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NOVEDADES

LA FIGURA DEL CONSULTOR TÉCNICO EN MATERIA DE FLUIDOS CORPORALES
  • Carlos Quintino Zepeda
En este libro se reúnen 50 registros relacionados con los fluidos corporales (sangre, semen, saliva, sudor, orina, entre otros). La muestra de un fluido corporal tiene relación con cuatro derechos fundamentales, a saber: 1. Derecho a la información; 2. Derecho a la intimidad; 3. Derecho a una defensa; y 4. Derecho a su integridad corporal. El tema inicia con la lectura del artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se lee como sigue: Si por las circunstancias del caso, las partes que intervienen en el procedimiento consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, así lo plantearán al órgano jurisdiccional. El consultor técnico podrá acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora, para apoyarla técnicamente. El consultor técnico en materia de fluidos corporales tiene capacidades especiales para realizar cualquier observación, sugerencia u opinión relacionada con la obtención de muestra de sangre u otro fluido análogo. El principio de inocencia, el principio de confianza y los derechos fundamentales son relevantes en la toma de una muestra de sangre u otro fluido análogo.
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CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES ANOTADO 2A. ED.
  • Alejandro Carlos Espinosa
En momentos de transformación de las instituciones surgen espacios de oportunidad para alinearlas con los estándares internacionales, entendidos como el mínimo de elementos que se exigen a las normas internas de los Estados por la normativa internacional, en este sentido si bien es cierto como lo explica el análisis del presente Código Militar de Procedimientos Penales Anotado, las sentencias de 2009 y 2010 sobre casos internacionales que involucran la participación militar impactaron, no solamente en la reforma de Derechos Humanos del 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también generaron la reforma de 2014 al Código de Justicia Militar, agrega el constreñimiento de la jurisdicción militar y con ella la proyección de las víctimas civiles en aquellos delitos en donde participen militares, garantizando la independencia judicial respecto del acceso a la justicia de las víctimas y como se sabe en 2016 la reforma de ese año no solo modifico el Código de Justicia Militar, como se explica desde la primera edición sino que hizo surgir el Código Militar de Procedimientos Penales. Lo anterior rompió la vieja tradición del Código Penal integral militar y proscribe los Consejos de Guerra de la jurisdicción militar, haciendo nacer un modelo acorde con el Sistema de Justicia Penal Adversarial, que regulan los instrumentos internacionales tales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de que se alinea con lo dispuesto en la reforma de 2008, que entro en vigor en 2016 que reforma diversos artículos constitucionales y da paso a la entrada en vigor al Código Nacional de Procedimientos Penales que recoge las figuras procedimentales mandatadas por la Constitución y que ahora también tienen los procedimientos penales militares a partir de su código sustantivo. Esta segunda edición del Código Militar de Procedimientos Penales Anotado, que fuera publicado en su primer edición por Grupo Criminogenesis y por el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, fue recibido con agrado por los abogados litigantes del modelo de justicia penal militar y por supuesto por los actores del sistema, entiéndase defensores públicos militares y federales, policías militares, Ministerios Públicos Militares, Jueces y Magistrados del fuero de guerra, así como por los responsables de dirigir los derechos humanos en las Fuerzas Armadas y en la correlativa de Marina así como por las Direcciones Generales de Justicia Naval y Militar, su demanda provoco que se agotara la primera edición y gracias a la alianza con la casa Flores Editor es posible que vea la luz por segunda ocasión, misma que se encuentra acorde con la última reforma al Código Militar de Procedimientos Penales que fuera publicada el 21 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en donde se modifica el artículo 164 Fracción IV de dicho instrumento legal.
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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
  • Gabriel Suárez Ustarroz
Efectuando un detallado análisis de las obras que existen con relación al tema que hoy se aborda, llegamos a la conclusión de que se requiere de una que aporte elementos suficientes para que el particular cuente con herramientas adecuadas para defender sus derechos, al momento de exigir el cumplimiento de lo señalado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; una obra que esté actualizada y que, de manera clara y concisa, aborde los grandes temas relacionados con la aplicación de la ley. Por lo anterior, surgió la idea de elaborar este libro, en el que se analiza el tema de manera objetiva, crítica y real, mediante comentarios a cada precepto que, en verdad, aportan una ayuda eficaz para defender el derecho de cada persona a que se respeten y apliquen correctamente todos y cada uno de los artículos que contiene tal normativa; razón por la que, en la presente obra, se efectúa un estudio de lo negativo y positivo de cada artículo, evidenciando la realidad a la que se puede enfrentar quien promueva el juicio contencioso administrativo federal y reclame justicia o, por lo menos, algo que se le asimile, pues, a final de cuentas, el resultado que se obtendrá se verá plasmado en una sentencia definitiva que, generalmente, no es el mayor reflejo de la realidad ni de la verdad histórica de los hechos que se pretendieron juzgar; de ahí que ésta obra sea el principio de una serie de criticas a la ley, así como recomendaciones para el usuario, de manera que le aporte elementos claros al momento de invocar la ley y, así, tenga la certeza de que, efectivamente, obtuvo algo de la llamada garantía del debido proceso que actualmente es cuestionada. Así, pues, se hace necesario exponer las deficiencias y realidades al momento de tramitar el procedimiento previsto en la ley y que tales vicios sean del conocimiento del público, del litigante o del simple ciudadano, para que pueda combatir las irregularidades de manera práctica y sencilla, sin la necesidad de complicarse la vida promoviendo otros medios de defensa que le llevarían a un sin fin de procedimientos que, a la postre, no concluirían en nada positivo al objetivo que se persigue, que es el combatir un acto administrativo ilegal.
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