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Dentro del contexto universal de la Declaración de los Derechos Humanos, encontramos que los alimentos forman uno de los pilares esenciales que deben estar presentes en el desarrollo de todo individuo, principalmente en el de los niños. Es importante considerar que los alimentos, en derecho de familia, constituyen una de las principales consecuencias del parentesco y una de las fuentes más importantes de solidaridad humana. Los cónyuges y los concubinos están obligados a darse alimentos, de la misma manera que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas (paterna y materna), que estuvieran más próximos en grado. La obligación de dar alimentos es recíproca, de modo que el que los da tiene a su vez derecho a pedirlos cuando los necesite. Es por esto que es trascendental la necesidad de dedicar un tomo de la presente colección de textos jurídicos a la figura de los alimentos. En este libro, como en todos y cada uno de los que integran la presente colección, se realiza una correlación de los códigos adjetivos y sustantivos de la Ciudad de México y demás entidades federativas del país, con ello esta obra se convierte en una herramienta útil no sólo para los estudiantes de derecho, sino para los mismos abogados postulantes sin importar el estado en el cual ejerzan su labor profesional. En cada capítulo se incluye el objetivo particular que persigue el mismo, se incluyen dentro del texto notas importantes que ayudan al lector a una mejor visión de lo descrito, así como ejemplos que sirven para comprender los conceptos plasmados. Además, al final de cada unidad hay un resumen de todos los puntos analizados. Asimismo, en la presente colección de textos jurídicos, cada uno de los tomos que la integran tiene un capitulado que fue creado con la finalidad de orientar, como ya se mencionó, a estudiantes y profesionales del derecho. En esta obra en particular encontramos que cuenta con lo siguiente:En primer lugar, se habla de la parte netamente doctrinal de la figura de los alimentos, se define este concepto, así como los atributos que le son conferidos, sin dejar de analizar qué elementos son aquellos que están contemplados en nuestra actual legislación como alimentos y las características que estos tienen. Para poder hablar del derecho que tienen los individuos a recibirlos, es necesario conocer su fundamento y justificación, por ello también se integra en el capítulo correspondiente de este libro. Un aspecto doctrinal que no podría quedar fuera de esta obra son las fuentes de la obligación alimentaria y el derecho humano que significa su disfrute. Igualmente se dedica un capítulo al estudio del derecho a percibir alimentos y los supuestos que deben estar presentes para que resulte procedente la existencia de la obligación. Algo que puede considerarse como parte medular de este tomo es la pensión alimenticia, la cual se describe de forma detallada, analizando cuáles son las personas que tienen la obligación de proporcionar los alimentos, los posibles deudores solidarios y las personas que están legitimadas para solicitar el aseguramiento de esta obligación. También se examina la capacidad económica del sujeto obligado a proporcionarlos y la manera en que pude garantizarlos. Existen diversas formas que permiten al deudor alimentario cumplir con su obligación, una de ellas es mediante BIDES, también conocido como billetes de depósito, que son expedidos y respaldados por BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.), cuya tramitación, características, cobertura, requisitos de adquisición y cobro se encuentran descritas más adelante. Se incluye, además, un formato de un escrito con el que se puede exhibir y depositar el documento en el juzgado que le corresponda, un formato para asentar razón sobre la recepción del billete y el formato del mismo. Se estudia la forma que utiliza el juzgador para determinar el monto o porcentaje de la pensión alimenticia y las causales que pueden existir para que resulte procedente la cesación o suspensión de la obligación alimentaria y la diferencia entre estos dos conceptos. Así como resulta procedente la cesación o suspensión de una pensión alimentaria, también pudiere ser factible la modificación en cuanto a incrementar el monto o porcentaje decretado con antelación. Como es sabido, el derecho a percibir alimentos corresponde al acreedor alimentario, mientras que la obligación de proporcionarlos corresponde al deudor, quien, si dejara de cumplirla, podrá, además de las consecuencias ineludibles en materia penal, ser inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Redam), un tema que se estudia detalladamente y que incluye cómo se puede realizar el trámite en línea para conocer si algún individuo se encuentra en dicho registro. Dentro del presente volumen encontramos que, ante la premura que significa el hecho de que los acreedores alimentarios reciban