se van formando durante el procedimiento testamentario.

El matrimonio es el inicio de una nueva etapa dentro de la vida del hombre que vive en sociedad, los derechos y obligaciones a que nos constreñimos son tan diversos como las razones por las cuales permanecemos en pareja. Lamentablemente, tanto los individuos como la sociedad que la integran no son entes inertes que, sin importar los cambios o las diferencias, permanezcan sin modificarse. Los sentimientos pueden mutar o acabarse y en muchas ocasiones esto provoca diferencias irreconciliables, las cuales sólo pueden ser resueltas mediante la intervención de un juzgador, quien se convertirá en el tercero que ayudará a redimir estas diferencias y quien tendrá la obligación de velar por aquellos intereses que no pueden ser renunciados por ninguno de los divorciantes, así como apoyar la posible negociación de las responsabilidades que cada uno deberá continuar cumpliendo; de esta manera, ambos podrán continuar sus vidas de forma independiente con la posibilidad de volver a contraer nuevamente nupcias. Como ya se ha mencionado en introducciones de otros tomos que integran esta Colección de Textos Jurídicos, en cada una de las obras que la conforman, los autores nos hemos dado a la tarea de tocar los procedimientos que, como profesionales del derecho, tenemos la obligación de conocer, ya que algunos de ellos son los más recurrentes dentro de nuestra labor profesional. Es por esto que en esta obra hablaremos de los diversos procedimientos que existen para llevar a cabo un divorcio, el cual debemos entender en términos legales como la disolución del contrato de matrimonio o, dicho de una forma más sencilla, como la ruptura del vínculo matrimonial. Como mencionamos en párrafos superiores, resulta esencial hablar primeramente del matrimonio para poder así desarrollar de forma correcta el tema del divorcio; por esta razón, dentro del primer capítulo de este tomo se realiza un análisis detallado de dicha figura jurídica, en la cual se incluyen las nuevas concepciones que se le han dado en diversas entidades, como en la Ciudad de México cuando hablamos de matrimonio entre personas del mismo sexo. La naturaleza jurídica del matrimonio puede ser analizada desde distintos puntos de vista, por ejemplo, el que la describe como una institución, el que lo contempla como un contrato o como un acto condición, el que la define como un estado civil o visto como acto jurídico mixto, por mencionar algunos. Dentro del desarrollo de este capítulo se menciona la finalidad que el matrimonio persigue, además de los requisitos que la legislación de la Ciudad de México refiere para poder contraerlo, para ello se adjuntan imágenes de los formatos que se deben de llenar en el momento de hacer la solicitud. Existen diversos formatos en razón de que los hay para uniones de personas de distinto o del mismo sexo, además de los formatos para manifestar su voluntad de contraer matrimonio bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, o bien, el de separación de bienes (los cuales se analizan también dentro de esta obra). Dentro de los requisitos que son necesarios, se contempla el presentar un Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso, donde se dé constancia sobre que ninguno de los contrayentes se encuentra inscrito dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), en este tomo se indica también la forma mediante la cual se pueden obtener los certificados. Anteriormente, dentro de la legislación local se contemplaba la posibilidad de que un menor de edad pudiera contraer matrimonio, pero en la CDMX se derogó la figura de la emancipación, por lo que sólo podrán contraer matrimonio los mayores de edad; asimismo, se enuncian los impedimentos que existen y los efectos que el matrimonio conlleva con relación con los cónyuges, con los hijos y los bienes. El capítulo II de este tomo analiza el tema principal del mismo, es decir, hablamos de su conceptualización primeramente desde el punto de vista doctrinal, así como su definición y ubicación dentro de nuestra actual legislación; además, se realiza un comparativo de las distintas clases de divorcio que existen y los efectos legales que esta separación conlleva como el derecho a alimentos. Como es conocido por todos los que nos dedicamos a esta carrera, el derecho es un ente que va evolucionando conforme surgen cambios dentro de la sociedad, es por eso que es susceptible de cambio o modificación, para lo cual se han creado procedimientos que reforman los estatutos establecidos con antelación, como es el caso de la temporalidad mínima que estaba prevista dentro de la CDMX para poder solicitar el divorcio después de haber contraído nupcias, donde se indicaba que pasado un año se podría tramitar, pero con base en una controversia constitucional presentada ante nuestro Máximo Tribunal, se emitió un criterio jurisprudencial que decreta como inconstitucional este requisito. Un análisis detallado de este hecho se encuentra desarrollado dentro del capítulo III de este volumen. En esta obra se dedica un capítulo al análisis de los diversos procedimientos que existen dentro de nuestra legislación, como el voluntario