Los temas de transparencia y corrupción sugieren especial atención con respecto a la necesidad social de una buena gobernabilidad; sin embargo, estos conceptos pueden utilizarse como justificadores de una dinámica neoliberal globalizadora que pretende controlar los capitales que se obtienen a causa de las dinámicas económicas alternas, es decir, aquellas que no son fiscalizadas por la legalidad, y que en la mayoría de los casos representan un ejercicio del poder económico por encima de la obtención lícita de recursos. Así, el ingreso ilícito de capital permite la intervención de organizaciones delictivas en las esferas gubernamentales, dirigiendo las políticas públicas a los intereses de unos cuantos para mantener su hegemonía económica. Manuel Castells indica que “la globalización del crimen organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en nuestros países, con efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.”1 En ese sentido, también la corrupción se convierte en un constructo ideológico que permite calificar a los países como “democracias” o “dictaduras”, es decir, aquellos que sigan las políticas internacionales anticorrupción y las materialicen en sus legislaciones locales serán dignos del reconocimiento de la comunidad internacional, en cambio, aquellos que se rehúsen a hacerlo serán susceptibles de ser bloqueados política y económicamente.

CONTENIDO