de forma pronta y expedita ese derecho que les asiste, la actual legislación de la Ciudad de México, a través de su Tribunal Superior de Justicia, contempla dentro de su Código Adjetivo, al igual que en otras entidades del país, la posibilidad de que quien tenga derecho a recibirlos (para sí mismo o en representación de otro), pueda asistir directamente al órgano jurisdiccional a solicitarlos. Es aquí donde encontramos el procedimiento de solicitud de alimentos por comparecencia, el cual se describe dentro de uno de los capítulos que integran este tomo segundo, donde se detalla la forma sencilla, los requisitos mínimos solicitados y el tiempo reducido de tramitación en comparación con el procedimiento escrito, puntualiza también que esta forma de solicitud tiene como principal etapa una audiencia de comparecencia, cuya acta hace las veces de escrito inicial de demanda, dentro de ella el juzgador dictará las medidas provisionales (incluida una pensión alimenticia provisional en cantidad líquida o porcentaje), la elaboración inmediata de los oficios de estilo dirigidos a la fuente laboral, el emplazamiento a la parte demandada y a la Defensoría de Oficio, con la finalidad de que se le designe un abogado que supervise y vele por la correcta resolución del procedimiento. Al igual que el procedimiento escrito, los alimentos por comparecencia referidos en este libro, constan de una etapa predeterminada en la que el deudor alimentario deberá dar contestación a la demanda instaurada en su contra, responderá de forma sistematizada los hechos y prestaciones descritos por la parte actora. Se hace en el apartado respectivo un análisis de lo que sucede dentro de la audiencia de ley que se lleva a cabo en el procedimiento en cuanto a las probanzas que se desahogan y los alegatos que se manifiestan, con la finalidad de crear tal convicción en el juzgador que, al momento de dictar su sentencia, decrete una pensión definitiva que sea justa, esta etapa de dictado de su resolución es la última contemplada por el capítulo correspondiente. Si bien es cierto que la solicitud de alimentos por comparecencia cuenta con diversas particularidades que la hacen una óptima opción para requerir ese derecho irrenunciable, la que pudiéramos considerar como la forma más conocida de solicitarlos es la forma escrita, por obvia razón, no se podía quedar fuera del capitulado del presente ejemplar de dicado a los alimentos. Asimismo, se hace un estudio detallado de todo el procedimiento, se inicia con la etapa postulatoria en la cual se analizan los requisitos que debe contener el escrito inicial de demanda, donde se contemplan las probanzas que resultan procedentes para este tipo de procedimiento, es así que hablamos tanto de una confesional como de su diferencia con la confesión judicial y la declaración de parte. Examinando esta prueba, se describe la forma como debe ofrecerse y prepararse, sucede lo mismo con todas las probanzas que contempla el procedimiento, incluyendo la testimonial, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Una vez que la demanda ha sido presentada, se realiza un examen de los posibles autos que a esta le pudieren recaer y las medidas provisionales que en alguno de estos pudiere decretar el juzgador. Además del ordenamiento de emplazamiento de la parte demandada, que tendrá la obligación de dar contestación a través de varios sentidos, descritos también en el capítulo respectivo. Al igual que en la sección dedicada a la solicitud de alimentos por comparecencia, se observa lo referente a la resolución emitida por el juzgador, es decir, la sentencia y la forma mediante la cual se puede realizar su ejecución. Un punto muy interesante dentro del capítulo es un estudio de la forma en que el deudor alimentario que no tiene una fuente laboral estable, pueda garantizar la pensión que le ha sido decretada. Las figuras jurídicas que contemplan nuestra legislación pueden ser modificables, así como las resoluciones emanadas de los procedimientos que se realizan, es por eso que incluso una obligación como la de dar alimentos es susceptible de ser cancelada, es decir, se puede suspender o cesar según sea el caso y se realiza de forma incidental. Por consiguiente, esta obra contempla este tipo de procedimiento y estudia la vía en que se presenta, analiza los requisitos y formalidades que se deberán presentar, acompañados de la jurisprudencia que le resulta aplicable, las pruebas que se pueden ofrecer y todo el procedimiento de cancelación contemplando la audiencia de ley que se realiza, lo referente a los alegatos, la sentencia y su ejecución, además de la manera en que los oficios dirigidos a la fuente laboral ayudan para este fin, así como la posibilidad de que quien administra la pensión alimenticia tenga la obligación de rendir cuentas sobre ella, y se concluye con la parte dogmática referente al pago de lo indebido. Por lo que implica a la parte de la práctica forense