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La vida de un par de jovencitos cambia después de haberse enamorado profundamente; por azares del destino su camino se bifurca, teniéndose que separar, tal vez, irremediablemente. Mariana fue a parar a un lugar muy lejano, donde tiene que arreglárselas como pudo con su triste vida, mientras que Maximiliano se quedó en el sitio donde se separaron, esperando que su amada regresara algún día. Cuando el éxito se instauró en la vida de Maximiliano, pareciendo que se quedaría para siempre, dos hermosas y maduras mujeres se echaron un volado para decidir el destino de este desdichado doctorado en Filosofía mientras se encontraba inconsciente. Una historia llena de contrastes, de aquellos que conllevan la dramática y dura realidad del día a día, ahogada en los caprichosos torrentes del porvenir. Cuando el destino se decide en un volado es la tercera novela de Luis Fernando Burguete quien, sin abandonar su estilo, nos deleita con esta nueva historia de drama y suspenso psicológico.

Esta obra “Medidas Extremas: Derechos Humanos, Derecho Civil y Familia” es la conclusión de la épica saga denominada los derechos humanos en el derecho civil y familiar. A lo largo de la presente obra encontrará distintos temas que involucran la concepción de los derechos humanos, el derecho civil y la familia. De igual manera se aborda la teoría de la gran maquinaria jurídica como respuesta al caos, teoría que si bien se enunció en obras predecesoras “Los derechos humanos en el Derecho Civil y Familiar” y “A temporis del derecho civil y familiar”, en este libro se encuentra plenamente desarrollada. El libro aborda temas jurídicos desde el enfoque académico y del foro jurídico. De la misma manera plantea cuestionamientos trascendentales de la vida jurídica mexicana, tocando las fibras más sensibles de nuestra sociedad. El libro se encuentra dividido en tres capítulos, el primer capítulo se divide en dos títulos, en el primero se plantea la concepción primigenia de la política y la distorsión de dicho tópico, temas como la corrupción y la influencia de los factores reales del poder en las decisiones jurídicas y políticas se aborda ampliamente en esta obra. El segundo título aborda la distinción entre la justicia como ideal y la materialización de la misma en los procesos judiciales, para comprender dicho tópico se utilizan distintos casos controvertidos, donde se establece la diferencia entre lo que es justo y lo jurídicamente permitido. El capítulo segundo dividido también en dos títulos, plantea en el primero la nueva concepción filosófica del derecho a través de la teoría denominada gran maquinaria jurídica, misma que se encuentra construida por medio de diversas corrientes filosóficas y jurídicas, en este título se aborda de igual manera la pugna entre el iusnaturalismo y iuspositivismo. El segundo apartado del segundo capítulo plantea la deconstrucción del modelo de familia, para ello se analizan las distintas concepciones de familia que actualmente existen, las leyes que la protegen y los criterios jurídicos respecto a dicho tema. El último capítulo se conforma de tres títulos en los cuales se realizan amplios estudios de la perspectiva de género en la impartición de justicia, así como visiones antropológicas con repercusiones jurídicas sobre determinados temas tales como; la discriminación, la denominada vida liquida, la felicidad como un concepto socialmente construido, entre otros temas de relevancia social que impactan directamente en lo jurídico. Esta obra le permite al lector reflexionar sobre acontecimientos sociales y jurídicos que han transformado al derecho mexicano. La máxima misión que tuve al escribir este libro es compartir mis conocimientos, ideas y sentimientos, que en su conjunto conforman mi visión del derecho. El ofrecer distintos puntos de vista de diversos autores, y contraponerlos con los míos, permite que el lector se genere un punto de vista crítico, y tenga la inquietud de conocer más temas, para que con ello pueda expandir sus fronteras.

La Reforma Penal del 2008 trajo, entre otras novedades, la posibilidad de que el ejercicio de la acción penal ya no fuera actividad exclusiva del Ministerio Público, sino que la misma pueda ser ejercitada directamente por los particulares, en ciertos casos y bajo ciertos supuestos. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Lo anterior se estableció en la Constitución Política Federal en su artículo 21 desde junio del 2008. Sin embargo, pese a ello, no se terminan de asimilar dichas palabras, la acción penal por par- ticulares es una carretera desconocida por los abogados, es un horizonte que no se termina por vislumbrar, es una herramienta que no se sabe aprovechar, es un callejón oscuro por el cual no se quiere transitar. Muestra de ello es la microscópica cantidad de causas penales derivadas del ejercicio de la acción penal por particulares, tema que, incluso, para algunos es nuevo al desconocer hasta la presente de su existencia, peor aún, no existen criterios federales al respecto, lo que deja ver su poco entendimiento. Hoy me alejaré de todo vuelo teórico y todo grado doctrinal para aterrizar en lo que en verdad interesa al lector: “materializar el ejercicio de la acción penal por particulares”. Si queremos maximizar el derecho humano a la tutela judicial efectiva de las personas y dentro de él a la justicia pronta y expedita de todos los ciudadanos, debemos empezar a materializar la acción penal por particulares, así, cada día, en cada juzgado, en cada sala, se tiene que estar llevando a cabo. Con la presente obra, se busca que, cada día, sean más los abogados que se animen a ir directo con el juez de control y dejar atrás esa vieja práctica de querellar ante el MP y dejar que sea quien lo haga todo. Delitos que se terminan archivando en la sede ministerial por la excesiva carga de trabajo y dada su poca dañosidad social, pueden encontrar en el ejercicio de la acción penal por particulares la vía de escape para que los mismos sean sancionados. La historia se hizo para escribirse, ¡no nos cansemos de escribir nuevas páginas en este nuevo procedimiento penal especial!

