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RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
DESAFÍO DEL JUEZ EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA
  • Héctor Martiniano Aparicio González
El presente trabajo expone y desarrolla el principio pro persona como criterio hermenéutico que informa el derecho nacional e internacional de los derechos humanos con la aplicación de la norma que favorezca, en todo tiempo, la protección más amplia de las personas y que fuera integrado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011. Por otra parte, se presentan breves reseñas de la teoría de la única respuesta correcta, al ser uno de los temas más controvertidos en la filosofía del derecho de fines del siglo XX y comienzos del presente, principalmente, es el de hallar, aun en aquellos casos considerados como “difíciles”, una única respuesta correcta para la solución jurídica de los casos controvertidos. La presente investigación tiene por objeto establecer la relación que existe entre la aplicación del principio pro persona desde la teoría de la única respuesta correcta y la perspectiva del juez, es decir, el determinar si con la aplicación del principio pro persona a los casos difíciles se obtiene la respuesta correcta.
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CULPABILIDAD E INCULPABILIDAD (4)
  • Javier Jiménez Martínez
Culpabilidad e inculpabilidad constituye el cuarto tomo de mi obra Los elementos del delito, monografía que se compone de tres partes y en el que se desarrollan los siguientes temas: Primera parte. Referencia a la culpabilidad como fundamento y límite de la pena. Segunda parte. Trata la evolución de la culpabilidad en las diversas construcciones sistemáticas, en el orden siguiente: — Culpabilidad psicológica (causalismo clásico). — Culpabilidad normativa mixta o compleja (causalismo neoclásico). — Culpabilidad normativa de autor (irracionalismo). — Culpabilidad normativa pura (finalismo). — Culpabilidad empírico-normativa (funcionalismo moderado). — Culpabilidad formal (funcionalismo radical). Tercera parte. Contiene el análisis de la culpabilidad e inculpabilidad en el derecho penal mexicano correlacionado con la jurisprudencia y comprende: imputabilidad e inmutabilidad, conciencia de la antijuridicidad y error de prohibición, exigibilidad de obediencia al derecho y no exigibilidad de otra conducta.
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ANTIJURIDICIDAD Y JUSTIFICACIÓN (3)
  • Javier Jiménez Martínez
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TIPICIDAD Y ATIPICIDAD (2)
  • Javier Jiménez Martínez
Tipicidad y atipicidad es el segundo tomo de mi obra Los elementos del delito. Se trata de una monografía que, junto con Culpabilidad e inculpabilidad, Antijuridicidad y justificación, Conducta y ausencia de conducta, lleva una misma línea de evolución y se perfila hacia un mismo objetivo.
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CONDUCTA Y AUSENCIA DE CONDUCTA (1)
  • Javier Jiménez Martínez
Cuando a un abogado postulante le llega un caso a sus manos, aparte de conocer las reglas, técnicas y estrategias procesales, debe saber cómo se estructura el delito. Sin embargo, debido a que, en México, en cuanto a la materia sustantiva cada estado tiene su propio orden normativo, tiene también, su propia estructura sistemática del hecho punible. Por ejemplo: la estructura del delito que se deriva del orden normativo federal no es el mismo que la que se deriva del Estado de México y éste, a su vez, es diferente a la que se obtiene del orden normativo del estado de Oaxaca, Guanajuato, Morelos o Puebla. Por eso vuelvo al tema, ya es hora de que, en México, transitemos hacia la unificación penal sustantiva, tal como ya lo hicimos en la materia procesal. Conocer la estructura normativa del delito significa lo siguiente: — Determinar cuál es la estructura del delito que se propone en el orden normativo que va a analizar. — La definición de los elementos del delito en ese orden normativo en particular. — El contenido positivo y negativo de cada uno de esos elementos del delito. Para ese efecto, tendrá que acudir al orden jurídico mexicano (Constitución Política —federal y local— tratados internacionales, legislación penal —sustantiva y adjetiva— y leyes penales especiales) del estado en que se encuentre y verificar, tanto en la parte general como especial, si es que ese hecho se encuentra regulado.