administrativo, el voluntario notarial, así como los costos por la tramitación que se deben pagar y los efectos que este produce, el voluntario judicial, tanto el procedimiento escrito como el oral y el divorcio unilateral o incausado (mal llamado divorcio exprés), además de los efectos jurídicos que produce cada uno de ellos, para lo cual también se exhiben los formatos de solicitud de divorcio administrativo. Doctrinalmente, resulta interesante que se mencionen las causales que contenía el numeral 267 del CCCDMX, mismas que fueron derogadas, aunque existen entidades en las que todavía se contemplan causales de divorcio. Finalmente, y siguiendo con la naturaleza de esta Colección de Textos Jurídicos dedicados a la práctica forense, la parte final de esta obra se encuentra conformada por formularios de un procedimiento completo de divorcio incausado, que parte desde un escrito inicial de demanda, hasta el auto que declara que la sentencia definitiva ha causado ejecutoria. Es importante mencionar que en los formatos no sólo se plasman las promociones presentadas por las partes, sino que también se muestran los autos que el juzgador pronunció en razón de cada una de estas, con ello podremos analizar el criterio que emitió la autoridad.

Dentro del contexto universal de la Declaración de los Derechos Humanos, encontramos que los alimentos forman uno de los pilares esenciales que deben estar presentes en el desarrollo de todo individuo, principalmente en el de los niños. Es importante considerar que los alimentos, en derecho de familia, constituyen una de las principales consecuencias del parentesco y una de las fuentes más importantes de solidaridad humana. Los cónyuges y los concubinos están obligados a darse alimentos, de la misma manera que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas (paterna y materna), que estuvieran más próximos en grado. La obligación de dar alimentos es recíproca, de modo que el que los da tiene a su vez derecho a pedirlos cuando los necesite. Es por esto que es trascendental la necesidad de dedicar un tomo de la presente colección de textos jurídicos a la figura de los alimentos. En este libro, como en todos y cada uno de los que integran la presente colección, se realiza una correlación de los códigos adjetivos y sustantivos de la Ciudad de México y demás entidades federativas del país, con ello esta obra se convierte en una herramienta útil no sólo para los estudiantes de derecho, sino para los mismos abogados postulantes sin importar el estado en el cual ejerzan su labor profesional. En cada capítulo se incluye el objetivo particular que persigue el mismo, se incluyen dentro del texto notas importantes que ayudan al lector a una mejor visión de lo descrito, así como ejemplos que sirven para comprender los conceptos plasmados. Además, al final de cada unidad hay un resumen de todos los puntos analizados. Asimismo, en la presente colección de textos jurídicos, cada uno de los tomos que la integran tiene un capitulado que fue creado con la finalidad de orientar, como ya se mencionó, a estudiantes y profesionales del derecho. En esta obra en particular encontramos que cuenta con lo siguiente:En primer lugar, se habla de la parte netamente doctrinal de la figura de los alimentos, se define este concepto, así como los atributos que le son conferidos, sin dejar de analizar qué elementos son aquellos que están contemplados en nuestra actual legislación como alimentos y las características que estos tienen. Para poder hablar del derecho que tienen los individuos a recibirlos, es necesario conocer su fundamento y justificación, por ello también se integra en el capítulo correspondiente de este libro. Un aspecto doctrinal que no podría quedar fuera de esta obra son las fuentes de la obligación alimentaria y el derecho humano que significa su disfrute. Igualmente se dedica un capítulo al estudio del derecho a percibir alimentos y los supuestos que deben estar presentes para que resulte procedente la existencia de la obligación. Algo que puede considerarse como parte medular de este tomo es la pensión alimenticia, la cual se describe de forma detallada, analizando cuáles son las personas que tienen la obligación de proporcionar los alimentos, los posibles deudores solidarios y las personas que están legitimadas para solicitar el aseguramiento de esta obligación. También se examina la capacidad económica del sujeto obligado a proporcionarlos y la manera en que pude garantizarlos. Existen diversas formas que permiten al deudor alimentario cumplir con su obligación, una de ellas es mediante BIDES, también conocido como billetes de depósito, que son expedidos y respaldados por BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.), cuya tramitación, características, cobertura, requisitos de adquisición y cobro se encuentran descritas más adelante. Se incluye, además, un formato de un escrito con el que se puede exhibir y depositar el documento en el juzgado que le corresponda, un formato para asentar razón sobre la recepción del billete y el formato del mismo. Se estudia la forma que utiliza el juzgador para determinar el monto o porcentaje de la pensión alimenticia