La actividad del policía en el marco del procedimiento penal está ahogada por la observancia de un conjunto de formalidades innecesarias, las cuales no suman. Hemos pretendido que el sistema penal sea un conjunto de actos administrativos reducidos al llenado de formatos homologados establecidos por protocolos como el del primer respondiente o el de la policía con capacidad para procesar el lugar de la intervención. Por qué formatos; si es para agilizar la investigación policial, entonces estamos en el camino incorrecto, dado que la agilidad se pierde cuando los agentes de policía tienen que invertir una cantidad de horas para el llenado de los formatos, para que luego el Ministerio Público, en una labor de criptógrafo, trate de desenmarañar toda esa escritura. El clásico argumento de que la PGR no recibe documentación sino es con sus formatos y la respectiva PGJ tampoco los recibe si no es con los suyos, lo único que ha generado es calar en el dinamismo de la investigación. Asimismo, se ha vilipendiado al agente policial, en el sentido que ni siquiera sabe llenar un acta; pero, peor aún, como el “Pípila” le obligamos a que cargue con la pesada roca que es la investigación de delitos; sin entender que en el ámbito policial existen perfiles, como el de investigar, el de prevenir o el de custodiar. Frente a tal situación, este breve ensayo procura que las aguas vuelvan a su cauce; es decir, entender la actuación policial a través de principios cuya raigambre en nuestro sistema de justicia no está en tela de juicio, como son: el principio de legalidad y el principio de culpabilidad. Por el primero, partimos de nuestra sujeción a la Constitución y a la ley, mas no a protocolos, menos protocolos que van en contra de las disposiciones legales; en esa inteligencia, si el Código Nacional de Procedimientos Penales está regulando el empleo de medios electrónicos en la actuación policial y del Ministerio Público (artículos 51 y 217) ¿ocupo transcribirlos? ¿Se asegurará el instrumento electrónico empleado? La respuesta es negativa en ambas preguntas, porque el texto adjetivo no los ocupa; pero por qué no adecuar los actuales manuales que regulan la actuación policial para el efecto que se emplee la tecnología; por qué seguir casado con el papel. Estas observaciones son planteadas a lo largo del presente ensayo, en la cual concluimos que hemos realizado protocolos donde la ley no los pide y en donde si los pide los hemos redactado contra legum. Con relación al principio de culpabilidad, se entiende que cada quien responde por sus acciones u omisiones, y que solamente en ámbitos como la nulidad se puede analizar los actos de autoridad como agentes causales en la vulneración de derechos o en la infracción a las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; fuera de ello, es tan justo afirmar que aquel que se le está imputando la violación sexual a un menor de edad rinda cuentas a la justicia, como aquel policía que abusó de sus facultades legales. Finalmente, hemos estructurado este ensayo en cinco capítulos. En el primero, se analiza el concepto de protocolo, identificando sus diversos significados y seleccionando aquel por el cual vamos a conducirnos en el presente estudio. En el segundo capítulo, elaboramos nuestras críticas tanto al protocolo del primer respondiente como al protocolo del policía con capacidad para procesar el lugar de la intervención. En el tercer capítulo, planteamos nuestra propuesta, esto es, la vuelta a los principios como el de legalidad y culpabilidad. En el cuarto capítulo, pretendemos aplicar la propuesta analizando la detención policial. En el último capítulo, seguimos aplicando nuestra fórmula pero esta vez en los casos de aseguramiento de bienes y cadena de custodia.

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