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7. ETAPA INTERMEDIA
  • Manuel Valadez Díaz
La audiencia intermedia, también conocida como de preparación del juicio, es una audiencia que puede entenderse como “poliédrica”, ya que en la práctica puede mostrar varios prismas, facetas o vertientes de actuación para los operadores del sistema acusatorio, ya que, aun cuando se le conoce como una audiencia predominantemente de “preparación del juicio”, puede tener diversos resultados en función de las intenciones procesales de las partes, las que, en no pocas ocasiones, permitirán terminar con la causa penal sin necesidad de que se dé inicio a la etapa de juicio oral, pues es un escenario común que se verifiquen en la misma, ya sea soluciones alternas o el procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso. Sin perjuicio de lo anterior, la audiencia intermedia es, en esencia, una audiencia de preparación del juicio oral, en la que se deberá filtrar cualquier cuestión que pueda entorpecer el libre y adecuado desarrollo del juicio oral, por lo que, en ella, deberá tratarse lo relativo al hecho materia de la acusación, la admisión de aquellos medios de prueba que se estimen útiles y pertinentes, ya sea directa o indirectamente para la solución del caso penal, delimitarse el hecho materia de la acusación en torno al cual girará el juicio oral, así como, en su caso, los hechos que por convenio entre las partes y con la autorización del juez de control, se puedan tener por probados para no ser controvertidos ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
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80 PREGUNTAS SOBRE DERECHOS DE INFANCIA Y LA JUSTICIA PENAL JUVENIL
  • Xochithl Guadalupe Rangel Romero
80 preguntas sobre derechos de infancia y la justicia penal juvenil busca cumplir una finalidad didáctica. De manera particular, esta publicación no intenta profundizar sobre las discusiones doctrinales que permean dentro de éste novedoso tópico, pretende poner en contacto a todo aquel lector con algunos conceptos jurídicos básicos; cabe mencionar que al final de la obra se coloca un énfasis especial en cuanto al tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Con objeto de tener precisión en el eje de énfasis, fue agregado un vocabulario de términos jurídicos que permita tener una visualización general sobre diversas conceptualizaciones. La presente obra se encuentra dividida en secciones que permiten vislumbrar cortes temáticos importantes en cuanto al rubro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aunque se ha pensado en los estudiantes de derecho y profesionales de esta ciencia, se ha redactado de tal forma que pueda llegar a una comunidad interesada. El estudio de los niños, niñas y adolescentes dentro de los estados constitucionales de derecho que a la fecha se encuentran en construcción es de interés prioritario; lo anterior da como consecuencia que los derechos de la infancia se conviertan en una biela central para las naciones que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño.
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INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO HACIA UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO
  • Eduardo Manzanares Retana
Las similitudes latinoamericanas (y quizá estereotipadas) en los ámbitos social, económico y político no se pueden negar. Por lo general, identificamos a nuestros países por tener una estabilidad económica endeble, bajos niveles de integración y cohesión social, altos índices de pobreza y frustración por no poder salir de ésta, la división de la economía es desproporcionada y la acumulan solamente unas cuantas familias. Por último y quizá lo más importante: una educación de su población que deja mucho que desear, debido a las débiles políticas públicas por parte de los gobiernos latinoamericanos, así como un sistema corrupto que permite que los recursos destinados a mejorar la educación de nuestros países, se desvíen fácilmente. Otra puesta en común que nos caracteriza son los servicios de salud de muy mala calidad, así como la protección social. Tal pareciera que las políticas públicas económicas y educativas no han ido de la mano. En la década de los noventa, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), propuso su “Transformación productiva con equidad”, su objetivo principal era precisamente el desarrollo de América Latina y el Caribe en el año de 1990. Si bien, ésta no tuvo un impacto de mayor relevancia sí sentó las bases para que se pudiera analizar al menos la situación socioeconómica y educativa de la región de América Latina y el Caribe. Posterior a este documento, no se ha revelado ningún otro con las características e impacto que tuvo “Transformación productiva con equidad”. ¿Por qué fue importante esta propuesta? La considero importante y de gran relevancia, ya que su propio objetivo lo es: “[…] formular una propuesta estratégica para contribuir a crear, en el siglo XXI, condiciones educacionales, de capacitación y de incorporación al progreso científico-tecnológico que hicieran posible la transformación de las estructuras productivas de la región en el marco de una progresiva equidad social” (CEPAL-UNESCO, 1992). Luego entonces, en el papel los sistemas educativos latinoamericanos y los esfuerzos de organismos como la UNESCO y la CEPAL no sólo son interesantes sino muy completos y se podría decir que muy novedosos. Sin embargo, ¿qué está pasando que no se pueden llevar a la