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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
HECHOS QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITOS
  • Díaz Aranda
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TEORÍA DEL CASO Y DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO
  • Diaz Aranda y Roxin
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TEORÍA DEL DELITO FUNCIONALISTA
  • Enrique Díaz-Aranda
  • Claus Roxin
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DE ENTROPÍA Y ENEMIGOS
  • Patricio Nicolás Sabadini
Introduzcamos la cuestión con un claro ejemplo: La sociedad del riesgo global (Risikogesellschaft) y su nivel de entropía. Riesgo y tiempo. Ulrich Beck1 se formula una pregunta similar desde la perspectiva de si los riesgos son tan antiguos como la sociedad industrial o la misma raza humana. Éstas también pueden ser concebidas como sociedades del riesgo, incluso redoblando la apuesta en el sentido de que, en la actualidad, se podría estar ante una reducción de las hambrunas, amenazas, epidemias o catástrofes desde el comienzo de la sociedad industrial; al que luego se le ha sumado la reducción de la mortalidad infantil, los logros del Estado de bienestar, el perfeccionamiento de la revolución tecnológica, etcétera. Uno de los parámetros deslindantes lo puede brindar el suceso de la encefalopatía espongiforme bovina, conocido vulgarmente como el mal de la “vaca loca”. El impacto económico que produjo este suceso fue considerable teniendo en cuenta su incertidumbre, por ejemplo, si el virus podía llegar a ser traspasado de especie a especie, así como su periodo de incubación. Aquí debe tenerse presente la transnacionalidad que tuvo el fenómeno. La existencia de nuevos riesgos puede verificar este aspecto, al que se le suma la energía nuclear, la producción química y biotecnología. Tanto los riesgos tradicionales como las plagas, las enfermedades, pueden tener equivalencia con el peligro exponencial de las nuevas tecnologías, a diferencia de los nuevos riesgos que presumen de decisiones y consideraciones de utilidad industrial. Los riesgos y su cálculo están íntimamente vinculados a las ciencias físicas, así como la ingeniería y, más que una obviedad, las ciencias sociales. Hoy se procura determinar (¿?) mediante estadísticas una forma de documentar los riesgos y sus consecuencias, en términos probabilísticos, echando por la borda el modo individual de determinación para heteroefectuarlo de modo colectivo. Vaya un ejemplo: nuevamente en el tráfico vial al accidentado se lo observa no sólo desde sus circunstancias personales sino desde el modo de organización del tráfico vial, si se halla asegurado, bajo cuáles rubros, la política de seguridad vial (véase el caso del riesgo permitido en el ámbito jurídico-penal), etcétera.
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SER JUEZ EN EL SISTEMA ACUSATORIO
  • Luz María Enriqueta Cabrero Romero
El juez penal es el servidor público que pertenece al Poder Judicial del Estado. Entre sus facultades está el actuar a nombre del Estado, dirigir y resolver los procesos, formalizar procesalmente una salida alterna, absolver al acusado o, de resultar procedente, imponer penas a quienes cometan transgresiones a lo dictado por la ley penal. En la actualidad la comisión de delitos es un tema público y, por lo tanto, también lo es la actuación de los jueces penales quienes condenan o absuelven a aquellos que son señalados como responsables de actos considerados delitos. De ahí que para la sociedad se torne relevante conocer todo lo que se relaciona con los procesos penales y los jueces; y para el Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), realizar las acciones necesarias para garantizar su buen desempeño. El interés del Estado mexicano en la figura del juez y su función se puso de manifiesto en junio del 2008 cuando se llevó a cabo una reforma constitucional relacionada con el sistema de procesos penales, la cual buscó implementar el sistema acusatorio que popularmente se conoce como el sistema de juicios orales. Con ello perseguía una mayor eficiencia en la procuración y administración de justicia, así como garantizar el respeto a los derechos fundamentales tanto de los imputados, como de las víctimas. El ejercicio profesional me ha permitido desempeñar diversos cargos, tales como juez penal de Primera Instancia; juez penal de Segunda Instancia; subprocuradora de Delitos Sexuales y Violencia Familiar; subprocuradora General de la Zona Altiplano, cargo en el que se revisa la investigación de delitos, la integración de averiguaciones previas, la persecución de los delitos, y la representación a las víctimas de delitos en los procesos que llevan los jueces; coordinadora general de la Defensoría Social y de Oficio; magistrada de una sala penal, cargo que conlleva analizar las resoluciones que dictan los jueces penales, y finalmente, a partir del 16 de junio del 2015, magistrada con competencia tanto en sistema tradicional como en sistema acusatorio. En los cargos judiciales he advertido que tanto en la esencia del puesto, que significa ser un órgano que representa al Estado, como en su quehacer, que consiste en ejercer la jurisdicción y desde ahí condenar o absolver, inciden además de los aspectos meramente