Esta obra constituye uno de los primeros y más importantes resultados de una iniciativa iniciada hace apenas tres años, en donde el autor, al lado de otros reconocidos académicos, se dieron a la tarea de profundizar en el análisis y discusión del tema acerca de la legalidad y los retos que ésta impone para quien ejerce el servicio público en cualquier ámbito de gobierno. Legalidad y función pública se han convertido en piezas clave para el avance y la consolidación de la democracia no sólo en nuestro país, sino en todas las sociedades contemporáneas. La legalidad es fuente de estabilidad, de confianza, de seguridad ciudadana y fuente de paz. Una función pública profesionalizada contribuye al fortalecimiento de las instituciones y a la solidez de los sistemas democráticos. Es innegable que la sociedad exige y merece el ejercicio de una función pública eficaz, transparente y profesional y que ésta a su vez se dé en un marco de legalidad; esta vital articulación representa una de las mejores vías para avanzar en la construcción de una relación de confianza, de corresponsabilidad y de participación entre la ciudadanía, la sociedad y el gobierno. Lo anterior, nos lleva a plantear que toda acción de gobierno debe tener como punto de partida y objetivo final el pleno respeto a nuestro Estado de Derecho y, complementariamente, que la función pública esté a cargo de servidores públicos a quienes les deberá distinguir: el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad, el compromiso social y, muy particularmente, los principios y valores de la democracia

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