¿Es la presunción de inocencia o la presunción de culpabilidad, el estándar aplicativo de la norma penal a cargo de los operadores del actual sistema de justicia penal acusatorio? Escribir, discurrir y exaltar este principio parece ser tarea común de los encargados y responsables del funcionamiento de la maquinaria punitiva en el ámbito operativo. La realidad que se vive en las prácticas jurisdiccionales, es una; la realidad que padece el ciudadano común y corriente, es otra. En resumidas cuentas, la presunción de inocencia se aleja completamente de estos escenarios, gozando de privilegios y prerrogativas a las que muy pocos tienen acceso. El brazo de la ley no llega a los marginados del derecho penal. No importa la profesión que se ejerza, el oficio que se desempeñe o la actividad cotidiana que cualquier persona lleve a cabo para sobrevivir, digna, respetuosa y lícitamente; cuando la maquinaria del Estado encamina sus baterías en la persecución del delito, lo hace sabedor de que ahora en las investigaciones preliminares, es más fácil judicializar y emplazar a audiencia de formulación de imputación a cualquier persona, exceptuando a los privilegiados. Actos que se producen siempre ante un juez de control, individualizándole previamente, investigando o acumulando los datos de prueba, ya por el agente investigador o por conducto de la policía ministerial. La inseguridad y la sorpresa invaden a las personas involucradas en algún proceso penal, cuando son citadas a comparecer a una audiencia de formulación de imputación. La maquinaria judicial mediante sus propias reglas sui generis, surte efecto y se ejerce el control social. Es el sistema penal dueño y señor del futuro que depare al mortal imputado de la comisión de un ilícito.

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