y las causales que pueden existir para que resulte procedente la cesación o suspensión de la obligación alimentaria y la diferencia entre estos dos conceptos. Así como resulta procedente la cesación o suspensión de una pensión alimentaria, también pudiere ser factible la modificación en cuanto a incrementar el monto o porcentaje decretado con antelación. Como es sabido, el derecho a percibir alimentos corresponde al acreedor alimentario, mientras que la obligación de proporcionarlos corresponde al deudor, quien, si dejara de cumplirla, podrá, además de las consecuencias ineludibles en materia penal, ser inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Redam), un tema que se estudia detalladamente y que incluye cómo se puede realizar el trámite en línea para conocer si algún individuo se encuentra en dicho registro. Dentro del presente volumen encontramos que, ante la premura que significa el hecho de que los acreedores alimentarios reciban de forma pronta y expedita ese derecho que les asiste, la actual legislación de la Ciudad de México, a través de su Tribunal Superior de Justicia, contempla dentro de su Código Adjetivo, al igual que en otras entidades del país, la posibilidad de que quien tenga derecho a recibirlos (para sí mismo o en representación de otro), pueda asistir directamente al órgano jurisdiccional a solicitarlos. Es aquí donde encontramos el procedimiento de solicitud de alimentos por comparecencia, el cual se describe dentro de uno de los capítulos que integran este tomo segundo, donde se detalla la forma sencilla, los requisitos mínimos solicitados y el tiempo reducido de tramitación en comparación con el procedimiento escrito, puntualiza también que esta forma de solicitud tiene como principal etapa una audiencia de comparecencia, cuya acta hace las veces de escrito inicial de demanda, dentro de ella el juzgador dictará las medidas provisionales (incluida una pensión alimenticia provisional en cantidad líquida o porcentaje), la elaboración inmediata de los oficios de estilo dirigidos a la fuente laboral, el emplazamiento a la parte demandada y a la Defensoría de Oficio, con la finalidad de que se le designe un abogado que supervise y vele por la correcta resolución del procedimiento. Al igual que el procedimiento escrito, los alimentos por comparecencia referidos en este libro, constan de una etapa predeterminada en la que el deudor alimentario deberá dar contestación a la demanda instaurada en su contra, responderá de forma sistematizada los hechos y prestaciones descritos por la parte actora. Se hace en el apartado respectivo un análisis de lo que sucede dentro de la audiencia de ley que se lleva a cabo en el procedimiento en cuanto a las probanzas que se desahogan y los alegatos que se manifiestan, con la finalidad de crear tal convicción en el juzgador que, al momento de dictar su sentencia, decrete una pensión definitiva que sea justa, esta etapa de dictado de su resolución es la última contemplada por el capítulo correspondiente. Si bien es cierto que la solicitud de alimentos por comparecencia cuenta con diversas particularidades que la hacen una óptima opción para requerir ese derecho irrenunciable, la que pudiéramos considerar como la forma más conocida de solicitarlos es la forma escrita, por obvia razón, no se podía quedar fuera del capitulado del presente ejemplar de dicado a los alimentos. Asimismo, se hace un estudio detallado de todo el procedimiento, se inicia con la etapa postulatoria en la cual se analizan los requisitos que debe contener el escrito inicial de demanda, donde se contemplan las probanzas que resultan procedentes para este tipo de procedimiento, es así que hablamos tanto de una confesional como de su diferencia con la confesión judicial y la declaración de parte. Examinando esta prueba, se describe la forma como debe ofrecerse y prepararse, sucede lo mismo con todas las probanzas que contempla el procedimiento, incluyendo la testimonial, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Una vez que la demanda ha sido presentada, se realiza un examen de los posibles autos que a esta le pudieren recaer y las medidas provisionales que en alguno de estos pudiere decretar el juzgador. Además del ordenamiento de emplazamiento de la parte demandada, que tendrá la obligación de dar contestación a través de varios sentidos, descritos también en el capítulo respectivo. Al igual que en la sección dedicada a la solicitud de alimentos por comparecencia, se observa lo referente a la resolución emitida por el juzgador, es decir, la sentencia y la forma mediante la cual se puede realizar su ejecución. Un punto muy interesante dentro del capítulo es un estudio de la forma en que el deudor alimentario que no tiene una fuente laboral estable, pueda garantizar la pensión que le ha sido decretada. Las figuras jurídicas que contemplan nuestra legislación pueden ser modificables, así como las resoluciones emanadas de los procedimientos que se realizan, es por eso que incluso una obligación como la de dar alimentos es susceptible de ser cancelada, es decir, se puede suspender o cesar según sea el caso y se realiza de forma incidental. Por consiguiente, esta