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Los temas de transparencia y corrupción sugieren especial atención con respecto a la necesidad social de una buena gobernabilidad; sin embargo, estos conceptos pueden utilizarse como justificadores de una dinámica neoliberal globalizadora que pretende controlar los capitales que se obtienen a causa de las dinámicas económicas alternas, es decir, aquellas que no son fiscalizadas por la legalidad, y que en la mayoría de los casos representan un ejercicio del poder económico por encima de la obtención lícita de recursos. Así, el ingreso ilícito de capital permite la intervención de organizaciones delictivas en las esferas gubernamentales, dirigiendo las políticas públicas a los intereses de unos cuantos para mantener su hegemonía económica. Manuel Castells indica que “la globalización del crimen organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en nuestros países, con efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.”1 En ese sentido, también la corrupción se convierte en un constructo ideológico que permite calificar a los países como “democracias” o “dictaduras”, es decir, aquellos que sigan las políticas internacionales anticorrupción y las materialicen en sus legislaciones locales serán dignos del reconocimiento de la comunidad internacional, en cambio, aquellos que se rehúsen a hacerlo serán susceptibles de ser bloqueados política y económicamente.

Son muchas las problemáticas que se viven en el día a día del proceso penal mexicano. Se pierden horas y horas de audiencias sin una decisión, sin decisiones congruentes con las peticiones, sin saber cómo pedir y justificar la argumentación, sin saber cómo llevar la audiencia (lo viven muchos fiscales junto con asesores jurídicos, algunos defensores públicos, uno que otro particular y hasta algunos jueces). Pese a la implementación total del proceso penal en todo el país (junio del 2016), siguen surgiendo cada día más interrogantes, muchos cuestionamientos, demasiadas dudas. La mayoría derivados de los vacíos de la ley adjetiva, de su pésima técnica jurídica, de su copia y pegue sin armonizarse con la Carta Magna, pero muchos más derivados del no querer capacitarse por parte de los actores del nuevo proceso penal. Lo peor de todo, que pese a que contamos con un solo Código Nacional de Procedimientos Penales, son muchos los criterios que imperan en torno a la interpretación de sus diversos numerales, esto es, jueces que resuelven de una manera y jueces que resuelven de otra. Entonces, el derecho no es lo que dice la ley sino lo que de ella dicen los intérpretes, esto es, los que le dan su sentido al derecho son los que lo aplican. Con la presente obra se busca un acercamiento del lector a cada una de las audiencias (las principales) que integran el proceso penal mexicano, en aras de evitar que se siga llegando a las mismas “en blanco”, sin saber qué decir, sin entender cómo expresarse, sin poder argumentar, sin tener miedo a asistir. Pero sobre todo, escribo porque no me gusta lo mucho que se ha escrito, lo mucho que se ha discutido, los foros que se han hecho, las opiniones que se han vertido sin idea práctica, las estadísticas manipuladas, los “chivos expiatorios” encerrados. En tan poco tiempo, ¡cuánto daño le han hecho muchos al sistema!, nos encontramos consolidando lo mal implementado por muchos. Como diría mi amigo José Daniel Hidalgo Murillo: “bienvenidos autores de la astucia, estafadores de ingenuos, embusteros del conocimiento, simuladores del derecho”. ¡Bienvenidos!

En la realidad contemporánea latinoamericana, los ciudadanos de a pie, los usuarios de transporte público, los vecinos de colonias populares, barrios marginados y comunidades agrarias, campesinas e indígenas, recienten con más rigor inhumano las secuelas de la criminalidad y de la violencia social. Los periódicos de nota roja se nutren diariamente de la información recabada con motivo de las víctimas de la violencia criminar. Ya en muchas sociedades es normal la publicación en estos medios de comunicación de gráficas sangrientas, crímenes violentos y una serie de actos delictivos en los que se limitan en algunas ocasiones a colocar una cinta negra en los ojos del perpetrador de los crímenes. Los índices de violencia y de criminalidad aumentan a la par de la corrupción, la impunidad, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones procuradoras y administradoras de justicia, pero sobre todo al cuerpo policiaco y a las agencias de investigación criminal, cuyo papel es cada vez más débil ante los embates de la delincuencia. Aumenta gravemente lo que se ha denominado “el libro negro”, que no es otra cosa que todas las personas que se abstienen de denunciar, querellar o hacer del conocimiento de la autoridad su condición de víctimas del delito. Por más leyes o normas que se han promulgado en materia de víctimas, por más protocolos diseñados para la atención de este sector de la población más afectado por la delincuencia, aún no es posible detener el aumento de víctimas del crimen y de violación de derechos humanos. Aspecto último que aún permanece en la tinta de la ley los resultados positivos y efectivos que transparenten las acciones de los operadores y responsables de la aplicación de estas normas. Ante este escenario, las propuestas de la sociedad civil organizada para crear instrumentos alternos de prevención del delito y de la violencia, se convierte en una necesidad vital ante la cada vez imparable violencia criminal. Así se justifica la edición y posterior difusión del presente texto La prevención del delito y la violencia. Un enfoque latinoamericano, como propuesta de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), afiliada a la Federación Interamericana de Abogados, hacia todas las sociedades latinoamericanas que podrá ser puesta en práctica en cada una de las entidades federativas de nuestra nación mexicana. Obra que nos distingue en compartir el Dr. Lucio Alfonso Rubio Antelis, distinguido miembro activo de la Concaam y que hoy damos a conocer en todos los eventos académicos, reuniones y mesas de trabajo, así como en todos los foros de abogados y profesionistas de México y de Latinoamérica. El contenido del presente texto es de orden práctico, ya que puede ser entendido, interpretado y aplicado por cualquier persona, sea servidor público en cualquier área o profesionista, ciudadano, así como organizaciones civiles de indistinta naturaleza y objetivos sociales, toda vez que la enfermedad que hoy padece cualquier sociedad organizada es precisamente la violencia y la criminalidad. Debe ser y es recomendable apoyarse en el presente texto, no sólo para lograr estrategias de coordinación interinstitucional para la prevención del delito y de la violencia, sino también para permitir una identidad como familias, mejores seres humanos y personas conscientes y participativas de la problemática que afecta su entorno social. Por todo lo anterior y con suma ratificación formulamos la presentación del presente libro, estando seguros de que tendrá una excelente recepción en todos los medios, espacios y ambientes sociales, desde las comunidades, colonias, ciudades, universidades hasta el seno de organizaciones civiles conscientes y preocupadas por la búsqueda de soluciones y propuestas del cambio social que tanta falta hace en los ámbitos donde el ser humano se ve debilitado y golpeado por la criminalidad y la violencia.

