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La motivación de la autora para realizar la investigación sobre violencia hacia los docentes se inició a partir de la experiencia laboral como investigadora del maltrato y abuso sexual infantil en los planteles escolares, donde hubo entrevistas e investigaciones que incrementaron el interés por revisar documentos nacionales e internacionales sobre este fenómeno social. En el presente texto se realiza una semblanza histórica de la relación estudiante-docente desde su aparición hasta el momento actual, ahí se estudia el fenómeno de la violencia que se da entre la interacción de ambos, tanto de quien produce como quien la recibe, así como el impacto y sus consecuencias. También se identifican los factores endógenos y exógenos por los cuales el docente es proclive a ser víctima, además de las consecuencias físicas, psicológicas, sociales, educativas, económicas y administrativas. Finalmente, se examina la normatividad que regula la convivencia en los planteles escolares y se perciben mayores responsabilidades y obligaciones hacia los docentes. Por ello resulta necesario admitir la elaboración de normas que regulen la violencia que experimentan los docentes por parte de los estudiantes, los familiares y las autoridades escolares, para que se incluya “la mediación educativa” como una herramienta permanente para la resolución de conflictos en la educación para la paz.

Cualquier aspiración seria de justicia debe contar con herramientas jurídicas que concreten la esencia de ese cometido. La ausencia de instrumentos legales o su falta de idoneidad impide avanzar más allá del discurso dogmático y mantiene sólo un muy alto nivel de abstracción que no permite descender a una justicia cotidiana, que es la que importa al común de la ciudadanía, tornando ilusoria aquella primera intención. La existencia de estos instrumentos, funcionando a manera de “portales” —según la concepción de Habermas— hace de tamiz para el trasiego jurídico desde estratos jurídicos superiores, hacia otros ámbitos en los que prima la legalidad objetiva y debe concretarse el ideal de justicia. Los procedimientos administrativos son ejemplos de esos portales y constituyen el objeto de estudio que sostiene la presente obra. En ella, se les propone como una parte fundamental del bagaje legal que es necesario para construir, revisar, ejecutar o legitimar decisiones de Administración Pública que afectan esferas de derechos. De tal manera que, si desde el principio de legalidad se propende a la actuación pública administrativa ajustada a la norma y con el debido proceso se tutelan derechos, con las formalidades esenciales del procedimiento se atiende a optimizar la capacidad defensiva y con la motivación se exige dar razón objetiva de las consideraciones que se formuló la autoridad para justificar sus decisiones. De ahí la importancia de lanzar una mirada crítica sobre las estructuras procedimentales con las que se deja noticia del cómo se decide en lo público. Estos valores jurídicos están hoy en desarrollo en el ámbito internacional para fines similares a los que cumplen en los Estados nacionales, por lo que es importante abordar su estudio, verificar su evolución y el impacto que están generando en lo local. Al advertirse efectos de órganos supranacionales y transnacionales que realizan actividades y generan resultados con base en figuras como las que dieron pauta a estas reflexiones, y considerando la existencia de un Derecho Administrativo Global, llama la atención sobre la necesidad del análisis de las repercusiones del fenómeno y se reaviva el interés por el estudio de instrumentos en cuyo ámbito se operan muy diversos aspectos de la delicada relación entre los sujetos de la histórica ecuación autoridad-ciudadanos y nuevos desarrollos que se han trasladado al espacio global.

Tácito, emperador romano que sucedió en el trono al emperador Aureliano, señaló desde el año 275 d. C. que: “Pessima República, plurimae leges” (cuando más corrupto es el Estado, más numerosas son sus leyes). La máxima anterior viene a colación, ya que, en las últimas décadas, apareció un fenómeno que la doctrina denominó como la descodificación, es decir, que los códigos de la materia están sufriendo desmembramiento. Así, se afirma que la época de los códigos ya pasó y que, en este momento, se vive en la época de las leyes especiales; con ello no se afirma que sean las leyes privativas o especiales que proscribe el dispositivo 13 de la Constitución, ya que éstas tienen los atributos de generalidad, abstracción e impersonalidad, propias de toda ley en sentido material. Para hablar válidamente de la descodificación, es necesario definir el concepto codificación. La codificación es un proceso, un postulado del racionalismo europeo del siglo XVIII, que establece en un ordenamiento único, prescindido por unidad de criterio y tiempo, las normas pertenecientes a una sola rama jurídica, no consiste en agrupar todas las leyes vigentes de una época y un lugar determinado; de ahí, se puede afirmar que la codificación es el puente de lo tópico a lo sistemático, entendiéndose por tópico soluciones concretas a casos concretos, y por sistemático soluciones generales a casos concretos. El producto de la codificación es el código que regula alguna rama del derecho positivo, así, por ejemplo, el Código Penal es el ordenamiento positivo que regula lo relativo a delitos, penas y medidas de seguridad aplicables al infractor de la norma punitiva.

