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No es posible juzgar el siglo XXI con la mentalidad y la cultura del siglo XX. Las cosas del siglo XXI están mal enfocadas porque se conocen poco, están mal diri- gidas porque se desconoce dónde; están mal orientadas, porque se ignora el por qué; están mal proyectadas porque no se conoce el hacía qué o el hacía quién. Entonces, caerán en el error aquellos que han ingresado a este siglo sin estar preparados; aquellos que tienen título que demuestra que concluyeron un grado y que, sin embargo, saben igual o menos que los anteriores y, por tanto, con su título en mano (de maestría y/o de doctorado) se darían cuenta del fracaso, es- pecialmente aquellos que no consideraron la importancia de enfrentar el nuevo si- glo con un conocimiento mínimo (ojalá máximo) de teología, esto es, de la relación de la persona humana con Dios (con su creador), de filosofía, de antropología, de sociología y sin las necesarias teorías del Estado, del Derecho, del Proceso, del Derecho Constitucional, de los Derechos Humanos. Este libro es la segunda parte de otro. Mejor, la continuación. He escrito In- troducción al derecho penal para el siglo XXI, desde la dogmática a la pragmática penal. Me parece que el problema de la “dogmática” se supera en el Derecho Pe- nal, con el principio de legalidad, especialmente cuando es acuñado y protegido por los principios constitucionales que, a la vez, protege los principios de defensa, audiencia, licitud de la prueba. Procuro introducir a una Teoría del Delito que, si bien encuentra sus conceptos en el Derecho Penal sustantivo (si se quiere, como una dogmática penal), sólo puede entenderse desde una pragmática penal, esto es (y como debe ser), desde el Derecho Procesal Penal sin abandonar, aunque si mejorando, el Derecho Procesal Penal acusatorio.

En un Estado de Derecho, la administración pública y los órganos que la integran están subordinados a la ley. El funcionario y empleado público tienen como punto de partida y límite de su actividad, el circunscribirse a la ley que determina su competencia. Todo acto administrativo debe emanar del cumplimiento de una ley. Los particulares tienen derecho a que los órganos administrativos se sujeten a la ley y se cumplan cada uno de los elementos propios del acto administrativo. De lo antes expuesto, encontramos que el Derecho Procesal Administrativo tiene por objeto y fin la protección de los administrados frente a la Administración Pública, así como mantener la eficacia del Derecho Administrativo a través de la función jurisdiccional. En nuestro concepto, el Derecho Procesal Administrativo, es el conjunto de normas e instituciones que tienen como finalidad regular la función jurisdiccional del Estado, tendiente a resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, debido a los actos emitidos por esta última. Entre los medios de defensa legal con que cuenta el particular para impugnar los actos de la administración pública, encontramos en primer termino, el recurso administrativo que implica la posibilidad de que la autoridad administrativa revise su propio acto, reconozca un error y corrija su actuación en virtud de la petición hecha por un particular. No obstante, la finalidad establecida para los recursos administrativos previamente señalada, tenemos que en la práctica cotidiana las autoridades administrativas no cuentan con la imparcialidad suficiente para considerar que su acto o el emitido por un inferior jerárquico sean ilegales, por lo que la mayoría de las resoluciones que recaen a los recursos mencionados confirman los actos impugnados, dejando al particular con la misma problemática. Es por ello que el medio de control jurisdiccional idóneo sobre los actos de la administración pública es el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Finalmente, si la resolución que recae al juicio referido sigue siendo contraria a los intereses del gobernado, se tendrá la posibilidad de acudir al Juicio de Amparo ante el Poder Judicial Federal. Con la intención de que la presente obra sea de utilidad tanto para los estudiantes como para los estudiosos del Derecho, hemos decidido combinar la teoría con la práctica forense, recordando lo mencionado por el Maestro José Ovalle Favela al indicar que “la teoría que no toma en cuenta la práctica del derecho procesal, ni aporta soluciones a los problemas que esta plantea, es solo metafísica y que la práctica que desconoce la teoría es solo rutina”.

