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El fenómeno al que se le conoce bajo el concepto de “globalización” se ha mantenido en una evolución constante desde hace un par de décadas. Por lo mismo, en la opinión pública, en la política, así como en la academia, se discute cada vez con mayor frecuencia el significado que debe tener el derecho internacional público (DIP) en México. Derivado de lo anterior, es necesario estudiar las relaciones entre el sistema jurídico mexicano y el orden jurídico internacional. Por ello, dentro de los temas concretos que destacan en estos debates son, por una parte, la relación entre la Constitución y los Tratados Internacionales que ha ratificado el Estado mexicano y, por la otra, la limitación de la soberanía del constituyente y del legislador con base en las normas internacionales y las decisiones de los tribunales internacionales. Así, se observa que las relaciones entre derecho internacional y los sistemas jurídicos nacionales tienen que ver con la manera en que interactúan las normas de dos sistemas de regulación jurídica que funcionan de manera diversa. Es importante observar que mientras el derecho internacional público básicamente establece la estructura de la comunidad internacional y regula en fuentes de derecho propias (costumbre internacional, tratados, principios de derecho internacional público, doctrina y resoluciones de tribunales internacionales) relaciones entre sujetos de derecho internacional (Estados, organizaciones internacionales o sujetos atípicos de derecho internacional); por otra parte, los sistemas jurídicos nacionales organizan el orden básico de un Estado, esto es, la estructura interna de un sujeto de derecho internacional y regulan en sus fuentes jurídicas (Constitución, leyes, reglamentos, etcétera) las relaciones entre personas de derecho público y derecho privado que tienen lugar en el territorio del Estado. Así, en razón de lo que se establece en cada uno de los sistemas jurídicos, el Estado, como un sujeto de derecho internacional público, por una parte, debe cumplir con obligaciones internacionales que le impone el derecho internacional público y, por otra, detenta facultades para establecer normas en su ámbito interno, lo cual se refleja en la existencia una relación necesaria entre ambos tipos de sistemas jurídicos que requiere de un conjunto de normas de derecho nacional para permitir la incorporación y aplicación de las normas internacionales por las autoridades nacionales legislativas, judiciales o administrativas.

Actualmente, nuestro Sistema de Justicia Penal en México ha tenido cambios importantes y trascendentes en la ley procesal que lo regula a raíz de la reforma constitucional en junio de 2011. Refiriéndonos a la implementación del Sistema Acusatorio Oral Penal en México, ha sido necesario crear diversos manuales de actuación de los sujetos procesales intervinientes en el proceso; también fue divulgado en diversos foros jurídicos, sobre el ejercicio profesional de nuestra profesión de leyes, que los temas referentes a la defensa penal en este nuevo andamiaje procesal han sido aún escuetos. Esta razón, así como el poder profundizar sus conocimientos en este tema, son razones para que el autor elaborare el presente estudio que va dirigido no sólo a los que ejercen patrióticamente el oficio del litigio sino que es para la comunidad jurídica en general ya que, como podemos comprender, el buen profesional del derecho tiende a dominar todas aquellas materias y/o temas que son necesarios para poder tener una amplia cultura jurídica, estando así en condiciones de ser al decir de J. Couture “cada día mas abogados”. Antes, en el sistema inquisitivo era un “secreto a voces” que el imputado estaba casi por completo “desprotegido”, no sólo por nuestras normas procesales penales sino también por otras materias (como la administrativa) a través de acuerdos o circulares, en los cuales, dentro de los separos de policía donde purgaban sanciones por violación de mandatos de buen gobierno y de policía, no se establecían en manera alguna las condiciones necesarias o mínimas sobre el debido respeto y decoro que como personas tienen, por el simple hecho de que pertenecemos al mismo género: humano.

¿Qué provoca que aumente la violencia contra las mujeres? ¿Por qué las denuncias de acoso resultan impunes? ¿Qué hace que una mujer tarde hasta años en dar a conocer que fue víctima de abuso sexual? ¿Cómo surgió el Movimiento #metoo y el #niunamás? ¿El piropo es un insulto o un halago? ¿Es posible que una mujer pueda escapar de una relación de pareja violenta? ¿Por qué México es el número uno en embarazos de niñas y adolescentes a nivel mundial? ¿Es efectiva la Alerta de Violencia de Género? ¿Qué llevo al “monstruo de Ecatepec” a secuestrar, golpear, violar, matar a mujeres para luego comerse la carne de sus cuerpos? ¿Por qué se incrementaron de 7 a 9 feminicidios diarios en México? La autora propone respuestas a estas y otras interrogantes mediante un análisis jurídico, criminológico y social del acoso, la violencia a mujeres y el feminicidio, desde diversas ópticas incluidas las neurociencias, con referencias de cifras, estadísticas, programas, centros de ayuda y alternativas para escapar de relaciones violentas y prevenir feminicidios, usando ejemplos de casos reales y una narrativa que llevará al lector a todas las expresiones de arte, poesías, canciones, entre otras, que nacen como una denuncia de mujeres que han padecido de violencia y para darles voz a las que ya no la tienen, porque les fue arrebatada su vida por el hecho de ser mujeres. La mejor forma de resolver y acabar un problema es conociéndolo, analizándolo para erradicarlo, he ahí el objetivo de la presente obra.

