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¿Por qué escribir en el siglo XXI acerca de una artista que con- quistó a su público en pleno siglo XX? La respuesta la tengo ya, puesto que como devoradora de libros que es la autora de esta biografía que usted lee ahora, me encontraba en el acto de degustar los proverbios de Friedrich Nietzche, y desde aquel año de 1998, lo archivé en mi memoria y ahora lo expon- go: “El gran estilo nace cuando lo bello vence a lo enorme”. Parafraseo al lósofo alemán, puesto que lo que su aforismo deja de maniesto es en el sentido de conocer a fondo a un artista, en este caso, Rocío Dúrcal. Es también el hecho de que el talento es un don que, si no se comparte, se marchita, pero una vez compartido entonces se vuelve luminoso tanto para sí como para quienes le rodean. Me parece oportuno enfatizar el valor de la sensibilidad que, sin caer en la supercialidad y en la cursilería, su objetivo es ponernos en contacto con la realidad y disfrutar cada paso, cada palabra, cada sentimiento, cada momento. A lo largo del texto usted podrá recorrer junto con Marieta, como solían llamarle su familia y amigos a Rocío Dúrcal, momentos importantes y llenos de alegría, de su vida artística, al recordar sus películas que a tantas personas ilusionaban sus estrenos.

En este monólogo a dos voces, todos los lectores de Tributo a Cervantes: entrevista con el creador del Quijote repasarán en una forma amena, agradable y llena de acción los acon- tecimientos más importantes en torno a la prolífica exis- tencia de Miguel de Cervantes Saavedra. Tú, querido lector, al leer cada palabra incluida en los capítulos de esta obra, podrás descubrir que la vida del autor de Don Quijote de la Mancha resultó todavía más compleja que la de su persona- je. Aunado a la gran imaginación creativa e inventiva del conocido como Manco de Lepanto, parece emocionante y, a la vez, de importancia que la obra del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha goza de contener información real llevada a la ficción para dar como resultado una obra que es joya del idioma castellano.

A partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, con fundamento en su artículo primero, párrafo primero, el catálogo de Derechos Humanos que sirve como parámetro para realizar el control de la regularidad constitucional, se integra con los reconocidos tanto en la Constitución General de la República como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, y con base en las sentencias de condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, en específico, la del caso Radilla, así como la sentencia de supervisión del cumplimiento de la misma, se determinó el sentido y los alcances del “Expediente Varios 912/2010” resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en él se decidieron aspectos fundamentales para el sistema jurídico mexicano, tal como la determinación de que las y los jueces de todo el país deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, una vez que quedaron sin efecto las tesis de jurisprudencia que impedían que se llevara a cabo. Dichos elementos sientan las bases para la construcción de un nuevo paradigma del constitucionalismo mexicano, en el que el control de la regularidad constitucional juega un papel esencial, pues de poco sirve tener un catálogo de Derechos Humanos de fuente nacional e internacional, si éstos no se garantizan a través de instrumentos de control jurisdiccional. Por tal motivo, vale la pena el estudio de la justicia constitucional en México, cuyo modelo ya comprende el control difuso y una nueva conformación del parámetro para realizarlo, y al que se sumaron los Derechos Humanos de fuente internacional, entre otros aspectos.

En la cruzada del Homo sapiens por el tiempo, éste se ha encargado de crear no sólo objetos materiales —que dicho sea de paso han facilitado su estancia y evolución en el planeta tierra—, sino, también, definir teorías e ideologías en las que se ha basado para guiar su camino, así como para comprender mejor su espacio temporal. En ese sentido, la humanidad, en su esfuerzo por transmitir los diversos valores y conocimientos desarrollados, ha agrupado su saber en disciplinas que han coadyuvado al desarrollo del sistema social. Desde el siglo VII hasta el VI a. C., fueron los griegos y posteriormente los romanos quienes establecieron las bases del derecho y rigieron sus sociedades en torno a sus conceptos de justicia y legalidad. Después, en el medievo, esos preceptos se perdieron y se dio paso a una sociedad que estableció su sistema de justicia con base en el uso de la fuerza, sin embargo, como bien lo señaló en su debido momento, Rousseau, en su obra clásica El contrato social, “el más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o señor, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber”. En consecuencia, el derecho —en específico el derecho penal—, a partir de la época contemporánea, comenzó una evolución que lo ha llevado a establecerse como una disciplina indispensable para el orden y funcionamiento de cualquier sociedad. En México, a partir de la división de poderes (establecida en la Constitución de 1917), corresponde al Legislativo la creación y/o modificación de las leyes y distintos ordenamientos normativos que rigen la vida de los ciudadanos. Así, pues, en la búsqueda de fortalecer el sistema penal nacional, en 2008 se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue un primer intento por migrar de un sistema mixto inquisitivo a uno acusatorio y oral. Con posterioridad, esta modificación permitió que, en 2016, se estableciera el nuevo sistema penal acusatorio, actualmente vigente. A partir de 2018, con la conformación de la LXIV Legislatura —de la que orgullosamente formo parte—, hemos impulsado diversas iniciativas y reformas con el objetivo de fortalecer nuestro sistema penal, por ejemplo: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, que, a su vez, incluyen la Ley de Registro de Detenciones y la Ley Sobre el Uso de la Fuerza, abordadas en esta publicación con el objetivo de acercar a los lectores al sistema de investigación penal; asimismo, a lo largo de sus capítulos se abordarán conceptos, metodologías y técnicas de investigación, así como aportes científicos que enriquecen el desarrollo del proceso penal mexicano. Finalmente, quiero agradecer a la H. Universidad Analítica Constructivista de México, por su invitación a colaborar en la presente publicación, desde el H. Congreso de la Unión, hago un reconocimiento tanto a su labor como a su compromiso con la sociedad, en específico con el motor de nuestro país: la juventud, actores principales en la construcción de una nación prospera.

