El Sistema Acusatorio Mexicano tiene un campo marcado en el ámbito del proceso cautelar, pues no sólo incumbe a la prisión preventiva y la libertad caucional, sino que se han ampliado los criterios reales y personales, además de medidas de coerción preventivas, disciplinarias, económicas, restrictivas y privativas de libertad. Como consecuencia de esta diversificación, ahora se hace necesaria una explicación minuciosa de cada figura procesal, vista desde la normatividad y la aplicación práctica, dejando un poco al lado las complejas definiciones dogmáticas para un tratado especial. La cautela puede percibirse como medidas asegurativas del proceso, de las pruebas, o de las personas, tanto en la investigación como en las distintas etapas hasta la sentencia definitiva donde cesan los efectos provisionales y se convierten en definitivos. En el Derecho Mexicano, de acuerdo con la Constitución Política en el Artículo 16, Párrafo 14, el proceso cautelar se puede dividir en tres grandes bloques: la providencia precautoria, las medidas cautelares y las técnicas de investigación. Las figuras anteriores requieren una vigilancia u otorgamiento por parte de un Juez de Control. Dicho sea de otra manera, que el tribunal oral o el Juez de Ejecución otorgasen cualquiera de estas medidas, sería un tanto contraria a la disposición normativa suprema que rige en un ordenamiento jurídico nacional. En este libro se tratan las principales medidas cautelares, providencias precautorias y demás figuras que requieren un tratamiento autónomo al proceso de conocimiento, y que tienen un grado de complicación mayor, ya que el hilo conductor entre la provisionalidad y la presunción de inocencia es tan estrecha, que de no observarse el elemento contingencia, se vulneran derechos humanos fundamentales como la libertad personal. El principal conflicto del proceso cautelar que se tiene en el Derecho mexicano es por una parte la posibilidad que algunas leyes le otorgan al Ministerio Público la posibilidad de causar restricciones de los derechos a los gobernados, y por otra la oficiosidad de las cautelas por la existencia previa de un auto de vinculación. A lo largo de estas páginas el lector encontrará algunas opiniones y reflexiones que deben tomarse en cuenta para poder optar por un criterio de pasividad ante la actividad ministerial, o elevar a los tribunales nacionales e internacionales, la invasión de esferas jurídicas, que por disposición constitucional sólo le compete al Juez de Control. Este pequeño libro servirá al operador del sistema, para que se adentre al amplio mundo de las cautelas, donde desde la noticia criminal hasta antes del dictado de la sentencia definitiva se encuentran diversos instrumentos procesales que pueden cambiar el curso de una decisión jurisdiccional, o puedan ser objeto de impugnación por ir más allá de los fines asegurativos que exige una cautela. Nótese que el Ministerio Público, como titular de la investigación, puede llevar a cabo determinadas actuaciones con fines asegurativos por situación de emergencia, ya sea a través de la Providencia Precautoria o las técnicas de investigación. Los fines asegurativos que persigue la institución investigadora se centran en la protección a la víctima, la detención del inculpado por flagrancia o caso urgente, evitar que se destruyan indicios relacionados con un hecho delictuoso, o desarrollar actividades que con el transcurso del tiempo se puedan desvirtuar. El Juez de Control adquiere una calidad de garante por mandato constitucional de la protección de los derechos humanos, que va desde la autorización de las medidas, la revisión, modificación y extinción de las mismas mientras no exista una decisión definitiva que resuelva la controversia de fondo.

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