práctica o mejor dicho, que no están generando los resultados esperados? Inicio respondiendo a esta pregunta con lo que para un servidor es la clave de la falta de un adelanto significativo en el ámbito educativo y me refiero al debilitamiento de la condición económica de los países latinoamericanos, la todavía presente brecha digital, la falta de políticas públicas que vayan encaminadas a la comprensión y desarrollo de verdaderos aprendizajes y no sólo contenidos, al privilegiar (aunque suene contradictorio) las políticas públicas recomendadas por los entes internacionales sobre las políticas públicas propias, entre otras tantas fallas detectadas en los sistemas educativos. La gran mayoría de nuestros países está en una espiral inflacionaria y en un desequilibro financiero, con una deuda externa incontrolable, así como la interna. En conclusión, la falta de políticas económicas y financieras sanas y con verdaderas miras hacia el crecimiento económico de los países de América Latina no han permitido invertir en educación como lo ha propuesto la CEPAL o la misma UNESCO. Los recursos financieros se desvían hacia “ayudas sociales” que no se ven reflejadas en la educación. Es decir, es preferible para nuestros gobiernos apoyar a la sociedad más vulnerable con subsidios y entregas de alimentos y vivienda precaria que invertir en educación y promover que sea ésta la que impulse a la sociedad a salir de la pobreza. A todo esto, le sumamos que los países latinoamericanos no hemos podido marchar de una manera ordenada hacia las nuevas tendencias que en educación se requieren en el siglo XXI, no hemos podido transitar de un modelo pedagógico —como lo es el conductismo— a pesar de los grandes esfuerzos que centros escolares y docentes hacen por lograr los aprendizajes adecuados en los alumnos que tienen a su cargo. Asimismo, nuestros países han confundido cantidad con calidad.
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LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
  • Agustín Herrera Pérez
Amable lector(a), con la inmensa satisfacción de poder comunicarme contigo para darte a conocer el contenido de las importantes reformas de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 19 de julio de 2017, la cual deroga a la anterior Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esta ley forma parte de la legislación que se emitió para la integración del Sistema Nacional Anticorrupción que, como se sabe, está integrado por diversas instituciones y, por supuesto, por las diferentes leyes que las rigen, como son: los decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La legislación que integra el Sistema Nacional Anticorrupción, rompe con muchos paradigmas, sobre todo con el sistema jurídico tradicional de nuestro país, pues, como veremos, en la ley que se comenta intervienen los tres poderes que integran al Estado Mexicano, se establecen normas que rigen de forma distinta la competencia de uno y otro, precisamente para poder actuar coordinada y conjuntamente en el mismo sistema, por supuesto esta nueva legislación debe ser analizada con detenimiento y profundidad mediante otros estudios. En el análisis que les presento sólo me refiero a los importantes paradigmas que rompe la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, puesto que en esencia se refiere al combate a la corrupción en que pueden incurrir los servidores públicos, para lo cual establece un nuevo procedimiento que cumple eficazmente con el debido proceso, aunque sea susceptible de algunas precisiones, como las que se comentan durante el análisis de la ley, se establecen nuevos conceptos, una nueva calificación y clasificación de las faltas graves y no graves, así como nuevas atribuciones y autoridades competentes. Sólo para atraer su atención en los conceptos que establece esta nueva ley, los cuales se comentarán ampliamente en párrafos posteriores, les menciono algunos de ellos: se determina la autoridad investigadora, con facultades y atribuciones para calificar faltas administrativas como graves o no graves, se señala que las faltas graves son: el peculado, el cohecho, el abuso de funciones y el desvío de recursos públicos, que, como se observa, son o eran tipos penales, y tal pareciere que ahora las autoridades administrativas investigarán y sancionarán delitos, aunque, en este sentido, a partir de la vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán “tipos administrativos”. Habrá una autoridad substanciadora y otra resolutora, y se ordena que las faltas administrativas no graves serán sancionadas por las secretarías y los órganos internos de control, y las faltas graves por la autoridad jurisdiccional que corresponda, y cuando el servidor público sujeto a un procedimiento de responsabilidades administrativas no cuente con abogado le será nombrado un defensor de oficio. Dos aspectos que podrán conocer con amplitud son la explicación del conflicto de intereses y la aplicación de la ley a los particulares. Para la mejor comprensión de esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas me permití formular el índice de la misma que, como podrán observar, se divide en dos libros, el primero de ellos se refiere a las disposiciones sustantivas, constituidas por cuatro títulos, y un libro segundo que se refiere a las disposiciones adjetivas, constituidas por dos títulos, los cuales, obviamente, cuentan con diversos capítulos, mismos que se desarrollan ampliamente en el transcurso del presente estudio. Para la fácil localización de