Los particulares cuentan con un primer medio defensa legal ante actos y resoluciones ilegales de la administración pública federal, y estos son los recursos administrativos, que son resueltos por las propias autoridades administrativas, quienes, generalmente, no actúan con la imparcialidad necesaria para llegar a considerar que su propio acto o el acto del inferior sea ilegal y, es por ello, que las legislaciones de diversos países —incluido el nuestro—, se han visto en la necesidad de crear un medio de control jurisdiccional sobre los actos de la administración pública, surgiendo así el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como juicio de nulidad. Luego entonces, el Juicio Contencioso Administrativo puede ser definido como aquel que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, en virtud de los actos emitidos por esta última, por lo que se debe considerar como un proceso administrativo y no un procedimiento administrativo a pesar de estar regulado por la denominada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Recordemos que en términos de la tradición y doctrina del derecho administrativo, el procedimiento administrativo es el conjunto de actividades que realiza la autoridad administrativa para emitir un acto de igual naturaleza, mientras que el proceso administrativo es el conjunto de actos tendientes a resolver una controversia suscitada entre el particular y la autoridad administrativa, motivada por un acto de esta última en el cumplimiento de sus atribuciones; es por ello que, atentos a los razonamientos señalados, se decidió titular a la presente obra como: El proceso contencioso administrativo federal. El objetivo principal de nuestro estudio es aportar tanto la teoría como la práctica para que sean de utilidad a los particulares que han sido afectados en sus intereses y derechos, para lasautoridades administrativas que han sido demandadas, para los estudiantes de la licenciatura en derecho y para los ciudadanos en general. Por lo anterior es que dividimos el tratado en seis capítulos. En los dos primeros se abordan los conceptos fundamentales del Juicio Contencioso Administrativo, la historia y el fundamento constitucional, y también se continúa con la historia, la naturaleza, la integración y la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el tercer capítulo, de manera detallada, se examina cada una de las etapas procesales del Juicio Contencioso Administrativo, de lo anterior se adquieren los aspectos teóricos que sirven de base para el entendimiento del cuarto capítulo en donde se desarrolla ampliamente —mediante un formulario— la práctica forense del proceso contencioso administrativo federal, que incluye la demanda y la ampliación a la demanda con sus respectivas contestaciones, alegatos, recurso de reclamación y recurso de revisión, así como la excitativa de justicia entre varios más. Del mismo modo se presentan los acuerdos que recaen a cada uno de los escritos referidos y modelos de sentencias. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009, se reformó la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que se instauró la promoción, sustanciación y resolución del Juicio Contencioso Administrativo federal a través del Sistema de Justicia en Línea, por lo tanto, estimamos conveniente realizar su análisis en el quinto capítulo. Para finalizar, en el sexto capítulo, se expone —en atención las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010—, la implementación del Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía sumaria, toda vez que incorpora un medio procesal más rápido y sencillo para la resolución de ciertos asuntos que por su materia o cuantía no representan mayor complejidad. Espero que esta modesta labor sea de provecho para las personas a las que va dirigida, la someto a su consideración. Agradezco su lectura y comprensión.