dedicada a los alimentos, este volumen cuenta con un expediente completo de un procedimiento de solicitud de alimentos por comparecencia, en él no sólo se muestran los formatos que remite la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sino que, además, se exponen el acta de comparecía que, como ya se mencionó, hace las veces de escrito inicial de demanda, los formatos de los oficios de estilo que el juzgador ordena su elaboración y que van dirigidos a la Defensoría de Oficio del Tribunal, a fin de que se le designe un licenciado en derecho que habrá de representar a la parte actora, y el dirigido a la fuente laboral del deudor alimentario, a fin de que se realicen las deducciones decretadas por concepto de pensión alimenticia provisional. De todas las promociones presentadas por las partes, se hace una transcripción de los autos dictados por la autoridad, con la finalidad de analizar el criterio que el juzgador plasma en las diversas peticiones que le son entregadas y que concluyen con la sentencia emitida por el juez. Al final del tomo, se incluye un glosario de términos jurídicos muy útil para la mejor comprensión del texto contenido en esta obra, no se puede dejar de incluir la bibliografía consultada, la legislación que ayudó a fundamentar y a correlacionar las figuras que se mencionan y las páginas web que se examinaron.

La filiación es un vínculo jurídico que puede nacer por hechos biológicos, o bien, por actos jurídicos que existen entre dos personas ya sean ascendientes o descendientes sin limitación de grado, es decir, se da entre el padre y los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, así como entre el hijo y los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. La ley reconoce como consecuencias de este vínculo diversos derechos y obligaciones entre aquellas personas que se encuentran unidas por una relación filial, de esta relación se desprende una figura, tema principal de esta obra: la patria potestad. La patria potestad puede ser entendida como el conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre y/o a la madre del menor o a quienes la hayan reconocido (la ejercerán de manera conjunta, sin importar si se encuentran casados o no, o pudiera ejercerlo sólo uno de ellos, siempre y cuando exista el consentimiento por parte del otro), aplicables sobre ellos y sus bienes (siempre y cuando el hijo no se haya emancipado). Es importante destacar que la ley concede derechos y facultades, ya que es de manera directa una carga impuesta por el Estado, la cual no puede ser discutida, puesto que al momento en que se establece la filiación, los progenitores tendrán la obligación de estar con ellos, deberán cuidarlos y protegerlos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, además de poder representarlos legalmente y administrar sus bienes. Si bien es cierto que en esta obra se busca hacer una práctica forense de “la pérdida de la patria potestad”, resulta importante e indispensable conocer el aspecto doctrinal de dicha figura jurídica, es por eso que se analizan aspectos como el hecho de que el cuidado integral del menor sea el objetivo que persigue la patria potestad. Como toda figura jurídica, también cuenta con características particulares que la diferencian de otras, mismas que se enuncian y se examinarán en la obra. Dentro del ámbito social encontramos que la familia se integra por padres, madres, abuelos, hijos, etcétera, pero es necesario saber quiénes de ellos son considerados como sujetos pasivos y/o activos dentro de la patria potestad, tarea que se lleva a cabo en esta obra. Si bien en cierto que se mencionó a padres y madres, hoy en día, encontramos que puede ser ejercida por los abuelos paternos en primer instancia y maternos como segunda. Una de las situaciones que, lamentablemente, se da en la actualidad en nuestra sociedad por el hecho de que los padres vivan separados, razón por la que la guarda y custodia deberá ser ejercida siguiendo una serie de reglas que serán enunciadas dentro de la presente obra. Quienes ejercen la guarda y custodia, como ya se mencionó con antelación, tienen derechos y obligaciones ante quienes la ejercen, y producen efectos respecto de las personas y los bienes de los menores, debiendo, incluso, rendir cuentas de la administración de estos, o bien, pueden gozar del usufructo de los bienes del menor. Todos estos aspectos referentes a la patria potestad son analizados de manera puntual. Además, se visualizan aspectos de gran importancia de dicha figura jurídica como la forma mediante la cual se puede terminar la patria potestad o perderla cuando se reúnan algunos requisitos, en caso de perderla, no implica que no pueda ser recuperada. La patria potestad puede ser ejercida siguiendo derechos y obligaciones a las que se sujetan los padres o quienes la ejerzan, sin embargo, deberán observar algunas limitaciones, e incluso, restricciones que aseguran el uso correcto. Es