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NOVEDADES

BASES PARA UN CÓDIGO NACIONAL PENAL APUNTES PARA UNA PARTE GENERAL
  • Rubén Quintino Zepeda
La ciencia jurídico-penal mexicana está por delimitar su objeto de estudio en un solo ordenamiento, es decir, en un Código Penal Único. Se trata de una excelente oportunidad, no sólo para reflexionar respecto de un solo objeto de estudio, sino también para aprender a debatir como auténticos profesionales. Ciertamente será difícil, aunque si fijamos las reglas desde el principio, haremos avanzar la ciencia jurídico-penal mexicana, así para poder internacionalizarla con el tiempo. La primera regla podría ser la siguiente: no hay que considerar nada personal, sólo hay que tener honestidad intelectual. Algunos tal vez perciban lo anterior como falsa modestia, porque ni siquiera hace falta justificarse. De hecho, debo parecer muy pesimista pero soy de los que opinan que el debate es fundamental. Ejemplo, aunque en este trabajo me ocupo de términos excesivamente genéricos, centré mi atención en las consideraciones que al respecto guarda mi querido amigo Miguel Ontiveros Alonso —¿por qué?—, porque precisamente a él concierne la coordinación de las mesas de trabajo en torno al Código Penal Único. Pero ¡atención!, Ontiveros es un profesional, ello le permitirá debatir con quien sea, sin que necesariamente relegue la amistad a un segundo plano, gracias a lo cual, hay ciertos motivos para creer que, en nuestro país, la ciencia penal del futuro sabrá tener fidelidad a su deber. En fin, mi más esperanzado propósito es contribuir con algunas breves reflexiones que, tal vez, puedan ser de utilidad. En 2007 publiqué un trabajo titulado “La impostergable unificación de los códigos penales de la república mexicana”. A diez años Tratándose de definiciones o conceptos legales, hay que centrar la mirada en cada una de sus consecuencias jurídicas. Los lectores podrán percatarse de este cambio de perspectiva, debido a que, tal cual, casi transcribí en su totalidad el documento de 2007, indicando a nota de pie de página los aspectos en que ha cambiado mi manera de pensar. Pues bien, después de mucho meditar y buscarle la vuelta a muchas definiciones de la Parte General del Derecho Penal, los lectores encontrarán una propuesta de la misma en el contenido de esta obra. Lo que escribo es algo tendencioso y lo sé, pero ha llegado el momento de promover el debate al respecto.
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DERECHO ROMANO
  • Francisco Antonio Lembo Rosales
El mundo está dividido en términos de normas de derecho, en grandes sistemas jurídicos de los cuales los más significativos son: el sistema inglés del Common Law, el sistema islámico, el casi extinto sistema socialista y, desde luego, el sistema romanista, al cual pertenece nuestro país; se entiende por sistema a una manera, una forma en que se crea, se aplica y se regula el derecho. Nuestro país sigue la tradición romanista, más que por elección, por razón histórica. El pueblo romano, eminentemente, guerrero y conquistador, extendió su imperio hacia el oriente y hacia el occidente, conquistando grandes extensiones territoriales de Europa y llegando, incluso, hasta España, donde extendió ampliamente sus dominios. Desde luego que el pueblo romano, en los territorios conquistados, estableció e implantó —como todo pueblo dominante—, sus propias leyes, mismas que ya regían a todo el vasto imperio y las que ya contenían, muchas de las instituciones jurídicas que han llegado hasta nuestros días. De esta manera resulta fácil entender cómo llegó a México, a través de España, la tradición jurídica romana, desde luego fue a través de la conquista y las leyes que la Corona estableció en la Nueva España, tales como fueron: las Leyes de indias, Las siete partidas, las Leyes de encomienda, entre muchas otras más, de contenido y tradición eminentemente romanista.
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INTERVENCIÓN DE LA COMUNICACIÓN PRIVADA
  • Carlos Quintino Zepeda
Como regla general, la inviolabilidad de la comunicación privada comprende un derecho a la intimidad o derecho fundamental del ser humano. Sin embargo, no todo ser humano es persona y, por ello mismo, se hace necesario regular la intervención a la comunicación privada. De manera recurrente, la intervención a una comunicación privada, se consigue con la autorización previa del juez de control. Como excepción a la regla general, el artículo 252, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que: […], requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: […] III. La intervención de las comunicaciones privadas y correspondencia. […]. Cuando un teléfono celular se encuentra abandonado en el lugar del hecho típico. La excepción a la regla general, se presenta con las circunstancias siguientes: a) El perito en materia de informática forense podrá extraer la información electrónica —sin la previa autorización del juez de control—, cuando el teléfono celular se encuentre abandonado en el lugar del hecho típico, y b) No se requiere autorización previa del juez de control cuando el propietario de un teléfono celular aporte el contenido de su información electrónica con relación al hecho típico —dentro de un tiempo real o presente. En la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público podrá realizar el registro de la intervención a la comunicación privada. El registro deberá referirse a la localización geográfica de un dispositivo móvil. También, se hará un registro de los datos de prueba que se deriven de la información electrónica, siempre y cuando, se relacionen con el hecho típico. Esta obra contiene 10 requisitos a fin de localizar un dispositivo móvil o teléfono celular con relación al hecho típico —dentro de un tiempo real o presente. En atención a ello, es importante saber cuándo sí y cuándo no se afecta el derecho fundamental (intervención a la comunicación privada). Y, para ese efecto, es necesaria la consulta de 11 criterios de jurisprudencia. 120 registros justifican la necesidad de implementar una plataforma digital que sirva de enlace entre las líneas telefónicas, el agente del Ministerio Público y el juez de control, respectivamente. Y, si esto es así, la solicitud de una intervención de la comunicación privada se debe realizar dentro de un tiempo real o presente en aras de una mejor procuración de la justicia federal.
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