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El sistema de justicia penal mexicano contempla, desde 2014, un modelo mixto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por un lado, el Código Nacional de Procedimientos Penales —reformado en 2016—, se decanta por un esquema de responsabilidad penal autónoma de las empresas, por el otro, algunos códigos penales, como el de la Ciudad de México, parecen adherirse al modelo vicarial, también conocido como de transferencia. Al momento de escribir estas líneas, siete estados de la República han reformado el apartado de autoría y participación de sus códigos penales para implementar el cambio de sujeto, incorporando en éste a las personas jurídicas colectivas: Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Tabasco. A éstos se suma el Código Penal Federal. Hay muchas reflexiones que se pueden formular en torno a la diversidad de regulaciones en la materia que nos ocupa. Así, por ejemplo, es cuestionable que en algunas de nuestras legislaciones se incorpore un catálogo muy amplio de delitos susceptibles de ser cometidos por empresas —el Código Penal Federal es un ejemplo—, mientras que otras omiten cualquier referencia al mismo rubro, como es el caso de la Ciudad de México y la iniciativa de reforma al Código Penal de Guanajuato, que incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas en esa entidad. Por otro lado, está el catálogo de consecuencias jurídicas que se pueden imponer a las organizaciones: el Código Nacional de Procedimientos Penales establece algunos parámetros en su artículo 422, pero en ocasiones no coinciden con figuras contempladas en las legislaciones locales. Al mismo tiempo, es importante abordar el tema de su imposición, pues algunas legislaciones omiten incorporar a los códigos penales la denominada “cláusula de transformación”, que permita individualizar, por ejemplo, una pena de multa a la persona jurídica, extraída del Código Penal que contemple, en la parte especial, la pena de prisión para el sujeto activo. Si bien los ejes temáticos señalados resultan de un importante interés teórico y práctico, existe otro que configura un desafío quizás mayor. Nos referimos al de la configuración, implementación y valoración probatoria de los —así denominados— criminal compliance programs, pero también a los efectos de exclusión del delito, o atenuación de la pena, que éstos pueden generar a favor de una organización. ¿Cuáles son los elementos mínimos que les dan basamento? ¿En torno a qué modalidad de personas pueden ser exigibles? ¿Además de las dimensiones relativas a la anticorrupción y salvaguarda del ambiente, qué otros rubros debe contener un criminal compliance program? ¿De qué experiencias teórico-prácticas podemos aprender a escala iberoamericana? La teoría y práctica del criminal compliance está generando, en países de nuestro entorno, un impacto similar — aunque con menos estruendo y grandilocuencia— que la implementación del sistema procesal acusatorio. Si hasta ahora en las Universidades se enseña derecho penal y teoría del delito aplicada sólo a personas humanas, los planes y programas de estudio deberían cambiar para incorporar el impacto de la persona jurídica frente al sistema penal. Lo mismo está sucediendo en el ámbito del proceso y se espera que, muy pronto, se publiquen las primeras obras relativas a la criminología de empresa. Más tarde, quizás, lo mismo sucederá en la dimensión victimológica: la empresa como víctima. Mientras todo esto sucede, resulta urgente que la doctrina dote de criterios a quienes operan el sistema de justicia penal, pues ya se han dictado, en México, las primeras resoluciones ministeriales y judiciales con relación a la responsabilidad penal empresarial y el criminal compliance: desde la exclusión del injusto empresarial por riesgo permitido, transitando por la vinculación a proceso a tres empresas —una de éstas en su calidad de entidad bancaria—, hasta la concesión de un amparo por no estar contemplado el tipo penal, imputado a la organización, en el catálogo de delitos establecido en el Código Penal. Son muchos más los rubros que deben ser abordados en torno al tema que nos ocupa. Así, por ejemplo, es urgente aclarar hasta dónde puede llegar la empresa en materia de investigaciones internas, qué grado de compatibilidad debe existir entre los protocolos de cadena de custodia implementados por la Policía y los servicios periciales y aquellos aplicados al interior de la organización, así como en qué casos el hecho probablemente delictivo no podrá ser resuelto al interior de la persona jurídica, sino exclusivamente por el sistema penal. A éstos se suman los efectos del paper compliance frente a la capacidad de culpabilidad del ente colectivo, o las simulaciones que se empiezan a verificar en nuestra región en relación con la “certificación de abogados expertos en compliance” que, en realidad, configura lo contrario —noncompliance—, sentando así las bases para imputar una probable responsabilidad a quien expide esa “certificación”, a quien participa en su implementación o a quien la presente en un proceso penal. Es por ello que apostamos por inaugurar en Flores Editor y Distribuidor esta nueva colección, cuyo objetivo no es otro que abrir las puertas a reconocidos especialistas a escala internacional —como quienes aportan su conocimiento en este primer número— cuyas opiniones puedan fortalecer los esquemas de procuración e impartición justicia latinoamericanos en su relación con las personas jurídicas y el —ahora denominado— Derecho penal empresarial. El tiempo determinará si nos equivocamos o si, por el contrario, nos da la razón.

