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NOVEDADES

COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
  • Ivó Coca Vila
  • Alfredo René Uribe Manríquez
  • Jhuliana Atahuaman Paucar
  • Luis Reyna Alfaro (Coordinadores)
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6. TEORÍA DEL DELITO Y SISTEMA ACUSATORIO
  • Manuel Valadez Díaz
  • Carlos Enrique Guzmán González
Para Manuel Valadez y Carlos Guzmán el proceso acusatorio tiene un eje de gravedad muy marcado, constituido precisamente por la teoría jurídica del delito. Ellos han demostrado cómo durante el proceso una misma conducta puede tener significados diferentes, según sea el dominio que se posea de la dogmática. Por eso, la lectura de este libro, para los operadores del sistema acusatorio, probablemente representará algo así como un “no-me-olvides” de la teoría del delito. Al menos ese es mi pronóstico. “¡Ah, la dogmática!” Es una exclamación que algunos dicen con enfado. Pero, a partir de que uno se plantea el problema desde el punto de vista de los márgenes de punibilidad, casi todas las críticas contra la dogmática se desmoronan. Ya está dicho y es magnífico: la dogmática tiene en sus manos los hilos con que se mueven los márgenes de punibilidad, esa marioneta con la que suele bailar el proceso, y que le extiende el brazo a la ejecución de sanciones. En definitiva, esta obra acabará ganándose el ánimo de los lectores, en la medida en que, como lo han demostrado Manuel Valadez y Carlos Guzmán, resulta imprescindible el conocimiento especializado de la dogmática para los operadores del sistema acusatorio. Lo sabemos de sobra, Manuel Valadez y Carlos Guzmán tienen una sólida formación teórico-práctica, de ahí que sus publicaciones pronto se convertirán en un modelo a seguir por su calidad y estilo de explicar de forma clara y amena las cuestiones complejas, de ahí que les manifieste que sea un honor el prologar esta obra y les agradezca permitirme, sinceramente, ser su amigo.
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5. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN
  • Manuel Valadez Díaz
La presente obra se ocupa del estudio de los actos de investigación que pueden realizar todos los intervinientes del drama penal, en la búsqueda legítima de alcanzar los fines del proceso mismo, como son el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que el culpable no quede impune y el daño causado por el delito se repare. En efecto, desde la óptica del sistema acusatorio mexicano, la investigación es una actividad que no sólo compete al Ministerio Público y a las policías bajo la coordinación de aquél, pues la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado y su defensa, igualmente tienen derecho a realizar aquellos actos de investigación que estimen necesarios para obtener información que fortalezca sus respectivas teorías del caso. Desde la atmósfera del sistema acusatorio, los actos de investigación de hechos delictivos tienen una utilidad temporal, así como una vida procesal efímera, pues sólo servirán, en su caso, para justificar el ejercicio de la acción penal, la continuación de la investigación en su fase complementaria, así como en su caso, el ofrecimiento de medios de prueba y la apertura del juicio penal oral, pero —salvo casos de excepción— no podrán cruzar la frontera del juicio oral y ser objeto de valoración por el Tribunal de Enjuiciamiento, ya que dentro del juicio oral sólo tienen valor como “prueba” en sentido estricto, aquellos medios de prueba que en ese momento procesal hayan sido desahogados ante el órgano jurisdiccional a través de los principios de inmediación y contradicción. Al partir de la premisa que los actos de investigación pueden ser realizados por todas las partes dentro del proceso penal, se distingue que respecto de aquellos que sean realizados por el Ministerio Público, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce los que se podrán realizar sin contar con la autorización de juez de control y aquellos en los que deberá obtener la previa autorización del órgano jurisdiccional para ello. La obtención de información por medio de actos tendentes a ello puede llegar a contactar la esfera de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en ese sentido en la presente obra se expone que dichos derechos no son ilimitados, ya que de manera casuística y mediante un ejercicio de ponderación en función de la proporcionalidad que guarde la importancia de la información a obtener, con la posible compresión de un determinado derecho, como será la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal o de las posesiones, entre otros, será el juez de control quien decida la viabilidad del acto de investigación. En ese sentido, se analizan a detalle los distintos actos de investigación que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, su significado, procedimiento para su realización, así como los requisitos constitucionales y legales que debe cumplir el investigador para que éstos puedan formar válidamente parte del proceso penal.
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