El derecho es un conjunto de normas jurídicas inherentes a toda actividad del ser humano, y el comercio exterior no es la excepción. En un mundo globalizado y cada vez más competitivo, resulta indispensable conocer, respetar y hacer valer el marco legal que rige al comercio exterior para garantizar el éxito de los negocios. El presente estudio inicia con el origen histórico y marco conceptual del comercio internacional. Podemos afirmar que el sistema jurídico del comercio internacional actual tuvo origen al término de la Segunda Guerra Mundial, debido a que los países que sufrieron daños materiales por el conflicto necesitaron reactivar su economía mediante la adquisición de mercancías extranjeras, para generar ingresos con la exportación. Por ello, se necesitó establecer mecanismos que regularan el proceso de apertura comercial, por lo que, en 1947, surgió el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). El objetivo del GATT ha sido buscar que el comercio entre los países firmantes se lleve a cabo de una manera justa y leal. En ese tenor, en el presente libro hacemos un análisis detallado de dicho acuerdo comercial y de la institución encargada de su administración: la Organización Mundial del Comercio (OMC). A continuación, presentamos el marco constitucional y legal del comercio exterior en nuestro país, a partir del análisis de los artículos de nuestra Carta Magna que dan sustento legal a dicha actividad económica, así como de la examinación de los principales ordenamientos jurídicos en la materia: Ley de Comercio Exterior, Ley Aduanera, Ley Sobre la Celebración de Tratados, Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y Ley de Inversión Extranjera. Una vez establecido el marco legal del comercio exterior, precedemos al análisis de las medidas arancelarias, así como de regulación y restricción no arancelarias necesarias para la importación y exportación de las mercancías. Entendido dicho tema, resulta indispensable conocer la estructura, organización y funcionamiento de la aduana, ya que es el órgano de la administración pública, establecido por el Ejecutivo Federal y autorizado para controlar el comercio exterior con las limitaciones y prohibiciones que las leyes fijan a las mercancías, que percibe los impuestos que se generan y regula la economía nacional. Un tema de gran trascendencia es el de los medios de defensa legal en materia aduanera y de comercio exterior. Tanto el recurso de revocación como el juicio contencioso administrativo son objeto de estudio en dicho tratado. Otro tópico que abordamos es el de la contratación internacional, desde de su regulación legal en los ámbitos nacional e internacional hasta un modelo de contrato de compraventa internacional. Régimen jurídico de comercio exterior concluye con los medios de solución de controversias comerciales internacionales, tanto en el ámbito particular contra particular (arbitraje comercial internacional), como en el rubro de Estado contra Estado (medios de solución previstos en los tratados internacionales). Esperamos que esta humilde aportación contribuya al entendimiento y respeto del marco legal que rige el comercio exterior en nuestro país, actividad económica fundamental para el desarrollo y progreso de México.

Este libro se ha escrito gracias a la participación de un grupo de expertos en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Hemos empezado muchos, pero al final quedamos pocos; es lógico, pues a veces el tiempo impide concretar un proyecto en el que participan tantas personas. Quienes hemos participado lo hemos hecho con la finalidad de que usted, a doce años de la reforma procesal penal, cuente con ideas claras de lo que debe aprenderse y de lo que ha de hacerse para conocer el proceso penal mexicano y para litigar, como abogado, en cualquiera de las áreas del Derecho Penal, tomando en cuenta el Derecho Comparado, la doctrina, la Constitución Mexicana y la legislación procesal penal. No se puede conocer el proceso penal sin conocer, al mismo tiempo, las leyes que en él intervienen, incluyendo tanto a las leyes federales como a las propias de cada una de las treinta y dos entidades federativas. En efecto, el Derecho Penal exige, con sus dos codificaciones (Penal y Procesal Penal), el conocimiento de: la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Asumimos un proceso de unificación al que pronto se reunirá el Derecho Penal. No pueden olvidarse, a la vez, las leyes relacionadas con la protección de datos, las que disponen sobre bienes de dominio y muchas otras que deben estudiarse con cada especialidad en Derecho Penal.