muy común que exista confusión entre figuras como la patria potestad, la guarda y custodia, e incluso, la tutela, es por eso que se realizó un comparativo entre ellas que nos hará más fácil la comprensión de cada una. Si bien es cierto que resulta imprescindible conocer el aspecto doctrinal del tema, la obra se encuentra encaminada a la práctica forense, por lo que se describe la forma mediante la cual habrá de tramitarse un aspecto muy importante de la guarda y custodia y que como estudiantes del derecho o abogados postulantes deben conocer. Dentro de esta tramitación se deberán seguir lineamientos que se encuentran descritos y a los cuales habrá que apegarse, es importante mencionar que se realiza una correlación entre la legislación de la Ciudad de México y la del Estado de México para así poder saber cómo se deberá tramitar en cada una de estas entidades el procedimiento de pérdida de la patria potestad. Como ya se mencionó en reiteradas ocasiones, la obra se refiere a la patria potestad, pero resulta importante conocer otras figuras que nos ayudarán a entenderla mejor, es por esto que se dedica un capítulo a la filiación, ya que puede ser el inicio para acceder al tema principal del libro.De la filiación conoceremos, primeramente, la conceptualización, las clases que de ella pueden existir dentro de nuestro sistema jurídico, los efectos que pudieren producir, incluso, analizando el progreso científico en materia de reproducción humana como la reproducción asistida, la inseminación artificial o la forma de fecundación in vitro, la congelación de material genético, la maternidad subrogada o el arrendamiento de un vientre o la fecundación post mortem mismas que pueden traer consecuencias jurídicas dentro del derecho familiar. También se analiza la investigación para comprobar la maternidad o la paternidad de los individuos y los medios para probarlos. Desde el punto de vista netamente jurídico, se estudian las formas mediante las cuales se puede reconocer de forma voluntaria a un hijo, conociendo los requisitos esenciales y formales para que se pueda llevar a cabo, no dejando de lado las características que se deben contemplar en dicho reconocimiento. No sólo existe el reconocimiento voluntario de un hijo cuando las circunstancias no han sido las idóneas para que éste sea reconocido, también existe el reconocimiento forzoso, en cual también desencadena consecuencias jurídicas. Cuando la filiación ha sido establecida, nos encontramos, como ya se mencionó, que la patria potestad puede ser ejercida por familiares que pueden ser ascendientes o descendientes sin limitación de grado, por lo que dentro de otro de los capítulos se hace un análisis detallado del parentesco, para así poder conocer quiénes podrán ejercerla, estudiando las consecuencias jurídicas propias y las diversas formas mediante las cuales se puede presentar. Antes de entrar de lleno al aspecto forense, es importante saber que para tramitar un procedimiento de pérdida de patria potestad, se deberá realizar por la vía oral familiar, por lo que se estudia lo referente a los principios que la rigen y la finalidad que se persiguió al haber trasladado estos procedimientos de la vía ordinaria a la oral. Una vez que se habla de las controversias que además de la pérdida de la patria potestad pueden ser sustanciales dentro de la vía oral familiar, se adentra al aspecto procedimental, analizando los conceptos de la demanda, los autos que pudieren recaerle a la presentación de ésta, las unidades de apoyo que se crearon dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que sirven de apoyo a las funciones de los juzgados, se visualizan también las formas en las que se clasifica el emplazamiento y los vicios que pudieren existir dentro de su realización, las distintas formas en las que la parte demandada puede dar contestación a la demanda instaurada en su contra, concluyendo con las diversas etapas y fases que conforman a los procedimientos orales, hablando así de audiencia preliminar, la que se lleva ante el juez o la audiencia de juicio que se realizan en la Ciudad de México, o bien, la inicial y la principal que se llevan a cabo en el Estado de México. Es importante mencionar que, además de lo aquí descrito, se enuncia la importancia de las pruebas que resultan procedentes dentro del juicio oral familiar y el objeto que se persigue con su ofrecimiento, la formalidad que se debe seguir para este fin, su preparación y la forma de desahogarlas. Se analizan todas las diversas pruebas que se pueden ofrecer dentro de ambas entidades, concluyendo con lo referente a la sentencia, la forma de ejecución de ésta y los medios de impugnación procedentes. Finalmente, y como parte elemental de esta obra, encontramos todas las promociones presentadas por las partes, así como los autos dictados por el juzgador en un procedimiento de pérdida de la patria potestad llevado a cabo dentro del Estado de México. Como un plus, dentro del presente tomo de la colección, encontraremos, de forma gráfica y sencilla, un cuadro adecuado al procedimiento analizado, en donde se ve una correlación de los códigos civiles y procesales de las 32 entidades federativas que integran al Estado mexicano, con lo que la trascendencia y utilidad de esta obra se asegura, ya que sin importar el lugar de nuestro país en donde sea consultado, se podrá saber qué articulado de la legislación local es el encargado de analizar o describir el procedimiento del juicio especial que nos ocupa.

