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Desde hace muchos años, las personas han tenido la necesidad de asignarle un valor a sus cosas, todo esto con el propósito de poder tener una estimación monetaria de sus bienes, los cuales pueden ser tanto inmuebles como muebles. Esto pude ser con fines que van desde la parte comercial hasta la judicial. Dicha valorización hace caso a los factores de mercado, que tienen su principal descripción y análisis en función de la llamada teoría económica, sin dejar de lado las ciencias exactas, como administrativas-contables, así como un marco legal regulatorio. La práctica de la valuación en México data desde el año 1325, después la fundación de la gran Tenochtitlán hasta nuestra época. Durante todos estos años, se han venido desarrollando técnicas para su ejercicio profesional y/o académico. Poder cuantificar un bien, no es tarea fácil, se necesita tener un amplio conocimiento que permita minimizar la parte subjetiva. Este trabajo pretende llevar de la mano al lector, para que pueda tener un punto de vista más amplio, cuyo objetivo es implementar una metodología que le ayude a realizar un avalúo o valor de mercado para cualquier tipo de bien mueble, puesto que estos son los susceptibles de moverse o trasladarse. Cabe mencionar que en este libro sólo se abordará todo lo relacionado a este tipo de bienes. Los bienes inmuebles, aunque comparten algunos conceptos, métodos y técnicas para su valorización, no son motivo de este trabajo. Asimismo, lo expuesto en este trabajo es de carácter enunciativo más no limitativo. Cada capítulo maneja temas que van de lo general a lo particular, en los cuales se manejan desde conceptos básicos, como relación de la valuación con otras ramas del conocimiento, hasta las características de metales utilizados para la manufactura o elaboración de alhajas, así como un marco de referencia para la valorización de relojes.

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En un Estado de Derecho, la administración pública y los órganos que la integran están subordinados a la ley. El funcionario y empleado público tienen como punto de partida y límite de su actividad, el circunscribirse a la ley que determina su competencia. Todo acto administrativo debe emanar del cumplimiento de una ley. Los particulares tienen derecho a que los órganos administrativos se sujeten a la ley y se cumplan cada uno de los elementos propios del acto administrativo. De lo antes expuesto, encontramos que el Derecho Procesal Administrativo tiene por objeto y fin la protección de los administrados frente a la Administración Pública, así como mantener la eficacia del Derecho Administrativo a través de la función jurisdiccional. En nuestro concepto, el Derecho Procesal Administrativo, es el conjunto de normas e instituciones que tienen como finalidad regular la función jurisdiccional del Estado, tendiente a resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, debido a los actos emitidos por esta última. Entre los medios de defensa legal con que cuenta el particular para impugnar los actos de la administración pública, encontramos en primer termino, el recurso administrativo que implica la posibilidad de que la autoridad administrativa revise su propio acto, reconozca un error y corrija su actuación en virtud de la petición hecha por un particular. No obstante, la finalidad establecida para los recursos administrativos previamente señalada, tenemos que en la práctica cotidiana las autoridades administrativas no cuentan con la imparcialidad suficiente para considerar que su acto o el emitido por un inferior jerárquico sean ilegales, por lo que la mayoría de las resoluciones que recaen a los recursos mencionados confirman los actos impugnados, dejando al particular con la misma problemática. Es por ello que el medio de control jurisdiccional idóneo sobre los actos de la administración pública es el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Finalmente, si la resolución que recae al juicio referido sigue siendo contraria a los intereses del gobernado, se tendrá la posibilidad de acudir al Juicio de Amparo ante el Poder Judicial Federal. Con la intención de que la presente obra sea de utilidad tanto para los estudiantes como para los estudiosos del Derecho, hemos decidido combinar la teoría con la práctica forense, recordando lo mencionado por el Maestro José Ovalle Favela al indicar que “la teoría que no toma en cuenta la práctica del derecho procesal, ni aporta soluciones a los problemas que esta plantea, es solo metafísica y que la práctica que desconoce la teoría es solo rutina”.