obra contempla este tipo de procedimiento y estudia la vía en que se presenta, analiza los requisitos y formalidades que se deberán presentar, acompañados de la jurisprudencia que le resulta aplicable, las pruebas que se pueden ofrecer y todo el procedimiento de cancelación contemplando la audiencia de ley que se realiza, lo referente a los alegatos, la sentencia y su ejecución, además de la manera en que los oficios dirigidos a la fuente laboral ayudan para este fin, así como la posibilidad de que quien administra la pensión alimenticia tenga la obligación de rendir cuentas sobre ella, y se concluye con la parte dogmática referente al pago de lo indebido. Por lo que implica a la parte de la práctica forense dedicada a los alimentos, este volumen cuenta con un expediente completo de un procedimiento de solicitud de alimentos por comparecencia, en él no sólo se muestran los formatos que remite la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sino que, además, se exponen el acta de comparecía que, como ya se mencionó, hace las veces de escrito inicial de demanda, los formatos de los oficios de estilo que el juzgador ordena su elaboración y que van dirigidos a la Defensoría de Oficio del Tribunal, a fin de que se le designe un licenciado en derecho que habrá de representar a la parte actora, y el dirigido a la fuente laboral del deudor alimentario, a fin de que se realicen las deducciones decretadas por concepto de pensión alimenticia provisional. De todas las promociones presentadas por las partes, se hace una transcripción de los autos dictados por la autoridad, con la finalidad de analizar el criterio que el juzgador plasma en las diversas peticiones que le son entregadas y que concluyen con la sentencia emitida por el juez. Al final del tomo, se incluye un glosario de términos jurídicos muy útil para la mejor comprensión del texto contenido en esta obra, no se puede dejar de incluir la bibliografía consultada, la legislación que ayudó a fundamentar y a correlacionar las figuras que se mencionan y las páginas web que se examinaron.

La filiación es un vínculo jurídico que puede nacer por hechos biológicos, o bien, por actos jurídicos que existen entre dos personas ya sean ascendientes o descendientes sin limitación de grado, es decir, se da entre el padre y los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, así como entre el hijo y los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. La ley reconoce como consecuencias de este vínculo diversos derechos y obligaciones entre aquellas personas que se encuentran unidas por una relación filial, de esta relación se desprende una figura, tema principal de esta obra: la patria potestad. La patria potestad puede ser entendida como el conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre y/o a la madre del menor o a quienes la hayan reconocido (la ejercerán de manera conjunta, sin importar si se encuentran casados o no, o pudiera ejercerlo sólo uno de ellos, siempre y cuando exista el consentimiento por parte del otro), aplicables sobre ellos y sus bienes (siempre y cuando el hijo no se haya emancipado). Es importante destacar que la ley concede derechos y facultades, ya que es de manera directa una carga impuesta por el Estado, la cual no puede ser discutida, puesto que al momento en que se establece la filiación, los progenitores tendrán la obligación de estar con ellos, deberán cuidarlos y protegerlos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, además de poder representarlos legalmente y administrar sus bienes. Si bien es cierto que en esta obra se busca hacer una práctica forense de “la pérdida de la patria potestad”, resulta importante e indispensable conocer el aspecto doctrinal de dicha figura jurídica, es por eso que se analizan aspectos como el hecho de que el cuidado integral del menor sea el objetivo que persigue la patria potestad. Como toda figura jurídica, también cuenta con características particulares que la diferencian de otras, mismas que se enuncian y se examinarán en la obra. Dentro del ámbito social encontramos que la familia se integra por padres, madres, abuelos, hijos, etcétera, pero es necesario saber quiénes de ellos son considerados como sujetos pasivos y/o activos dentro de la patria potestad, tarea que se lleva a cabo en esta obra. Si bien en cierto que se mencionó a padres y madres, hoy en día, encontramos que puede ser ejercida por los abuelos paternos en primer instancia y maternos como segunda. Una de las situaciones que, lamentablemente, se da en la actualidad en nuestra sociedad por el hecho de que los padres vivan separados, razón por la que la guarda y custodia deberá ser ejercida siguiendo una serie de reglas que serán enunciadas dentro de la presente obra. Quienes ejercen la guarda y custodia, como ya se mencionó con antelación, tienen derechos y obligaciones ante quienes la ejercen, y producen efectos respecto de las personas y los bienes de los menores, debiendo, incluso, rendir cuentas de la administración de estos, o bien, pueden gozar del usufructo de los bienes del menor. Todos estos aspectos referentes a la patria potestad son analizados de manera puntual. Además, se