En fecha 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, mediante decreto, la denominada Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Dicha ley, en su artículo segundo transitorio, establece que, a partir de su entrada en vigor, queda abrogada la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de extinción de dominio de las distintas entidades federativas; también se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a dicho decreto. De igual forma, la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, en su artículo tercero transitorio, que, en un plazo que no excederá los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de referido decreto, las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar su legislación respectiva con el mismo. En este nuevo ordenamiento legal se endurecen las medidas para la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con bienes mediante los cuales se cometieron, presumiblemente, ilícitos a los que se refiere la mencionada ley. De igual forma, la citada ley establece la procedencia de la acción de extinción sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular con respecto a aquellos bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización, como pueden ser: los bienes de procedencia lícita que se hayan utilizado para ocultar otros bienes de origen ilícito, o que se encuentren mezclados, de forma material o jurídica, con bienes de ilícita procedencia; bienes respecto de los cuales su titular no acredite su procedencia lícita; bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes antes referidos, siempre que no sea posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento o aprehensión material; bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, siempre que su dueño haya tenido conocimiento de ello, no lo haya notificado a la autoridad por cualquier medio ni haya hecho algo para impedirlo; y bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes antes citados. La presente obra pretende plantear, de una forma objetiva y a la luz de los derechos fundamentales y de la constitucionalidad de los actos de autoridad, si esta ley se apega o no a dicho ordenamiento fundamental, en particular a los principios de legalidad, certeza jurídica, debido proceso e irretroactividad, entre otros. Es indiscutible (y ha sido reiterado por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) que esta ley no respeta al principio de presunción de inocencia (como tampoco lo respetaba la ley que le antecede). En ese contexto, ¿los hechos susceptibles de extinción de dominio podrían ser aplicados en forma indebida a un particular que no cometió ninguno de los delitos a que se refiere la LNED? ¿Cómo se regula el juicio civil de extinción de dominio? ¿Se extingue la acción de extinción de dominio por la muerte del presunto propietario de los bienes con los que se cometió, presumiblemente, cualquiera de los delitos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 22 Constitucional? ¿Puede el Ministerio Público sacar a remate el bien mueble o inmueble materia de la acción de extinción de dominio antes de que se dicte sentencia en el juicio civil de extinción de dominio? ¿Puede el Ministerio Público aplicar de manera retroactiva la acción de extinción de dominio en perjuicio de persona alguna? Estas y muchas preguntas más son las que esta obra pretende resolver, siempre apegada a los criterios que, hasta la fecha, ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dada la naturaleza de la ley que analiza la presente obra, ésta se divide, para efectos didácticos, en cuatro partes: La primera parte se titula “Parte teórica”; la segunda parte se denomina “Parte procesal. El proceso en el juicio de extinción de dominio”; la tercera parte tiene como título “Consideraciones sobre la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Domino”; y la cuarta parte que lleva por título “Los delitos de defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada” De igual forma, se incluyen como anexos tres documentos que resultan importantes para el presente tema: en el anexo I se reproduce el texto íntegro de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; el anexo II contiene los hechos susceptibles de extinción de dominio; y el anexo III está constituido por el “Acuerdo A/016/19 por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de octubre de 2019.