El penal de Puente Grande, en Jalisco, alberga a quienes han sido acusados de los crímenes más graves y horrendos en México. Convivir diario con los internos no sólo es complicado, sino riesgoso. Es fácil entrar, pero no se sabe si la puerta se abrirá para salir con vida. En los últimos 12 años, Ezequiel Guzmán ha laborado como custodio de diversos centros penitenciarios del país, pero nunca estuvo tan expuesto como en Puente Grande. Ahí conoció a don Benito Reyes, el mayor líder del cártel de la droga, a quien ayudó a escapar del centro penitenciario para evitar su extradición a los Estados Unidos. El apoyo al reo más influyente del penal le ha traído muchos beneficios, pero también muchos perjuicios. Para mostrar su gratitud, don Benito ha ordenado la ejecución del director del penal, Armando Robledo, y de los custodios Neftalí Gama y Camilo Dante, quienes permitieron el asesinato de Roberto de Almeida, un reo detenido por secuestro y extorsión, e intentaron inculpar de su homicidio a Ezequiel Guzmán. Los reclamos de Ezequiel al comportamiento del capo han ocasionado que el custodio vaya a prisión por un delito que no cometió. Ahora deberá luchar por obtener su libertad. El custodio está cansado de que don Benito Reyes asesine a tanta gente. Ahora es tiempo de detenerlo y, para ello, deberá impulsar su aprehensión y extradición a los Estados Unidos, sin embargo, necesita el apoyo del licenciado Juan Manuel Marín, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Jalisco. ¿Podrán lograrlo?

El presente trabajo tiene como finalidad contestar la interrogante: “¿cómo impugnar en el juicio oral familiar?”, para ello se proporciona a los abogados postulantes una serie de consejos para la hora de interponer recursos en los juicios orales familiares, así como recomendaciones para los funcionarios judiciales para su tramitación y resolución. En búsqueda de facilitar la orientación a los abogados, este documento se encuentra redactado en forma de manual, pues contiene una guía de instrucciones precisas para la redacción de los escritos de interposición de recursos, sugerencias para la elaboración de agravios, así como para la tramitación en forma oral en las audiencias. Asimismo, se ofrecen recomendaciones para resolver los recursos que se tramitan tanto en forma oral como escrita. Se analiza qué son los medios de impugnación, se explora cuál es su razón de existir, se identifica quiénes participan en ellos, los principios que los rigen, cuáles son los actos que se efectúan dentro de la tramitación de los medios de impugnación, para finalizar con la mención de los medios de impugnación que hay. De igual forma, se instruye en cómo tramitar el recurso de apelación, empezando por su conceptualización, para luego identificar quiénes participan en él y contra qué resoluciones procede. Igualmente, se dan recomendaciones a las partes para su interposición, donde cobran vital importancia los consejos para la elaboración de agravios. Finalmente, se otorgan recomendaciones al juzgador para su resolución, así como para la calificación de agravios en fundados, infundados e inoperantes. También se enseña a tramitar el recurso de revocación, tanto en su modalidad escrita como oral, comenzando por su definición, para luego señalar quiénes participan en él y contra qué resoluciones procede y, por último, se dan recomendaciones a las partes para su interposición y al juzgador para su resolución. Finalmente, se examinan otras instituciones con las que contamos para subsanar errores u omisiones, desde la aclaración de sentencia, en qué casos procede, sus requisitos cuando es a petición de parte y los consejos a la hora de resolver, hasta el análisis de la figura de la regularización del procedimiento.

El artículo segundo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal estableció el 30 de noviembre del 2018 como plazo máximo para la entrada en vigor de toda la norma. Este libro busca iniciar una discusión sobre temas precisos contenidos en esta ley. Se desarrollan temas de interés sobre la ejecución penal, como el régimen disciplinario, la reinserción social, el contacto de los reclusos con el mundo exterior, además de temas selectos: internos que requieran medidas especiales de seguridad, el abuso de la prisión preventiva en México, el derecho de las personas privadas de libertad a una identificación oficial, la prueba en ejecución penal y el juez de ejecución y personas indígenas. Esta obra es la continuación de otra publicada en enero de 2018: Ley Nacional de Ejecución Penal: un nuevo panorama, comentarios, retos y perspectivas, cuyas conclusiones han sido compartidas por varios tribunales del país, incluido el de la federación. Tal y como se dijo entonces, no es la intención de los comentarios vertidos en la presente obra ser el punto final, sino el punto de partida en tan complejos temas. Una frase, aunque dicha hace más de doscientos años, pero que me parece aún vigente y que describe muy bien las intenciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal es la siguiente: “El sistema penal debiera no lastimar ni la justicia ni la libertad y conciliar la benevolencia con la certeza de los castigos y la humanidad con la seguridad de la sociedad civil”, de Juan Pablo Marat, Plan de Legislación Criminal en 1779.

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