visualizan aspectos de gran importancia de dicha figura jurídica como la forma mediante la cual se puede terminar la patria potestad o perderla cuando se reúnan algunos requisitos, en caso de perderla, no implica que no pueda ser recuperada. La patria potestad puede ser ejercida siguiendo derechos y obligaciones a las que se sujetan los padres o quienes la ejerzan, sin embargo, deberán observar algunas limitaciones, e incluso, restricciones que aseguran el uso correcto. Es muy común que exista confusión entre figuras como la patria potestad, la guarda y custodia, e incluso, la tutela, es por eso que se realizó un comparativo entre ellas que nos hará más fácil la comprensión de cada una. Si bien es cierto que resulta imprescindible conocer el aspecto doctrinal del tema, la obra se encuentra encaminada a la práctica forense, por lo que se describe la forma mediante la cual habrá de tramitarse un aspecto muy importante de la guarda y custodia y que como estudiantes del derecho o abogados postulantes deben conocer. Dentro de esta tramitación se deberán seguir lineamientos que se encuentran descritos y a los cuales habrá que apegarse, es importante mencionar que se realiza una correlación entre la legislación de la Ciudad de México y la del Estado de México para así poder saber cómo se deberá tramitar en cada una de estas entidades el procedimiento de pérdida de la patria potestad. Como ya se mencionó en reiteradas ocasiones, la obra se refiere a la patria potestad, pero resulta importante conocer otras figuras que nos ayudarán a entenderla mejor, es por esto que se dedica un capítulo a la filiación, ya que puede ser el inicio para acceder al tema principal del libro.De la filiación conoceremos, primeramente, la conceptualización, las clases que de ella pueden existir dentro de nuestro sistema jurídico, los efectos que pudieren producir, incluso, analizando el progreso científico en materia de reproducción humana como la reproducción asistida, la inseminación artificial o la forma de fecundación in vitro, la congelación de material genético, la maternidad subrogada o el arrendamiento de un vientre o la fecundación post mortem mismas que pueden traer consecuencias jurídicas dentro del derecho familiar. También se analiza la investigación para comprobar la maternidad o la paternidad de los individuos y los medios para probarlos. Desde el punto de vista netamente jurídico, se estudian las formas mediante las cuales se puede reconocer de forma voluntaria a un hijo, conociendo los requisitos esenciales y formales para que se pueda llevar a cabo, no dejando de lado las características que se deben contemplar en dicho reconocimiento. No sólo existe el reconocimiento voluntario de un hijo cuando las circunstancias no han sido las idóneas para que éste sea reconocido, también existe el reconocimiento forzoso, en cual también desencadena consecuencias jurídicas. Cuando la filiación ha sido establecida, nos encontramos, como ya se mencionó, que la patria potestad puede ser ejercida por familiares que pueden ser ascendientes o descendientes sin limitación de grado, por lo que dentro de otro de los capítulos se hace un análisis detallado del parentesco, para así poder conocer quiénes podrán ejercerla, estudiando las consecuencias jurídicas propias y las diversas formas mediante las cuales se puede presentar. Antes de entrar de lleno al aspecto forense, es importante saber que para tramitar un procedimiento de pérdida de patria potestad, se deberá realizar por la vía oral familiar, por lo que se estudia lo referente a los principios que la rigen y la finalidad que se persiguió al haber trasladado estos procedimientos de la vía ordinaria a la oral. Una vez que se habla de las controversias que además de la pérdida de la patria potestad pueden ser sustanciales dentro de la vía oral familiar, se adentra al aspecto procedimental, analizando los conceptos de la demanda, los autos que pudieren recaerle a la presentación de ésta, las unidades de apoyo que se crearon dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que sirven de apoyo a las funciones de los juzgados, se visualizan también las formas en las que se clasifica el emplazamiento y los vicios que pudieren existir dentro de su realización, las distintas formas en las que la parte demandada puede dar contestación a la demanda instaurada en su contra, concluyendo con las diversas etapas y fases que conforman a los procedimientos orales, hablando así de audiencia preliminar, la que se lleva ante el juez o la audiencia de juicio que se realizan en la Ciudad de México, o bien, la inicial y la principal que se llevan a cabo en el Estado de México. Es importante mencionar que, además de lo aquí descrito, se enuncia la importancia de las pruebas que resultan procedentes dentro del juicio oral familiar y el objeto que se persigue con su ofrecimiento, la formalidad que se debe seguir para este fin, su preparación y la forma de desahogarlas. Se analizan todas las diversas pruebas que se pueden ofrecer dentro de ambas entidades, concluyendo con lo referente a la sentencia, la forma de ejecución de ésta y los medios de impugnación procedentes. Finalmente, y como