En nuestro sistema jurídico procesal penal se han llevado a cabo varias reformas sustanciales de gran relevancia para la familia jurídica y los ciudadanos mexicanos. En esta obra se brindan los cimientos y recomendaciones específicas a los profesionales del Derecho que deseen intervenir con éxito en cada una de las etapas del proceso acusatorio adversarial. Por ello, la estructura de la presente obra se basa en las tres etapas del proceso acusatorio: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral, se definen cada una de las características de mayor relevancia y se indican cuáles son los puntos finos en cada una de estas etapas. Se hace especial hincapié en la importancia de la prueba a lo largo de esta obra, además de los puntos significativos que el perito debe abordar en general al momento de elaborar un dictamen, ya que sabemos que haciendo alusión a esta parte de la prueba se dan consejos para que al momento de que el profesional del derecho los tome en consideración pueda fortalecer su intervención dentro de las audiencias en el proceso. Si se sabe lo que significa cada una de las partes del dictamen se pueden llevar a cabo interrogatorios y contrainterrogatorios más precisos, además se puede advertir hacia dónde guiar dichas preguntas para obtener el resultado deseado mediante la acreditación o desacreditación de la labor del perito, según el papel que nos toque desempeñar dentro del proceso. Esperamos que el trabajo de investigación y recomendaciones de esta obra sean de gran apoyo en la adquisición del conocimiento del proceso acusatorio adversarial y la intervención exitosa dentro de este.

El libro Las uniones de hecho en el nuevo concepto de familia nos presenta un panorama general de cómo las uniones de hecho, al ser una posibilidad para generar futuras familias o habiéndolas generado ya, de facto, requieren un trato tutelar en el derecho de familia o codificación civil en México. Existen diversos tipos de uniones de hecho reconocidos como tales y con expectativas prometedoras de reconocimiento pleno o mejorado en su esfera jurídica, en lo que atañe a su carácter generador de familia. En el caso de la unión de hecho por antonomasia, el concubinato, se encuentra reconocido en los 31 estados de la república mexicana y en el Distrito Federal —actualmente Ciudad de México—, y de las nuevas formas, como la sociedad de convivencia de dicho estado, la sociedad civil de convivencia en Campeche, la sociedad de convivencia de Coahuila y la libre convivencia de Jalisco. Los derechos que contemplan las nuevas uniones de hecho, reguladas por las leyes, no son equiparables a los del matrimonio, ignoran que la unión de hecho o concubinato, como primera relación humana constitutiva de familia a lo largo de la historia, merece el reconocimiento pleno por parte del Estado y, de no hacerlo, lleva a problemas mayores como la estigmatización, discriminación o exclusión social de las personas, pero sobre todo a la violación de sus derechos humanos, confinándolos en un gueto excluyente que el legislador les ha creado so pretexto de reconocerles personalidad en el ámbito jurídico, es decir, es demagogia o eufemismo que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, la construcción y desenvolvimiento de las familias. Las uniones de hecho deben ser de facto, pero con plenos derechos, no con limitaciones novedosas, como por ejemplo: instituir en algunas leyes registros obligatorios que conllevan efectos constitutivos, que transgreden la libertad de unirse libremente, como se denominara otrora, en “unión libre”, pero salvaguardada por el derecho, sin formulismos, como en el antiguo derecho romano. Así se va descubriendo cuál es el mínimo requerido para la existencia de una justicia social efectiva en las leyes con respecto a la unión de hecho como constitutiva de familia, y no caer en la demagogia o nugatoria previsión genérica del respeto a los derechos humanos del gobernado, sin concreción en la realidad que garantice su correcta intelección y aplicación.

El Registro Nacional de Deudores Alimentarios (en adelante Renada) tiene como finalidad ser una vía que facilite la salvaguarda del derecho superior de la infancia a recibir alimentos, así como procurar la equidad entre hombres y mujeres. Si usted está leyendo esta introducción es probable que esté interesado en conocer sobre el Renada, pues bien, lo primero que debo decirle es que se trata de una propuesta; es decir, en este momento no es todavía una realidad. Por ello dejo aquí las razones por las que es urgente dirigir la mirada al escenario de las mujeres que se embarazan a edades muy tempranas y no cuentan con el apoyo económico de los progenitores para brindar a sus hijos los entornos mínimos de subsistencia, mujeres que han tenido que abandonar sus estudios para trabajar en cualquier tipo de condiciones reproduciendo, en la mayoría de los casos, su situación de pobreza y marginación por tener la necesidad de sacar adelante a sus hijos de la manera que les sea posible. Esta realidad no es igual para los hombres que se convierten en padres jóvenes, porque, según porcentajes significativos, nadie los conoce, pues la paternidad temprana es un problema latente e invisibilizado por la sociedad y, en consecuencia, por las políticas públicas en materia de prevención del embarazo y el cuidado y la manutención de los hijos, que durante años han estado dirigidas exclusivamente a mujeres. Tal situación impacta negativamente en millones de niños, niñas y jóvenes que no cuentan con las condiciones mínimas para su adecuado desarrollo personal y profesional, al vulnerar su derecho humano a la alimentación adecuada y equitativa.

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