Hoy en día, cuando pensamos en la etapa intermedia, pareciera algo simple y sencillo, al grado de que muchos, al desconocerla, afirman cosas como que se celebra en diez minutos, que hay que dejar pasar todos los medios de prueba de las partes, incluso, que es innecesario el debate de estos medios y lo consideran una dilación del proceso. Sin embargo, la etapa intermedia es la etapa procesal más delicada de todas, en la cual, por falta de razonamiento, se pueden caer todos los medios de prueba y, en consecuencia, se puede optar por un sobreseimiento, pero también es una etapa delicada porque se ponderan todos los medios de prueba para formar un estándar con el que se avanza a la fase de debate. En este sencillo material, ya en su cuarta edición, me congratuló poder emplear con más eficacia el razonamiento de los medios de prueba para las partes, en el que, desde luego, tomé como fundamento el aspecto epistemológico de la naturaleza del hecho. Por ende, mi ponderación probatoria gira en torno al estándar exigido para acreditar mi teoría del caso, de modo que no trabajo a la ligera ninguna acusación o contestación de ésta. Es de explorado derecho que las actuaciones no son a la ligera, por ello, considero viable hacer valer, en esta cuarta edición, el incidente de nulidad probatoria trabajando reflexiones estrictas que me propongo aportar a todo lector y operador del proceso penal acusatorio. El incidente de nulidad probatorio que establezco en esta edición lo hago con la intención de aportar elementos que permitan depurar más el catálogo de pruebas de las partes que han presentado en el descubrimiento probatorio. Desde luego, al plantear un incidente de nulidad probatorio, explico y desarrollo la lógica de éste para ir contribuyendo de manera eficiente en la intervención de la etapa intermedia, ya que estamos dejando medios de prueba para el debate en la audiencia misma con base en el artículo 346. No obstante, por ser un medio de prueba que fue adquirido con vulneración de los derechos humanos, es innecesario debatirlo, por lo tanto, la pretensión es que el órgano jurisdiccional lo declare nulo y, en ese tenor, ya no entre en el catálogo de los que se debatirán.

Las comunidades virtuales y las redes sociodigitales son prueba de la necesidad intrínsecamente humana de relacionarnos con los demás. Abierto un nuevo espacio en la zona virtual que engendran los dispositivos y lenguajes digitales, el individuo se conecta, enriquece los contenidos de este mundo virtual, modifica los flujos de información y persigue metas, personales o colectivas, que señalan su presencia humana en un entorno matemático. Aun en este espacio, los individuos se buscan, se acompañan, se apoyan o se confrontan porque, como señala Gergen, somos seres relacionales, no existe el yo aislado, sino un mundo de conformación conjunta. El texto que a continuación se presenta pretende analizar, desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas las características, los fines, las posibilidades, los imaginarios y las realidades de las comunidades virtuales y las redes sociodigitales en el contexto actual. En particular, se pretende determinar en qué sentido las diversas prácticas comunicativas, en comunidades y redes, repercuten en la construcción de identidades individuales y colectivas, en el establecimiento de vínculos entre personas y en el despliegue de nuevas formas de socialización y acción corporativa o social. La estructura de comunidades y redes y, dentro de ellas, las maneras en que se involucran y comportan individuos y grupos, permiten apreciar cómo estos agentes dan cauce a necesidades diversas en el escenario de la virtualidad, y cómo su impacto no se reduce a cubrir las necesidades de los integrantes de la red o comunidad, sino que, al participar de la esfera pública, van complejizando el mapa de interacciones en el ciberespacio e incluso pueden hacer sentir sus efectos en coordenadas espaciales y temporales concretas. Los motivos y propósitos que llevan a los seres humanos a reunirse y coincidir en el espacio virtual son tan heterogéneos que, para dar una idea de la estructura, funcionamiento e implicaciones de estos grupos, es necesario observarlos y estudiarlos desde sus múltiples ámbitos de acción. Por lo tanto, para generar este mapa se presentan cuatro apartados.

