México enfrenta uno de los retos más importantes en su historia, es decir, la aplicación de un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral en armonía tanto con el sistema nacional anticorrupción, como con el sistema nacional de transparencia y fiscalización, que, en conjunto, implican un cambio histórico y único para nuestro país. Para los mexicanos, este momento tan importante nos brinda la oportunidad de participar en una transformación sistémica que trasciende a la cultura de legalidad y al Estado de derecho. Contamos con una Constitución que ha impactado de manera histórica en nuestra sociedad y que, en materia de justicia, debemos celebrar también, pues a partir de junio de 2008 se trazó un direccionamiento distinto hacia la obligación de contar con un proceso penal acusatorio y oral. En esta reforma constitucional se plasman varios cambios benéficos en materia de procuración e impartición de justicia, como son la posibilidad de acceder a jueces de control de legalidad de manera inmediata para las diversas solicitudes de las partes en audiencias, la utilización de mecanismos alternativos en materia penal, así como un sistema de reinserción. Este fue un gran paso para nuestro país y debemos celebrarlo, así como la promulgación de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal, que permiten la aplicación eficaz de la reforma contenida en nuestra Constitución Federal en materia de justicia penal. Nuestra Constitución ha evolucionado de acuerdo con las necesidades cambiantes de nuestra sociedad. México es uno de los países que ha realizado más reformas a su Carta Magna Federal. A partir de la reforma constitucional de junio de 2008, en materia de justicia penal, comenzó el proceso de implementación de un sistema de justicia penal acusatorio. Uno de los grandes logros de nuestro país ha sido, sin duda, la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ha acelerado el proceso de implementación en las diversas entidades federativas en sus diversas etapas y busca atinadamente armonizar criterios en la aplicación del nuevo esquema de justicia penal, además de lograr la mejor y mayor aplicación de figuras tan importantes como son las diversas alternativas para poner fin al conflicto penal y no sea el juicio la única opción.

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