parte elemental de esta obra, encontramos todas las promociones presentadas por las partes, así como los autos dictados por el juzgador en un procedimiento de pérdida de la patria potestad llevado a cabo dentro del Estado de México. Como un plus, dentro del presente tomo de la colección, encontraremos, de forma gráfica y sencilla, un cuadro adecuado al procedimiento analizado, en donde se ve una correlación de los códigos civiles y procesales de las 32 entidades federativas que integran al Estado mexicano, con lo que la trascendencia y utilidad de esta obra se asegura, ya que sin importar el lugar de nuestro país en donde sea consultado, se podrá saber qué articulado de la legislación local es el encargado de analizar o describir el procedimiento del juicio especial que nos ocupa.

En fecha 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, mediante decreto, la denominada Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Dicha ley, en su artículo segundo transitorio, establece que, a partir de su entrada en vigor, queda abrogada la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de extinción de dominio de las distintas entidades federativas; también se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a dicho decreto. De igual forma, la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, en su artículo tercero transitorio, que, en un plazo que no excederá los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de referido decreto, las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar su legislación respectiva con el mismo. En este nuevo ordenamiento legal se endurecen las medidas para la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con bienes mediante los cuales se cometieron, presumiblemente, ilícitos a los que se refiere la mencionada ley. De igual forma, la citada ley establece la procedencia de la acción de extinción sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular con respecto a aquellos bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización, como pueden ser: los bienes de procedencia lícita que se hayan utilizado para ocultar otros bienes de origen ilícito, o que se encuentren mezclados, de forma material o jurídica, con bienes de ilícita procedencia; bienes respecto de los cuales su titular no acredite su procedencia lícita; bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes antes referidos, siempre que no sea posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento o aprehensión material; bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, siempre que su dueño haya tenido conocimiento de ello, no lo haya notificado a la autoridad por cualquier medio ni haya hecho algo para impedirlo; y bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes antes citados. La presente obra pretende plantear, de una forma objetiva y a la luz de los derechos fundamentales y de la constitucionalidad de los actos de autoridad, si esta ley se apega o no a dicho ordenamiento fundamental, en particular a los principios de legalidad, certeza jurídica, debido proceso e irretroactividad, entre otros. Es indiscutible (y ha sido reiterado por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) que esta ley no respeta al principio de presunción de inocencia (como tampoco lo respetaba la ley que le antecede). En ese contexto, ¿los hechos susceptibles de extinción de dominio podrían ser aplicados en forma indebida a un particular que no cometió ninguno de los delitos a que se refiere la LNED? ¿Cómo se regula el juicio civil de extinción de dominio? ¿Se extingue la acción de extinción de dominio por la muerte del presunto propietario de los bienes con los que se cometió, presumiblemente, cualquiera de los delitos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 22 Constitucional? ¿Puede el Ministerio Público sacar a remate el bien mueble o inmueble materia de la acción de extinción de dominio antes de que se dicte sentencia en el juicio civil de extinción de dominio? ¿Puede el Ministerio Público aplicar de manera retroactiva la acción de extinción de dominio en perjuicio de persona alguna? Estas y muchas preguntas más son las que esta obra pretende resolver, siempre apegada a los criterios que, hasta la fecha, ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dada la naturaleza de la ley que analiza la presente obra, ésta se divide, para efectos didácticos, en cuatro partes: La primera parte se titula “Parte teórica”; la segunda parte se denomina “Parte procesal. El proceso en el juicio de extinción de dominio”; la tercera parte tiene como título “Consideraciones sobre la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Domino”; y la cuarta parte que lleva por título “Los delitos de defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada” De igual forma, se incluyen como anexos tres documentos que resultan importantes para el presente tema: en el anexo I se reproduce el texto íntegro de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; el anexo II contiene los hechos susceptibles de extinción de dominio; y el anexo III está constituido por el “Acuerdo A/016/19 por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de octubre de 2019.