Como operador del sistema desde el año 2010 a la fecha, he quedado convencido de que el contrainterrogatorio es el arma más letal del sistema penal acusatorio, pues define la suerte del juicio. Un abogado que no sepa contrainterrogar, difícilmente podrá ejercer el principio de contradicción, que resulta ser la base principal de nuestro sistema penal. El contrainterrogatorio es una de las técnicas más complicadas de desarrollar en el litigio oral penal, pues, aparte de conocer la teoría, exige mucha práctica para su consumación. Los grandes autores en temas de contraexamen recomiendan, en el contrainterrogatorio, hacer preguntas sugestivas de un sólo hecho, de lo general a lo particular, cortas y secuenciales, etcétera, sin embargo, en realidad ninguno enseña cómo trabajar un contraexamen a testigos y peritos, pues sólo la práctica nos hará entender y comprender esta técnica de litigación. Los buenos contrainterrogatorios jamás se aprenden en los libros ni las técnicas en los manuales de litigación, el éxito de un buen contrainterrogatorio es inversamente proporcional a los tropiezos sufridos en el tribunal de enjuiciamiento. La experiencia nos ha enseñado que, para aprender a jugar futbol, debemos “patear” el balón, pues nadie aprende a jugar futbol sólo con leer revistas o ver noticias, ni siquiera viendo los mejores partidos; para jugar al futbol, hay que ir a las canchas y “tocar” el balón. Los buenos “toques” son producto del entrenamiento, lo mismo pasa con el contrainterrogatorio, los buenos “contras” son producto de la práctica en el tribunal. En el futbol como en el litigio, gana el que mete más goles, no el que juega bonito. La base teórica de este ejemplar se sustenta en las lecturas que destacados autores han escrito sobre el contraexamen, amén de los cursos que el autor tomó e impartió, sobre estos tópicos en particular. La base teórica bien puede escribirse en sólo dos páginas, pero llevarlas a la práctica es la empresa difícil. El presente libro, al que hemos denominado El contrainterrogatorio a través de casos prácticos, pretende contribuir al estudio del contrainterrogatorio, de una forma más práctica y simple. Es de carácter imperativo señalar que, para el éxito del contraexamen, el litigante deberá investigar los hechos de manera minuciosa, para allegarse de la información materia del contrainterrogatorio, pues un litigante que no investiga, por más que sepa y domine las técnicas de la contrainterrogación, le será difícil lograr su cometido, ya que la soberbia no es amiga del arte de contrainterrogar. Finalmente, este libro va dedicado sobre todo a los defensores públicos del fuero común, quienes como auténticos quijotes se lanzan a la arena jurídica, en una feroz y desigual batalla, sin más arma que su propia determinación y conocimiento, a ellos, con quienes el Estado sigue en deuda. El contrainterrogatorio es un arte, procura ser el artista.

La presente obra tiene como finalidad estudiar y analizar la institución de la Responsabilidad patrimonial del Estado a la luz de los hechos que se suscitaron el día 6 de septiembre de 2009, en la zona norponiente del Valle de México, en el Fraccionamiento Valle Dorado, ubicado en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Fuimos testigos, aunque no presenciales, de esta tragedia que cobró vidas humanas y causó daños a las personas que habitaban, y siguen viviendo en dicho fraccionamiento, y sus bienes. Es por ello que con esta obra nos hemos fijado dos objetivos: En primer lugar, hacer público nuestro reconocimiento a todas y cada una de las familias que padecieron los hechos que narraremos y que decidieron no dejar impune la actividad administrativa negligente en la que incurrió el organismo público federal desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), denominado Comisión Nacional del Agua (Conagua); y que acudieron a la propia autoridad administrativa, Tribunales Administrativos y Tribunales del Poder Judicial Federal e incluso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, para reclamar una justa indemnización por lo que consideraban, en ese entonces, como un derecho a su favor. En segundo lugar, que sirva la presente obra como una guía didáctica que permita no sólo conocer la institución de la Responsabilidad patrimonial del Estado, sino cómo utilizarla, las vicisitudes que se presentan durante el procedimiento de reclamación, entre las que se encuentra la figura de la carga de la prueba, el surgimiento, a raíz de los eventos que se sucedieron, del derecho humano a la eficiente administración pública y varios otros aspectos, que por el área de especialidad en el que se encuentra, en muchas ocasiones son ignorados. Esta obra se encuentra dividida en dos partes: en la primera realizaremos un análisis y estudio técnico jurídico de la Responsabilidad patrimonial del Estado, abordando el marco conceptual, jurídico-constitucional, derecho comparado, sus elementos y requisitos de procedibilidad. Sustentamos nuestro estudio con la incorporación de los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, que también demostrarán la evolución que ha tenido esta figura desde su introducción a nuestro sistema constitucional en el año de 2004 y hasta la fecha. En la segunda parte nos permitiremos narrar los hechos acontecidos en el Fraccionamiento Valle Dorado, del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, acontecidos el día 6 de septiembre de 2009, y cómo a través de la Responsabilidad patrimonial del Estado. En la mayoría de los casos que representamos se obtuvo una indemnización justa por parte de la Comisión Nacional del Agua; haremos del conocimiento de nuestros lectores, los procedimientos, paso por paso, que tuvimos que agotar, para llegar al objetivo final planteado, que era que se hiciera justicia a las familias afectadas, creyendo en las instituciones del Estado y hacer valer el Estado de derecho que siempre debe imperar en un Estado democrático como siempre hemos afirmado que es México.