los temas formulé un índice temático que auxiliará en su rápida búsqueda. Con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y toda la nueva legislación que integra el Sistema Nacional Anticorrupción se fortalece un verdadero derecho disciplinario, con ámbito de aplicación, naturaleza jurídica propia, procedimientos de investigación, de substanciación y de resolución, emplazamientos, resoluciones, ofrecimiento, recepción, admisión y desahogo de pruebas, medidas de apremio, sanciones, medios de impugnación e intervención de las autoridades jurisdiccionales y, por supuesto, en su caso, se tramitará el juicio de amparo, como en todas las ramas del derecho. Es muy loable que se cumpla con el debido proceso, como lo ordenan las leyes de nuestro país, pero en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se aparta y, en algunos aspectos, obstaculiza el objetivo del control interno de la administración pública, por lo que se deberán hacer las adecuaciones correspondientes y establecer normas y reglas claras que, sin dejar de respetar el principio de legalidad y los derechos humanos, se encaminen a alcanzar su objetivo fundamental que es terminar con la corrupción de los servidores públicos y alcanzar una administración pública eficiente, eficaz y honesta, como lo requiere el Estado Mexicano. Amable lector, ¿cree que los particulares y los servidores públicos podamos establecer un sistema como el que se comenta y lograr que nuestro país evolucione para beneficio de su población? En lo personal creo que sí, por lo que en todas nuestras actividades debemos actuar con legalidad, honestidad, productividad y eficiencia, todo ello con espíritu nacionalista, lo que permitirá que el Estado Mexicano salga adelante, por lo que, verbalmente y de hecho, en todo momento debemos expresar: ¡voy por México!
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EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2A. ED
  • Óscar Hernández Mateos
El presente libro ofrece al lector un estudio sobre la importancia que tiene el modelo de justicia implementado en todo el territorio nacional durante los últimos años, aun con la reforma ya instaurada el Poder Legislativo, organizaciones sociales y especialistas han debatido sobre los mecanismos para modernizar el Sistema de Justicia Penal en México, razón por la cual nuestro sistema de justicia se encuentra en la transición de un sistema inquisitivo a uno oral. El análisis parte desde una reseña histórica hasta un análisis esquematizado mediante el cual se muestran las innovaciones que se han dado a nuestro sistema de justicia penal, que dio inicio con la reforma constitucional de junio de 2008, tomando en cuenta el aspecto procesal y el de las instituciones, ya que el análisis de las partes que intervienen en un proceso penal es una tarea necesaria para el debido desarrollo de la ciencia jurídica. El estudio que aquí se elabora es muy oportuno, pues se centra en las facultades y la función que tiene en este sistema de justicia (los juicios orales) el agente del Ministerio Público Federal, con la finalidad de que la sociedad tenga una mejor idea de lo que representa esta figura dentro de cada una de las etapas del proceso. Por ello, se busca que con esta lectura se cree una conexión del Estado con sus gobernantes, con el objeto de que se tenga una perspectiva más amplia sobre la reforma que no sólo implica el área penal sino también una transformación en el sistema de justicia.
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EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY
  • Johnny Morales Martínez
La presente investigación aborda el tema sobre los derechos fundamentales desde la perspectiva de la teoría liberal, institucional, axiológica, democrático-funcional y del estado social. Asimismo, estudia la clasificación y fuentes de los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano; pero, de manera particular, este estudio se concreta a analizar el derecho humano a la igualdad, desde su evolución en el derecho comparado y en la aplicación de la ley, así como su aplicación por los órganos jurisdiccionales, como límite a la legislación. De igual forma, se analiza el principio de igualdad a partir de la perspectiva de la doctrina de la clasificación razonable y la doctrina de la clasificación sospechosa. También estudia la inclusión de ese derecho humano en los tratados, convenios y pactos internacionales, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del contenido del artículo 1o. de este ordenamiento legal. Aborda el tema de cómo la diferencia normativa puede considerarse apegada al derecho humano a la igualdad, cuando existe una justificación razonable, desde el punto de vista del principio de razonabilidad respecto del derecho de igualdad y no discriminación, en el que, después de realizar una evaluación sobre el caso, se puede justificar un trato desigual, con motivo de que la libertad configurativa del legislador está limitada por los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación de los particulares. Por último, se analiza, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, como ejemplo de una norma del sistema jurídico del Estado mexicano que vulnera el derecho fundamental a la igualdad, previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no estar debidamente justificada de forma objetiva y razonable la distinción que hizo el legislador sobre el derecho a recibir una pensión de viudez, respecto de las relaciones entre cónyuges y concubino.