Con agradecimiento y compromiso, he aceptado la invitación que me formularon para prologar la presente obra titulada Derecho de familia, de los doctorantes Raquel Karla Gómez Lomelí y José Adán Mauro Gálvez Pavón, profesionales comprometidos no solamente con la práctica judicial, sino con la investigación y la docencia, factores que, combinados, se convierten en una fuerza que, junto con el rigor de la investigación, permea esta obra a través de sus distintos capítulos, en forma tal que le da contenido, continuidad y sencillez. La vida en sociedad implica la necesidad de normas, las cuales nos permiten convivir de manera pacífica y respetuosa. El conocer esas normas —que al igual que otorgan derechos, crean obligaciones— se convierte en parte del concepto de ciudadanía, tan necesario en nuestros días porque se traduce en habitantes de una sociedad que comprenden, a plenitud, sus derechos y que cumplen, a satisfacción, sus deberes. Sin embargo, nuestro sistema jurídico —con características propias, aunque derivado del derecho romano-germánico, al que se le han agregado abundantes notas del derecho francés— tiene un alto grado de dificultad; además, la globalización de las instituciones jurídicas, derivada de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado mexicano mediante la firma de Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales de carácter bilateral o multilateral, genera nuevos derechos que deben ser receptados en el orden interno y que tienen que ser conocidos por las autoridades, así como por los justiciables, para obtener los mayores beneficios posibles. Así, en los últimos años se han creado institutos jurídicos supranacionales cuyas resoluciones tienen impacto en el ámbito nacional; me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivados de la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual, además de desarrollar una labor jurisdiccional, es también un órgano de consulta para los Estados miembros.

El principio de generalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe que el legislador otorgue privilegios o áreas inmunes al pago de tributos. Así, las formas para liberar la obligación de contribuir con el gasto público son totalmente excepcionales y deben evitarse. Al resolver el amparo en revisión 1/2012,1 la Segunda Sala estableció que, en el caso de las exenciones, como forma de liberación a través del cumplimiento de ciertas reglas, requisitos o características previstos en ley, sirven para establecer criterios de justicia social y para satisfacer otras finalidades tuteladas constitucionalmente o derivadas de índole económico, político y social que se consideren de ineludible cumplimiento.

Debo empezar diciendo que el de contradicción —como el de publicidad, inmediación, continuidad y concentración— no es el principio rector del proceso acusatorio; no lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sí lo admite el artículo 4o. del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, el título de una norma no es norma. Es posible encontrar —en esta tendencia—, al titular los artículos, que no hay relación entre título y contenido normativo. En ese sentido, que el acápite de dicho artículo 4o. mencione “los principios rectores”, no por ello los hace rectores, basta leerlo para dar cuenta de ello. Pero, ¿qué significa esto? Nada es rector cuando todo puede ser rector. La lectura del artículo en estudio permite darse cuenta de la primera verdad que delata este libro, y es que no se menciona qué principios son rectores, puesto que lo puede ser cualquiera, ya que, más allá del título, no se establece ningún principio como rector. ¿Tan importante es el tema? Si A dice que B mató, pero nadie contradice esa afirmación, entonces B mató porque lo dice A. Sólo en cinco ocasiones, el Código Nacional utiliza la palabra contradicción. A pesar de ello, la contradicción es un tema especial para el proceso penal acusatorio o —mejor dicho— para cualquier proceso.