La presente investigación aborda el tema sobre la referencia histórica de la controversia constitucional, desde la perspectiva de las reformas al artículo 105 de la Constitución del año 1995, que dieron cambios importantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales otorgaron facultades propias de un Tribunal Constitucional. Asimismo, se estudia la naturaleza de dicho medio de control, los medios de control constitucional, el control de la regularidad, la asignación de competencias, el análisis conceptual y estructural, que consiste en la sustanciación del procedimiento constitucional de la controversia constitucional. De igual forma, se analizan los tipos de sentencias, la suspensión, la justicia provisional o medias cautelares, el peligro en la demora o perriculum in mora, la apariencia del buen derecho o fumus boni iuris, los elementos básicos de la suspensión, y su reflexión en la controversia constitucional. Así también, se examina el tribunal constitucional en el sistema concentrado español, el recurso de inconstitucionalidad, la justicia provisional en el recurso de inconstitucionalidad español, los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas y, entre éstas, la sustanciación del trámite procesal en el recurso de inconstitucionalidad en España, desde una óptica del derecho comparado. Igualmente, se explora el tema la suspensión y sus parámetros de valoración, la ponderación de la apariencia del buen derecho en la suspensión de la controversia y el peligro en la demora en la misma, el otorgamiento de la garantía en la suspensión en la controversia constitucional. Por último, este trabajo de investigación tiene como propósito proponer la regulación de la suspensión en la controversia constitucional en México, planteado, como finalidad, que en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establezca por el legislador un catálogo especial completo de los supuestos de procedencia o improcedencia de la suspensión en la controversia constitucional, lo anterior, para otorgar certeza jurídica a las partes que inicien los juicios de controversias constitucionales, pues la legislación actual es omisa y ambigua al respecto, ya que se otorgan suspensiones utilizando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y se fijan garantías sin fundamento legal, provocando inseguridad.

Con el afán de propiciar una amplia reflexión en torno a la relación existente entre los derechos humanos y la globalización, este libro colectivo se ha organizado en dos secciones. La primera está integrada por los estudios que un grupo de investigadores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha emprendido acerca de los efectos de la globalización en los grupos vulnerables, en especial de aquellos conformados por la población migrante de México. La segunda tiene por objeto analizar los alcances jurídicos de los derechos humanos emergentes en el contexto actual. El primer artículo, de Alfredo Islas Colín y Jesús Manuel Argáez de los Santos, titulado “Efectos de la globalización en los migrantes de la frontera sur de México”, examina las normas jurídicas que determinan los límites y la amplitud de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en México, en contraste con las normas que en este tenor dicta la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, así como de diversos organismos internacionales de los que México es Estado Parte. El segundo artículo, de Margarita Rodríguez Falcón y María de los Ángeles Pérez Villar, titulado “La migración: un análisis a la luz de los estudios de género”, tiene por objeto la puntual reflexión sobre la participación de las mujeres como actores sociales del fenómeno de la migración en América Latina, y el papel preponderante que las mujeres han venido ocupando en este sentido en el ámbito internacional y en el ámbito particular de México. El tercer artículo, de Guillermo Rodríguez Armas, Juan Carlos Guzmán Ríos e Isis Verónica Lara Andrade, titulado “Una mirada al proceso migratorio en Tabasco desde el marco de la globalización”, expone de manera panorámica una serie de nociones conceptuales muy útiles para quienes recién incursionan en este tipo de estudios sobre la migración, según diferentes enfoques y métodos de comprensión de dicho fenómeno; así también, ofrece una tipología de las modalidades y formas que puede adoptar el proceso migratorio, para posteriormente situar las condiciones actuales de la migración en Tabasco. El penúltimo artículo de la primera sección, de Alfredo Islas Colín y Oscar Pérez Baxin, titulado “Vulnerabilidad, derechos humanos y comunidad indígena”, contribuye a la precisión nocional de vulnerabilidad desde la etimología del término hasta los usos sociológicos más amplios de dicho vocablo en tanto constructo teórico, con el fin de explicar la vulnerabilidad de las personas, en sus dimensiones individual y colectiva. El artículo también hace referencia a los recursos o activos que el Estado puede movilizar para afrontar, prevenir o reaccionar ante un riesgo social o natural, en especial de aquellos que padecen las comunidades indígenas de México.

