Los motivos que pueden llevar a la elaboración de un libro en materia jurídica son diversos, en este caso, escribí estas líneas para aportar un grano al acervo del conocimiento universal, cuya fuente de inspiración se ciñe a la circulación de la riqueza y al tráfico comercial que beneficia a todas las personas, con el que propongo un esquema novedoso para enfrentar mejor la crisis económica en la globalización. La innovación, sin duda alguna, está inmersa en este tratado, puesto que, con base en el derecho comparado, puntualizo que el auto aprobatorio de remate judicial debe equipararse a la escritura pública de compraventa, lo que brindará celeridad a las transacciones comerciales al poseer un derecho dinámico, lineamiento que persigue la reforma constitucional del año 2008, con la que se enfrentará mejor los retos para abatir la carencia monetaria en los bolsillos de la gente, sin que sea a costa del equilibrio social. Para llegar a esa conclusión, me valí de una metodología cuya información plasmada en cada capítulo, consistente en la compraventa, la venta judicial, el cumplimiento del contrato y el auto aprobatorio de remate, será de mucha utilidad práctica para todos y cada uno de los amantes del derecho. He escrito, pues, el libro que me gustaría tener a la mano para comprender la redimensión de la naturaleza jurídica de los remates judiciales y, por ende, saber más derecho. Antes de terminar, quiero dejar constancia de mi admiración a mi querido maestro que en paz descanse, el abogado Carlos María Pérez Palma, cuyo ejemplo de gran señor del derecho ha iluminado siempre mi camino; y mi agradecimiento al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Dr. Genaro David Góngora Pimentel, así como al magistrado del Poder Judicial de la Federación, el Dr. Neófito López Ramos, por sus enseñanzas de que el hombre debe actuar siempre con honor, fortaleza y sabiduría, por el bien de todos y para todos.

México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en el año de 1990 y el doce de diciembre del año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 18 constitucional, mediante el cual se reformó el párrafo cuarto y se adicionaron los párrafos quinto y sexto, que dio lugar a que se recorrieran en su orden los últimos dos párrafos del artículo citado; asimismo, formal y materialmente se ha integrado un sistema integral de justicia para adolescentes en México, de forma diferenciada a los adultos que cometen delitos; mismo que es aplicable a quienes tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad y se les atribuya una conducta tipificada como delito en las leyes penales. Este cambio constitucional constituye una posibilidad de juzgar a los adolescentes dentro de estos rangos de edad; su responsabilidad penal con un procedimiento formalmente penal de corte acusatorio y materialmente socioeducativo. Lo que me motivó a escribir este libro sobre Justicia juvenil mexicana, es el hecho de que toda persona que quiera conocer el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en conflicto con la ley penal, cuente con ideas claras de lo que debe aprenderse acerca del mismo, porque, en realidad, trata de un sistema diferenciado al aplicable a personas adultas que cometen delitos. Por lo cual, es importante conocer temas relevantes en la estructura de la obra. Veamos: El sistema de justicia especializado para adolescentes, derivado de Tratados Internacionales y de nuestro derecho interno, respeta derechos humanos por su condición de edad, pues los jóvenes entre los rangos de edades antes citadas, pueden ser responsables penalmente con medidas socioeducativas, donde prima básicamente reducir las medidas restrictivas de la libertad, pues ésta debe ser la ultima ratio. Asimismo, en el sistema juvenil mexicano se priorizan los mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de terminación anticipada, a efecto de garantizar el principio de mínima intervención que establece la ley de la materia y en los propios Tratados Internacionales aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal. Atreverme a escribir este libro que exige especialización, ha sido debido a la preocupación constante por comprenderlo estando en la práctica jurisdiccional, cuando interpreto los principios aplicables en esta forma diferente de juzgar a personas vulnerables y que aún, se echa de menos, comprender en los propios operadores del sistema, que el adolescente involucrado no se le debe tratar propiamente como un delincuente; sino, juzgarlos de forma diferente, siempre maximizando principios como el del interés superior del niño, mínima intervención, protección integral, racionalidad, proporcionalidad e idoneidad, al tomar decisiones en diferentes etapas del procedimiento como la inicial, intermedia, juicio oral y la de ejecución que se considera sustancial