¿Qué herramientas tiene el derecho penal para enfrentar crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo atribuir la comisión de un delito al líder de una organización criminal? ¿Cómo distingue el ordenamiento jurídico mexicano a los autores de los partícipes de un delito? La experiencia internacional muestra diversas rutas para dar respuesta a estos interrogantes que, si bien transitan por distintos caminos, llevan a un mismo destino: enfrentar, con teorías sólidas, los desafíos que representa la comisión de graves crímenes cometidos por líderes de grupos organizados. Partiendo de la autoría mediata por dominio de la voluntad, en un aparato de poder organizado, pasando por la responsabilidad del mando (command responsibility) o la empresa criminal conjunta (joint criminal enterprise), los autores muestran la capacidad de rendimiento que estas construcciones teóricas tienen en el ámbito forense: son eficaces para imputar a los miembros de un cartel que ejecutan la orden del líder, como también a subordinados que cumplen órdenes de un superior, así como a un Presidente de la República. La doctrina mexicana es receptora, cada vez con mayor cadencia, de criterios modernos vinculados al derecho penal. Es necesario, sin embargo, profundizar el estudio de sus fundamentos e impulsar su aplicación en los tribunales. Nada mejor para lograr ese objetivo, que un texto dinámico, que ejemplifique cómo se ha desarrollado esta tarea en otras latitudes y que muestre su aplicación conforme a las leyes vigentes en nuestro país. Si lo que se pretende es llevar ante la justicia a los actores de los crímenes más graves cometidos en la historia reciente mexicana, este es un buen comienzo.

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