Esta obra aborda el proceso histórico en torno al principio de autodeterminación de las contribuciones, ello desde su desarrollo en la edad antigua en el orden universal, hasta ubicarnos en la imposición en México, en la época contemporánea, así como la codificación de nuestro derecho fiscal, destacando la necesidad social de los ingresos públicos y la importancia de las contribuciones para obtenerlos. En la obra, de una manera sistemática y clara se realiza un análisis de los elementos que conforman el sistema tributario, desde la perspectiva de las facultades del Estado para exigir su cumplimiento; lo que ayudará al lector a entender la naturaleza de la autodeterminación y el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal de las autoridades hacendarias. Se trata de una compilación teórica de las particularidades de la potestad tributaria del Estado, así como su fin y sus límites, nacidos sustancialmente de los principios constitucionales en la materia, en cuanto a la forma y modo de establecer y hacer efectivas las contribuciones. Asimismo, se abordan las facultades con las que la administración hacendaria cuenta para hacerse de recursos económicos con el fin de sufragar el gasto público, tema controversial en la época que estamos transitando en la actualidad, por lo cual será de gran utilidad para el lector entender de una manera sencilla cuales son dichas facultades y como son utilizadas para comprobar que los contribuyentes cumplan adecuadamente con sus obligaciones, mismas que se explican detalladamente, conforme a los regímenes fiscales establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Respecto a dichas facultades, se realiza un análisis escrupuloso sobre la visita domiciliaria como la principal de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, por lo que esta obra representa un soporte y una guía al correcto actuar de la autoridad hacendaria, sobre ésta y las demás facultades de comprobación fiscal, previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, como son la revisión de gabinete, la revisión de dictámenes, la visita para verificar la expedición de comprobantes fiscales digitales, facultades de rectificación, valuación o verificación y de revisión electrónica, aclarando la naturaleza discrecional de cada una de ellas. Además se incluye la revisión electrónica, como una de las formas novedosas en que las autoridades hacendarias pueden revisar la contabilidad de los contribuyentes en el mundo digital, por lo que, este texto será muy útil para los interesados en la comprensión y defensa de la misma ya que recopila los pronunciamientos respecto a la constitucionalidad de dicha facultad, que hizo la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal. Finalmente, en relación a la defensa legal que tienen al alcance los gobernados frente a las facultades de comprobación reseñadas, la obra refiere la procedencia de los diversos medios de impugnación, a través de los cuales se podría cuestionar no sólo la legalidad de aquéllas, sino incluso su constitucionalidad y convencionalidad, todo ello con base en criterios obligatorios y orientadores establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Plenos de Circuito y Tribunales Colegiados, que dan sentido a los textos legales que rigen el procedimiento de fiscalización en la actualidad, e incluyendo las recientes reformas y adiciones de diversos artículos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Al componer la presente obra he procurado dar cuenta tanto de los antecedentes que dan origen a las instituciones del derecho penal como del estado actual de la teoría. Se ha prescindido de la proliferación de ejemplos para invocar únicamente aquellos que, en su momento, dieron lugar a las posturas teóricas que han trascendido a nuestros días. Una preocupación constante, como se podrá apreciar, consistió en ubicar en el tiempo el origen de las ideas; lo que se indica con el año de su formulación cuando se señala la obra, bien cuando se refiere el autor, sin que se haya omitido indicar fechas biográficas. Esto fue así, pues en nuestro sistema jurídico es tradición presentar a las instituciones como construcciones acabadas, más aún, sin indicar ni las obras ni los autores que dieron pie a las diferentes teorías. Lo que ha contribuido a que se nos presenten teorías antiguas como si fueran nuevas. Espero que el ubicar su génesis ayude a superar este problema de nuestro ámbito. Si algún mérito se puede conceder a este trabajo es precisamente ése. No obstante, también debo señalar a su favor que, en la ahora amplia literatura mexicana, viene a colmar una laguna, lo que lo coloca a medio camino entre las obras especializadas que, desde luego, dan por supuesto el conocimiento de las diferentes teorías que en la actualidad disputan en el derecho penal, y no se ocupan del tema, simplemente toman partido por alguna de ellas, exponiendo sus opiniones a partir de aquella a la que se adhieren; del otro extremo, las que, sin tomar partido, se limitan a exponer las diferentes teorías, dando la apariencia de que las mismas en ningún momento se cruzan. En esta segunda edición que, para mi sorpresa, ve la luz se consideran aquellos cambios normativos que han tenido lugar en nuestro sistema jurídico con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales que, si bien, como su nombre lo indica, es un código adjetivo, incorpora, indebidamente, algunos temas del orden sustantivo. Es incorrecto que trate temas del ámbito sustantivo en virtud de que la reforma constitucional que da fundamento al Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el 2 de junio de 2015, concede al Congreso de la Unión, en su artículo 73, fracción XXI, inciso c), la facultad de expedir la “legislación única en materia procedimental penal”, no así en materia sustantiva como hemos indicado. Desde luego, he de agradecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala, particularmente al Programa de Posgrados Internacionales, con especial mención al doctor César Landelino Franco López, pues gracias a los cursos que impartí en dichos programas tuve el tiempo de actualizar este trabajo y así lograr una segunda edición.