Una mejor y más transparente procuración y administración de justicia, se propone con un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, respetuoso de los derechos humanos y de todas las garantías que se derivan del derecho a un debido y justo proceso, en donde el abogado defensor requiere de nuevas habilidades para enfrentar su función. Sólo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en los órganos encargados de ambas funciones, lo que implica el desarrollo de una nueva forma de llevar a cabo todo el procedimiento penal, mediante la aplicación de metodologías técnico-científicos precisos para investigar los delitos, distintos esquemas para la defensa de los imputados, una jerarquía preponderante para las víctimas, una nueva estructura de litigio, así como novedades sustanciales en el ofrecimiento, admisión y valoración de las pruebas. El establecimiento de este nuevo sistema de enjuiciamiento penal requiere de cambios, adecuaciones o modificaciones jurídicas y organizacionales, de la construcción y operación de la infraestructura necesaria, así como de llevar a cabo la capacitación y/o actualización correspondiente para jueces, Ministerios Públicos, policía investigadora, peritos y defensores. En la medida de la capacitación, adaptación y preparación profesional de todos los operadores en este nuevo sistema procesal penal acusatorio, será el éxito de esta reforma constitucional. Mediante la aplicación de una justicia penal transparente, eficaz, pronta y expedita, como seguramente lo demostrará el juicio oral en un futuro no muy lejano, podremos contar con una procuración y administración de justicia acorde con los tiempos que vivimos actualmente en nuestro país. Esperamos que nuestra rudimentaria pluma sea de su agrado y aportemos un granito de arena al inmenso mar de conocimientos.

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