— Tomo I. Del art. 1o. al 746 bis (No. Páginas 960) — Tomo II. Del 747 al 1791 (No. Páginas 960) — Tomo III. Del art. 1792 al 2242 (No. Páginas 864) — Tomo IV. Del art. 2243 al 3074 (No. Páginas 976)

Con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 se implementó un sistema penal de corte acusatorio y garantista, que sigue la línea imperante en casi todos los países de América Latina, y el Estado mexicano obligado —en cierta parte— por diversos organismos internacionales, al tener hasta antes de dicha reforma un sistema que los operadores aplicaban con claras violaciones a derechos humanos, como lo era el sistema de corte inquisitivo (también llamado sistema mixto inquisitivo o tradicional) que dejaba al imputado en estado de indefensión y, en la mayoría de los casos, sin reparar el daño a la víctima del delito. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de diversas organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, académicos y profesionales, en cuanto intervinientes del sistema jurídico mexicano para establecer un sistema eminentemente garantista, cuando se propuso la reforma constitucional no se logró desprender figuras características del sistema inquisitivo, que vulnera derechos fundamentales de las partes, como la vinculación a proceso, el arraigo como medio para investigar a una persona y la prisión preventiva de forma oficiosa, que es el tema a desarrollar.

La exposición de resultados que se presenta en las siguientes páginas busca establecer si el Estado mexicano cumple con su función de contar con instituciones policiales profesionales que puedan participar más activamente en la solución de los problemas de inseguridad que aquejan actualmente a los ciudadanos. Esto se plantea en consideración de que a los gobernantes les corresponde buscar en todo momento el desarrollo humano de los policías, su profesionalización y el otorgamiento de condiciones laborales y formativas de calidad que los ayuden a cumplir con sus actividades de manera efectiva. Se establece así para llevarlos a ganarse la confianza de los ciudadanos y convertirlos en un referente social, que coadyuven con el desarrollo del Estado y de los mismos pobladores al proporcionarles seguridad. Esto exige, como se mostrará en su momento, adentrarse en los distintos aspectos que rondan la temática de lo que implica formar una policía altamente profesional, con apego a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.