En los últimos tiempos hemos sido testigos del enorme boom experimentado por la justicia restaurativa. Ésta y su buque insignia, la mediación, han adquirido en la actualidad un inusitado protagonismo en el ámbito de la justicia penal. Este fenómeno ha ido paralelo al reconocimiento, expansión y consolidación de los derechos de las víctimas, impulsado desde la victimología, lo cual ha impactado en el propio diseño y configuración del proceso penal y sus fines. La justicia restaurativa se presenta como una respuesta a la actual crisis de los fines tradicionales del ius puniendi del Estado. Hoy en día es inconcebible un proceso penal tramitado a espaldas de la víctima o sin su intervención activa, que vaya más allá de su tradicional rol como mero testigo. La víctima ha adquirido un estatus nuevo, como consecuencia de su reconocimiento como sujeto titular de derechos, especialmente del derecho a la reparación, entendido en un sentido amplio. Conscientes de este desarrollo evolutivo, es necesario fomentar una verdadera cultura de la mediación que otorgue, a los operadores del sistema de justicia penal, las herramientas necesarias para una adecuada gestión y resolución de los conflictos. La implementación de la mediación penal y de otros medios alternos de solución de conflictos (MASC), en un ordenamiento jurídico, no sólo conlleva a un mero cambio normativo, sino que se traduce en un verdadero cambio cultural de enorme calado y trascendencia. Sus beneficios se proyectan no sólo sobre los protagonistas subjetivos del conflicto penal, sino también sobre la sociedad en su conjunto, con un objetivo claro de disminución de la conflictividad social y de fomento de una cultura de paz y diálogo.

Este libro es presentado por un policía, quien junto con sus compañeros, vive el problema de la inseguridad desde una perspectiva distinta a la de varios autores. La nuestra es simplemente la vivencia del sistema, el día a día en las calles, prisiones, y el contacto directo con las amenazas de la delincuencia, nuestras carencias y la interacción social. De igual manera, uno también se cuestiona: ¿De dónde salen tantos delincuentes? Y nos hacemos la inevitable pregunta: ¿De dónde surge la inseguridad pública?, cuestionamiento muy complejo aun para quienes enfrentamos a la delincuencia, a mi entender y experiencia, surge de la suma de fracasos en la aplicación de las estrategias institucionales, insuficiencias operativas, programas deficientes, ausencia de planeación estratégica, escasez de recursos económicos, y cuando éstos existen están mal direccionados y sujetos a corrupción, falta de estandarización procedimental, indefensión laboral y sobre todo, a la falta de interés político.

Los principios del artículo tercero constitucional no surgieron por generación espontánea, fueron apareciendo de manera paulatina como producto de diversas coyunturas históricas en las etapas de la vida de nuestra nación. Las Cartas Magnas; desde la Constitución de Cádiz (1812) ya planteaban aspectos que actualmente están vigentes, como la uniformidad de planes y programas, la creación de una institución que se encargara de la administración de la instrucción pública y la importancia que se le concede a la educación superior. En la Constitución de Apatzingán (1814) se pueden advertir las bases de la educación popular; la Constitución de 1824, de manera implícita, respetaba el aspecto del federalismo en la educación; posteriormente correspondió a las juntas departamentales toda iniciativa de ley sobre educación, según lo planteaban la Siete Leyes centralistas (1836) y las Bases Orgánicas (1843) trataban lo referente al financiamiento de la educación. En la Constitución liberal de 1857 se postula el derecho universal de los mexicanos a recibir educación, el derecho a concurrir en la función de educar y a la libertad ideológica y científica en el terreno educativo; en el artículo tercero constitucional de 1917 se planteaba la libertad de enseñanza, el laicismo, la prohibición a las corporaciones religiosas o ministros de los cultos de establecer o dirigir escuelas, la vigilancia oficial y la gratuidad de la educación primaria. En este trabajo se analiza la génesis y actualidad de los principios del artículo tercero constitucional. Para Robert Alexy los principios “son mandatos de optimización, las normas son mandatos definitivos porque mandan conductas definidas con las cuales se agota el contenido de la norma”.1 Por su parte Zagrebelsky considera que: “las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios”.2 La interpretación que se realiza del planteamiento de Alexy es que el Estado mexicano debe encaminar su esfuerzo para hacer realidad o lograr materialmente, y no sólo postular formalmente lo establecido en el artículo tercero constitucional.

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