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NOVEDADES

DEFENSA FISCAL ESTRATÉGICA vs PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES
  • Juan Raúl López Villa
En la presente obra el autor lleva a cabo un análisis jurídico objetivo de una de las regulaciones más importantes de los últimos años en materia fiscal, nos referimos al procedimiento administrativo (vigente a partir del 1º de enero de 2014) establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, mediante el cual las autoridades fiscales federales detectan la simulación de operaciones inexistentes por parte de aquellas Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), que recibieron el pago y emitieron el Comprobante Fiscal Digital correspondiente a favor de aquellos Contribuyentes que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS), quienes pretenden con tales actos erosionar la base gravable impositiva deduciendo tales facturas, engañando al fisco a través de dichos “mecanismos”, ya sea por la supuesta adquisición de “bienes” o “servicios” que aparentemente fueron proporcionados por los primeros, pero que realmente nunca existieron. En ese contexto queda claro que la ley le otorga a tales contribuyentes el derecho de manifestar lo que mejor convenga a sus intereses, a efecto de que puedan desvirtuar el dicho de la autoridad, siempre que acrediten la materialización y existencia de aquellos actos que la autoridad presume de inexistentes, además de tener la posibilidad de regularizar su situación fiscal. No obstante lo anterior, en los casos en los que el contribuyente manifieste que sí llevó a cabo tales operaciones comerciales (consistentes en la venta de bienes o servicios), y acredite la materialización de tales actos, pero la autoridad fiscal considere que éste simuló operaciones inexistentes; en ese caso el autor pretende descifrar de entre otras, las siguientes interrogantes: ¿es ilegal el Procedimiento Administrativo de Simulación de Operaciones Inexistentes?, ¿con qué medios de defensa cuenta el contribuyente para defenderse ante dicho procedimiento administrativo, y en qué momento los puede ejercitar?, ¿las publicaciones que lleva a cabo la autoridad fiscal en dicho procedimiento administrativo en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT, afectan el prestigio de los contribuyentes?, ¿puede la autoridad administrativa invalidar un acto o negocio jurídico efectuado por un particular?, ¿cuándo el contribuyente que vendió bienes o servicios se encuentre ilocalizable y la autoridad los considere como inexistentes, implicará siempre la no deducibilidad de las referidas operaciones?, ¿es ilegal que las autoridades fiscales apliquen el referido procedimiento administrativo en una Visita Domiciliaria? Pretendiendo el autor facilitar de una forma sencilla y clara al contador, al asesor jurídico y al empresario que pueda verse afectado por tales actos de autoridad, los elementos, consideraciones jurídicas, así como los criterios que ha emitido al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para brindarle una defensa jurídica eficaz y oportuna en los casos en los que se vulnere con motivo de dichos actos la esfera jurídica del contribuyente.
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DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO PROCESAL PENAL
  • José Daniel Hidalgo Murillo
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DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO PRÁCTICA FORENSE DE DERECHO ADMINISTRATIVO
  • Iván Ramírez Chavero
En un Estado de Derecho, la administración pública y los órganos que la integran están subordinados a la ley. El funcionario y empleado público tienen como punto de partida y límite de su actividad, el circunscribirse a la ley que determina su competencia. Todo acto administrativo debe emanar del cumplimiento de una ley. Los particulares tienen derecho a que los órganos administrativos se sujeten a la ley y se cumplan cada uno de los elementos propios del acto administrativo. De lo antes expuesto, encontramos que el Derecho Procesal Administrativo tiene por objeto y fin la protección de los administrados frente a la Administración Pública, así como mantener la eficacia del Derecho Administrativo a través de la función jurisdiccional. En nuestro concepto, el Derecho Procesal Administrativo, es el conjunto de normas e instituciones que tienen como finalidad regular la función jurisdiccional del Estado, tendiente a resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública, debido a los actos emitidos por esta última. Entre los medios de defensa legal con que cuenta el particular para impugnar los actos de la administración pública, encontramos en primer termino, el recurso administrativo que implica la posibilidad de que la autoridad administrativa revise su propio acto, reconozca un error y corrija su actuación en virtud de la petición hecha por un particular. No obstante, la finalidad establecida para los recursos administrativos previamente señalada, tenemos que en la práctica cotidiana las autoridades administrativas no cuentan con la imparcialidad suficiente para considerar que su acto o el emitido por un inferior jerárquico sean ilegales, por lo que la mayoría de las resoluciones que recaen a los recursos mencionados confirman los actos impugnados, dejando al particular con la misma problemática. Es por ello que el medio de control jurisdiccional idóneo sobre los actos de la administración pública es el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Finalmente, si la resolución que recae al juicio referido sigue siendo contraria a los intereses del gobernado, se tendrá la posibilidad de acudir al Juicio de Amparo ante el Poder Judicial Federal. Con la intención de que la presente obra sea de utilidad tanto para los estudiantes como para los estudiosos del Derecho, hemos decidido combinar la teoría con la práctica forense, recordando lo mencionado por el Maestro José Ovalle Favela al indicar que “la teoría que no toma en cuenta la práctica del derecho procesal, ni aporta soluciones a los problemas que esta plantea, es solo metafísica y que la práctica que desconoce la teoría es solo rutina”.
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