Diversos estudios elaborados por politólogos, economistas e historiadores, han definido a la corrupción como uno de los “mayores males globales desde que se conformaron los Estados democráticos”. La corrupción, como fenómeno social, no tiene especificaciones de tiempo o lugar, es de carácter intemporal, que si bien es un problema de los individuos que muestran conductas ilícitas, también es resultado de una sociedad que funciona con un “sistema” que no es el correcto. En el caso de la sociedad mexicana, uno de los reclamos más sentidos desde hace décadas ha sido el lacerante problema de la corrupción, que ha predominado en el servicio público y ha penetrado paulatinamente en el tejido social. Se ha demostrado que este flagelo inicia en el seno familiar y de ahí trasciende a lo social, derivado de ciertas conductas de los padres, como adquirir productos “piratas”, ofrecer sobornos a cambio de trámites burocráticos fast track, violar el reglamento de tránsito y ofrecer la famosa “mordida” a los agentes de la ley, etcétera; lo cual es aprendido e imitado por los hijos, quienes, además de considerarlo “normal”, los hace susceptibles de repetir dichas prácticas por el resto de sus vidas. Amén de otros factores que inciden en la corrupción, y que de manera somera abordamos en esta obra, muchos de los individuos que aprendieron tales prácticas han ingresado o son posibles candidatos a ingresar al servicio público. Hoy en día, diputados, presidentes municipales, gobernadores y otros servidores públicos procesados por actos de corrupción, pudieron tener como ejemplo, en su niñez o adolescencia, conductas precisamente apartadas de la ley que iniciaron en el hogar. Así, con el afán de mejorar su posición social y económica, una gran cantidad de servidores públicos han aprovechado su cargo para recurrir al desvío y apropiación de fondos públicos, al cobro de comisiones o cuotas en las adquisiciones gubernamentales, así como a recibir sobornos para asignar obras públicas. En tal sentido, la corrupción gubernamental constituye uno de los grandes problemas que afectan el desarrollo económico del país; entre otros más, como la impunidad, que actúa como detonador de la corrupción, ingobernabilidad, mala calidad en la educación pública, empleo mal remunerado y la creciente inseguridad pública, entre los más significativos. Los casos de los exgobernadores Guillermo Padrés en Sonora, Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, César Duarte Jáquez en Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo y recientemente Graco Ramírez Garrido Abreu en Morelos, son ejemplo de la corrupción gubernamental a gran escala y el desprestigio que arrastra la clase política nacional; aunque no son los únicos. Podríamos afirmar que, en términos generales, la ciudadanía tiene una precepción negativa y desconfianza hacia los servidores públicos. Todos los días existen señalamientos de corrupción, lo mismo en contra de jueces, agentes del Ministerio Público y policías, que de servidores públicos que atienden a los ciudadanos en las dependencias gubernamentales.

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