En uno de los primeros cursos de valuación al que asistí, el maestro hizo mención acerca de que todo lo que nos rodea tiene un valor, sea este sentimental, histórico, monetario, etcétera, por lo que era necesario preparar a especialistas con la capacidad técnica y los conocimientos suficientes para poder valorar bienes y emitir una opinión técnica formal, vertida en un dictamen o en otros documentos que son requeridos por autoridades judiciales, aseguradoras, bancos o el particular interesado en conocer dicho valor. Lo anterior fue razón más que suficiente para continuar con la búsqueda de conocimientos e información en el tema de valuación de bienes muebles. Pero mi sorpresa fue tal al momento de empezar a escribir la presente obra y descubrir que en materia de valuación de bienes inmuebles existe toda una tradición y una madurez en cuanto información, conocimientos, principios y técnicas. Es tan importante la valuación de inmuebles para el caso de México que existen colegios que se aglutinan en una federación y que han hecho una labor seria e interesante para validar el ejercicio profesional de los valuadores y legitimar la importancia social de los mismos. Ahora bien, el trabajo de los colegios, de algunas instituciones de educación superior, bancos, así como del gobierno federal y de otras instituciones han sentado las bases para la valuación, e incluso, hasta llegar a establecer una norma mexicana (NMX) de valuación. Estos mismos actores han hecho aportes a la valuación de bienes muebles (en particular para maquinaria y equipo); pero aún es necesario unificar criterios, aportar nuevas técnicas y metodologías para que la valuación de bienes muebles alcance una madurez tal y como lo ha logrado la valuación de bienes inmuebles.

Todo sistema jurídico está conformado por principios y reglas que deben ser conocidos y aplicados al debido proceso, por los operadores jurídicos. Las reglas procesales se pueden entender, en pocas palabras, como aquellos lineamientos, pautas o cánones que permitan conocer la estructura y forma de operación de cualquier sistema jurídico. En ese sentido, esta obra desarrolla las reglas procesales que, con un enfoque totalmente práctico y dentro del proceso penal mexicano, permitirán al operador jurídico conocer temas como: la posibilidad de que la Policía inspeccione a personas o vehículos sin previa orden judicial, si la formulación de imputación se considera un derecho fundamental, cuándo es posible que el juez de control intervenga ante una inadecuada imputación, si la totalidad del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa reformado ya se encuentra vigente, cuáles son los requisitos para vincular a proceso a una persona y qué se entiende por un hecho que la ley señala como delito, cómo se lleva a cabo la investigación por parte de la defensa, cómo se realiza el descubrimiento probatorio por parte de la defensa y sus consecuencias cuando no se realiza, qué significa el punto de prueba, cómo se demuestra la pertinencia de la prueba, cómo se llevan a cabo las técnicas de litigación, cómo se plantea un incidente, en qué momento procesal y en qué tipo de casos se puede llevar a cabo, cuáles son las posibilidades procesales de la asesoría jurídica de las víctimas, entre otros. Así, pues, sin importar el rol que el operador jurídico desempeñe, éste debe conocer las reglas de juego procesal, pues sólo así podrá intervenir con éxito en el nuevo proceso penal mexicano. Esta obra se ocupa a detalle de ello, con apoyo en cuestiones prácticas y con base en normativa y jurisprudencia que la sustentan tanto a nivel nacional como internacional.