jurídicos, diversos factores que se relacionan con el ser humano, que es el juez. La condición humana no se considera en las diferentes normas constitucionales, bien las federales, bien las de los estados, así como en las leyes orgánicas de los poderes judiciales. Entonces, al no ser consideradas no se evalúan en los procesos de selección de quienes son designados para ejercer esta función tan relevante, puesto que un juez penal decide no sólo sobre la libertad y el patrimonio de quienes son acusados, sino también sobre la vida, la salud, el normal desarrollo psicosexual, la paz, la seguridad y otros bienes jurídicos de gran relevancia en la vida de las víctimas. De esto se sigue que la figura del juez cobra total relevancia, puesto que sus decisiones impactan más allá del individuo acusado, antes bien, contribuyen a la paz del Estado y a la convivencia armónica de los gobernados. En general, tanto para el Estado como para quienes son jueces penales, el ejercicio del cargo tiene una naturaleza preponderantemente técnica y jurídica, en el ámbito del derecho penal y procesal penal, enriquecida con posturas éticas; sin embargo, no se da la relevancia necesaria al hecho de que se actúa a nombre del Estado y menos aún a que el juez ejerce el cargo desde su naturaleza de ser humano integral con sus áreas fisiológica, racional, emocional, espiritual y volitiva. Todo lo cual influye en sus decisiones jurisdiccionales. Elegí este tema por su relevancia jurídica, social e, incluso, personal. Además, porque estos procesos son de reciente introducción en nuestro país y quedan muchos elementos por estudiarse. Debido a la novedad del tema es que esta es una investigación descriptiva, por lo tanto prioritariamente documental; sin embargo, también se realiza investigación de campo al entrevistar a nueve de las primeras diez personas nombradas como jueces de control y de tribunal oral en el Estado de San Luis Potosí. También se recurre como fuente de información a mi experiencia personal, por lo que el empirismo se torna una técnica.
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AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DERECHO PENAL 4A. ED.
  • Alfredo René Uribe Manríquez
Querido amigo, aquí te envío la impresión que me ha vuelto a suscitar la lectura de tu libro. De inmediato comprometo los resultados obtenidos: Hasta el momento se han editado en México diversas obras que ciertamente nos ilustran en la aplicación de la dogmática penal en el sistema acusatorio: ninguna de mayor impacto como ésta. Desde mi mesa veo la primera edición, publicada en 2007. Aparece situada en mi librero junto a las grandes obras que tratan la misma temática: Enrique Gimbernat, Claus Roxin y Günther Jakobs. Desde entonces quería felicitarte y agradecerte por tan maravillosa obra. Para hablar de la importancia constitucional de tu trabajo, basta citar los artículos 16 y 19 de la Carta Magna. Ahí están contenidos los requisitos para librar una orden de aprehensión o dictar un auto de vincu- lación a proceso. Ahí también se impone la necesidad de determinar la probabilidad de que el impu- tado cometió o participó en la comisión del hecho. ¿Observas cómo —constitucionalmente— ha quedado superado el concepto unitario de autor? Ahora, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisa que la clasificación jurídica de un hecho, debe contener el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Además, el cuarto transitorio del CNPP, condenó a muerte por asfixia a las disposiciones contrarias a dicho ordenamiento, de ahí que el concepto unitario de autor tiene sus días contados, igual que la preterintencionalidad y otras tantas figuras. Esta magnífica obra tuya me ha permitido comprender el tercero de los elementos de la clasificación jurídica, es decir, las distintas formas de autoría y participación. Te comparto lo siguiente. Recién visité Querétaro y el Procurador me abordó con la siguiente cuestión: “¿Qué impresión le merece —me dijo— la disposición del Código Penal de Querétaro donde se dice que es penalmente responsable del delito quien haya puesto culpablemente alguna condición para su realización?” Tú habrías dado una respuesta mejor, lo sé porque en tu libro el concepto unitario de autor aparece como un asunto del pasado, esto es, científicamente superado. Yo simplemente respondí: “Constitucionalmente podría no sostenerse dicha disposición”. Claro, omití decirle que aquella disposición estaba condenada a muerte por asfixia.
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LOS BIENES EN EL CIBERESPACIO
  • Carlos Antonio Vázquez Azuara
Los bienes que constituyen el patrimonio de una persona, pueden ser de diversa índole y acorde con la doctrina jurídica, pueden tener diversas clasificaciones, pero con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, se ha reconocido una nueva categoría de bienes, denominados, “bienes binarios”, aquellos de los cuales ejercemos la propiedad y/o la posesión y que se albergan en un espacio virtual, siendo uno de los más comunes, el ciberespacio, por ello, resulta indispensable, el reconocimiento de esta nueva clasificación de bienes y en consecuencia, una regulación jurídica adecuada, en el aparato normativo que rige nuestro país.
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