El primer medio de defensa legal con el que cuentan los particulares ante los actos y resoluciones ilegales de la Administración Pública Federal son los recursos administrativos, mismos que son resueltos por las propias autoridades administrativas, quienes generalmente no actúan con la imparcialidad necesaria para llegar a considerar que su propio acto o el acto del inferior sea ilegal, siendo por ello que las legislaciones de diversos países, incluyendo el nuestro, se han visto en la necesidad de crear un medio de control jurisdiccional sobre los actos de la administración pública, surgiendo así el juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad. Luego entonces, el juicio contencioso administrativo puede ser definido como aquel que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública en virtud de los actos emitidos por esta última, debiéndose considerar como un proceso administrativo y no un procedimiento administrativo a pesar de estar regulado por la denominada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Debemos recordar que en términos de la tradición y doctrina del Derecho Administrativo el procedimiento administrativo es el conjunto de actividades que realiza la autoridad administrativa para emitir un acto de igual naturaleza; mientras que el proceso administrativo es el conjunto de actos tendientes a resolver una controversia suscitada entre el particular y la autoridad administrativa, motivada por un acto de esta última en el cumplimiento de sus atribuciones; es por ello, que atentos a los razonamientos señalados, hemos decidió titular la presente obra: El Proceso Contencioso Administrativo Federal.

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