El tema de los derechos humanos no es, en algún modo, una novedad, empero, como rama autónoma del derecho, apenas se vislumbra en el siglo XXI, ya que, con independencia de que la primera generación, data de la época de la ilustración, el derecho procesal convencional —si puede denominársele así—, surge como tal hasta este siglo, que es cuando la sociedad jurídica voltea a ver el litigio de derechos humanos como una herramienta de trabajo autónoma y no como un medio de impugnación, autonomía que ya tenían otras ramas como el derecho procesal civil, el derecho procesal penal o el de naturaleza social. En las últimas décadas del siglo pasado fueron introducidas a México instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las correspondientes de las entidades, pero sus alcances eran muy limitados, al tratarse de organismos aparentemente autónomos, pero que, en la realidad, permanecían bajo el control del ejecutivo, que se concretaban a generar recomendaciones sin coercitividad, por lo que eran más un instrumento político que jurídico, debiendo destacar que si los derechos humanos y los Tratados Internacionales son instituciones vivas que evolucionan, estos organismos vigilantes y protectores de derechos humanos del mismo modo fueron evolucionando y con la llegada al poder de los partidos que no mantenían la hegemonía en los congresos, se logró, en algunos casos, cierto grado de independencia y sus recomendaciones han sido cada vez más vinculantes por el peso político de estas instancias gubernamentales. Pero a los juristas se les hace reducido el alcance de las recomendaciones, por ello impulsaron el litigio a niveles internacionales y domésticos, como nunca antes se había hecho, creándose la competencia jurisdiccional internacional y reformando las constituciones con la finalidad de evolucionar desde las garantías individuales de índole procesal, que eran otorgadas por el Estado, hacia los derechos fundamentales que reconocen que el ser humano por el simple hecho de serlo se encuentra dotado de prerrogativas que no pueden ser limitadas o restringidas a menos de que se trate de un caso de excepción y mediante la necesaria ponderación. Este texto busca esencialmente responder algunas interrogantes que van de aspectos teóricos a cuestiones prácticas, en cuanto a ¿cuál es la diferencia entre una antinomia dispositiva y una antinomia normativa en el marco del principio pro persona?, ¿cuál es la diferencia entre el control difuso y el concentrado?, ¿el sistema jurídico de México es de control difuso, concentrado o mixto?, ¿cuál es la diferencia entre el principio pro persona y la ponderación de derechos humanos?, ¿cuál es la diferencia entre la interpretación conforme y el control de convencionalidad?, ¿cómo pueden ponderarse dos o más derechos humanos mediante un método objetivo?, ¿cuáles son los derechos humanos de las partes en el proceso penal?, ¿cuáles son los derechos humanos frecuentemente violados en materia penal?, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de las violaciones a derecho fundamentales?, ¿en qué casos se tienen violaciones derechos humanos sin consecuencias procesales?, ¿cuáles son las diferencias entre derechos humanos y garantías constitucionales en materia penal?, ¿cuáles son los procedimientos de litigio de derechos humanos en materia penal?, o bien, ¿en qué supuestos la norma permite la violación legal de derechos humanos?, cuestionamientos que, a lo largo de los capítulos, los autores pretenden responder no sólo con el manejo del marco jurídico o teórico, sino empleando la metodología del análisis de casos como herramienta de mejor comprensión. Desde luego que la producción literaria en materia de derechos fundamentales ha crecido en la última década y que no existe ninguna obra que pueda despreciarse, pero ésta, en particular, vincula, en exclusivo y con un hilo conductor, aquellos que se violentan con mayor frecuencia en procesos del orden penal, buscando proporcionar herramientas de litigio a los postulantes, pero también criterios que permitan resolver disputas en la materia.

Este libro es el primer estudio especializado sobre la acción proforma, en él se descubre que no es tan sólo una acción accesoria, sino que va más allá, su ejercicio está íntimamente relacionado con otras acciones principales, por lo que la sentencia que se obtenga tendrá una utilidad conexa que podrá servir como sustento en el ejercicio de otras acciones civiles. Asimismo, este examen nos lleva a hacer un análisis de la naturaleza jurídica, de los elementos de la acción proforma, pasando por los actos prejudiciales, que son sumamente importantes para preparar el escrito inicial de demanda, y de la etapa procesal, con lo cual se busca abordar todos los aspectos de esta acción. Por último, se incluye un formulario que será de utilidad para conocer el acto prejudicial, puesto que a través de éste se obtiene el documento base de la acción, los interrogatorios necesarios, el escrito de demanda, la objeción de documentos y otros más, de esta manera se complementa la comprensión del estudio contenido en este libro y que, estamos seguros, servirá en la vida práctica del litigante.

Tanto la admisión como el desahogo y valoración de la prueba pericial han sufrido cambios sustanciales en los últimos tiempos, a grado tal que podemos decir que estamos viviendo el siglo de oro de las periciales, fenómeno que no es exclusivo de México, sino que está presente a nivel internacional. Los avances científicos y tecnológicos han sido un factor determinante en este cambio, la trilogía Daubert- Joiner-Kumho, resuelta por la Corte Suprema de los Estados Unidos, revolucionó todo el sistema judicial imperante durante setenta años en esta nación, ya que, si bien los criterios que lo sustentaron iniciaron en controversias civiles, se extendieron al campo penal y prácticamente a todas las ramas del derecho, de ahí surgió la influencia a otros países del continente, en el ámbito de las periciales. Nuestra Suprema Corte ha adoptado algunos de estos principios y ha emitido una gran cantidad de jurisprudencias acerca de los requisitos del dictamen, su función y la valoración que debe dar el juez a los mismos, lo que representa —en nuestro derecho mexicano— un cambio radical y sustancioso del paradigma en el que anteriormente se realizaban las pruebas periciales. Actualmente, no se puede argumentar que no existe un sólo precepto legal que establezca los requisitos que debe contener un dictamen, puesto que —como ya indicamos— nuestra máxima autoridad judicial lo determinó cuando estableció cómo tenían que ser las reglas de valoración. Estos cambios no son exclusivos de determinada ciencia, técnica o arte, por el contrario, abarcan todo tipo de periciales, lo que obliga a que los peritos mejoren la calidad de sus trabajos, pues, en la actualidad, su función no puede concretarse a expresar una opinión sin fundamento, su desempeño tiene mayor importancia, lo que conlleva a mayor responsabilidad, actualmente no solo basta tener conocimiento en la materia, también es necesario ser totalmente explicativo, porque deben aportar al juez todos los elementos —hasta donde su alcance lo permita— para que comprenda las técnicas, principios y estudios de la especialidad que corresponda, para tener un aprendizaje de la materia y, con base en ello, otorgar o no valor probatorio al dictamen. La creencia de que el juez es perito de peritos en todas las materias ha quedado delimitada al área del derecho, no se puede argumentar que es perito en todos los campos puesto que su conocimiento es limitado en otras áreas y necesita conocer y comprender la especialidad sobre la que se dictamine en juicio, lo cual no podrá lograrlo si los dictámenes no exponen y explican conceptos, incluso el lenguaje especializado que se emplea en distintas áreas.