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EL PARTO ANÓNIMO A LA LUZ DEL DERECHO FAMILIAR MEXICANO
  • Ubaldo Márquez Roa
Cuando escuchamos parto anónimo vienen a nuestra mente distintas imágenes y concepciones sobre lo que puede significar esta figura, es preciso señalar que ésta no se encuentra en la clandestinidad y tampoco se trata de un secreto. El parto anónimo es un elemento propio del derecho francés que ha revolucionado a la familia, pone en tela de juicio temas jurídicos y sociales como la filiación, el parentesco, la maternidad, el abandono de menores, la identidad, el proyecto de vida, así como los derechos y obligaciones que existen entre los progenitores y descendientes, entre muchos más. En esta década, el derecho de familia se ha centrado únicamente en la protección del interés superior del menor, lo cual no es malo, pero lentamente se ha olvidado del proyecto de vida de los progenitores, especialmente de las mujeres, al tener la errónea visión social que la mujer completa su proyecto de vida cuando se vuelve madre. El derecho familiar mexicano no es preventivo, más bien, es consecuente de las acciones que envuelven a los miembros de la familia y, en muchas ocasiones, actúa cuando ya es demasiado tarde. Hemos dejado de observar la individualidad del sujeto para ajustarlo a un plano colectivo, bajo un esquema determinado y esperamos de su parte una actuación determinada. El parto anónimo, al provenir de una visión francesa, su forma de operación y valoración de los derechos humanos resulta diferente a la que se posee en México. Importar esta figura del derecho francés al mexicano sin entenderla completamente, puede ser mucho más catastrófica que benéfica por la gran complejidad que implica. Este libro fue objeto de distintas discusiones jurídicas, académicas y personales, marca mi ruptura como escritor y jurista, pues hubo alguien que nunca estuvo conforme con lo planteado a lo largo de las páginas de esta obra, a pesar de haber atendido muchas de sus observaciones, hubo otras que decidí no acogerlas porque sería darle un giro distinto a esta obra, al punto de consolidarla como la versión definitiva, pero no así la deseada por el autor. Pareciera que aún oigo sus palabras: “¡Lo que tratas en tu investigación no tiene impacto! ¡Y escúchame bien, nadie la publicará!” No obstante, aquí la tienes. Ahora dependerá de usted como lector determinar si la obra merecía ser publicada o si tiene impacto.
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES
  • José Eduardo García Cortés
El fenómeno al que se le conoce bajo el concepto de “globalización” se ha mantenido en una evolución constante desde hace un par de décadas. Por lo mismo, en la opinión pública, en la política, así como en la academia, se discute cada vez con mayor frecuencia el significado que debe tener el derecho internacional público (DIP) en México. Derivado de lo anterior, es necesario estudiar las relaciones entre el sistema jurídico mexicano y el orden jurídico internacional. Por ello, dentro de los temas concretos que destacan en estos debates son, por una parte, la relación entre la Constitución y los Tratados Internacionales que ha ratificado el Estado mexicano y, por la otra, la limitación de la soberanía del constituyente y del legislador con base en las normas internacionales y las decisiones de los tribunales internacionales. Así, se observa que las relaciones entre derecho internacional y los sistemas jurídicos nacionales tienen que ver con la manera en que interactúan las normas de dos sistemas de regulación jurídica que funcionan de manera diversa. Es importante observar que mientras el derecho internacional público básicamente establece la estructura de la comunidad internacional y regula en fuentes de derecho propias (costumbre internacional, tratados, principios de derecho internacional público, doctrina y resoluciones de tribunales internacionales) relaciones entre sujetos de derecho internacional (Estados, organizaciones internacionales o sujetos atípicos de derecho internacional); por otra parte, los sistemas jurídicos nacionales organizan el orden básico de un Estado, esto es, la estructura interna de un sujeto de derecho internacional y regulan en sus fuentes jurídicas (Constitución, leyes, reglamentos, etcétera) las relaciones entre personas de derecho público y derecho privado que tienen lugar en el territorio del Estado. Así, en razón de lo que se establece en cada uno de los sistemas jurídicos, el Estado, como un sujeto de derecho internacional público, por una parte, debe cumplir con obligaciones internacionales que le impone el derecho internacional público y, por otra, detenta facultades para establecer normas en su ámbito interno, lo cual se refleja en la existencia una relación necesaria entre ambos tipos de sistemas jurídicos que requiere de un conjunto de normas de derecho nacional para permitir la incorporación y aplicación de las normas internacionales por las autoridades nacionales legislativas, judiciales o administrativas.
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