El Derecho Fiscal es un área del Derecho muy técnica, en la que sus normas jurídicas son interpretadas y aplicadas por los contribuyentes día con día, por lo mismo, en muchos casos la interpretación y aplicación no es compartida por las autoridades fiscales. De entre la variada gama de normas jurídicas fiscales destacan la Ley del ISR, IVA, IEPS y el Código Fiscal de la Federación. Al respecto, el Código Fiscal de la Federación indica que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones, de conformidad con los plazos y términos que indiquen las disposiciones fiscales. La autodeterminación de las contribuciones tiene su fundamento en el artículo 6o. de la mencionada normatividad. Por lo anterior, derivado de la autodeterminación de las contribuciones, es posible que los contribuyentes cometan una serie de errores en la determinación o, simplemente, no cumplan con las obligaciones correspondientes, por ende, las autoridades fiscales cuentan con una serie de facultades para verificar el correcto cumplimiento. Entre algunas de estas facultades están las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones de dictámenes fiscales, revisiones de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, práctica de avalúos, revisiones en materia de comercio exterior, etcétera. No obstante lo anterior, a partir del año 2014 nació en el Código Fiscal de la Federación una nueva facultad de comprobación de la autoridad fiscal, denominada “revisión electrónica”, la cual busca acortar los plazos de revisión hasta en un 60%, centrándose en verificar renglones, rubros de registro, ejercicios fiscales y contribuciones específicos. De ahí que el motivo de la presente obra, es abordar el estudio de la facultad de comprobación de la autoridad fiscal denominada “revisión electrónica”, examinando los fundamentos jurídicos, así como las tesis aisladas y jurisprudenciales que han sido emitidas por la SCJN, como resultado de la interposición de sendos amparos en contra de esta nueva facultad. Por ende, sólo nos resta decir que esperamos que la presente obra sea de su agrado y, sobre todo, que contribuya en una pequeña parte en su desarrollo profesional.

La teoría del caso constituye la teoría fundamental en donde descansa el juicio oral en el nuevo sistema adversarial del proceso penal peruano. Consiste en el planteamiento metodológico que cada una de las partes deberá realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, con el fin de proporcionar un significado u orientación a los hechos, normas jurídicas ya sean sustantivas o procesales, así como el material probatorio, que se ha recabado. Esta teoría surge como un instrumento de capital importancia para el pleno desenvolvimiento y eficaz desarrollo del proceso. La teoría del caso es de suma importancia ya que es una herramienta básica para que el caso tenga el impacto necesario, ya que debe existir un pensamiento lógico jurídico en el momento de argumentar oralmente en las diversas audiencias para obtener de ellas el mayor beneficio, según sean las pretensiones procesales que se tenga. El presente manual es un libro de consulta que analiza de forma práctica y didáctica los distintos pasos que son necesarios para elaborar una correcta teoría del caso, exponiendo los temas de modo claro y sencillo, lo cual permite alcanzar un conocimiento pormenorizado de la materia.

Hoy en día no se habla ya de averiguaciones previas, no debe decirse así, aludiendo al trabajo que ya no desempeñan las procuradurías generales de justicia en los estados de la república mexicana, sino hoy versaremos sobre las fiscalías en las entidades federativas, al igual que han ido desapareciendo los grandes errores que en fase de investigación se daba (torturas, violaciones a Derechos Humanos para no especificar casos de abusos). Pues la reforma constitucional en México del 18 de junio de 2018, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, viene a ser un parteaguas en el sistema procesal penal que por décadas imperó en México, dejando en el pasado un sistema procesal penal predominantemente inquisitivo por uno de tipo acusatorio, este último término porque hoy en día la carga de la prueba incumbe a las fiscalías precisamente. Aquí, la labor principal de los fiscales consistirá precisamente en enervar otro derecho que se agrega a nuestro sistema actual, nos referimos a la presunción de inocencia del imputado. El apartado B, fracción I, del artículo 20 de nuestra Constitución Federal, es claro al mencionar que los derechos de toda persona imputada a que se le presuma su inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

El presente libro une la visión humanista, donde encontra-mos el mundo de las percepciones, de las emociones, la programación neurolingüística y la comunicación, entre otros, los cuales son una serie de componentes que nos llevan al diálogo y a la resolución del conflicto.Desde un enfoque jurídico encontramos el nacimiento de los mecanismos alternativos, regulados en el marco constitucional del artículo 17 párrafo quinto. Explicando también el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para lograr firmar un convenio o acuerdo reparatorio y, con ello, obtener la solución de la acción civil, familiar, mercantil o la extinción de la acción penal en el delito que, en su caso, se hayan planteado.Este texto ayudará a comprender la metodología de los mecanismos alternativos, con una visión reintegradora humanista y legal.