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CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN AMÉRICA LATINA (DESARROLLO Y ESTATUS ACTUAL)

Nombre de los autores
  • Juan Velásquez (México)
  • Daniel González (Costa Rica)
  • José de Jesús Naveja Macías (México)
  • José F. Palomino Manchego (Perú)
  • Domingo García Belaunde (Perú)
  • Carlos Luis Carrillo Artiles (Venezuela)
  • Carlos Manuel González Hernández (República Dominicana)
  • Alan E. Vargas Lima (Bolivia)
  • Daniel Rafecas (Argentina)
Características del libro
ISBN: 9786076108420
País de origen: MÉXICO
Año de edición: 2020
Número de páginas: 248
Número de tomos: 1
Tipo de producto: Libro
Presentación: Rústico
Precio: $ 290.00
Status de libro: Libro publicado

Sinopsis

La presente obra es, primero, para conmemorar los 50 años de ejercicio profesional en el litigio penal, de un abogado invicto en un período tan largo, un jurista que se ha caracterizado por permear, con su opinión, en medios relacionados a temas jurídicos de mayor trascendencia de la Nación, siempre conduciéndose con pulcritud y probidad, y constituyendo un ejemplo para las nuevas generaciones de abogados; es, además, uno de los mejores amigos que me ha dado la vida, compañero de academia de hace más de 12 años, con una empatía académica muy importante con quien realiza la presente introducción, a quien reconozco no tan sólo una trayectoria extraordinaria, invicta y con asuntos de una trascendencia notable, sino el ser humano humilde, solidario y capaz de compartir, en aulas y foros, sus vastos conocimientos que le han representado el éxito de vida profesional. El 29 de enero de 2020, Juan Velásquez cumple 50 años defendiendo en juicios penales, 48 impartiendo clases en licenciatura y posgrado, así como un sinnúmero de conferencias en todo el país, en procuradurías, fiscalías, comisiones de derechos humanos, institutos, universidades, etcétera; es miembro honorario de la Asociación de Agregados Militares, Navales y Aéreos en México; es asesor de los Secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México; asesor y conferencista en el Colegio de Defensa Nacional; catedrático extraordinario en el Centro de Estudios Superiores Navales; asesor del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensas Nacionales; miembro del Consejo Editorial de la Revista del Centro de Estudios Superiores Navales, de la Secretaría Armada de México. La Secretaría de la Defensa Nacional le otorgó las condecoraciones de Mérito Docente Militar, de Servicios Distinguidos y de la Gran Orden Victoria de la República; la Marina Armada de México, la de Mérito Docente Naval Primera Clase. Asimismo, es Presidente Honorario de la Academia Mexicana de Derecho J.V., y ha defendido victoriosamente en procesos penales gran parte de los asuntos más trascendentes en cuanto a su impacto social en los últimos 50 años. Por todo lo anterior, este colectivo presenta un reconocimiento a la trayectoria intachable de un jurista de época, de un hombre que lleva la práctica profesional a la excelencia, que compagina con una ardua labor académica en las aulas y los foros. Así, pues, dedicar una obra de esta naturaleza no representa más que reconocimiento a una persona que con su trayectoria ha dejado una huella imborrable, que para siempre será ejemplo de abogados, estudiantes y estudiosos del derecho. De igual manera, se reconoce la trayectoria del jurista latinoamericano, Daniel González (Costa Rica), que con su labor ha dejado huella en la academia, la magistratura y la investigación; es un mero acto de justicia. Daniel representa los vestigios de la gestación de un código procesal constitucional, ya que fue uno de los grandes gestores de la reforma constitucional de 1989 en Costa Rica, así como de la Ley de Jurisdicción Constitucional costarricense. Su formación en la Universidad de Costa Rica, complementada en la Universidad de Nápoles en Italia, le dio la oportunidad de ampliar su visión de jurista. Fue magistrado (ministro) de la Corte Suprema de Costa Rica de 1970 a 2004, presidió la Sala Penal por 14 años hasta el momento de su retiro, siendo compañero de Sala de Rodolfo Piza Escalante, quien, a la postre, fue el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue profesor de Posgrado en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica, desde su fundación hasta el año 2004, y del Posgrado en Criminología de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica; fundador y director de la revista Ciencias Penales de Costa Rica, de 1990 a 2004, y de 2011 a la fecha; es autor de nueve libros y de una gran cantidad de artículos relacionados con la justicia penal, publicados en