Hoy en día no se habla ya de averiguaciones previas, no debe decirse así, aludiendo al trabajo que ya no desempeñan las procuradurías generales de justicia en los estados de la república mexicana, sino hoy versaremos sobre las fiscalías en las entidades federativas, al igual que han ido desapareciendo los grandes errores que en fase de investigación se daba (torturas, violaciones a Derechos Humanos para no especificar casos de abusos). Pues la reforma constitucional en México del 18 de junio de 2018, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, viene a ser un parteaguas en el sistema procesal penal que por décadas imperó en México, dejando en el pasado un sistema procesal penal predominantemente inquisitivo por uno de tipo acusatorio, este último término porque hoy en día la carga de la prueba incumbe a las fiscalías precisamente. Aquí, la labor principal de los fiscales consistirá precisamente en enervar otro derecho que se agrega a nuestro sistema actual, nos referimos a la presunción de inocencia del imputado. El apartado B, fracción I, del artículo 20 de nuestra Constitución Federal, es claro al mencionar que los derechos de toda persona imputada a que se le presuma su inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

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