Realizar estas líneas para invitar al lector a un trabajo de una calidad jurídica excelsa, resulta complicado, no obstante, lo anteriormente dicho, la presente obra que tienen en sus manos aborda uno de los principales objetivos políticos-criminales del sistema de justicia penal, que es la promoción de los intereses concretos de las personas en situación de víctimas. En el presente libro el lector observará y reflexionará sobre la víctima, quien se ha convertido durante varios siglos en la “gran olvidada” del sistema penal moderno, ocupando un lugar marginal en su desarrollo y regulación. Con todo, esta situación tiende a revertirse principalmente desde la década de los setenta del siglo XX, cuando desde diversas perspectivas teóricas se abogó por un reconocimiento más amplio de los derechos de las víctimas en el funcionamiento del sistema de justicia penal. Así, en la lógica de modificar los sistemas judiciales y por las reformas al sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008, surgió la Ley General de Atención a Víctimas como parte del proyecto de Estado, esta ley pretende y se crea bajo el argumento principal de que las víctimas merecen ser parte de un proceso, y que se les reconozcan y garanticen sus derechos. La obra es muy clara al señalarnos que nuestro derecho positivo, se ha generado a partir de los derechos humanos, teniendo como resultado ordenamientos de carácter nacional (con obligación para todo orden de gobierno), general (de competencia concurrente), federal (sólo para aplicación del orden federal), y local (aplicación única de las entidades federativas); es el caso que en diversidad de ellos podemos encontrar los derechos de las personas en situación de víctima, lo que nos llevaría a estudios interesantes de convencionalidad y constitucionalidad.

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