varios países de América Latina; de 2005 a 2010, laboró en el Programa de apoyo al Estado de derecho en México, como asesor de la reforma a la justicia penal; de 2010 a 2014, laboró como consultor senior del Programa de promoción de la justicia en México (ProJusticia); de julio de 2019 a la fecha, labora como adjunto a la Universidad Internacional de la Florida, como director local del Programa de capacitación de jueces, fiscales, defensores públicos y policías de investigación sobre la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en el Poder Judicial de Costa Rica. Asimismo, ha sido profesor y conferenciante en gran cantidad de cursos en todo el mundo; asesor del proceso de reforma y corredactor de varias leyes y códigos en materia penal, procesal penal y constitucional de Costa Rica y otros países de América Latina; gran gestor del sistema acusatorio en México; y otro de los grandes amigos que me ha dado la vida. Es de gran importancia el reconocimiento a la trayectoria de dos de los más importantes juristas que ha dado nuestro continente, de dos visiones totalmente diferentes: Juan Velásquez siempre señalando la conflictiva que ha representado el sistema acusatorio en México; y, en contra parte, Daniel González Álvarez, gestor del sistema acusatorio en este país. Vaya este homenaje a dos juristas que respeto, admiro y aprecio con gran cariño, gracias por su amistad y por aportarme, en el debate cotidiano, en la sobremesa, aspectos importantes para mi visión como jurista. Por otro lado, la pluma de Juan Velásquez (México), Daniel González (Costa Rica), José F. Palomino Manchego (Perú), Domingo García Belaunde (Perú), Carlos Luis Carrillo Artiles (Venezuela), Carlos Manuel González Hernández (República Dominicana), Alan E. Vargas Lima (Bolivia) y Daniel Rafecas (Argentina), quienes gentilmente me permitieron plasmar la mía, constituyen un análisis a conciencia de la evolución que se ha dado en un tema de gran trascendencia en la consolidación del Estado de derecho y de la democracia en los países de América Latina, como lo es el control de convencionalidad, que a través de la concepción de don Sergio García Ramírez, quien presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se empezó a gestar con sus votos particulares a partir de 2003, en los casos Myrna Mack Chang contra Guatemala, Tibi contra Ecuador, Vargas Areco contra Paraguay y plenariamente, a partir de septiembre del 2006, en los casos con la sentencia Almonacid Arellano contra Chile, Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, Cabrera-Montiel contra México, Atala Riffo contra Chile y Masacre de Santo Domingo contra Colombia, es decir, pretorianamente. Estos casos representan un examen de confrontación del derecho interno con el derecho internacional de derechos humanos, teniendo prelación este último, que se erige con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma de normas, y el derecho nacional en infraconvencional, encontrando tristemente, en muchos de los Estados parte del sistema interamericano, una resistencia a su incorporación efectiva. Esta resistencia debe ser vencida con la generación de un verdadero criterio de apertura por parte los operadores, así como con legisladores comprometidos y conocedores del derecho interno y del derecho internacional de derechos humanos; con cortes, tribunales constitucionales y salas constitucionales integradas por ministros y magistrados que sean seleccionados con base en su perfil, su cognición jurídica, su reconocida probidad, así como con el vasto conocimiento del derecho internacional de derechos humanos, lo que constituye uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional. En ese sentido, la presente no sólo es el marco de reconocimiento a la trayectoria de dos juristas históricos, sino que es un tratado con visiones de juristas de toda América Latina, que cuentan con una reconocida trayectoria en el derecho y son verdaderos conocedores del tema, lo que permitirá que la obra sea un importante instrumento para los estudiantes de licenciatura y posgrado de todo el continente. No quiero pasar por alto el agradecimiento a otro de los grandes amigos que me ha dado América Latina, José F. Palomino Manchego, extraordinario constitucionalista peruano, con quien he tenido jornadas académicas en gran parte de los países de nuestro continente, quien siempre me ha brindado su apoyo y amistad, y por quien también tengo gran respeto y admiración. Esta obra está plagada de juristas de excelencia, cuyo cometido principal es brindar una verdadera enseñanza del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional.

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