La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que deriva de la reforma constitucional anticorrupción, es un hito en el orden jurídico mexicano en materia del derecho administrativo sancionador, porque establece un nuevo modelo de faltas administrativas y faltas de particulares, así como un procedimiento específico, completo y garantista, para la investigación, sustanciación y resolución, que puede culminar en la imposición de sanciones a servidores públicos e incluso a personas físicas y morales de derecho privado. Desde los inicios del derecho administrativo sancionador, como expresión del ius puniendi del Estado, se aplicaron principios y metodología del derecho penal y del derecho procesal penal, al advertir que las sanciones administrativas guardan semejanza con las penas y medidas de seguridad, al privar al sancionado de algunos de sus derechos humanos fundamentales, de tal manera que se utilizaron herramientas de la teoría del delito que permitieran aplicar las sanciones siempre que no existiera duda razonable sobre los hechos imputados a los servidores públicos.