En el momento que escribo estas líneas, la humanidad está sufriendo las consecuencias de la pandemia por Covid-19; nuestras autoridades han tenido que asumir los retos que ello genera, que no sólo limitan la salud y la economía. Nosotros hemos tenido que ser empáticos y solidarios unos con otros, pero, también, hemos sido cuidadosos para que el virus no se propague y, en consecuencia, haya más víctimas mortales. Ahora bien, presentamos a la comunidad jurídica un ensayo en torno a dos temas. En primer lugar, la imputación del daño, esto es, la explicación de la afectación a los intereses de la víctima u ofendido del delito, que descansa en las evidencias en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que sean calificadas como una afectación y, por ende, se deba hacer una reparación integral. Así, la imputación del daño presenta un aspecto fáctico, probatorio y jurídico, cuya exposición deberá darse en cualquier audiencia en la que se toque el tema de la reparación del daño, por parte de los sujetos procesales, en especial el asesor jurídico de la víctima. En esa línea, los tres primeros capítulos del ensayo estarán dedicados al análisis de la imputación del daño —con comentarios a pie de página sobre los temas colaterales—, incluyendo tesis aisladas y jurisprudencias que se han dictado sobre el tema en estudio, con el objetivo de que el lector pueda ampliar el espectro cognitivo de la imputación del daño. En segundo lugar, examinamos el peritaje de la evaluación de daños como herramienta epistémica que buscar superar el equívoco de que existen daños no pecuniarios cuando no se pueden cuantificar económicamente. En esa inteligencia, partimos de la premisa mayor de que la prueba es ejercicio de razonamiento, el cual puede ser de corte epistémico, lógico y dogmático. En el contexto epistémico, hemos identificado tres reglas: las leyes científicas generalizadas, la probabilidad estadística y las máximas de la experiencia, que dotan de cientificidad al peritaje de evaluación y, si el daño moral es objeto de compensación económica, entonces también deberá ser evaluado en términos económicos. En efecto, desde la imputación del daño podemos identificar daños tangibles, como el físico, material y ambiental; así como daños intangibles, como el capital humano y moral. Asimismo, desde la teoría del multicriterio y del proceso analítico jerárquico, podemos explicar la decisión de dotar de un valor dinerario a tales tipos de daños, metodología y resultados que serán explicados en el peritaje de evaluación de daños. En ese marco, también se pretende superar equívocos como el de indemnizar sólo con base en Ley Federal del Trabajo y tomar en cuenta la capacidad económica del responsable o la víctima —a los que hemos calificado como inconstitucionales—, máxime si formulamos la necesidad epistémica de la prueba, a través del multicitado peritaje. Con el anhelo de contribuir al análisis del daño, presentamos este ensayo a la comunidad jurídica.

En esta obra el lector se adentrará al estudio de los tópicos más actuales y relevantes para el combate a la corrupción desde una perspectiva multidisciplinaria, además de tener acceso a más de 260 esquemas con temas jurídicos para el combate a la corrupción, desde la multidisciplinariedad de la normatividad jurídica de combate a la corrupción, tales como el procedimiento administrativo de responsabilidad (contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas), lavado de dinero, bloqueo de cuentas bancarias y financieras a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, extinción de dominio, entre otros temas. El libro que el lector tiene en sus manos contiene temas como el Derecho Administrativo Disciplinario, Derecho Penal (con especial énfasis al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito); del ámbito de extinción de dominio desde el Derecho Civil; del bloqueo de cuentas bancarias por actos de corrupción desde las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como las restricciones al ejercicio de los Derechos Humanos de los servidores Públicos y alguna puntualidades de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La obra está pensada para apoyar en sus actividades a los operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, así como para cualquier interesado en el combate a la corrupción desde el ámbito jurídico; es importante señalar que puede ser utilizada como un complemento de las anteriores obras de la autora publicadas en la misma editorial.