El presente libro aborda el tema de delincuencia juvenil, una problemática que ha ido aumentando debido a varios factores a los que los jóvenes de nuestra sociedad están expuestos, como la descomposición social y familiar, que afecta a los niños que llegan a la adolescencia sin una guía adecuada y toman el camino de la delincuencia. Asimismo, está la influencia económica debido a los altos índices de pobreza y desigualdad social, que, al no tener oportunidades de integración para los jóvenes, se les empuja a tomar el camino fácil que los espera con los brazos abiertos, como lo es la delincuencia organizada. Además, muchos de los jóvenes llegan a delinquir por un factor psicológico, el cual tendría solución si se atendiera a tiempo, pues, cuando no es así, los jóvenes siguen cometiendo conductas antisociales. Es necesario adoptar medidas y elaborar programas para dar a las familias la oportunidad de aprender las funciones y obligaciones como padres en relación con el desarrollo y el cuidado de sus hijos, además de que el Estado tiene la obligación de implementar políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración eficaz de todos los niños y jóvenes. Hay que recordar que todos tienen obligación de apoyar en los programas de prevención y dejar de estigmatizar y calificar a un joven de “extraviado”, “delincuente” o “predelincuente”, porque ello influye para que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable. Hay que recordar que todos tienen obligación de apoyar en los programas de prevención y dejar de estigmatizar y calificar a un joven de “extraviado”, “delincuente” o “predelincuente”, porque ello influye para que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable.

Cuando un agente del Ministerio Público decida poner a disposición del juez de control a una persona que fue detenida por agrancia se deberá desarrollar una audiencia del sistema penal acusatorio conocida como control de detención, donde se determinará la constitucionalidad y legalidad de la afectación al derecho humano a la libertad física. En la audiencia de control de detención, el Ministerio Público deberá contar con las habilidades adecuadas para alcanzar este objetivo y tener una clara comprensión de la temática de la agrancia. Al respecto, en el primer capítulo de este libro se dan a conocer aspectos teóricos y prácticos de la agrancia, para lo cual se recurre el análisis y ejempli- cación de cada uno de los supuestos en que puede actualizarse esta gura jurídica. En el segundo capítulo se abordan los aspectos teóricos y prácticos que le permitirán a los agentes del Ministerio Público justicar de manera adecuada la constitucionalidad y legalidad de la detención. Cabe destacar que los aspectos teóricos y prácticos que se desarrollan en este libro también sirven como marco de referencia a los abogados públicos o particulares que tengan intervención en la audiencia de control de detención.

A partir del Decreto de Reforma del 18 de junio del año 2008, en materia penal, se han venido desarrollando una cascada de cambios legales, después de esta fecha se dio un plazo de ocho años para que cada entidad federativa comenzara a reformar sus leyes y capacitara a todos los operadores del nuevo sistema en el conocimiento del mismo, cumpliéndose la fecha fatal el 18 de junio del año 2016. En el Acuerdo 08/07/2010 se enlistan las instituciones involucradas en seguridad pública de los tres órdenes de gobierno que dentro de sus funciones en determinado momento tienen que fungir como primer respondiente debiendo formalizar el Informe Policial Homologado, preservando y si prioriza, procesando el lugar de intervención. 1. Secretaría de Seguridad Pública Federal. 2. Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 3. Secretarías de Seguridad Pública Estatal y/o equivalentes. 4. Secretarías de Seguridad Pública Municipal y/o equivalentes. 5. Procuraduría General de la República. 6. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 7. Procuradurías generales de Justicia Estatal y/o equivalentes. 8. Secretaría de la Defensa Nacional. 9. Secretaría de Marina. 10. Unidad Administrativa de Inspección Fiscal Aduanera (UAIFA). 11. Instituto Nacional de Migración. A esta lista tenemos que agregarle la reciente creación de la Guardia Nacional. La presente obra fue creada para ayudarles a realizar lo mejor posible esta importante labor del primer respondiente, ya que de esta tarea dependerá el éxito en una investigación criminal.

Esta obra es una forma cercana de dar a conocer las formalidades con las que debe llevarse la etapa procesal de juicio oral. Como es sabido la experiencia práctica es fundamental para poder ser propositivo en, un tema tan delicado y lleno de formulismos, aunque sentados en el área pública de las salas de audiencia se vea el juicio de una forma, es diametralmente lejano cuando se está frente al tribunal. El juicio oral es la esencia del proceso, la oportunidad de los contendientes de exponer sus conocimientos teóricos y prácticos, pero sin abusar de los formulismos, como en ocasiones sucede, para obstaculizar el proceso, partiendo del planteamiento de la teoría del caso de las partes hasta los alegatos de clausura. En este libro se abordan temas fundamentales e interesantes como: Los alegatos de apertura. La orden de recepción de los medios de prueba. El desahogo de los medios de prueba. Los alegatos de clausura. El planteamiento de incidentes