El estudio teórico y práctico del juicio de amparo, parte necesariamente del análisis del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.1 El vértice entre constitución y juicio de amparo, lo encontramos en la concepción de los derechos humanos como elemento principalísimo tutelado. Así tenemos que “Los derechos fundamentales poseen, además de su peso específico jurídico-individual, una significación que difícilmente puede sobrevalorarse para la totalidad jurídico-constitucional de la comunidad política. Son simultáneamente la conditio sine qua non del Estado constitucional, puesto que no pueden ser pensados sin que peligre la forma de Estado o se transforme radicalmente”.2 El amparo es un sistema de defensa de la Constitución, de los derechos humanos reconocidos por la propia norma fundamental y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías otorgadas para su protección, de tipo jurisdiccional, por vía de acción, que se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial Federal y que tiene como materia las leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las citadas garantías, o impliquen una invasión de la soberanía de la Federación en la de los Estados o viceversa y que tiene como efectos la nulidad del acto reclamado y la reposición del quejoso en el goce de la garantía violada, con efectos retroactivos al momento de la violación.

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