En uno de los primeros cursos de valuación al que asistí, el maestro hizo mención acerca de que todo lo que nos rodea tiene un valor, sea este sentimental, histórico, monetario, etcétera, por lo que era necesario preparar a especialistas con la capacidad técnica y los conocimientos suficientes para poder valorar bienes y emitir una opinión técnica formal, vertida en un dictamen o en otros documentos que son requeridos por autoridades judiciales, aseguradoras, bancos o el particular interesado en conocer dicho valor. Lo anterior fue razón más que suficiente para continuar con la búsqueda de conocimientos e información en el tema de valuación de bienes muebles. Pero mi sorpresa fue tal al momento de empezar a escribir la presente obra y descubrir que en materia de valuación de bienes inmuebles existe toda una tradición y una madurez en cuanto información, conocimientos, principios y técnicas. Es tan importante la valuación de inmuebles para el caso de México que existen colegios que se aglutinan en una federación y que han hecho una labor seria e interesante para validar el ejercicio profesional de los valuadores y legitimar la importancia social de los mismos. Ahora bien, el trabajo de los colegios, de algunas instituciones de educación superior, bancos, así como del gobierno federal y de otras instituciones han sentado las bases para la valuación, e incluso, hasta llegar a establecer una norma mexicana (NMX) de valuación. Estos mismos actores han hecho aportes a la valuación de bienes muebles (en particular para maquinaria y equipo); pero aún es necesario unificar criterios, aportar nuevas técnicas y metodologías para que la valuación de bienes muebles alcance una madurez tal y como lo ha logrado la valuación de bienes inmuebles.

Todo sistema jurídico está conformado por principios y reglas que deben ser conocidos y aplicados al debido proceso, por los operadores jurídicos. Las reglas procesales se pueden entender, en pocas palabras, como aquellos lineamientos, pautas o cánones que permitan conocer la estructura y forma de operación de cualquier sistema jurídico. En ese sentido, esta obra desarrolla las reglas procesales que, con un enfoque totalmente práctico y dentro del proceso penal mexicano, permitirán al operador jurídico conocer temas como: la posibilidad de que la Policía inspeccione a personas o vehículos sin previa orden judicial, si la formulación de imputación se considera un derecho fundamental, cuándo es posible que el juez de control intervenga ante una inadecuada imputación, si la totalidad del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa reformado ya se encuentra vigente, cuáles son los requisitos para vincular a proceso a una persona y qué se entiende por un hecho que la ley señala como delito, cómo se lleva a cabo la investigación por parte de la defensa, cómo se realiza el descubrimiento probatorio por parte de la defensa y sus consecuencias cuando no se realiza, qué significa el punto de prueba, cómo se demuestra la pertinencia de la prueba, cómo se llevan a cabo las técnicas de litigación, cómo se plantea un incidente, en qué momento procesal y en qué tipo de casos se puede llevar a cabo, cuáles son las posibilidades procesales de la asesoría jurídica de las víctimas, entre otros. Así, pues, sin importar el rol que el operador jurídico desempeñe, éste debe conocer las reglas de juego procesal, pues sólo así podrá intervenir con éxito en el nuevo proceso penal mexicano. Esta obra se ocupa a detalle de ello, con apoyo en cuestiones prácticas y con base en normativa y jurisprudencia que la sustentan tanto a nivel nacional como internacional.