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MANUAL PRÁCTICO DE LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL DERECHO PENAL ACUSATORIO
  • Faustino Guerrero Posadas
Al concluir mi libro Manual práctico de la etapa intermedia derecho penal acusatorio (Flores Editor y Distribuidor, 2016), me vi en la necesidad de continuar analizando la siguiente etapa procesal desde la razón misma de mi actuar diario, a saber, Manual práctico de la etapa de juicio oral derecho penal acusatorio, obra que va en la continuidad del libro anteriormente citado y que ha generado un gran impacto en la república mexicana, con la fundamentación de los criterios ulteriores de la razón lógica. Esta obra denominada Manual práctico de la etapa de juicio oral derecho penal acusatorio tiene sustento en la misma práctica procesal, específicamente en la funcionalidad de los presupuestos de la razón, para poder establecer exegéticamente las técnicas de litigación. La facultad de intervenir de las partes lo es en la naturaleza de los argumentos que se busca que sean atendidos por el órgano jurisdiccional, lo cierto es que nada es a priori, por ello, en este manual práctico se pide que los intervinientes estén atentos a la razón de lo que se pretende, pues no podría concederse por el órgano jurisdiccional lo que peticionan las partes, pero no tiene razón de ser, salvo que el juez no conozca el proceso penal acusatorio y la argumentación jurídica. Cada interviniente deberá razonar considerablemente que la actuación es por razón al lugar que ostentemos, juez, Ministerio Público o defensa, para poder hacer viable el desahogo de la audiencia de juicio oral. Así, que, si se reflexiona para intervenir por parte de los operadores, entonces se pueden aterrizar actuaciones con sentido y con suficiencia lógica. Por ello, me di a la tarea de reflexionar estas líneas en las que se ponderan las técnicas de litigación para poder llevar a cabo un buen debate de los órganos de prueba, específicamente con la mecánica de desentrañar el contenido de la teoría del caso a acreditar. En esta unidad se presentan temas relevantes como es el caso de una breve reflexión del auto de apertura y su radicación, con la que da comienzo la etapa de juicio oral o de debate, así como también se abunda sobre la técnica de litigación, haciendo valer un interrogatorio y contrainterrogatorio, apoyo o refresque de memoria, evidencia o superar contradicción y, en sí, trabajar con base en la razón y no con los sentidos únicamente, ya que es la parte final de decisión, lo que surja de cada una de las pruebas sea el contenido más veraz para esclarecer el hecho acreditando la teoría del caso de las partes. Así mismo, se abunda sobre la dinámica de la audiencia, el orden lógico del desahogo probatorio y su funcionalidad de la víctima y del procesado. Es menester también tomar como parámetro el que un buen alegato de apertura siempre tiene como conexión trascendental el excelente funcionamiento de los elementos probatorios. Qué complicado se hace para las partes exponer alegatos de apertura cuando no se hacen con didáctica jurídica, ponderando, precisamente, que la forma y mecánica de exposición no es complicada, sino que es más sencilla por razón a que sólo es versar sobre la teoría del caso a acreditar. Cuando se cuenta con el desahogo probatorio, éste deberá tomarse con seriedad, para que pueda tener sentido trascendental y, desde luego, se busque que la funcionalidad sea conforme a lo que se razona del mismo contenido de la prueba. Al concluir el desahogo probatorio en la dinámica procesal, es importante tener presente la didáctica jurídica para su realización, comprendiendo que en ésta se pondera que la técnica jurídica empleada sea para que se hable de una dialéctica funcional, pues, de entrada, es el resultado inmediato a la luz de la razón del derecho penal acusatorio, con el sentido teleológico que implica su objetivo el esclarecimiento del hecho.
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