La presente obra se ocupa del estudio de los actos de investigación que pueden realizar todos los intervinientes del drama penal, en la búsqueda legítima de alcanzar los fines del proceso mismo, como son el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que el culpable no quede impune y el daño causado por el delito se repare. En efecto, desde la óptica del sistema acusatorio mexicano, la investigación es una actividad que no sólo compete al Ministerio Público y a las policías bajo la coordinación de aquél, pues la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado y su defensa, igualmente tienen derecho a realizar aquellos actos de investigación que estimen necesarios para obtener información que fortalezca sus respectivas teorías del caso. Desde la atmósfera del sistema acusatorio, los actos de investigación de hechos delictivos tienen una utilidad temporal, así como una vida procesal efímera, pues sólo servirán, en su caso, para justificar el ejercicio de la acción penal, la continuación de la investigación en su fase complementaria, así como en su caso, el ofrecimiento de medios de prueba y la apertura del juicio penal oral, pero —salvo casos de excepción— no podrán cruzar la frontera del juicio oral y ser objeto de valoración por el Tribunal de Enjuiciamiento, ya que dentro del juicio oral sólo tienen valor como “prueba” en sentido estricto, aquellos medios de prueba que en ese momento procesal hayan sido desahogados ante el órgano jurisdiccional a través de los principios de inmediación y contradicción. Al partir de la premisa que los actos de investigación pueden ser realizados por todas las partes dentro del proceso penal, se distingue que respecto de aquellos que sean realizados por el Ministerio Público, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce los que se podrán realizar sin contar con la autorización de juez de control y aquellos en los que deberá obtener la previa autorización del órgano jurisdiccional para ello. La obtención de información por medio de actos tendentes a ello puede llegar a contactar la esfera de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en ese sentido en la presente obra se expone que dichos derechos no son ilimitados, ya que de manera casuística y mediante un ejercicio de ponderación en función de la proporcionalidad que guarde la importancia de la información a obtener, con la posible compresión de un determinado derecho, como será la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal o de las posesiones, entre otros, será el juez de control quien decida la viabilidad del acto de investigación. En ese sentido, se analizan a detalle los distintos actos de investigación que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, su significado, procedimiento para su realización, así como los requisitos constitucionales y legales que debe cumplir el investigador para que éstos puedan formar válidamente parte del proceso penal.

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