en el logro de la reintegración social y familiar en el adolescente. Ello, precisando que siempre es viable solucionar el conflicto con los mecanismos establecidos en la ley y obviamente siguiendo los lineamientos que prevé la ley de la materia y el Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria. Una fase de ejecución es que su función principal será siempre educativa para que el adolescente entienda el alcance de su conducta, con la materialización de planes de actividades durante el tiempo que dure su medida de sanción, los cuales serán ejecutados con la ayuda de los diferentes profesionistas especializados de los centros de internamiento, estando en internamiento o en libertad, donde un juez de ejecución tendrá amplias facultades para resolver acerca de la legalidad de los planes de actividades, avances, retrocesos, condiciones de internamiento, traslados y controversias relativas a la duración de la medida de sanción impuesta, su modificación y extinción de la misma. Sin duda, para la plena efectividad de las medidas de sanción en el sistema juvenil siempre será fundamental la participación del Estado, la familia como ente responsable de la educación de los adolescentes y la urgente necesidad de colaboración de la comunidad, sea pública o privada, que sigue haciendo mucha falta. Por supuesto, de forma ecuánime siempre garantizar la reparación del daño como derecho fundamental de las víctimas, al ser un derecho constitucionalmente reconocido y quienes de forma directa e indirecta (ofendidos), se les ha vulnerado un bien jurídico protegido por la norma penal. He aquí que la Justicia juvenil mexicana es un tema relevante, con diversos tópicos, donde se podrá observar un lenguaje sencillo y entendible para toda persona, ya que no sólo constituye una guía de aprendizaje sencilla, sino que en algunos apartados podremos observar algunas experiencias propias de mi función como operadora del sistema juvenil en México; también se presenta un estudio, a la vista de los Lineamientos de la Ley aplicable a la materia como lo es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como disposiciones supletorias del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, entre otras leyes aplicables y criterios doctrinales y jurisprudencia mexicana. En definitiva, espero que esta obra sea una motivación para el aprendizaje de esta nueva forma de juzgar a los adolescentes en conflicto con la ley penal en México y visibilizarse a los mismos, no como delincuentes, sino como sujetos dignos de protección en sus derechos humanos y fundamentales.

La sociedad actual requiere de un cambio profundo y amplio en la cultura jurídica. Este cambio es posible generando espacios educativos institucionales que tiendan a fortalecer los ámbitos de competencia profesional a través de una sólida formación de los hombres y de las mujeres que tienen la alta encomienda de impartir justicia. El mayor reto que se visualiza en el estudio y en la aplicación del derecho es el de transformar los modelos educativos tradicionales de enseñanza que durante años han imperado en nuestra cultura. Formar a los que están encargados de impartir justicia es una responsabilidad compleja que tiene encomendada el Estado; por ello resulta relevante examinar los retos que implica la toma de decisiones en este escenario, para demostrar la pertinencia de proponer un modelo educativo acorde con la realidad concreta que contribuya a consolidar y visualizar en el devenir un perfil de juez garante de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales del Estado de derecho. Hoy, como nunca, se necesita de una reforma integral de la justicia en México. Uno de los pilares fundamentales consiste en lograr la transformación de los poderes judiciales a través de mecanismos que hagan posible el desarrollo profesional en el ámbito de la impartición de justicia. En esta obra se parte de la premisa de que, sin una adecuada formación profesional, difícilmente se puede consolidar un sistema de carrera judicial de corte democrático. Por ende, se estudia y analiza desde una perspectiva dialéctica, el fenómeno de la formación judicial, en el plano normativo; examinándolo, a partir de sus inicios, planteando su desarrollo, las tensiones y las implicaciones del sistema de carrera judicial en el plano de la realidad concreta, en aras de proponer el establecimiento de la Escuela Judicial, de modo que se pueda implementar un nuevo modelo educativo que permita mejorar los actuales procesos de formación en la judicatura, para contribuir al fortalecimiento de la carrera y de la independencia judicial y, desde luego, al desarrollo del constitucionalismo local. Las grandes transformaciones a nuestro sistema jurídico mexicano y la exigencia de justicia como una experiencia viva de nuestra condición humana así lo demanda.